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julio 1, 2025 4:01 pm

PRONTO

El triunfo de Jeannette Jara y la urgencia de la vivienda

El resultado de las primarias del 29 de junio de 2025 marcó un hito histórico: Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y exministra del Trabajo, se convirtió en la primera candidata comunista en liderar una lista oficialista, obteniendo un 60 % de los votos, en desmedro de la izquierda tradicional. Esta victoria no es anecdótica: refleja una ciudadanía que exige más acción y resultados concretos.

Jara llega al comando con una hoja de ruta clara: propone construir 360 000 viviendas, generar subsidios habitacionales para jóvenes entre 25 y 35 años y actuar con urgencia frente al déficit habitacional y la realidad de campamentos. No es un discurso vacío: se trata de políticas directas que impactan la vida cotidiana de miles de familias.

Este enfoque social punzante —junto a su pasado en la elaboración de la Ley de las 40 horas y su postura moderada respecto a regímenes autoritarios— proyecta a Jara como una figura que busca articular reformas profundas con gobernabilidad.

La irrupción de Jara pone la vivienda en el centro del debate. Quienes la enfrentan en noviembre —tanto de derecha como de centro— no podrán evadir este tema.

La derecha (como Kast y Matthei) deberá ofrecer soluciones tangibles en vivienda o perder autoridad frente a una demanda social legítima. Por su parte la centroizquierda estará bajo presión para redefinir su propuesta: ya no basta con moderación; debe volver a conectar con urgencias como la vivienda y la equidad urbana.

El electorado joven y las familias emergentes se convierten en un actor decisivo: si Jara logra movilizar con sus subsidios para 25‑35 años, puede inclinar una elección que parece encaminarse hacia una segunda vuelta polarizada 

Si bien la victoria comunista representa una anomalía en primarias (tan baja participación como cuestionable legitimidad), es un llamado de atención: las mayorías exigen resultados concretos y no ideologías abstractas . El desafío de la centroizquierda será reconectarse con demandas reales —vivienda digna, seguridad, equidad— sin perder consistencia ni drogarse de discurso reformista.

Jeannette Jara asume la candidatura con una apuesta clara: transformar la vivienda en un derecho efectivo, algo que ningún candidato puede ignorar sin perder credibilidad. En noviembre, la pelea no será solo entre ideologías, sino entre quienes ofrecen respuestas tangibles y quienes siguen postergando temas estructurales. 

La izquierda tradicional tiene una oportunidad: recuperar conexión con las urgencias ciudadanas, mientras la derecha deberá demostrar si realmente tiene la capacidad de construir futuro urbano con inclusión.

Autopistas chilenas: el viaje incómodo entre basura y abandono

Manejar por las autopistas concesionadas de Chile se ha vuelto, para muchos conductores, una experiencia cada vez más frustrante. No solo por el alto costo de los peajes o por los cuellos de botella que aún persisten en sectores clave, sino por algo que, en teoría, debiera ser más fácil de resolver: la acumulación de basura en sus bordes, taludes y áreas de acceso.

En varias rutas de acceso a Santiago —y no solo en sectores periféricos— el paisaje que acompaña al conductor es indigno: neumáticos, bolsas plásticas, escombros, muebles viejos, botellas, restos de comida y hasta electrodomésticos deteriorados. La postal se repite desde la Ruta 5 hasta la Costanera Norte, desde la Autopista Central hasta Vespucio Sur. Una suciedad persistente que no solo daña el entorno visual y afecta la imagen país, sino que además representa un riesgo sanitario, medioambiental y vial.

¿Cómo es posible que rutas que se jactan de eficiencia tecnológica, telepeaje y monitoreo en tiempo real, convivan con escenarios propios de un vertedero ilegal?

La respuesta no puede seguir siendo el silencio compartido entre autoridades públicas, concesionarias y municipios. Porque este problema es precisamente eso: compartido. La basura no llega sola a las autopistas. Es arrojada por ciudadanos irresponsables, sí, pero también se mantiene ahí por inacción de quienes tienen el deber —y los contratos— para mantener estos espacios limpios, seguros y transitables.

La limpieza de las autopistas no es un favor. Es parte de los compromisos contractuales que las concesionarias deben cumplir. Y si no lo hacen, la Dirección General de Concesiones del MOP y los organismos fiscalizadores tienen la obligación de exigirlo. El argumento de que “no es basura domiciliaria” o que “no corresponde a nuestras zonas de competencia” ya no puede seguir sosteniéndose.

