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diciembre 3, 2024 2:20 pm

Ministro Montes entrega 108 subsidios a familias afectadas por incendios en Valparaíso

Montes recordó que el urbanismo debe adaptarse a las nuevas realidades impuestas por el cambio climático, y que es necesario aprender de las experiencias internacionales para preparar nuestras ciudades para el futuro.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, visitó la región de Valparaíso para llevar a cabo una intensa agenda centrada en la entrega de subsidios habitacionales, la finalización de obras del plan «Comunidad Mejor Sin Asbesto» y la participación en un diálogo ciudadano sobre la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano.

En la ciudad de Quilpué, el ministro entregó 108 subsidios a familias afectadas por los incendios ocurridos a principios de este año. Con esta entrega, el total de subsidios otorgados a seis meses de los siniestros asciende a 217. Estas soluciones habitacionales incluyen viviendas industrializadas, construcción en sitio propio y autoconstrucción asistida, además de la aplicación de subsidios en distintos condominios ya construidos.

El ministro Montes destacó la importancia de la calidad estructural en las nuevas viviendas: «No es solo construir viviendas, sino que estas tengan una solidez estructural y que puedan pasar las pruebas y exigencias propias de la recepción municipal». Además, subrayó el compromiso del gobierno de asegurar que todas las familias afectadas reciban su subsidio o una solución equivalente antes del término de su mandato.

La delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, valoró la entrega de los subsidios como «una medida concreta para aquellas familias que fueron afectadas por el mega incendio», y destacó la importancia de que estos proyectos se concreten lo antes posible, en coordinación entre el sector público, privado y las comunidades.

Fanny Tirado, una de las beneficiarias, expresó su agradecimiento: «A seis meses desde el lamentable incendio, solo le pido a Dios que podamos contar pronto con nuestras casitas y volver a nuestra población valle El Monte».

Plan «Comunidad mejor Sin Asbesto»

Posteriormente, el ministro Montes se trasladó a «Villa Erika», en el Cerro Santo Domingo, para entregar las obras de remoción de asbesto y reparación de techumbres en el condominio, enmarcadas en el plan «Comunidad Mejor Sin Asbesto». Este programa busca eliminar el riesgo sanitario que representa el asbesto en las viviendas, beneficiando en su primera fase a cerca de mil blocks de interés social en las regiones Metropolitana, del Biobío y Valparaíso.

El ministro resaltó la relevancia de este plan piloto, enfatizando que el asbesto es un material que provoca enfermedades, especialmente cuando se deteriora. «Estos proyectos no solo mejoran las condiciones de vida, sino que también fortalecen el tejido social, algo que el Presidente Boric ha planteado como una prioridad en su política pública», afirmó Montes.

La Seremi de Salud de Valparaíso elogió la colaboración entre las comunidades y las autoridades para la ejecución del proyecto, destacando que sin la organización y participación de los vecinos, estas obras no habrían sido posibles.

Por su parte, Yanisse Concha, dirigente de «Villa Erika», expresó su satisfacción con las obras realizadas: «Estamos totalmente felices. Antes nos llovíamos en los pasillos, teníamos que entrar con paraguas y ahora quedó maravilloso».

Finalmente, el ministro Montes, junto al gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paola Jirón, inauguró el 3° Diálogo Ciudadano, orientado a la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Esta instancia busca abordar temas como la planificación territorial frente al cambio climático, la gestión de riesgos, y el acceso a la vivienda y al patrimonio.

Montes recordó que el urbanismo debe adaptarse a las nuevas realidades impuestas por el cambio climático, y que es necesario aprender de las experiencias internacionales para preparar nuestras ciudades para el futuro.

La presidenta Paola Jirón subrayó la necesidad de anticiparse a los cambios socioambientales y adaptar las ciudades para minimizar los daños provocados por fenómenos como incendios, marejadas e inundaciones. «Podemos prevenir y adaptar nuestras ciudades para enfrentar el cambio climático», concluyó.

Transformación Verde: Chile lidera en Certificaciones de Edificios Sostenibles

La empresa multinacional JLL, dedicada a servicios inmobiliarios corporativos, ha publicado un exhaustivo estudio sobre la evolución de los edificios verdes en América Latina, destacando el progreso significativo de Chile en el sector de la sostenibilidad.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El estudio revela que América Latina ha adoptado una «ola verde» en respuesta a la creciente preocupación por el cambio climático. Con un 68% de los ciudadanos en la región considerando el cambio climático como una amenaza seria para sus países en los próximos 20 años, la adopción de prácticas de construcción sostenible se ha acelerado. Las certificaciones verdes, como LEED, EDGE y BOMA, se han convertido en un estándar para espacios de oficina de alta calidad, impulsadas por regulaciones gubernamentales y una mayor conciencia sobre los beneficios económicos y ambientales de la eficiencia energética.

