El proyecto contempla la construcción, operación y conservación de una infraestructura de 76.600 m², con capacidad para 2.160 personas privadas de libertad.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció que en octubre de este año se abrirá la licitación para la concesión del proyecto penitenciario «Recinto Modelo de Educación y Trabajo: El Arenal de Copiapó». El proyecto contempla una inversión de 275 millones de dólares y la construcción de una infraestructura moderna en la Región de Atacama.
Según el cronograma de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), las ofertas técnicas serán recibidas en el segundo trimestre de 2025, mientras que las ofertas económicas se abrirán en el tercer trimestre del mismo año.
La ministra López, en su visita a la región, destacó la importancia del proyecto y el traspaso de los terrenos donde se levantará el nuevo recinto penitenciario. «Estamos en tierra derecha para el llamado a licitación en octubre próximo. Este recinto es clave dentro del plan de infraestructura carcelaria del Ministerio de Justicia, con más de 2.000 nuevas plazas en una región que ya tiene tres establecimientos penitenciarios excedidos en su capacidad», señaló López.
Por su parte, el delegado presidencial de Atacama, Rodrigo Illanes, valoró el avance del proyecto, subrayando que este recinto carcelario de alto estándar cubrirá una necesidad urgente en cuanto a infraestructura penitenciaria en la región y el país.
Características del proyecto
El nuevo recinto penitenciario estará ubicado a unos 40 kilómetros al norponiente de Copiapó, en terrenos fiscales aledaños a la Ruta 5 Norte y a 14 kilómetros al sur del aeropuerto Desierto de Atacama. El diseño arquitectónico contempla un conjunto de 53 edificios distribuidos en una superficie total de 76.600 m², con una capacidad estimada para 2.160 internos distribuidos en 15 módulos de reclusión.
Además, se espera que el nuevo recinto genere un impacto positivo en el empleo, con un promedio de 500 empleos durante su construcción y un peak cercano a los 1.000 puestos de trabajo. Durante su operación, trabajarán aproximadamente 600 funcionarios y funcionarias.
La ministra López también informó que la puesta en funcionamiento del recinto está proyectada para el año 2030, siempre que el proceso avance de acuerdo con el cronograma establecido. «Este es un proyecto de gran relevancia para la región y el país, y estamos comprometidos en su pronta ejecución», concluyó la ministra.
El proyecto incluye la construcción, mantención y conservación de la infraestructura, así como la prestación de servicios penitenciarios y servicios complementarios necesarios para su operación.