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31/08/2025 02:24

PRONTO

Dropshipping y el mercado inmobiliario, una oportunidad para repensar la intermediación

En la última década, el dropshipping ha transformado el comercio electrónico. Su fórmula es simple pero poderosa: permitir que emprendedores comercialicen productos sin necesidad de contar con inventario propio, delegando la logística a terceros y concentrando sus esfuerzos en atraer clientes, generar visibilidad y gestionar la relación comercial.

Si trasladamos esta lógica al mercado inmobiliario, surgen paralelos que invitan a la reflexión sobre la intermediación y la forma en que se estructuran los negocios de corretaje.

El corredor de propiedades, al igual que el dropshipper, no es dueño del activo que comercializa. Su valor agregado radica en generar visibilidad de los activos en plataformas y redes de contacto, administrar la relación comercial con potenciales interesados y asegurar confianza en la transacción.

En ambos modelos, la ganancia se concreta únicamente cuando la operación se cierra, consolidando la relevancia de la eficiencia comercial y la capacidad de mediación.

Respecto a los puntos de convergencia, hay que pensar en un inventario externo: ni el e-commerce ni el corretaje dependen de activos propios, competencia intensa y estandarización: la diferencia no reside en el producto, sino en cómo se comunica y se gestiona.

Asimismo, la dependencia de terceros: la disponibilidad y las condiciones no están bajo control directo del intermediario y el valor en la experiencia y el marketing: el éxito depende de la confianza, la diferenciación y la eficacia comercial.

El dropshipping abrió la puerta a modelos más ágiles y democratizados en el comercio digital. En inmobiliaria, este enfoque puede inspirar iniciativas como por ejemplo un catálogos compartidos de propiedades de fondos de inversión, desarrolladoras o propietarios y corredores enfocados en estrategia digital y comercial, mientras la gestión contractual y administrativa queda en manos de estructuras especializadas.

El desafío del sector inmobiliario no es solo gestionar activos, sino repensar la intermediación desde la eficiencia, la digitalización y la experiencia del cliente. Así como el dropshipping reconfiguró el comercio electrónico, hoy existe una oportunidad clara para adoptar aprendizajes que incrementen la competitividad, generen valor agregado y fortalezcan el ecosistema inmobiliario.

Invitamos a desarrolladores, fondos, brokers y plataformas a abrir este debate y explorar modelos colaborativos e innovadores que respondan a un mercado cada vez más dinámico y exigente.

Arriendos en UF: la ley que regula las rentas y la devolución de garantías

En un escenario de inflación persistente y reajustes constantes en el mercado de la vivienda, los contratos de arriendo pactados en Unidades de Fomento (UF) se han consolidado como una práctica extendida en Chile. La fórmula permite a los propietarios protegerse de la pérdida de valor de sus ingresos, pero también ha generado controversias en torno a la devolución de las garantías.

La Ley N° 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, en su artículo 2°, faculta a las partes a fijar la renta en moneda nacional o en UF. Se trata de una disposición que entrega libertad contractual y que, en los últimos años, ha motivado a un número creciente de arrendadores a inclinarse por la UF como referencia.

“Es un mecanismo legítimo y perfectamente válido en Chile. La renta puede fijarse en pesos o en unidades de fomento, lo importante es que quede claramente establecido en el contrato”, explica un abogado especialista en derecho inmobiliario.

El problema surge cuando los propietarios —que reciben la garantía en UF— pretenden devolverla en pesos sin aplicar el reajuste correspondiente. Según expertos, aquello podría considerarse una práctica abusiva, ya que implica una pérdida automática para el arrendatario producto de la inflación.

La situación se torna más compleja al momento de pactar el mes de garantía. Aunque la legislación no establece un monto específico ni un formato único, la práctica común ha sido exigir uno o dos meses de renta como respaldo frente a eventuales daños o incumplimientos.

En este punto, la Ley N° 19.496 de Protección al Consumidor adquiere relevancia. Dicha normativa califica como abusivas aquellas cláusulas que generan un desequilibrio significativo entre las partes. “Devolver una garantía en pesos, cuando fue recibida en UF, es un ejemplo claro de asimetría contractual. Lo que ingresa en UF debe devolverse en UF, de lo contrario el arrendatario ve disminuido su patrimonio sin justificación”, subraya un académico de la Universidad de Chile.