Por tal motivo conversamos con Jorge Araos, director de oficinas de JLL Chile, respecto a los beneficio concreto de las certificaciones LEED, EDGE y BOMA para el mercado inmobiliario, advirtiendo que , según el estudio Evolución sostenible: Edificios verdes en América Latina, de JLL, existen tres sistemas de evaluación más populares en Latinoamérica, EDGE, LEED y BOMA.

“La certificación más popular en la región LATAM -y uno de los más populares del mundo- es LEED de GBCI, con más de 2,500 proyectos certificados en siete países en la actualidad. LEED proporciona una evaluación exhaustiva y rigurosa de un edificio, valorando los edificios verdes saludables, eficientes en el uso de los recursos y ahorradores de costos que ofrecen beneficios medioambientales, sociales y de gobernanza”, señala el ejecutivo.

Junto a eso, indica que “EDGE, administrado por el GBCI. Este sistema es más sencillo que el de LEED y fue creado por la CFI para abordar los retos a los que se enfrentan los mercados emergentes. Se centra en la eficiencia de los recursos y pretende impulsar una mayor construcción y remodelación de edificios eficientes en el uso de los recursos de una forma rápida, fácil y asequible. Como mínimo, EDGE garantiza un ahorro del 20% o más en energía, agua y carbono incorporado de los materiales.

Sobre BOMA, araos comenta que “evalúa algunas áreas principales de operación de los edificios, como su administración, seguridad y gestión de riesgos, entrenamiento y educación, energía, sustentabilidad, relaciones con inquilinos, etc. Cuenta con requisitos denominados BEST Practices. Se centra en el desempeño operativo de los edificios en 10 áreas clave. Reduce indirectamente las emisiones de carbono al mejorar el desempeño de los edificios. En LATAM, se encuentra presente en México”.

Si bien las certificaciones se hacen cada vez más necesarias, principalmente porque son un valioso marcador de sostenibilidad y contribuyen a una mayor transparencia en el sector inmobiliario, estas por sí solas, especialmente las basadas en el diseño y la construcción no son la solución definitiva para transitar hacia el camino de la sostenibilidad en la construcción. Es necesario ir más allá de las certificaciones, especialmente las que se centran únicamente en el diseño y la construcción, y dar prioridad al desempeño del edificio para garantizar que las emisiones operativas sean bajas. Para esto, es necesario la búsqueda y constante monitoreo de eficiencia energética, la electrificación y fuentes de energía limpias.

Chile ha emergido como uno de los líderes en la región en la adopción de prácticas de construcción sostenible. Según el informe, Chile ha certificado un total de 282 proyectos bajo el sistema LEED, lo que lo posiciona como uno de los países con mayor número de certificaciones en la región. Esto refleja un compromiso robusto del país hacia la construcción y operación de edificios sostenibles.

En el contexto de oficinas de clase A, el 63% de los nuevos edificios en América Latina cuentan con certificación verde, un estándar que Chile ha superado consistentemente. Santiago, en particular, ha visto un aumento notable en la cantidad de metros cuadrados de oficinas certificadas como verdes, alcanzando los 602,000 m² en comparación con los 584,000 m² de espacios no certificados.

En lo relativo al mercado de oficinas, y dónde se ha detectado este tipo de certificaciones en oficinas chilenas, Jorge Araos, director de oficinas de JLL Chile indica que, “La certificación leed partió como un distintivo en edificios clase A con gran tecnología o con tecnologías a la vanguardia, en mercados muy consolidados y a partir del año 2019, las superficies de edificios certificados superó a la superficie de edificios sin certificar, lo que confirma que es una tendencia que va al alza y dejó de ser un “valor agregado” para ir transformándose en una condición imprescindible. Hoy es una tendencia para los mercados clase A y B.

Son varios factores han impulsado esta tendencia en Chile, incluyendo políticas gubernamentales favorables, una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y los beneficios económicos de la eficiencia energética. El país ha implementado normativas estrictas y ha fomentado la adopción de prácticas de construcción verde a través de incentivos y regulaciones.

Chile está bien posicionado para avanzar en la descarbonización de su sector de edificios gracias a su alta proporción de energías renovables. Con un promedio del 58% de energías renovables en su matriz energética, Chile supera significativamente la media mundial, estableciendo un fuerte vínculo entre la electrificación de los edificios y la reducción de sus emisiones.

