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diciembre 3, 2024 2:12 pm

Conoce el ranking de los latinos que más invierten en Dubái

Nominada por algunos como “El nuevo Miami”, en Dubái no se imputan impuestos y hay retornos de inversión del 8% promedio. La mayoría de los latinos de poder adquisitivo, se están animando a invertir más de USD 500.000.

Por: Equipos Mercados Inmobiliarios

En los últimos años, la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, se convirtió en el hogar adoptado por millones de empresarios, emprendedores y trabajadores expatriados de todos los niveles y nacionalidades, que se ven atraídos por los visados rápidos, beneficios fiscales (los salarios no pagan impuestos, por ejemplo) y altos estándares de calidad de vida; pero por sobre todas las cosas, el gran negocio de inversiones.

Las cifras oficiales indican que en 1980 apenas un millón de personas vivían allí, y hoy ya son 9,5 millones; este contexto se vio potenciado por los programas gubernamentales que seducen a extranjeros para que inviertan y se instalen definitivamente allí. 

De acuerdo a un relevamiento de Thorne Global Real Estate, una compañía liderada por una latina que ayuda a inversores hispanoparlantes, actualmente el ranking de los latinos que invierten en Dubái está liderado por colombianos (45%), seguido por argentinos (25%), mexicanos (20%) y chilenos (10%).

Por otro lado, según una reciente encuesta realizada por la compañía de seguros CIA Landlords, Dubái es la ciudad más rentable del mundo de Airbnb. “El atractivo fiscal de Dubái, sin impuestos sobre la ganancia de capital ni sobre los ingresos por rentas, sigue siendo un incentivo clave, con retornos de un 8% por ejemplo”, comenta Vanina Molina, CEO de Thorne Global Real Estate.

Al detectar el potencial de Dubái, la abogada Vanina Molina, fundó Thorne Global Real Estate, con el objetivo de acercar a los inversores hispanoparlantes a un mercado con poca representación en su idioma; vive en Dubái hace 3 años con su esposo, el reconocido abogado Patricio Poplavsky; y hoy en un giro trascendental en su carrera profesional, decidió lanzar su compañía de Real Estate, y ayudar a los latinos que quieren invertir allí.  

“Además del mercado inmobiliario que es muy fuerte, hay firmas dedicadas a la gastronomía, los servicios empresariales, la contabilidad, el trader de alimentos, la tecnología, el mundy crypto y los recursos energéticos, entre otras”, detalla Molina.

Desde la compañía explican que entre las inversiones más recomendadas se encuentran las propiedades residenciales en áreas de alto crecimiento, como Uma Al Quwain o Ras Al Khaimah, donde las inversiones en infraestructura ofrecen nuevas oportunidades.

“En líneas generales, los empresarios de Colombia, Argentina, México y Chile invierten en Emiratos Árabes Unidos por seguridad jurídica, impositiva (bajo costo), networking, la puerta de acceso directo a Medio Oriente, Europa y Asia”, concluye Molina.

Ya son más de mil empresarios de América Latina, especialmente de los tres países mencionados, los que han hecho negocios en los últimos años en Emiratos Árabes Unidos.

Incremento del 30% en la demanda de Centros de Salud en la zona oriente de Santiago

Desde GPS Property comentan que clínicas están buscando oficinas de en promedio 2.000 m2.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La demanda por oficinas destinadas a centros de salud especializados en la zona oriente de la Región Metropolitana ha experimentado un crecimiento notable en los últimos meses.

Según datos proporcionados por la consultora GPS Property, en el último trimestre se ha registrado un aumento del 30% en las solicitudes de espacios de oficinas para clínicas y consultas médicas.

“Hemos identificado que las clínicas de especialidades privadas han estado activas en la búsqueda de inmuebles de hasta 2.000 m² en promedio”, explica Eduardo Escala, gerente comercial de GPS Property.

Este interés se concentra en áreas clave como la odontología, oftalmología, traumatología, estética y laboratorios, además de farmacias.