Jurisprudencia y tendencias

En los últimos años, los tribunales de arrendamiento han ratificado este criterio, fallando en favor de arrendatarios que demandaron la devolución de garantías en la misma unidad en que fueron entregadas. Se trata de una jurisprudencia que refuerza la noción de equivalencia contractual como principio rector en materia de arriendos.

De hecho, abogados consultados advierten que las controversias en torno a garantías han aumentado en paralelo a la mayor utilización de la UF como referencia de pago. “La recomendación para ambas partes es explicitar en el contrato la forma de devolución de la garantía, dejando claro que se efectuará en la misma unidad pactada al inicio”, indican.

La discusión cobra especial relevancia en un contexto donde la oferta de arriendos en UF ya no es exclusiva de sectores de altos ingresos. Hoy, proyectos inmobiliarios de rango medio también incorporan este mecanismo, ampliando el alcance del debate.

Para los propietarios, la UF representa un blindaje frente a la inflación; para los arrendatarios, supone un mayor costo de acceso, pero también la necesidad de exigir transparencia y equidad en la devolución de su garantía.

En síntesis

El arriendo en UF es legal y cada vez más frecuente en Chile. Sin embargo, la devolución de la garantía en valores “congelados” se enfrenta a cuestionamientos legales y éticos. La regla implícita que hoy respalda la jurisprudencia es clara: si se recibe en UF, se debe devolver en UF.

El triunfo de Jeannette Jara y la urgencia de la vivienda

El resultado de las primarias del 29 de junio de 2025 marcó un hito histórico: Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y exministra del Trabajo, se convirtió en la primera candidata comunista en liderar una lista oficialista, obteniendo un 60 % de los votos, en desmedro de la izquierda tradicional. Esta victoria no es anecdótica: refleja una ciudadanía que exige más acción y resultados concretos.

Jara llega al comando con una hoja de ruta clara: propone construir 360 000 viviendas, generar subsidios habitacionales para jóvenes entre 25 y 35 años y actuar con urgencia frente al déficit habitacional y la realidad de campamentos. No es un discurso vacío: se trata de políticas directas que impactan la vida cotidiana de miles de familias.

Este enfoque social punzante —junto a su pasado en la elaboración de la Ley de las 40 horas y su postura moderada respecto a regímenes autoritarios— proyecta a Jara como una figura que busca articular reformas profundas con gobernabilidad.

La irrupción de Jara pone la vivienda en el centro del debate. Quienes la enfrentan en noviembre —tanto de derecha como de centro— no podrán evadir este tema.

La derecha (como Kast y Matthei) deberá ofrecer soluciones tangibles en vivienda o perder autoridad frente a una demanda social legítima. Por su parte la centroizquierda estará bajo presión para redefinir su propuesta: ya no basta con moderación; debe volver a conectar con urgencias como la vivienda y la equidad urbana.

El electorado joven y las familias emergentes se convierten en un actor decisivo: si Jara logra movilizar con sus subsidios para 25‑35 años, puede inclinar una elección que parece encaminarse hacia una segunda vuelta polarizada 

Si bien la victoria comunista representa una anomalía en primarias (tan baja participación como cuestionable legitimidad), es un llamado de atención: las mayorías exigen resultados concretos y no ideologías abstractas . El desafío de la centroizquierda será reconectarse con demandas reales —vivienda digna, seguridad, equidad— sin perder consistencia ni drogarse de discurso reformista.

Jeannette Jara asume la candidatura con una apuesta clara: transformar la vivienda en un derecho efectivo, algo que ningún candidato puede ignorar sin perder credibilidad. En noviembre, la pelea no será solo entre ideologías, sino entre quienes ofrecen respuestas tangibles y quienes siguen postergando temas estructurales. 

La izquierda tradicional tiene una oportunidad: recuperar conexión con las urgencias ciudadanas, mientras la derecha deberá demostrar si realmente tiene la capacidad de construir futuro urbano con inclusión.

Autopistas chilenas: el viaje incómodo entre basura y abandono

Manejar por las autopistas concesionadas de Chile se ha vuelto, para muchos conductores, una experiencia cada vez más frustrante. No solo por el alto costo de los peajes o por los cuellos de botella que aún persisten en sectores clave, sino por algo que, en teoría, debiera ser más fácil de resolver: la acumulación de basura en sus bordes, taludes y áreas de acceso.