A pesar del progreso, el informe de JLL subraya que la certificación verde es solo un primer paso. Los propietarios de edificios deben ir más allá de las certificaciones y centrarse en la reducción de emisiones operativas a través de la eficiencia energética y el uso de energías limpias. Este enfoque integral es esencial para que Chile continúe liderando en sostenibilidad y logre sus objetivos de cero emisiones netas.

Respecto a cómo está el mercado nacional respecto a sus vecinos de la región en materia de certificación verde, el director de oficinas de JLL Chile plantea que, “En Chile, según el informe de JLL, existen 602 m2 de oficinas Clase A con certificación verde, luego de São Paulo con 2,935 m2, Ciudad de México con 1,453 m2, Lima con 896 m2, y Bogotá con 838 m2.

“A pesar de que la región ha experimentado un crecimiento fuerte y constante del número de edificios verdes en el inventario de oficinas Clase A,  sigue quedando atrás en cuanto a este tipo de certificaciones. Por lo que, aunque LATAM tenga un gran progreso, solo alcanza un 48% en promedio de oficinas Clase A certificadas, mientras que Asia – Pacífico cuenta con un 54% promedio y Estados Unidos-Canadá un 69%”, sentencia Araos.

Chile se destaca en América Latina por su compromiso y avance en la adopción de certificaciones de edificios sostenibles. Con una combinación de políticas gubernamentales sólidas, una alta conciencia ambiental y una infraestructura energética favorable, el país está bien posicionado para liderar la región en la transformación hacia un entorno construido más sostenible y eficiente.

Estudio sobre auditoria en ejecución advierte que solamente el 2% de comunidades y edificios cumplen las normativas bases

El gran problema que se identifica, es la falta de aceptar las rendiciones financieras que deben aplicar los comités de administración, a nombre del arrendatarios, ocupantes y copropietarios.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El último estudio desarrollado por la firma Auditamos.cl y aplicado a 1.200 comunidades de edificios y condominios, entre el año 2023 y primer semestre 2024, ha identificado que solo el 2% cumple la normativa de base ante la ley de copropiedad 21.442, vigente desde abril 2022, no dependientes del reglamento de la ley, ya que son indicaciones obligatorias, desde su publicación en el diario oficial. Donde el 100% de los Comités, desconocen los procesos obligatorios.

Procesos, tales como la rendición de cuentas mensuales, con un balance financiero, que deben aplicar las administraciones, hacia los comités de administración, como a su vez, actualizar correctamente el reglamento de copropiedad, ya que no se están ingresando el balance inicial, ante el blindaje penal al comité, en las cuentas iniciales, para robustecer la rendición mensual.

El gran problema que se identifica, es la falta de aceptar las rendiciones financieras que deben aplicar los comités de administración, a nombre del arrendatarios, ocupantes y copropietarios, pasando ya 24 meses de no rendiciones aplicadas, donde los comités, están expuestos a ser denunciados por 24 meses y a su vez, ser demandados penalmente, ante los futuros 60 meses, desde la denuncia.

La ley de copropiedad obliga y establece que los comités de administración deben recibir la cartola bancaria, con los respaldos de cargos y depósitos, con los pagos de los seguros y cotizaciones previsionales, conciliando los respaldos con la cuenta corriente, y complementado con un balance, ya que, en toda asamblea, se debe rendir cuentas con este balance, no aplicándose masivamente.

La ley 21.442 es una ley financiero contable, que lamentablemente se ha tratado de minimizar las obligaciones que tiene esta ley ante el servicio de administración. Para ello, el comité de administración a través del artículo 21 de la ley de copropiedad, tiene la obligación de identificar, aprobar o rechazar las rendiciones de cuenta documentada de la administración que están fuera del contexto de los pagos de egreso y del cierre de la minuta de gastos comunes”, advierte Gonzalo Jiménez,  CEO de Auditamos.cl

Otro masivo riesgo que gatillará las denuncias ante la secretaria ejecutiva de condominios, dependiente del MINVU, es que se están actualizando el reglamento de copropiedad, en forma incorrecta, no ingresando el balance inicial auditado, y los procesos mensuales de rendición de cuentas, de la administración, y el criterio de aceptación, por parte del comité de administración, junto con la administración contable del fondo de reserva.

Paralelamente, las debilidades que se ha identificado en la ejecución de esta nueva ley, son los pocos procesos de control que aplican los comités de administración, no cerrando los controles, que separen las responsabilidades penales, que no son aseguradas por las pólizas de responsabilidades civiles, que erróneamente, se cree, ya que en estas pólizas no aseguran escenarios de administraciones desleales o usos indebidos de fondos.

