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julio 1, 2025 9:30 am

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Chile y el boom de la renta corta: entre la inversión rentable y los desafíos urbanos

Factores como la rentabilidad inmediata, apalancamiento turístico, barrios consolidados y la plusvalía del sur de Chile, han aportado a este negocio.

Por Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado chileno de arriendos temporales vive un auge sin precedentes. Impulsado por plataformas digitales, el turismo pospandemia y una creciente profesionalización del sector, la llamada «renta corta» se ha consolidado como una alternativa de inversión con alta rentabilidad. Santiago, Viña del Mar y La Serena lideran el fenómeno, mientras los expertos advierten sobre los efectos secundarios en la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda.

“El crecimiento ha sido explosivo. La renta corta ya no es una tendencia; es una realidad instalada en las grandes ciudades de Chile y los destinos turísticos clave”, señala Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, en conversación con MercadoSinmobiliarios.cl.

Según cifras de HOM Group, durante 2024 se registraron más de 4,6 millones de noches reservadas a través de plataformas como Airbnb, un 47% más que el año anterior. La ocupación promedio en Santiago alcanzó el 62%, con picos del 78% durante la temporada de invierno, especialmente en comunas como Las Condes, Providencia y Santiago Centro, donde barrios como Lastarria y Bellas Artes superaron incluso el 80%.

Rentabilidad inmediata

La promesa de ingresos por encima de la cuota hipotecaria ha hecho que muchos inversionistas opten por destinar sus departamentos a la renta corta en vez de alquilar a largo plazo. En algunas zonas de Santiago, los retornos netos anuales superan el 8%, mientras que en ciudades como Pucón o Viña del Mar se ha observado un incremento del 40% en la demanda de alojamiento temporal durante el verano de 2025.

“Estamos viendo cómo pequeños y medianos inversionistas están entrando al mercado con una mentalidad empresarial. La gestión es clave: ya no basta con publicar el anuncio, hay que preocuparse del servicio, del mantenimiento y de la experiencia del huésped”, apunta Antonio Eyzaguirre, cofundador de la plataforma Welcomy, durante la Expo Renta Corta 2025, donde más de 3.000 asistentes se reunieron para conocer las últimas tendencias del sector.

Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital, destaca que “la renta corta ha transformado el panorama inmobiliario, especialmente en comunas estratégicas como Santiago Centro, Providencia y Las Condes, donde la ocupación promedio ya supera el 75%. Este modelo no solo ofrece alta rentabilidad para inversionistas, sino también flexibilidad para los viajeros, quienes priorizan experiencias únicas y alojamiento bien ubicado. En Rabbitts Capital, entendemos que este fenómeno es más que una tendencia; es una oportunidad para transformar propiedades en activos altamente rentables”.

Tensiones con la comunidad

Sin embargo, el auge no ha estado exento de tensiones. La proliferación de alojamientos temporales en edificios residenciales ha generado malestar entre los vecinos, sobre todo por el alto flujo de personas y la falta de regulación específica. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria, reformada en 2022, permite a las comunidades de propietarios limitar o prohibir los arriendos turísticos en sus edificios, medida que algunos comités de administración ya están aplicando.

“Lo que comenzó como una solución flexible para viajeros se ha convertido en un problema para muchos residentes. Hay edificios donde más del 50% de las unidades son usadas como alojamientos temporales, lo que cambia completamente la dinámica de la comunidad”, comenta Marisol Reyes, administradora de condominios en Santiago.

Además, especialistas advierten sobre el impacto de la renta corta en el mercado de alquiler tradicional. “A medida que más propiedades migran a este modelo, se reduce la oferta para quienes buscan arrendar por años, presionando los precios al alza. En ciudades con déficit habitacional, esto puede agravar aún más el problema”, explica Tomás González, economista urbano de la Universidad Católica.

Mirando al futuro

Las proyecciones para 2025 son optimistas. HOM Group estima que la renta corta generará ingresos por USD 413 millones, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al año anterior. El empuje del turismo brasileño, una buena temporada de nieve y eventos internacionales están entre los factores que impulsan la demanda.

No obstante, voces dentro del propio sector piden mayor regulación y estándares comunes. “Necesitamos avanzar hacia una industria más profesionalizada, con reglas claras para todos los actores. El crecimiento debe ser sostenible, tanto para los inversionistas como para las comunidades que habitan estos espacios”, concluye Antonio Eyzaguirre.

En medio de este panorama, Chile se enfrenta al desafío de integrar esta nueva forma de habitar y rentabilizar las ciudades sin sacrificar la convivencia urbana ni el acceso a la vivienda. Un equilibrio difícil pero necesario si se quiere sostener el auge de la renta corta más allá del entusiasmo inicial.