El país no puede naturalizar que, por las mismas autopistas donde circulan millones de personas, turistas y transporte de carga, proliferen microbasurales impunes. Tampoco podemos resignarnos a que la limpieza dependa de operativos esporádicos, voluntarios o campañas bienintencionadas pero insuficientes.

Es hora de exigirle al Estado y a las empresas concesionarias que se hagan cargo. Que asuman con rigor su rol fiscalizador, su deber contractual y, sobre todo, su responsabilidad con el entorno. Porque una autopista limpia no es solo una cuestión estética. Es una señal de respeto por el espacio público, por la ciudadanía y por el país que decimos construir.

Este editorial no es solo una denuncia. Es una invitación a actuar. Chile merece autopistas a la altura de su desarrollo, no caminos donde la basura tenga más presencia que la fiscalización.

Entre oportunidades y desafíos: el pulso del mercado inmobiliario chileno esta semana

En una semana marcada por cifras, anuncios y promesas, el mercado inmobiliario chileno vuelve a demostrar que es mucho más que la suma de casas, departamentos y planos bien diseñados. Es, en verdad, un termómetro social y económico que revela las aspiraciones, tensiones y urgencias de miles de personas que buscan construir patrimonio en medio de un escenario cambiante.

Uno de los hitos más visibles de estos días ha sido el Cyber Day Inmobiliario, que entre el 2 y el 8 de junio ofreció descuentos que oscilan entre el 2 % y el 17 % en más de una decena de proyectos habitacionales.

Esta especie de “Black Friday” del ladrillo se ha consolidado como una instancia clave para captar compradores e inversionistas atentos a oportunidades. Pero también plantea preguntas de fondo: ¿cuán sostenible es basar la reactivación del sector en eventos promocionales? ¿Estamos facilitando el acceso real a la vivienda, o solo disfrazando con rebajas una oferta que aún está lejos del bolsillo promedio?

En paralelo, el ajuste de la Unidad de Fomento (UF) —índice clave para arriendos y créditos hipotecarios— vuelve a instalar una paradoja habitual: mientras protege el valor de la inversión inmobiliaria, encarece el costo de la vida para quienes pagan sus cuotas mensuales indexadas.

Hoy la UF supera los $38.700, lo que impacta de manera directa a miles de familias que, aún con buenas condiciones crediticias, ven cómo su presupuesto se aprieta. Las recientes bajas en las tasas hipotecarias, impulsadas por una mayor competencia bancaria, ofrecen algo de alivio, pero el panorama sigue siendo frágil.

En este contexto, cobra especial relevancia el reciente anuncio del Gobierno respecto a un nuevo crédito hipotecario orientado a profesionales jóvenes.

La medida —aún en discusión legislativa— busca ampliar el acceso a la vivienda para un segmento clave: personas con formación técnica o universitaria que recién ingresan al mercado laboral, muchas veces con trabajos inestables y sin ahorro suficiente para un pie. Es una iniciativa valiosa, pero que deberá traducirse en acciones concretas y no quedar atrapada en la letra chica del sistema financiero.

En suma, esta semana nos recuerda que el mercado inmobiliario no se mueve solo por metros cuadrados, tasas y promociones. Se mueve, sobre todo, por expectativas: las de un joven que quiere su primera casa; las de una familia que busca estabilidad; las de un país que necesita políticas habitacionales que estén a la altura de sus desafíos sociales.

La oportunidad de construir no es solo de concreto. También es de voluntad política, empatía económica y visión de largo plazo.

Un Gobierno, Justicia territorial e infraestructura sobre rieles

Durante décadas, vivir en el extremo sur o poniente de Santiago fue sinónimo de exclusión. Para muchas comunas, el desarrollo era una promesa que llegaba en micro amarilla, tarde y repleta.

Mientras algunas zonas de la ciudad acumulaban parques, hospitales y líneas de Metro, otras aprendieron a resistir con lo justo, sabiendo que el tiempo —ese derecho negado— no jugaba a su favor.

Por eso, el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la extensión del Metro a comunas históricamente postergadas como La Pintana, San Bernardo y Lo Espejo, no es solo una noticia de infraestructura: es una señal de justicia territorial.