Las administraciones están expuestas, ante las debilidades que se han identificado en este período de dos años, que está vigente la presente ley, ya que el desconocimiento y las informalidades, deben exigirse un curso de certificación, a quienes pertenecen a un comité, ya que hay muchos escenarios, que se le exige a las administraciones, incluso, siendo amenazados sus fuentes de ingresos, por acciones erróneas, tales como tendencia administración y reuniones no ejecutivas.

Dado que no se exige un curso a los comités, como se les exige a las administraciones, se masificarán las denuncias, derivados de no conocimiento de las metodologías formales y la incorporación de las auditorías, ante los balances iniciales que deben aplicarse en la actualización del reglamento y en forma anexa, a las rendiciones mensuales, junto con la auditoría del balance obligatorio.

Es importante establecer que, ante este masivo escenario, una solución es auditar las rendiciones mensuales, y establecer un informe de rendición histórica, actualizado, a modo que el comité de administración, normalice los meses no aprobados, y en el futuro, aplicar el control mensual, que debe aplicar obligatoriamente, ante el artículo 21 de la ley de copropiedad inmobiliaria.

Un ejemplo del masivo riesgo vigente, que el MINVU, publicó un reglamento de copropiedad actualizado, para ser usado ante edificios y condominios, pero lamentamos indicar, que este documento, indica un descuento de un 30% de los gastos comunes al comité, cargándose al fondo de reserva, y solo este punto, involucra un uso indebido del fondo de reserva, ya que no está para fines de beneficios de personas, aplicando un delito económico. En forma anexa, omite los procesos de control del fondo de reseras, las rendiciones mensuales, y la no incorporación del balance inicial, masificando las futuras denuncias ante la secretaría ejecutiva de condominios.

A la fecha de hoy, ya transcurrido dos años, desde el cambio de la ley, no se ha publicado la reglamentación de esta ley, y las administraciones y comités, siguen totalmente expuestos, ante los arrendatarios, ocupantes y copropietarios, ya que se cruza la ley de delito económico, exponiendo el patrimonio de estas personas, y donde las auditorías llegaron para blindar este escenario financiero.

Radiografía Digital revela relación de los menores con la tecnología

La Radiografía Digital incluyó una muestra representativa de 1.000 niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años, así como a 1.000 padres y madres de las principales ciudades de Chile. Este estudio cuantitativo se llevó a cabo a través de encuestas online certificadas, abarcando diversos niveles socioeconómicos (ABCD).

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Santiago, 08 de agosto de 2024.- En la celebración del Día del Niño, ClaroVTR, en conjunto con Criteria, ha dado a conocer su séptima Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes, ofreciendo una visión completa sobre cómo interactúan los menores en Chile con la tecnología y las implicancias de esta relación.

El estudio revela que el 86% de los menores encuestados ya ha interactuado con la Inteligencia Artificial (IA), y un número significativo de ellos, la mitad, la utiliza como herramienta de apoyo en sus estudios y para resolver dudas. Sin embargo, la percepción de los padres sobre la IA es mucho más cautelosa, ya que un 58% la considera más perjudicial que beneficiosa para sus hijos, lo que pone en evidencia una preocupación sobre el impacto de esta tecnología en el desarrollo infantil.

Otra de las revelaciones del informe es la cantidad de tiempo que los menores dedican al internet, con un 50% pasando al menos 4 horas al día en línea durante la semana, principalmente en actividades de entretenimiento. Este porcentaje aumenta durante los fines de semana, alcanzando un 58%, lo que subraya la creciente presencia de la tecnología en su vida diaria.

En cuanto a los dispositivos, el 90% de los niños y adolescentes posee un teléfono móvil propio. Las redes sociales más populares entre ellos son YouTube, utilizada por el 93%, seguida de WhatsApp (89%) y TikTok (73%). Por otro lado, Facebook sigue en declive, con solo un 30% de los menores manteniendo su presencia en la plataforma. Las actividades favoritas en redes sociales incluyen ver videos (94%), conversar con amigos o familiares (83%), compartir fotos (82%) y explorar temas de interés (79%).

El informe también aborda los desafíos que enfrentan los menores en el entorno digital. Un 26% de los encuestados ha sido víctima de ciberacoso y un 63% ha estado expuesto a información falsa (fake news). En respuesta a estos desafíos, el 80% de los adolescentes afirma que toma precauciones verificando la identidad de las personas con quienes interactúan en línea, lo que refleja una mayor conciencia sobre los riesgos digitales.