Escala señala que «hoy los usuarios están privilegiando atenderse en clínicas especializadas, que cubren necesidades de manera más inmediata», y que buscan ubicaciones estratégicas, cerca de avenidas con alto flujo vehicular y estaciones de metro.

Desde la consultora GPS Property destacan que este interés está vinculado a la reactivación del mercado de oficinas, especialmente en sectores como Apoquindo, Providencia, Lo Barnechea, El Bosque y Vitacura, donde se concentra gran parte de la demanda.

Nueva Ley de Parcelaciones: Impacto en el sector agrícola y habitacional en Chile

Este escenario ha llevado a la creación de parcelas en zonas carentes de infraestructura básica.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La nueva ley de parcelaciones en Chile, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, busca establecer directrices claras para el uso de terrenos rurales, diferenciando entre aquellos destinados a fines agrícolas y los que serán usados para desarrollos residenciales.

Esta normativa responde a la necesidad de regular un mercado que, por décadas, ha operado bajo un marco de excepciones que data de los años 80. Sin embargo, este nuevo enfoque trae consigo importantes desafíos y oportunidades tanto para el sector agrícola como habitacional.

Cecilia Fajardo, Gerente de Valoración y Consultoría de Transsa, explicó que durante años el proceso de subdivisión de terrenos rurales ha carecido de una planificación adecuada y de una regulación efectiva. «El proceso de subdivisión de terrenos rurales ha estado regulado por un marco normativo de excepciones que data de principios de los años 80, permitiendo la división de predios rústicos sin una planificación adecuada ni una regulación efectiva».

Este escenario ha llevado a la creación de parcelas en zonas carentes de infraestructura básica, como caminos, agua potable y electricidad, afectando negativamente tanto a los nuevos residentes como a las comunidades vecinas.

Con la entrada en vigor de esta nueva ley, es probable que los precios de parcelas y viviendas en áreas rurales aumenten. Según Fajardo, el establecimiento de estándares mínimos de infraestructura y habitabilidad incrementará los costos de desarrollo, pero al mismo tiempo elevará la calidad de los proyectos. «Esta mayor inversión también se traducirá en desarrollos más sostenibles y con mejores condiciones de vida, lo que podría atraer a compradores que busquen proyectos de mayor calidad y seguridad», comentó.

En términos del mercado inmobiliario, la normativa será una oportunidad para formalizar y clarificar los requisitos que deben cumplir los desarrolladores en zonas rurales. De acuerdo con Fajardo, «para el mercado inmobiliario formal, la ley es una oportunidad, ya que aporta claridad sobre los requisitos que deben cumplir los desarrolladores». Esto acercará al sector rural a la normativa urbana, promoviendo un desarrollo más ordenado y reduciendo la cantidad de proyectos irregulares.

Por otro lado, la ley también beneficiará a las comunidades agrícolas, protegiendo las actividades productivas en estas zonas. «La nueva ley protege las actividades productivas al restringir el uso de terrenos agrícolas únicamente para fines residenciales», afirmó Fajardo, lo que asegura un equilibrio entre las necesidades habitacionales y la preservación del uso agrícola de la tierra.

No obstante, la normativa presenta desafíos para pequeños productores, quienes deberán adaptarse a nuevas normativas para mantener sus actividades. Se espera que el gobierno implemente incentivo fiscales y apoyo adicional para garantizar que estos productores puedan operar de manera sostenible.

Desde una perspectiva habitacional, Fajardo concluye que el aumento en los precios de los terrenos podría limitar el acceso a parcelas más asequibles. Sin embargo, este encarecimiento estaría justificado por la mejora en las condiciones de infraestructura y calidad de los proyectos, lo que a largo plazo beneficiará a quienes elijan establecerse en áreas rurales. «Se espera que este aumento de precios esté justificado por la mejora en las condiciones de los proyectos y la infraestructura disponible», añadió.