En palabras simples, justicia territorial significa acortar las distancias que no se miden en kilómetros, sino en oportunidades. Es dar dignidad a la movilidad, al acceso equitativo a servicios y al derecho a vivir en un barrio donde el futuro también tenga estación.

Que el Metro llegue a La Pintana, por ejemplo, no sólo conectará a sus vecinos con el resto de la ciudad; conectará también sus trayectorias de vida con posibilidades reales de trabajo, estudio y cultura, sin depender de viajes interminables.

La desigualdad en Chile no se dibuja solo con gráficos de ingresos, sino también con mapas. Hay comunas que han sido olvidadas por décadas, y ese olvido se expresa en calles de tierra, en ausencia de centros de salud especializados, en tiempos de traslado que duplican los de otras zonas. Por eso, decisiones como estas no pueden verse como obras aisladas, sino como parte de una política pública consciente de que el desarrollo debe ser equitativo o simplemente no es desarrollo.

Por supuesto, no basta con anunciar estaciones. La justicia territorial se construye con planificación participativa, inversión sostenida y diálogo con las comunidades. Las nuevas líneas del Metro deben ir acompañadas de planes que fortalezcan el comercio local, la seguridad barrial, el acceso a la cultura y la protección del entorno urbano. No se trata solo de mover personas, sino de transformar vidas.

El desafío ahora es no perder el impulso. Que esta promesa sobre rieles se concrete, que las máquinas avancen, que las estaciones se levanten. Y que cuando se inauguren, no sean solo obras de concreto, sino símbolos de una ciudad que comienza, por fin, a reconocerse en toda su diversidad.

Porque una ciudad justa no es aquella donde todos tienen lo mismo, sino aquella donde nadie se queda atrás.

Sin casa, hinchas ni futuro: la fractura social de los estadios en Chile

En Chile, los estadios de fútbol dejaron de ser espacios públicos para transformarse en símbolos del abandono. Lo que antes eran verdaderas ágoras modernas, puntos de encuentro comunitario y centros de identidad barrial, hoy son estructuras deterioradas, clausuradas o directamente inexistentes. Y el problema no es técnico, es social.

No es solo que falten estadios: falta visión. Falta voluntad política. Falta una política urbana y deportiva que entienda que el estadio no es solo una cancha con graderías. Es un espacio de construcción de ciudadanía, un lugar de cohesión y pertenencia.

Cuando un club no tiene casa propia —como le ocurre hoy a la mayoría en Santiago—, se rompe un vínculo esencial entre el equipo, su comunidad y el entorno urbano.

Santiago, con más de siete millones de habitantes, no puede seguir funcionando como una ciudad que relega el fútbol a un segundo plano, como si se tratara de un entretenimiento prescindible. Hoy, solo tres clubes capitalinos cuentan con estadios habilitados.

El resto vaga de cancha en cancha, desplazando a sus hinchas, desconectando generaciones y forzando a las instituciones a arrendar recintos bajo condiciones cada vez más precarias.

La situación del Estadio Santa Laura, recientemente clausurado por problemas en su superficie de juego, es un síntoma más de esta crisis estructural.

Pero el caso más paradigmático sigue siendo el de Universidad de Chile, uno de los clubes más populares del país, que jamás ha tenido un estadio propio. El sueño de construir uno fue sepultado hace décadas, y con él, la posibilidad de que sus hinchas construyeran un espacio identitario.

Los estadios abandonados o mal gestionados no solo empobrecen al fútbol: empobrecen a la ciudad. Se pierde espacio público, se desvanece la cultura local, se erosiona el tejido social.

En muchas comunas, la falta de un estadio operativo equivale a perder el único punto de encuentro masivo que podía convocar a miles de personas sin distinción de clase, edad o ideología.

Chile necesita una nueva mirada. Una que entienda que el estadio es parte del ecosistema urbano y no una anomalía dentro de él. Que reconozca que invertir en estadios no es malgastar recursos, sino fortalecer la vida comunitaria, generar polos de desarrollo, dar trabajo, atraer turismo y reducir brechas.

Que se puede —y se debe— planificar su integración con el transporte, el comercio y el espacio público.

Mientras no lo hagamos, seguiremos viendo a clubes desplazados, hinchas sin tribunas, comunas sin identidad y ciudades que olvidaron que, muchas veces, el fútbol no era solo un deporte: era lo único que unía.

¿Por qué están más baratos los departamentos con entrega inmediata?