La gerenta de Sostenibilidad de ClaroVTR comentó sobre la importancia de estos hallazgos, subrayando que «la Radiografía Digital de este año destaca la creciente integración de la tecnología en la vida de los menores y los desafíos que esto conlleva. Es crucial que los padres y educadores entiendan estos comportamientos para poder guiar a los jóvenes en su uso seguro y beneficioso de la tecnología».

La Radiografía Digital incluyó una muestra representativa de 1.000 niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años, así como a 1.000 padres y madres de las principales ciudades de Chile. Este estudio cuantitativo se llevó a cabo a través de encuestas online certificadas, abarcando diversos niveles socioeconómicos (ABCD).

Este análisis no solo pone de manifiesto el uso generalizado de la tecnología entre los menores, sino que también señala la importancia de fomentar un entorno digital más seguro y constructivo para ellos.

Certeza Jurídica: Pilar del desarrollo inmobiliario

Por: Sergio Correa, gerente Inmobiliario de Colliers

En el ámbito del desarrollo inmobiliario la permisología y la certeza jurídica son elementos fundamentales. La permisología se refiere a la obtención de permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar proyectos, mientras que la certeza jurídica garantiza que, una vez obtenidos estos permisos, las reglas del juego no cambien arbitrariamente. Sin estas garantías, las inversiones se vuelven riesgosas y la confianza en el sistema se erosiona, afectando el crecimiento y desarrollo de las ciudades.

El reciente fallo que condena al municipio de Las Condes a pagar US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf por la paralización indebida de su proyecto, resalta la importancia de la certeza jurídica en el mercado inmobiliario. Este caso evidencia cómo las decisiones arbitrarias por parte de las autoridades pueden tener un costo significativo, no solo para las empresas, sino también para la confianza y estabilidad del sector.

La situación del Proyecto Egaña Sustentable en Ñuñoa es otro ejemplo relevante. Este proyecto enfrentó una paralización injustificada y un rechazo administrativo a través de WhatsApp, lo que llevó a una querella por prevaricación. Esta situación pone de relieve las irregularidades y presiones políticas que pueden entorpecer el desarrollo de proyectos que cuentan con todos sus permisos legales. Casos similares han ocurrido con los edificios en Estación Central y el edificio Pajaritos en Maipú, donde decisiones municipales han amenazado importantes inversiones.

Estas acciones arbitrarias no solo afectan directamente a las empresas involucradas, sino que también generan un clima de incertidumbre que puede desincentivar futuras inversiones. La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de cualquier mercado, y el sector inmobiliario no es la excepción. Cuando las autoridades locales actúan con prudencia y responsabilidad, respetando los permisos otorgados y fomentando un ambiente de colaboración, se asegura un entorno dinámico y seguro que beneficia tanto a las empresas como a los ciudadanos.

La relación entre las autoridades y los desarrolladores debe basarse en el respeto mutuo y en el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Solo así se puede garantizar que los proyectos inmobiliarios contribuyan al desarrollo urbano y al bienestar de la comunidad, sin que las decisiones arbitrarias interfieran en el progreso y la innovación.

La parálisis de proyectos por decisiones municipales arbitrarias puede tener consecuencias devastadoras. No solo detiene el progreso de proyectos individuales, sino que también envía una señal negativa al mercado en general. Si los inversionistas perciben que no hay garantías suficientes para la ejecución de sus proyectos, buscarán oportunidades en otros mercados donde el marco regulador sea más fiable.

Además, las decisiones arbitrarias pueden tener un impacto negativo en la comunidad. Los proyectos inmobiliarios no solo generan empleo y actividad económica, sino que también contribuyen al desarrollo urbano y a la mejora de la infraestructura local. La paralización de proyectos importantes puede retrasar mejoras necesarias en áreas urbanas, afectando la calidad de vida de los residentes.

En conclusión, la certeza jurídica no es solo un requisito legal, sino un pilar esencial para un mercado inmobiliario saludable y en crecimiento. Las autoridades deben asumir su rol con responsabilidad y transparencia, asegurando que los proyectos que cumplen con todos los requisitos legales puedan desarrollarse sin obstáculos indebidos. La protección de los derechos de las empresas y la promoción de un entorno confiable son esenciales para el futuro del desarrollo urbano en nuestro país. Solo con un marco regulador estable y predecible se podrá fomentar un mercado inmobiliario dinámico que beneficie a todos los actores involucrados, desde los desarrolladores hasta la comunidad en general.

SERGIO CORREA GERENTE INMOBILIARIO COLLIERS US.jpg

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