En varias rutas de acceso a Santiago —y no solo en sectores periféricos— el paisaje que acompaña al conductor es indigno: neumáticos, bolsas plásticas, escombros, muebles viejos, botellas, restos de comida y hasta electrodomésticos deteriorados. La postal se repite desde la Ruta 5 hasta la Costanera Norte, desde la Autopista Central hasta Vespucio Sur. Una suciedad persistente que no solo daña el entorno visual y afecta la imagen país, sino que además representa un riesgo sanitario, medioambiental y vial.

¿Cómo es posible que rutas que se jactan de eficiencia tecnológica, telepeaje y monitoreo en tiempo real, convivan con escenarios propios de un vertedero ilegal?

La respuesta no puede seguir siendo el silencio compartido entre autoridades públicas, concesionarias y municipios. Porque este problema es precisamente eso: compartido. La basura no llega sola a las autopistas. Es arrojada por ciudadanos irresponsables, sí, pero también se mantiene ahí por inacción de quienes tienen el deber —y los contratos— para mantener estos espacios limpios, seguros y transitables.

La limpieza de las autopistas no es un favor. Es parte de los compromisos contractuales que las concesionarias deben cumplir. Y si no lo hacen, la Dirección General de Concesiones del MOP y los organismos fiscalizadores tienen la obligación de exigirlo. El argumento de que “no es basura domiciliaria” o que “no corresponde a nuestras zonas de competencia” ya no puede seguir sosteniéndose.

El país no puede naturalizar que, por las mismas autopistas donde circulan millones de personas, turistas y transporte de carga, proliferen microbasurales impunes. Tampoco podemos resignarnos a que la limpieza dependa de operativos esporádicos, voluntarios o campañas bienintencionadas pero insuficientes.

Es hora de exigirle al Estado y a las empresas concesionarias que se hagan cargo. Que asuman con rigor su rol fiscalizador, su deber contractual y, sobre todo, su responsabilidad con el entorno. Porque una autopista limpia no es solo una cuestión estética. Es una señal de respeto por el espacio público, por la ciudadanía y por el país que decimos construir.

Este editorial no es solo una denuncia. Es una invitación a actuar. Chile merece autopistas a la altura de su desarrollo, no caminos donde la basura tenga más presencia que la fiscalización.

Entre oportunidades y desafíos: el pulso del mercado inmobiliario chileno esta semana

En una semana marcada por cifras, anuncios y promesas, el mercado inmobiliario chileno vuelve a demostrar que es mucho más que la suma de casas, departamentos y planos bien diseñados. Es, en verdad, un termómetro social y económico que revela las aspiraciones, tensiones y urgencias de miles de personas que buscan construir patrimonio en medio de un escenario cambiante.

Uno de los hitos más visibles de estos días ha sido el Cyber Day Inmobiliario, que entre el 2 y el 8 de junio ofreció descuentos que oscilan entre el 2 % y el 17 % en más de una decena de proyectos habitacionales.

Esta especie de “Black Friday” del ladrillo se ha consolidado como una instancia clave para captar compradores e inversionistas atentos a oportunidades. Pero también plantea preguntas de fondo: ¿cuán sostenible es basar la reactivación del sector en eventos promocionales? ¿Estamos facilitando el acceso real a la vivienda, o solo disfrazando con rebajas una oferta que aún está lejos del bolsillo promedio?

En paralelo, el ajuste de la Unidad de Fomento (UF) —índice clave para arriendos y créditos hipotecarios— vuelve a instalar una paradoja habitual: mientras protege el valor de la inversión inmobiliaria, encarece el costo de la vida para quienes pagan sus cuotas mensuales indexadas.

Hoy la UF supera los $38.700, lo que impacta de manera directa a miles de familias que, aún con buenas condiciones crediticias, ven cómo su presupuesto se aprieta. Las recientes bajas en las tasas hipotecarias, impulsadas por una mayor competencia bancaria, ofrecen algo de alivio, pero el panorama sigue siendo frágil.

En este contexto, cobra especial relevancia el reciente anuncio del Gobierno respecto a un nuevo crédito hipotecario orientado a profesionales jóvenes.