En el panorama actual del mercado inmobiliario chileno, cada vez es más frecuente ver promociones llamativas y precios reducidos en departamentos con entrega inmediata. Lo que en un primer vistazo parece una oportunidad dorada para quienes buscan comprar, también deja entrever una realidad preocupante para las inmobiliarias: el sobrestock de unidades y la urgencia por recuperar liquidez.

Las razones de esta baja en los precios son múltiples, pero todas apuntan a una misma raíz: la presión financiera que enfrentan las constructoras. Mantener departamentos vacíos implica asumir gastos comunes, mantenciones y seguridad, además de congelar el capital invertido. Por eso, cuando se llega a la etapa final de un proyecto y quedan unidades sin vender, la urgencia por cerrar ventas aumenta, y con ella, la disposición a negociar precios.

A diferencia de los departamentos en blanco o en verde —donde el comprador paga un precio más alto a cambio de plazos flexibles para reunir el pie— los inmuebles con entrega inmediata exigen pagos rápidos y una aprobación crediticia inmediata. Este filtro natural reduce la cantidad de potenciales compradores y obliga a las inmobiliarias a competir con descuentos, bonos o promociones que los vuelvan más atractivos.

Pero más allá de lo conveniente que pueda ser para algunos compradores, esta situación debería leerse también como un síntoma del momento que vive el rubro: construcciones que se iniciaron con proyecciones optimistas hoy enfrentan un escenario de incertidumbre económica, alza en las tasas de interés, endurecimiento del crédito hipotecario y una demanda cada vez más cautelosa.

¿Estamos frente a un cambio estructural en la forma de comprar viviendas? ¿O es simplemente un ajuste temporal en un mercado que durante años funcionó con márgenes elevados y poca competencia? Lo cierto es que la baja en los precios de entrega inmediata revela un reacomodo, pero también abre una ventana de oportunidad para quienes estén preparados financieramente para dar el paso.

Hoy, más que nunca, informarse y saber negociar puede marcar la diferencia entre una buena inversión y una decisión apresurada. Porque si algo está claro, es que los ladrillos ya no son tan sólidos como antes.

Mercado inmobiliario chileno: entre la reactivación y la incertidumbre

Luego de años marcados por la desaceleración, la inflación y el encarecimiento del crédito hipotecario, el mercado inmobiliario chileno comienza a mostrar señales de reactivación. Sin embargo, estas señales conviven con una sensación de inestabilidad estructural, donde factores como la baja en la demanda efectiva, el endurecimiento normativo y el costo de la construcción siguen presionando al sector.

Durante el primer trimestre de 2025, diversas consultoras han registrado un aumento en la oferta de proyectos, especialmente en comunas periféricas de la Región Metropolitana como Lampa, Padre Hurtado, Quilicura y Buin. Allí, las inmobiliarias están apostando por unidades más pequeñas, con mayor eficiencia energética y dirigidas a segmentos jóvenes que hoy se enfrentan a un arriendo desbordado. La vivienda en arriendo, de hecho, ha pasado de ser una transición a convertirse en destino para una generación entera.

Pero el problema es más profundo: la brecha entre lo que se construye y lo que las personas pueden pagar sigue siendo inmensa. Aunque los precios han comenzado a moderarse, la baja es insuficiente frente a ingresos familiares estancados y tasas de interés hipotecarias que, si bien han retrocedido levemente, siguen siendo altas para muchas familias.

El mercado también está viendo cómo cambian las prioridades de los compradores. Hoy se valoran más los espacios compartidos, la conexión con el transporte público, la sostenibilidad y la seguridad barrial. Este cambio de enfoque obliga al sector a repensar el tipo de ciudad que está construyendo. ¿Queremos seguir extendiendo el límite urbano o densificar con sentido? La pregunta no es menor.

Por otro lado, la reciente reactivación de políticas públicas como el Subsidio DS1, junto a planes municipales de densificación equilibrada, parecen abrir una ventana para la vivienda social y de clase media, históricamente desplazada de zonas con mejor conectividad. Sin embargo, la tramitación de permisos, los cambios normativos en los Planes Reguladores y la incertidumbre política en torno a la planificación urbana siguen frenando los avances reales.