Fin del papeleo: progreso real para el país

Señor Director:

Hoy, hacer filas en notarías, imprimir, fotocopiar y pagar solo para estampar una firma representa una ineficiencia que Chile puede superar. Contamos con la tecnología, el marco normativo y los proveedores certificados para avanzar hacia un ecosistema digital robusto en beneficio de las personas. Aun así, miles siguen destinando tiempo y dinero a trámites presenciales que podrían resolverse en minutos gracias a la firma electrónica avanzada.

Esta herramienta, reconocida legalmente hace más de una década y utilizada a diario, es sinónimo de eficiencia, transparencia y respeto por el tiempo de todos. Cumple con altos estándares de seguridad y permite garantizar identidad, integridad y trazabilidad, de forma accesible y confiable.

Sus beneficios son evidentes: ahorro de costos, mayor productividad, eliminación de barreras geográficas y reducción del uso de papel, lo que también la convierte en un aporte concreto a la sostenibilidad. En la actualidad, la firma digital no es un lujo y mucho menos una tendencia pasajera, por lo que el retraso en su aceptación lleva a cuestionarse los motivos; una reciente investigación de CIPER evidencia resistencias que, más que técnicas, parecen responder a intereses creados.

No podemos seguir validando modalidades anticuadas, que reflejan una resistencia al progreso e impiden la incorporación de tecnologías que democratizan el acceso a servicios. En esta situación sorprende que, teniendo la tecnología, la regulación y la experiencia para avanzar, las principales barreras sigan siendo más culturales que técnicas. La lentitud en la adopción de soluciones digitales no se condice con el nivel de desarrollo y modernización que Chile está en condiciones de alcanzar.

Rodrigo Mortara Gerente General de Despapeliza

La mayor amenaza para el sector inmobiliario en Chile no es el mercado, es la incertidumbre institucional

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios en COHLERS+PARTNER

En un contexto marcado por la recuperación económica pospandemia, la estabilización inflacionaria y una creciente demanda habitacional, podría parecer que el sector inmobiliario chileno enfrenta condiciones propicias para retomar el dinamismo. Sin embargo, la principal amenaza que enfrenta en 2025 no es económica, sino institucional: la incertidumbre regulatoria y jurídica, que paraliza decisiones de inversión, encarece los proyectos y genera una profunda desconfianza en el largo plazo.

La actividad inmobiliaria depende estrechamente de reglas claras, estables y predecibles. El desarrollo de un proyecto —desde la adquisición del terreno hasta la entrega de la última unidad— puede tomar varios años y requiere una planificación jurídica, financiera y técnica minuciosa. En este sentido, los cambios normativos abruptos, las demoras en tramitaciones, los vacíos legales y, sobre todo, la falta de criterios unificados en los órganos que intervienen, se han convertido en el principal riesgo del rubro.

Durante los últimos años, y especialmente en 2024, el sector ha debido enfrentar un escenario crecientemente incierto: modificaciones constantes a los planes reguladores comunales, judicialización de permisos de edificación ya otorgados, fallos contradictorios de la Corte Suprema respecto de la interpretación de instrumentos de planificación territorial, y una presión política creciente por parte de municipios y organizaciones sociales para limitar nuevos desarrollos. Todo ello, sumado a procesos de reforma legal inconclusos en materias clave como la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la tramitación ambiental.

Esta situación genera un efecto paralizante, pues proyectos que ya contaban con permisos y que se encontraban en etapa de construcción han debido detenerse o ser rediseñados, mientras que nuevas inversiones se mantienen en suspenso ante la posibilidad de que los criterios cambien a mitad del camino. Los inversionistas perciben que los derechos adquiridos ya no están plenamente garantizados, lo que atenta contra el corazón mismo del negocio inmobiliario: la certeza jurídica.

Más grave aún, esta incertidumbre erosiona la confianza ciudadana. La ciudadanía, testigo de proyectos que se detienen, edificios inconclusos o barrios con obras paralizadas, termina percibiendo al desarrollo urbano como caótico y especulativo, cuando en realidad muchas veces se trata de efectos derivados de vacíos institucionales o criterios discrecionales en las autoridades.

Por supuesto, no se trata de defender una desregulación total del mercado. El desarrollo urbano requiere normas claras, sostenibilidad ambiental y respeto por las comunidades. Pero esas reglas deben aplicarse de forma coherente, oportuna y previsible. El problema no es la regulación, sino su inestabilidad.

Si Chile desea resolver su déficit habitacional, dinamizar el empleo en la construcción y atraer inversión privada al desarrollo urbano, debe enfrentar con urgencia esta amenaza. Esto implica avanzar hacia una modernización normativa que unifique criterios, fortalezca la certeza jurídica y evite la captura política del proceso de planificación urbana. De lo contrario, el sector inmobiliario seguirá atrapado en un escenario donde los riesgos no provienen del mercado, sino del propio Estado; y en ese contexto, no habrá reactivación posible.

julio 1, 2025 9:30 am
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