La medida —aún en discusión legislativa— busca ampliar el acceso a la vivienda para un segmento clave: personas con formación técnica o universitaria que recién ingresan al mercado laboral, muchas veces con trabajos inestables y sin ahorro suficiente para un pie. Es una iniciativa valiosa, pero que deberá traducirse en acciones concretas y no quedar atrapada en la letra chica del sistema financiero.

En suma, esta semana nos recuerda que el mercado inmobiliario no se mueve solo por metros cuadrados, tasas y promociones. Se mueve, sobre todo, por expectativas: las de un joven que quiere su primera casa; las de una familia que busca estabilidad; las de un país que necesita políticas habitacionales que estén a la altura de sus desafíos sociales.

La oportunidad de construir no es solo de concreto. También es de voluntad política, empatía económica y visión de largo plazo.

Un Gobierno, Justicia territorial e infraestructura sobre rieles

Durante décadas, vivir en el extremo sur o poniente de Santiago fue sinónimo de exclusión. Para muchas comunas, el desarrollo era una promesa que llegaba en micro amarilla, tarde y repleta.

Mientras algunas zonas de la ciudad acumulaban parques, hospitales y líneas de Metro, otras aprendieron a resistir con lo justo, sabiendo que el tiempo —ese derecho negado— no jugaba a su favor.

Por eso, el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la extensión del Metro a comunas históricamente postergadas como La Pintana, San Bernardo y Lo Espejo, no es solo una noticia de infraestructura: es una señal de justicia territorial.

En palabras simples, justicia territorial significa acortar las distancias que no se miden en kilómetros, sino en oportunidades. Es dar dignidad a la movilidad, al acceso equitativo a servicios y al derecho a vivir en un barrio donde el futuro también tenga estación.

Que el Metro llegue a La Pintana, por ejemplo, no sólo conectará a sus vecinos con el resto de la ciudad; conectará también sus trayectorias de vida con posibilidades reales de trabajo, estudio y cultura, sin depender de viajes interminables.

La desigualdad en Chile no se dibuja solo con gráficos de ingresos, sino también con mapas. Hay comunas que han sido olvidadas por décadas, y ese olvido se expresa en calles de tierra, en ausencia de centros de salud especializados, en tiempos de traslado que duplican los de otras zonas. Por eso, decisiones como estas no pueden verse como obras aisladas, sino como parte de una política pública consciente de que el desarrollo debe ser equitativo o simplemente no es desarrollo.

Por supuesto, no basta con anunciar estaciones. La justicia territorial se construye con planificación participativa, inversión sostenida y diálogo con las comunidades. Las nuevas líneas del Metro deben ir acompañadas de planes que fortalezcan el comercio local, la seguridad barrial, el acceso a la cultura y la protección del entorno urbano. No se trata solo de mover personas, sino de transformar vidas.

El desafío ahora es no perder el impulso. Que esta promesa sobre rieles se concrete, que las máquinas avancen, que las estaciones se levanten. Y que cuando se inauguren, no sean solo obras de concreto, sino símbolos de una ciudad que comienza, por fin, a reconocerse en toda su diversidad.

Porque una ciudad justa no es aquella donde todos tienen lo mismo, sino aquella donde nadie se queda atrás.

Sin casa, hinchas ni futuro: la fractura social de los estadios en Chile

En Chile, los estadios de fútbol dejaron de ser espacios públicos para transformarse en símbolos del abandono. Lo que antes eran verdaderas ágoras modernas, puntos de encuentro comunitario y centros de identidad barrial, hoy son estructuras deterioradas, clausuradas o directamente inexistentes. Y el problema no es técnico, es social.

No es solo que falten estadios: falta visión. Falta voluntad política. Falta una política urbana y deportiva que entienda que el estadio no es solo una cancha con graderías. Es un espacio de construcción de ciudadanía, un lugar de cohesión y pertenencia.

Cuando un club no tiene casa propia —como le ocurre hoy a la mayoría en Santiago—, se rompe un vínculo esencial entre el equipo, su comunidad y el entorno urbano.

Santiago, con más de siete millones de habitantes, no puede seguir funcionando como una ciudad que relega el fútbol a un segundo plano, como si se tratara de un entretenimiento prescindible. Hoy, solo tres clubes capitalinos cuentan con estadios habilitados.

El resto vaga de cancha en cancha, desplazando a sus hinchas, desconectando generaciones y forzando a las instituciones a arrendar recintos bajo condiciones cada vez más precarias.

