A través de una serie de propuestas concretas, desde la modernización del procedimiento administrativo hasta la creación de un registro unificado de la propiedad, el experto plantea la necesidad de eliminar barreras burocráticas que frenan el desarrollo económico.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
La inversión en Chile enfrenta una sombra persistente: la inseguridad jurídica. Eduardo Díaz Zeballos, CEO de Associa Servicios Inmobiliarios, levanta la voz sobre la necesidad urgente de generar un marco legal moderno que brinde certeza a los agentes económicos, en especial en el sector inmobiliario. En entrevista con este medio, Díaz Zeballos desglosa las medidas clave para destrabar la burocracia y fomentar la inversión en el país, señalando cómo su ausencia ha frenado la reactivación económica y desalentado proyectos de gran envergadura.
«Un ecosistema basado en la seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo económico y la superación de crisis. Cuando los inversores tienen garantías claras, las transacciones fluyen con mayor rapidez, lo que contribuye al crecimiento y genera empleos de calidad», explica el experto. Según él, esta falta de garantías se ha convertido en un «escollo invisible» que ha estancado la economía, afectando no solo a grandes desarrolladores sino también a pequeños emprendedores y familias que buscan estabilidad en sus inversiones.
Entre las propuestas planteadas, destaca la urgencia de una nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, que sea «moderna y práctica». «El actual sistema administrativo es obsoleto. Alarga los plazos, enreda a los actores económicos y genera vacíos legales que permiten decisiones arbitrarias de algunas autoridades», critica Díaz Zeballos. La solución, según él, pasa por implementar mecanismos como el silencio administrativo positivo y negativo, la fusión de procedimientos y la eliminación de requisitos innecesarios que ya obran en poder de las autoridades. «No podemos seguir sometidos a trámites eternos que desincentivan la inversión. Cada retraso en la aprobación de un proyecto significa pérdidas económicas y una menor generación de empleo», agrega.
Uno de los aspectos que más preocupa al CEO de Associa es la situación del Certificado de Informes Previos (CIP), documento emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) que establece los criterios constructivos aplicables a un inmueble. «Hoy, su vigencia depende de modificaciones al Plan Regulador Comunal. Esto impide la planificación y genera un alto nivel de incertidumbre. Un CIP debería tener una validez mínima de 24 a 36 meses para garantizar estabilidad a los proyectos, y mientras se mantengan vigente, debe respetarse los criterios constructivos que ahí se establecen, al margen de las modificaciones al Plan Regulador «, subraya. Explica que muchas inversiones quedan en suspenso o se encarecen porque un cambio abrupto en la normativa puede hacer inviable un proyecto ya en fase de diseño.
Otro punto crítico es la excesiva discrecionalidad en los requisitos administrativos. «No puede seguir existiendo frases como ‘todo aquello que requiera o solicite la autoridad según su juicio’. Esto abre espacio para exigencias arbitrarias y corrupción. Los requisitos deben ser claros y seguir criterios de razonabilidad y pertinencia», enfatiza.
Asimismo, cuestiona la solicitud de documentos que ya están en poder del Estado. «Si una entidad tiene acceso a un documento en sus registros, no debería pedírselo nuevamente a los ciudadanos o empresas. Esto no solo es absurdo, sino que demuestra una falta de integración institucional que urge corregir», afirma. Según Díaz Zeballos, esta falta de coordinación se traduce en un desgaste innecesario para los administrados, que deben presentar múltiples veces la misma documentación.
La modernización del sistema de registro de propiedad es otra de sus prioridades. «Los distintos Conservadores de Bienes Raíces operan con criterios dispares, lo que complica y encarece las transacciones. Necesitamos una entidad estatal única, digitalizada, descentralizada y con mecanismos de bloqueo registral automático para garantizar la transparencia y seguridad en la compraventa de inmuebles», sostiene. Argumenta que este cambio es imprescindible para evitar fraudes y simplificar los procesos de compraventa, que hoy pueden tardar meses en concretarse.
Díaz Zeballos pone como ejemplo a seguir la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi en Perú. «Es una institución clave para fiscalizar procedimientos, requisitos y disposiciones contrarias a la ley o la razonabilidad. Sus resoluciones son vinculantes y pueden sancionar directamente a los funcionarios responsables. En Chile, una entidad similar podría corregir muchas distorsiones burocráticas», argumenta. Explica que esta institución ha logrado desmantelar trabas innecesarias en distintos sectores económicos peruanos, favoreciendo el dinamismo empresarial.
Finalmente, enfatiza la importancia de establecer la Acción Constitucional de Cumplimiento en la legislación chilena. «Es una herramienta fundamental para garantizar que las autoridades cumplan la ley y no actúen de manera arbitraria, protegiendo a los ciudadanos y a los agentes económicos de decisiones injustificadas», concluye.
Para Eduardo Díaz Zeballos, eliminar las barreras burocráticas y dotar al sistema de mayor seguridad jurídica es una tarea impostergable. «El sector inmobiliario y la economía chilena en su conjunto necesitan reglas claras y estables. Es momento de modernizar el sistema y permitir que la inversión fluya sin trabas innecesarias», sentencia. Agrega que este no es un tema exclusivo del sector inmobiliario, sino una necesidad transversal que permitiría el crecimiento económico sostenido de Chile en los próximos años..