Chile necesita más que cifras de venta. Necesita una visión de ciudad. Y eso implica asumir que el acceso a la vivienda no puede seguir siendo solo un problema del mercado. Es una discusión estructural, donde debe participar el Estado, los municipios, las inmobiliarias y, sobre todo, la ciudadanía.

El momento es ahora. La reactivación del mercado no debe significar repetir los errores del pasado, sino construir ciudades más justas, accesibles y sostenibles. Que la próxima crisis —porque vendrá— nos encuentre con algo más que balances y torres: con comunidad, con visión y con respuestas.

El Deporte como Motor de Vida Urbana

Las grandes ciudades no solo se construyen con edificios y carreteras, sino también con espacios donde sus habitantes puedan desarrollarse plenamente. En este sentido, el impulso de actividades deportivas en distintas comunas es una muestra clara de cómo el deporte contribuye al bienestar social, la salud y la integración comunitaria.

Eventos como la Maratón de Santiago, el Premier Pádel en San Carlos de Apoquindo y el Puma Medio Maratón de Viña del Mar no son solo competiciones de alto nivel; representan instancias en las que la ciudad se convierte en un espacio de encuentro para sus ciudadanos, fomentando la vida activa y el sentido de pertenencia.

La Maratón de Santiago es un claro ejemplo de cómo el deporte se integra a la ciudad. Miles de corredores, desde aficionados hasta atletas de élite, recorren sus calles en un evento que no solo promueve la actividad física, sino que también dinamiza la economía local y fortalece la identidad urbana. La imagen de corredores atravesando hitos icónicos de la capital refuerza la conexión entre el deporte y la ciudad.

Por otro lado, el Premier Pádel en San Carlos de Apoquindo pone a Chile en el mapa de los eventos deportivos internacionales, demostrando que Santiago tiene la infraestructura para albergar torneos de primer nivel. Esta disciplina, en franco crecimiento, ha encontrado en el país una afición cada vez más comprometida, lo que abre oportunidades para el desarrollo de nuevos talentos y para consolidar a Chile como un destino deportivo relevante.

El Puma Medio Maratón de Viña del Mar, en tanto, ofrece un espectáculo que combina el deporte con el paisaje costero, brindando una experiencia única para corredores y espectadores. Su impacto va más allá de la competencia, ya que incentiva el turismo deportivo y promueve el uso de los espacios urbanos en beneficio de la comunidad.

Más allá de la competencia, estas iniciativas demuestran que el deporte es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida en las ciudades. La masificación del acceso a la actividad física reduce problemas de salud pública, refuerza la cohesión social y convierte a los espacios urbanos en lugares de encuentro y disfrute colectivo.

El desafío ahora es seguir potenciando políticas públicas que fomenten el acceso a la práctica deportiva, generando más y mejores oportunidades para que los ciudadanos puedan hacer del deporte una parte fundamental de su vida. La ciudad y sus habitantes lo merecen.

La crisis habitacional en Chile y el dilema de los desalojos

La crisis de vivienda en Chile ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, con un déficit habitacional que supera las 600.000 unidades y con miles de familias recurriendo a tomas de terreno como última alternativa ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

La reciente situación en San Antonio, donde más de 10.000 personas han ocupado el cerro Centinela desde 2019, expone nuevamente la compleja interacción entre el derecho a la propiedad privada, la necesidad de vivienda y la capacidad del Estado para gestionar soluciones efectivas y sostenibles.

El caso de San Antonio es solo un reflejo de una realidad que se replica en distintas regiones del país. El acceso a la vivienda ha sido históricamente difícil para los sectores más vulnerables, y la falta de políticas habitacionales eficaces ha llevado a que la ocupación de terrenos se convierta en una alternativa forzada para miles de chilenos.

Las tomas de terreno han sido tratadas tradicionalmente con desalojos forzosos, una medida que, si bien responde al resguardo de la propiedad privada, genera graves conflictos sociales y humanitarios.

El acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno, los dueños de los terrenos y la municipalidad de San Antonio, que contempla la creación de una comisión técnica para negociar la venta de los terrenos a los actuales ocupantes, representa un intento de solución que prioriza el diálogo sobre el conflicto.

La suspensión temporal del desalojo, originalmente programado para el 27 de febrero, evita una crisis humanitaria inminente, pero también deja en evidencia la falta de una estrategia gubernamental clara para abordar el fenómeno de las tomas de terreno en el país.