La situación del Estadio Santa Laura, recientemente clausurado por problemas en su superficie de juego, es un síntoma más de esta crisis estructural.

Pero el caso más paradigmático sigue siendo el de Universidad de Chile, uno de los clubes más populares del país, que jamás ha tenido un estadio propio. El sueño de construir uno fue sepultado hace décadas, y con él, la posibilidad de que sus hinchas construyeran un espacio identitario.

Los estadios abandonados o mal gestionados no solo empobrecen al fútbol: empobrecen a la ciudad. Se pierde espacio público, se desvanece la cultura local, se erosiona el tejido social.

En muchas comunas, la falta de un estadio operativo equivale a perder el único punto de encuentro masivo que podía convocar a miles de personas sin distinción de clase, edad o ideología.

Chile necesita una nueva mirada. Una que entienda que el estadio es parte del ecosistema urbano y no una anomalía dentro de él. Que reconozca que invertir en estadios no es malgastar recursos, sino fortalecer la vida comunitaria, generar polos de desarrollo, dar trabajo, atraer turismo y reducir brechas.

Que se puede —y se debe— planificar su integración con el transporte, el comercio y el espacio público.

Mientras no lo hagamos, seguiremos viendo a clubes desplazados, hinchas sin tribunas, comunas sin identidad y ciudades que olvidaron que, muchas veces, el fútbol no era solo un deporte: era lo único que unía.

¿Por qué están más baratos los departamentos con entrega inmediata?

En el panorama actual del mercado inmobiliario chileno, cada vez es más frecuente ver promociones llamativas y precios reducidos en departamentos con entrega inmediata. Lo que en un primer vistazo parece una oportunidad dorada para quienes buscan comprar, también deja entrever una realidad preocupante para las inmobiliarias: el sobrestock de unidades y la urgencia por recuperar liquidez.

Las razones de esta baja en los precios son múltiples, pero todas apuntan a una misma raíz: la presión financiera que enfrentan las constructoras. Mantener departamentos vacíos implica asumir gastos comunes, mantenciones y seguridad, además de congelar el capital invertido. Por eso, cuando se llega a la etapa final de un proyecto y quedan unidades sin vender, la urgencia por cerrar ventas aumenta, y con ella, la disposición a negociar precios.

A diferencia de los departamentos en blanco o en verde —donde el comprador paga un precio más alto a cambio de plazos flexibles para reunir el pie— los inmuebles con entrega inmediata exigen pagos rápidos y una aprobación crediticia inmediata. Este filtro natural reduce la cantidad de potenciales compradores y obliga a las inmobiliarias a competir con descuentos, bonos o promociones que los vuelvan más atractivos.

Pero más allá de lo conveniente que pueda ser para algunos compradores, esta situación debería leerse también como un síntoma del momento que vive el rubro: construcciones que se iniciaron con proyecciones optimistas hoy enfrentan un escenario de incertidumbre económica, alza en las tasas de interés, endurecimiento del crédito hipotecario y una demanda cada vez más cautelosa.

¿Estamos frente a un cambio estructural en la forma de comprar viviendas? ¿O es simplemente un ajuste temporal en un mercado que durante años funcionó con márgenes elevados y poca competencia? Lo cierto es que la baja en los precios de entrega inmediata revela un reacomodo, pero también abre una ventana de oportunidad para quienes estén preparados financieramente para dar el paso.

Hoy, más que nunca, informarse y saber negociar puede marcar la diferencia entre una buena inversión y una decisión apresurada. Porque si algo está claro, es que los ladrillos ya no son tan sólidos como antes.

Mercado inmobiliario chileno: entre la reactivación y la incertidumbre

Luego de años marcados por la desaceleración, la inflación y el encarecimiento del crédito hipotecario, el mercado inmobiliario chileno comienza a mostrar señales de reactivación. Sin embargo, estas señales conviven con una sensación de inestabilidad estructural, donde factores como la baja en la demanda efectiva, el endurecimiento normativo y el costo de la construcción siguen presionando al sector.