En definitiva, la nueva ley de parcelaciones promete ser un avance en la regulación del uso de terrenos rurales en Chile, buscando un desarrollo más ordenado y sostenible, que beneficie tanto al sector agrícola como al habitacional.

Ley Karin y el cambio cultural, no podemos dejar a las empresas solas 

Por: Paula García de los Ríos, Socia de Gestión Social

La Ley Karin, inspirada en el caso de la técnico en enfermería Karin Salgado, quien se suicidó producto de maltrato y acoso en el trabajo, ha generado cambios importantes en el entorno laboral chileno, exigiendo a las empresas implementar protocolos para prevenir el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

Busca reforzar la responsabilidad de los empleadores en la protección de sus trabajadores y en su primer mes de implementación ha dado lugar a más de dos mil denuncias, principalmente en el sector privado. Este incremento refleja una mayor visibilización de hechos que antes pasaban desapercibidos o que no se denunciaban por la falta de mecanismos.

Sin embargo, el impacto de esta ley no se limita a cambios normativos, la nueva legislación apunta a un cambio cultural profundo dentro de las organizaciones, donde los líderes deben adoptar el rol de facilitadores de entornos inclusivos y empáticos. Además, obliga a los empleadores a ser proactivos en la implementación de protocolos preventivos que eliminen conductas abusivas.

Sin embargo, el sector privado no puede ser el único responsable de implementar estas transformaciones. El Estado tiene un rol clave que va más allá de la creación de leyes y reglamentos. También debe dar el ejemplo, no solo aumentando las exigencias, sino también aplicándolas de manera efectiva. No olvidemos que en 2022, la Superintendencia de Seguridad Social reveló que la frecuencia de las licencias médicas en el sector público fue casi tres veces superior en comparación con el privado e independientes. ¿Las razones? Salud mental, incluyendo el estrés laboral derivado de la sobrecarga de trabajo, el acoso laboral y las malas condiciones en los entornos laborales.

En un contexto donde la crisis institucional y moral ocupa la agenda pública, es crucial reflexionar el papel del mundo empresarial en generar un cambio de conciencia en sus trabajadores, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado en acompañarlos. La cultura del abuso y la corrupción está presente en diversos estratos socioeconómicos, colores políticos y organizaciones sociales. El «Caso Audios» nos recordó que el tráfico de influencias y la corrupción están profundamente arraigados en las instituciones del país.

Si realmente queremos reducir las inequidades y frenar los abusos de poder, debemos fomentar una cultura de respeto y honestidad desde las bases de la sociedad. Esto requiere un compromiso firme de todos los actores sociales para educar y formar a las personas en valores que promuevan el respeto mutuo y la justicia.

Las empresas deben crear políticas transparentes y contar con canales efectivos de denuncia, pero no se les puede cargar todo el peso de la transformación cultural. Las familias, las instituciones educativas y el propio Estado tienen un rol fundamental en el desarrollo de estos valores, para forjar así, ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades. Solo un esfuerzo colectivo podrá generar los cambios necesarios para enfrentar los desafíos que enfrenta Chile en el largo plazo.

La Ley Karin es un paso importante, pero solo el primero de muchos que debemos dar para enfrentar la crisis moral que atraviesa el país. El verdadero cambio sólo ocurrirá cuando todos los sectores, incluidos el Estado, se comprometan activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Nuevo Crédito Hipotecario a 40 años: ¿Es un instrumento conveniente?

La nueva alternativa de Coopeuch está dirigida específicamente a profesionales entre 27 y 37 años, marcando una tendencia que podría ser seguida por más instituciones del mercado.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El crédito lanzado recientemente por Coopeuch ha generado diversas reacciones en el mundo del mercado inmobiliario, al ser una nueva alternativa que busca facilitar el acceso a la vivienda propia en un contexto de altos precios inmobiliarios y elevadas tasas de interés.

