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PRONTO

¿Dónde está la Responsabilidad Social de Enel?

Recientemente, la generosidad del empresario chileno Leonardo Farkas ha puesto de relieve una preocupante situación en la que se encuentran muchas familias en Chile. Farkas donó 2 millones de pesos a una familia de Pudahuel afectada por cortes de electricidad, una situación que se complica aún más dado que uno de sus miembros es electrodependiente.

La decisión de Farkas de intervenir fue impulsada por su indignación al enterarse de la situación en el programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión. Su gesto no solo refleja un acto de solidaridad, sino también una crítica profunda a la gestión de los recursos en un país rico en minerales como el cobre y el litio.

Este caso pone en primer plano una cuestión de responsabilidad social que debería ser central en el debate público: la gestión de las ganancias obtenidas por gigantes de la industria energética como ENEL y su relación con las necesidades urgentes de la ciudadanía. Chile, con su abundante riqueza mineral, debería ser un ejemplo de cómo los recursos naturales pueden beneficiar a todos. Sin embargo, los problemas de infraestructura y los cortes de luz en barrios vulnerables nos recuerdan que aún hay mucho por hacer.

ENEL, como una de las principales compañías de energía en el país, obtiene ganancias significativas a partir de su monopolio en la distribución de electricidad. A pesar de estos ingresos, la calidad del servicio en varias regiones sigue siendo deficiente, especialmente en áreas menos favorecidas. Los cortes de luz, que afectan especialmente a familias con necesidades especiales como la que ayudó Farkas, no solo son una molestia sino una amenaza real para la vida y el bienestar.

Es importante destacar que ENEL cuenta con un programa específico para familias electrodependientes, diseñado para ofrecer soporte en situaciones de emergencia y asegurar un suministro de energía ininterrumpido para quienes dependen de equipos médicos eléctricos. Este programa incluye la priorización de la reparación de fallos en el suministro eléctrico para estos hogares, así como asistencia en caso de interrupciones prolongadas. Sin embargo, la efectividad de este programa a veces se ve opacada por la insuficiencia de la infraestructura y la falta de inversión en mantenimiento y mejoras.

Es imperativo que se realicen inversiones significativas en infraestructura y en sistemas de apoyo para prevenir situaciones tan críticas como la que vivió la familia de Pudahuel. La capacidad de las empresas de servicios públicos para generar ganancias debe ir acompañada de una responsabilidad corporativa que asegure que los beneficios de su operación también lleguen a aquellos que más los necesitan. Las políticas de inversión y mantenimiento en redes eléctricas deben ser una prioridad, así como el establecimiento de programas de apoyo para familias con necesidades especiales.

Además, el caso de la familia de Pudahuel subraya la importancia de la acción comunitaria y empresarial en la resolución de problemas sociales. El ejemplo de Farkas debería inspirar a otros empresarios y a las mismas compañías de servicios a tomar medidas más proactivas. La generosidad individual es valiosa, pero no debe reemplazar la responsabilidad de las corporaciones que, por su parte, tienen el poder y los recursos para implementar cambios estructurales significativos.

En última instancia, el bienestar de los ciudadanos debe ser la prioridad en la gestión de recursos y ganancias. Las acciones de Farkas sirven como un recordatorio de que la verdadera riqueza de un país no solo se mide en minerales o en ganancias corporativas, sino en la calidad de vida que se proporciona a su gente. Es hora de que la responsabilidad social y la justicia en la distribución de recursos se conviertan en principios fundamentales en la industria energética de Chile.

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Guetos verticales en comuna de Estación Central

La Contraloría General de la República, en su categórico dictamen N° E547184/2024 emitido el miércoles 02/10/2024, aludiendo a diferentes aspectos relacionados con los actos administrativos municipales para construir varias decenas de edificios conocidos como guetos verticales, traslada los antecedente al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE)

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