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Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

En una ocasión pasada dimos cuenta de un mega proyecto inmobiliario, de 2 edificios en altura, ejecutado en la esquina de Américo Vespucio Sur con Renato Sánchez, comuna de Las Condes, acogiéndose a los beneficios constructivos contemplados para los Conjuntos Armónicos, ello pues se estimaba que el predio en donde se emplaza tenía algo más de 7.500 m2, superficie mínima para hacer valer esta disposición.

El arquitecto patrocinante de la fusión de predios y del proyecto era Pablo Letelier, el arquitecto revisor de la fusión de los predios, dependiente del Departamento de Urbanización de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes era Jorge Bravo y, el arquitecto revisor independiente de arquitectura, que firmó la solicitud del permiso era Mauricio Molina, quien en el pasado había ejercido el cargo de DOM en Las Condes. 

Pero como todos esos destacados profesionales se «equivocaron» al establecer la superficie del terreno, unos vecinos que tenían conocimientos de aritmética básica, reclamaron al alcalde Joaquín Lavín, pues el terreno fusionado sólo alcanzaba a una superficie algo superior a los 7.300 m2 con lo cual se evidenciaba que era inaplicable la figura del Conjunto Armónico que aumenta en un 50% el coeficiente de constructibilidad y admite una altura superior del 25% de la fijada en el Plan Regulador Comunal (PRC). 

Por ello, el alcalde Lavín le pidió a Rocío Crisosto, titular de la DOM, que procediera a invalidar dicho acto administrativo ilegal, lo que fue puesto en duda por dicha funcionaria municipal y por ello, para zanjar el intríngulis, fue necesario que la Seremi Minvu resolviera la controversia. Esa función ministerial ofició a la DOM de que era procedente invalidar el permiso, pero ésta le desobedeció, a pesar de que es su jefatura superior, motivo por el cual, como era indiscutible el «error» cometido, Lavín procedió a firmar la invalidación, sin tener atribuciones para ello, lo que sabía. En rigor, él debió ser imperativo con la funcionaria municipal, pues era su jefe administrativo, pero no lo hizo. Algunas de las obras estuvieron paralizadas por un escaso período de tiempo, pero en la actualidad el proyecto está edificado, ¡era que no!, con todas las franquicias y beneficios de la norma de excepción de Conjunto Armónico.   

Ello aconteció porque los inversionistas fueron a los tribunales y la 3a Sala de la Corte Suprema, con 4 votos a favor y uno en contra, sin ir al fondo de la cuestión, sentenció que Lavín no estaba habilitado para invalidar el permiso y que, por lo tanto, el proyecto se debía considerar viable. Acto seguido, la empresa exigió una indemnización por falta de servicio, la cual fue acogida por la Justicia y ahora la municipalidad tendrá que desembolsar US$ 11.000.000 más IVA e intereses, importante suma que ya estaría provisionada en el proyecto de presupuesto del año 2025.  

Los abogados municipales intentaron dejar sin efecto la indemnización, pero lo hicieron con sospechosos y garrafales errores jurídicos, propios de estudiantes en práctica, por lo tanto les fue mal, y así se rechazó la causa civil, rol 11144-2024, con lo cual, como el proyecto logró los privilegios de Conjunto Armónico, al obtenerse ganancias adicionales por este concepto, se concluye que dispuso de un incorrecto provecho acumulado de US$ 25.000.000. 

Dado que es inaceptable el lucro a expensas de falsear las superficies reales de los predios fusionados, que es sinónimo de burlas al sistema, el 20/11/2024 la fundación Defendamos la Ciudad le entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitándole que se reciba a este columnista con el abogado Gabriel Muñoz y con la concejal de Las Condes, Isidora Alcalde, para explicarle todo el curioso proceso, pues estamos hablando de ingentes recursos fiscales que pagaría la negligente municipalidad de Las Condes. 

La reunión tuvo lugar el lunes 02/12/2024, la cual fue muy aclaratoria, pues se nos informó que el municipio no le ha solicitado a dicho órgano público su intervención, razón más que suficiente para que la alcaldesa electa, Catalina San Martín, haga cuando asuma el cargo, lo que la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza, no hizo. Conforme al desarrollo de la entrevista, valoramos el aporte expresado por la concejal Isidora Alcalde, la que, según hemos sabido, por decisión propia no postuló para su reelección.  

Finalmente, a pesar de que el permiso de edificación, por el excesivo tiempo transcurrido, ya no se podrá anular, además, pues los 2 edificios ya están terminados, lo que nuestra fundación busca es evitar el pago, por parte del municipio, de la arbitraria y millonaria indemnización.