La iniciativa, que comenzó a operar desde el pasado 30 de septiembre y establece requisitos específicos para sus beneficiarios, quienes deben ser profesionales con carreras de al menos ocho semestres y encontrarse en el rango etario entre 27 y 37 años, cuenta con un formato que, según expertos, no es una novedad.

Para Rodrigo Vásquez, asesor inmobiliario en Bet4Home, en lo relativo en qué debe fijarse la gente que opte a este crédito. El profesional plantea que “Se debe fijar principalmente en los años de apalancamiento (financiamiento) que la da la identidad financiera y la tasa de crédito otorgada para así entender si la cuota del dividendo la puede pagar o no, es importante recalcar que la carga financiera no debe superar el 25% del sueldo que se gane.

Ante la manera como debemos mirar este tipo de alternativas el mercado inmobiliario, Vásquez señala que, “Como una excelente alternativa que se suma a todas las posibilidades ya existentes, mientras más opciones de financiamiento tiene la demanda, ésta se estimula y actúa”, señala el profesional de Bet4Home.

«Este tipo de crédito no es completamente nuevo en el mercado chileno. De hecho, fue inicialmente introducido por BBVA aproximadamente en 2005, y actualmente está siendo ofrecido también por Santander. Ahora bien, este producto financiero, si bien representa una alternativa atractiva para quienes buscan acceder a su primera vivienda, conlleva importantes consideraciones que deben ser evaluadas cuidadosamente por los interesados», explica Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

La duda ante la pregunta si ¿es realmente conveniente?, los especialistas indican que los requisitos para acceder a este tipo de financiamiento son particularmente exigentes, considerando el extenso plazo de pago. Las instituciones financieras requieren que los solicitantes demuestren una sólida capacidad de pago y cumplan con estrictos criterios de evaluación, incluyendo aspectos relacionados con la salud, dado que las compañías aseguradoras establecen límites de edad para sus coberturas, generalmente hasta los 79 años.

“Se analiza caso a caso, no todos pueden optar al financiamiento a 40 años y se deben cumplir con lo que exige la entidad bancaria o mutuaria, además de la tasa de interés y el CAE, son datos que se deben analizar, pero sin duda mientras más plazo de pago se tiene, la cuota es más baja, el inmueble aumenta su plusvalía en el tiempo y como la cuota de dividendo es menor tiene mayor liquidez para destinarla al consumo u ahorro”, advierte Vásquez.

En esa línea, el experto recomienda evaluar cuidadosamente la conveniencia de optar por un plazo tan extenso, es decir, realizar un análisis comparativo que revela que, por ejemplo, para un crédito de 3.000 UF con un 15% de pie y una tasa del 5%, la extensión del plazo de 30 a 40 años implica un encarecimiento aproximado de 30 millones de pesos en el costo total del crédito. “Mientras que la reducción en el dividendo mensual es de solo 48 mil pesos, en comparación con uno a 30 años», indica Cristián Martínez.

A pesar de lo anterior, el experto valora esta nueva alternativa de financiamiento representa una opción adicional en el mercado hipotecario, especialmente relevante para inversionistas que busquen calzar el pago del dividendo con los ingresos por arriendo.

“En la medida de lo posible, es mejor preferir créditos a 30 años y, en caso de optar por el plazo de 40 años, considerar la posibilidad de refinanciar en el futuro para reducir el plazo y, consecuentemente, el costo total del crédito. Lo bueno, es que este producto podría marcar el inicio de una tendencia entre las instituciones financieras para desarrollar alternativas que faciliten el acceso a la vivienda propia”, esgrime el ejecutivo de Crece Inmobiliario.

Cabe señalar que los requisitos para optar a este tipo de crédito, se debe cumplir con lo siguiente; jóvenes entre los 27 y 37 años, contar con un título profesional, no ser propietario de ninguna propiedad, no estar en DICOM y tener 12 meses de continuidad laboral.

