Este debate se perfila como uno de los temas más importantes a abordar en los próximos meses, con un enfoque en la seguridad pública y la gestión adecuada de la infraestructura carcelaria en Chile.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
La reciente declaración del presidente Gabriel Boric sobre la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana ha generado una serie de reacciones entre autoridades locales, legisladores y la comunidad. La construcción, prevista para llevarse a cabo en Santiago, ha levantado preocupaciones y dudas sobre el procedimiento, la ubicación y los impactos asociados.
Por ello y en esta jornada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola recibió esta mañana a la alcaldesa de Santiago, Irasí Hassler, y al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, acompañados de una delegación amplia de diputados y diputadas de diversos partidos políticos. La reunión tuvo como objetivo manifestar la preocupación compartida por la comunidad sobre la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad.
Sobre este punto, Cariola expresó: “Hemos recibido esta mañana en la Presidencia de la Cámara a la alcaldesa de Santiago Irasí Hassler junto al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, que venían acompañados de una delegación muy amplia de diputados y diputadas de distintos sectores políticos, de distintos partidos, quienes nos han manifestado una alta preocupación por la situación que significa la construcción de una cárcel de alta seguridad. Cuestión que fue anunciada por el gobierno hace algunas semanas atrás, pero que todavía no se conoce cuál va a ser el procedimiento, si se va a requerir de una nueva ley para su construcción, si va a ser la ampliación de otra cárcel ya existente, ni tampoco se conocen los antecedentes técnicos respecto de la justificación del lugar donde esta cárcel debiese ser construida.”
La preocupación principal radica en la falta de claridad sobre los planes específicos para la construcción, incluyendo si se necesitará una nueva legislación o si se ampliará una cárcel existente. Además, hay inquietud sobre la justificación técnica y la seguridad del lugar seleccionado para esta instalación.
“Todos y todas coincidimos en que es necesario construir una cárcel de alta seguridad, que nuestro país requiere de todas las medidas que permitan que los delincuentes, que los criminales, que el crimen organizado esté donde corresponde, que es tras las rejas, que es tomando medidas de resguardo para que no se ponga a disposición de la comunidad el riesgo que significa que estos tipos anden sueltos. Sin embargo, también es importante que este tipo de decisiones se tomen con la comunidad, se tomen con las personas incidentes, con las y los alcaldes, con las autoridades competentes, que el Congreso Nacional pueda dar su opinión al respecto también”, dijo la autoridad de Gobierno.
“Por eso es que se llevan adelante estos procedimientos a través de trámites legislativos. Es por eso que le vamos a consultar a través de un oficio al Gobierno cuáles son los planes específicos para la construcción de esta cárcel, cuáles son los informes técnicos que acreditan, cuál es el mejor lugar y el más seguro para la construcción.”, sentenció Cariola.
La evidencia internacional sugiere que las cárceles de alta seguridad no se construyen en centros urbanos ni en lugares con alta conectividad hacia la sociedad, sino en áreas aisladas y seguras para evitar la creación de redes delictivas que operen desde el interior de la cárcel hacia el exterior.
Antecedentes de la instalación de cárceles en zonas pobladas revelan múltiples problemas. Las comunidades locales a menudo experimentan una disminución en la percepción de seguridad, afectaciones en el valor de las propiedades, y un aumento en el tráfico y la congestión alrededor de las instalaciones penitenciarias. Además, estudios muestran que la proximidad a las cárceles puede tener efectos negativos en el bienestar psicológico de los residentes. La construcción de cárceles en áreas densamente pobladas también plantea riesgos de fuga y mayores desafíos para las fuerzas de seguridad locales.
“Es por eso que esperamos hacer parte de este debate, hemos recogido las inquietudes y las vamos a trasladar desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo para que tomemos la mejor decisión por el bien de nuestro país porque tenemos de conjunto que enfrentar al crimen organizado y tomar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas”, concluyó la presidenta de la Cámara.
Este debate se perfila como uno de los temas más importantes a abordar en los próximos meses, con un enfoque en la seguridad pública y la gestión adecuada de la infraestructura carcelaria en Chile.