Más allá de la crisis inmediata, es crucial analizar las razones estructurales detrás de este fenómeno. Los altos costos del suelo urbano, la especulación inmobiliaria y las barreras de acceso al crédito hipotecario han excluido a miles de familias del mercado formal de la vivienda.

Mientras tanto, el Estado no ha logrado implementar políticas que ofrezcan soluciones habitacionales suficientes, y cuando lo hace, estas suelen tardar años en concretarse. Las políticas actuales, centradas en subsidios y proyectos de integración social, han demostrado ser insuficientes ante la velocidad con la que aumenta la demanda.

Asimismo, el modelo de desalojos forzosos ha demostrado ser una estrategia limitada y, en muchas ocasiones, contraproducente. Si bien la restitución del derecho de propiedad es legítima, desalojar a miles de personas sin una solución alternativa solo perpetúa el problema.

La conformación de cooperativas de vivienda, como se está promoviendo en San Antonio, puede ser una vía para regularizar la tenencia del suelo y avanzar hacia modelos más justos de acceso a la vivienda, pero requiere del respaldo decidido del Estado y de un marco normativo que facilite su desarrollo.

El desafío es claro: Chile necesita un enfoque más integral para enfrentar su crisis habitacional, uno que combine regulación del suelo, financiamiento accesible, incentivos a la construcción de viviendas sociales y una política clara para la regularización de asentamientos.

Mientras esto no ocurra, seguiremos viendo nuevas tomas de terreno y enfrentando conflictos en los que, una vez más, las familias más vulnerables terminan siendo las principales perjudicadas.

Mercado Inmobiliario y Reforma de Pensiones, un vínculo decisivo para el futuro de Chile

El debate sobre la reforma de pensiones en Chile se ha instalado con fuerza en la agenda pública, generando un impacto que trasciende el sistema previsional y alcanza otros sectores fundamentales de la economía, como el mercado inmobiliario.

A medida que avanza la discusión sobre la creación de un nuevo modelo de seguridad social, es imprescindible analizar sus efectos en la inversión inmobiliaria y en el acceso a la vivienda, aspectos clave para la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos.

Históricamente, los fondos de pensiones han jugado un rol crucial en la dinamización del mercado inmobiliario. A través de inversiones en instrumentos financieros respaldados por bienes raíces, las AFP han contribuido a la estabilidad del sector, permitiendo el financiamiento de proyectos habitacionales, comerciales y de infraestructura. Sin embargo, las propuestas de reforma que buscan reducir o eliminar la capitalización individual generan incertidumbre sobre el futuro de estas inversiones.

Uno de los principales temores del sector inmobiliario es la posible disminución de los fondos disponibles para financiar créditos hipotecarios y proyectos de construcción. En un país donde el acceso a la vivienda ya es un desafío debido a los altos precios y las restrictivas condiciones crediticias, una reforma mal diseñada podría agravar la crisis habitacional.

Si el financiamiento privado se reduce y el Estado no implementa mecanismos efectivos para suplir esta brecha, el acceso a la vivienda podría volverse aún más complejo, afectando tanto a los compradores como a los inversionistas.

Otro punto de inflexión es la creciente tendencia de los chilenos a utilizar sus ahorros previsionales para financiar la compra de vivienda. Los retiros del 10% durante la pandemia evidenciaron la necesidad de liquidez de muchas familias, pero también impulsaron el alza de precios en el mercado inmobiliario.

En un contexto de reforma estructural, es fundamental evaluar si se permitirán mecanismos que vinculen el ahorro previsional con la adquisición de vivienda sin comprometer la sustentabilidad del sistema de pensiones.

La solución a este dilema no es sencilla, pero pasa por generar un equilibrio entre seguridad social e inversión. Un modelo de pensiones sostenible debe garantizar ingresos dignos para la vejez, pero también debe incentivar la inversión en sectores estratégicos como el inmobiliario, que generan empleo y crecimiento económico.

El futuro del mercado inmobiliario en Chile dependerá en gran medida de cómo se diseñe la reforma previsional. Si se logran implementar mecanismos de inversión eficientes y se mantiene un flujo de financiamiento estable, el sector podrá seguir desarrollándose sin afectar el derecho de los ciudadanos a una jubilación digna.

El desafío está en manos de las autoridades, quienes deberán tomar decisiones que no solo respondan a la coyuntura política, sino que también aseguren un desarrollo económico sostenible para las próximas décadas.

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