Proyectan que parque de autos eléctricos llegaría a 93.000 unidades en Chile al 2030

El estudio de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) destaca que al primer semestre 2024 nuestro país es el quinto con más vehículos de este tipo en América Latina con 6.184 unidades.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El parque de automóviles eléctricos en Chile podría llegar a 93.000 unidades en el año 2030, de acuerdo con proyecciones de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). La cifra significa dar un salto considerable en seis años, considerando que al primer semestre el total de vehículos livianos de este tipo llega a un poco más de 6.000.

En cuanto a la flota de buses de transporte público eléctricos, se estima que alcanzarían, también al 2030, del orden de 10.000 unidades, considerando Santiago y algunas regiones. Hoy circulan algo más de 5.000.

Para cubrir esta demanda -tanto en autos como buses- se requerirá una nueva capacidad instalada de energía renovable de 332 MW y una inversión que alcanzaría los US$ 300 millones.

En su nota técnica “Movilidad eléctrica en América Latina y El Caribe”, OLADE analiza la realidad de la región en materia de electromovilidad, destacando que entre enero y junio de 2024, Chile cuenta con un total de 3,2 vehículos livianos eléctricos por cada 10.000 habitantes registra Chile, ubicándose en el quinto lugar en América Latina. El ranking lo encabeza Costa Rica con 3,3, seguido de Uruguay con 17,4, Brasil y Panamá con 3,4.

“Para el caso de ALC como región, el indicador de número de automóviles eléctricos per cápita es de 3,8 unidades por cada 10.000 habitantes, lo que es un valor todavía bastante bajo comparado con el correspondiente a China (241,4), Europa (183) y EE.UU. (72,4)”, señala el secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo.

El primer semestre de 2024, en América Latina y el Caribe, circulaban 249.079 vehículos eléctricos livianos. Si bien en términos absolutos este es un parque vehicular todavía insignificante (0,3% respecto al total), con el incremento de la oferta, la baja de precios y los incentivos tributarios, ALC se perfila con gran potencial para el crecimiento en las ventas de autos 100% eléctricos.

Brasil lidera con 152.493 unidades, escoltado por México (36.887), Costa Rica (17.903), Colombia (14.407) y Chile (6.184).

“El parque de vehículos livianos que operan con electricidad ha crecido en los últimos 4 años (2020-2024) más de 14 veces y desde 2023 al primer semestre del 2024, se ha incrementado en un 60%, por lo que es probable que al terminar el año se haya duplicado”, afirma Rebolledo.

Las proyecciones más optimistas, indican que si se mantiene esa tendencia, en 2030 el total de automóviles de este tipo alcanzaría las 20 millones de unidades.

Chile, líder en buses y sus desafíos de la electromovilidad

Donde sí nuestro país anota un liderazgo incluso mundial es en el parque eléctrico de buses de transporte público. Después de China es el mercado donde mayor cantidad de estos vehículos circulan.

“En 2023, circulaban 5.084 buses eléctricos en América Latina. El ranking lo lidera Chile con 1.849 unidades, seguido de cerca por Colombia con 1.590. En el indicador per cápita (unidades/millón de habitantes), también lideran Chile y Colombia, seguido en tercer lugar por Uruguay”, detalla el informe.  

Aunque las ventajas de la electromovilidad como mecanismo de mitigación del cambio climático y mejora de las condiciones ambientales locales son evidentes, todavía existen barreras o desafíos de tipo tecnológico, logístico, financiero y regulatorio que es necesario superar para lograr un avance significativo y la masificación del uso de vehículos eléctricos en nuestra región.

En el caso de Chile, por ejemplo, cuenta con algunos mecanismos para promover la compra de este tipo de automóviles: exención de la restricción vehicular; incentivos en eficiencia energética, regulación de centros de carga y una estrategia nacional de movilidad eléctrica.

Sin embargo, a diferencia de otros países -como Costa Rica, México o Colombia- que han logrado una mayor penetración de la electromovilidad, no dispone de subsidio al valor de la compra; o exención del impuesto de importación y de pago en estacionamientos.

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