Durante el primer trimestre de 2025, diversas consultoras han registrado un aumento en la oferta de proyectos, especialmente en comunas periféricas de la Región Metropolitana como Lampa, Padre Hurtado, Quilicura y Buin. Allí, las inmobiliarias están apostando por unidades más pequeñas, con mayor eficiencia energética y dirigidas a segmentos jóvenes que hoy se enfrentan a un arriendo desbordado. La vivienda en arriendo, de hecho, ha pasado de ser una transición a convertirse en destino para una generación entera.

Pero el problema es más profundo: la brecha entre lo que se construye y lo que las personas pueden pagar sigue siendo inmensa. Aunque los precios han comenzado a moderarse, la baja es insuficiente frente a ingresos familiares estancados y tasas de interés hipotecarias que, si bien han retrocedido levemente, siguen siendo altas para muchas familias.

El mercado también está viendo cómo cambian las prioridades de los compradores. Hoy se valoran más los espacios compartidos, la conexión con el transporte público, la sostenibilidad y la seguridad barrial. Este cambio de enfoque obliga al sector a repensar el tipo de ciudad que está construyendo. ¿Queremos seguir extendiendo el límite urbano o densificar con sentido? La pregunta no es menor.

Por otro lado, la reciente reactivación de políticas públicas como el Subsidio DS1, junto a planes municipales de densificación equilibrada, parecen abrir una ventana para la vivienda social y de clase media, históricamente desplazada de zonas con mejor conectividad. Sin embargo, la tramitación de permisos, los cambios normativos en los Planes Reguladores y la incertidumbre política en torno a la planificación urbana siguen frenando los avances reales.

Chile necesita más que cifras de venta. Necesita una visión de ciudad. Y eso implica asumir que el acceso a la vivienda no puede seguir siendo solo un problema del mercado. Es una discusión estructural, donde debe participar el Estado, los municipios, las inmobiliarias y, sobre todo, la ciudadanía.

El momento es ahora. La reactivación del mercado no debe significar repetir los errores del pasado, sino construir ciudades más justas, accesibles y sostenibles. Que la próxima crisis —porque vendrá— nos encuentre con algo más que balances y torres: con comunidad, con visión y con respuestas.

El Deporte como Motor de Vida Urbana

Las grandes ciudades no solo se construyen con edificios y carreteras, sino también con espacios donde sus habitantes puedan desarrollarse plenamente. En este sentido, el impulso de actividades deportivas en distintas comunas es una muestra clara de cómo el deporte contribuye al bienestar social, la salud y la integración comunitaria.

Eventos como la Maratón de Santiago, el Premier Pádel en San Carlos de Apoquindo y el Puma Medio Maratón de Viña del Mar no son solo competiciones de alto nivel; representan instancias en las que la ciudad se convierte en un espacio de encuentro para sus ciudadanos, fomentando la vida activa y el sentido de pertenencia.

La Maratón de Santiago es un claro ejemplo de cómo el deporte se integra a la ciudad. Miles de corredores, desde aficionados hasta atletas de élite, recorren sus calles en un evento que no solo promueve la actividad física, sino que también dinamiza la economía local y fortalece la identidad urbana. La imagen de corredores atravesando hitos icónicos de la capital refuerza la conexión entre el deporte y la ciudad.

Por otro lado, el Premier Pádel en San Carlos de Apoquindo pone a Chile en el mapa de los eventos deportivos internacionales, demostrando que Santiago tiene la infraestructura para albergar torneos de primer nivel. Esta disciplina, en franco crecimiento, ha encontrado en el país una afición cada vez más comprometida, lo que abre oportunidades para el desarrollo de nuevos talentos y para consolidar a Chile como un destino deportivo relevante.

El Puma Medio Maratón de Viña del Mar, en tanto, ofrece un espectáculo que combina el deporte con el paisaje costero, brindando una experiencia única para corredores y espectadores. Su impacto va más allá de la competencia, ya que incentiva el turismo deportivo y promueve el uso de los espacios urbanos en beneficio de la comunidad.

Más allá de la competencia, estas iniciativas demuestran que el deporte es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida en las ciudades. La masificación del acceso a la actividad física reduce problemas de salud pública, refuerza la cohesión social y convierte a los espacios urbanos en lugares de encuentro y disfrute colectivo.

El desafío ahora es seguir potenciando políticas públicas que fomenten el acceso a la práctica deportiva, generando más y mejores oportunidades para que los ciudadanos puedan hacer del deporte una parte fundamental de su vida. La ciudad y sus habitantes lo merecen.

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