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Proyecto busca recuperar y preservar sitios de memoria vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas en Viña del Mar

Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales recabarán información in situ sobre sus características y estado de conservación.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Recuperar, preservar, visibilizar y difundir los sitios de memoria vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas en la comuna de Viña del Mar durante la dictadura, entre 1973 y 1990, es el propósito fundamental de un proyecto de investigación que inició la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Valparaíso.

Se trata de una novedosa iniciativa de reconstrucción histórica que incluye procesos participativos destinados a recabar información in situ sobre las características y el estado de conservación de esos lugares, recopilar testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y actores clave locales, y reunir la diversa documentación que hoy se encuentra dispersa.

Este material será posteriormente sistematizado y alojado en un archivo digital de acceso público, al tiempo que servirá de base para la creación de cápsulas audiovisuales, una guía cartográfica con la ubicación detallada de estos espacios y la edición de un libro.

En paralelo, la propuesta también busca resaltar la labor que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) de Viña del Mar ha desempeñado, desde hace cuarenta y ocho años, en favor de la promoción y protección de estos sitios de memoria y del reconocimiento oficial de su valor patrimonial.

El proyecto fue presentado a la comunidad en un acto académico que tuvo lugar en el auditorio de la Escuela de Trabajo Social de la UV, al cual asistieron la vicerrectora de Vinculación con el Medio de esta casa de estudios, Paulina Gundelach; el decano de la Facso, Gonzalo Lira; el director de la Escuela de Trabajo Social, Mauricio Ureta, y la presidenta de la CCHDH de Viña del Mar, Graciela Jiménez, entre otras autoridades, dirigentes y representantes de agrupaciones ciudadanas, políticas y sociales.

Justicia social y educación

La profesora Violeta Flores, investigadora principal y directora del proyecto, explicó que —más que un trabajo académico— esta iniciativa es una intervención urgente en defensa de los derechos humanos, que pone en valor la importancia de recuperar la memoria, como parte de un proceso de justicia social, de reparación simbólica para la comunidad y de educación en contra del negacionismo y a favor de la dignidad de las personas.

En ese sentido, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social de la UV precisó que la propuesta se enfoca tanto en rescatar aquellos lugares que la historia oficial ha negado o se ha tardado en incorporar al patrimonio asociado a violaciones a derechos humanos cometidas en Chile, como en destacar el rol de quienes sostuvieron y sostienen una lucha por la defensa de esos derechos, la democracia y la libertad de expresión.

Por lo anterior, la docente valoró de manera especial que la investigación cuente con el respaldo de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso.

Desarrollo del proyecto

El proyecto de recuperación de los sitios de memoria de Viña del Mar —que se adjudicó fondos del programa de financiamiento institucional UVA 2495 para el fortalecimiento de la vinculación con la comunidad en el territorio— dispone de un plazo de ejecución de cuatro meses y su estructura se sustenta sobre cuatro pilares de desarrollo.

El primero de ellos corresponde al rescate de las narrativas asociadas a esos espacios, acción que implica la realización de entrevistas en profundidad a actores clave locales, sobrevivientes y familiares de víctimas. Estas conversaciones serán grabadas en formato audiovisual y difundidas, más tarde, como cápsulas testimoniales.

“Esta es una manera de preservar los relatos orales y transformar la memoria individual en patrimonio colectivo”, sostuvo Violeta Flores.

El segundo pilar considera la recopilación y digitalización de actas, registros personales, fotografías y audios, entre otras fuentes asociadas a los hechos ocurridos en dichos espacios, ejercicio que culminará en la creación de un archivo de acceso público que será habilitado en la página web de la CCHDH de Viña del Mar.

“Con esto buscamos democratizar el acceso a la verdad y proteger el patrimonio documental frente a la degradación que produce el paso del tiempo”, acotó la directora del proyecto.

El tercero, en tanto, refiere a la tarea de visibilizar los sitios de memoria y convertirlos en espacios urbanos cotidianos, que además sirvan de aulas abiertas. Su objetivo es recabar información in situ sobre las características y el estado de conservación de esos lugares (de sus placas, memoriales o murales), georreferenciarlos y finalmente incorporarlos en una cartografía cuyo diseño incluirá una ruta o recorrido por la ciudad que estará asociado a otros sitios de memoria existentes en Quillota, Puchuncaví y San Antonio.

El cuarto y último pilar del proyecto comprende la edición de un libro que reunirá los testimonios, documentos y hallazgos de la investigación que constituyan evidencia significativa. Su propósito es servir de legado tangible de esos sitios y de la labor de la CCHDH de Viña del Mar.

“Se imprimirán mil ejemplares de este texto, que distribuiremos gratuitamente en escuelas y bibliotecas públicas, también en organizaciones comunitarias, para asegurarnos de que su contenido tenga un profundo impacto social e intergeneracional”, concluyó Violeta Flores.

Compromiso con la verdad

En el proyecto también participan la profesora y doctora en Estudios Latinoamericanos, Elena Salum, en calidad de coinvestigadora; la destacada archivista nacional María Elena Iduarte, quien tiene a su cargo el manejo de la documentación y la creación de repositorio digital; el licenciado en Trabajo Social de la UV Felipe Saldía, como coordinador de la gestión operativa y logística, y las estudiantes Mikaela Verdejo (Trabajo Social) y Emilia Olivares (Gestión en Turismo y Cultura), quienes colaboran en las tareas y acciones relacionadas con el despliegue en terreno y la sistematización de la información obtenida.

Para la presidenta de la CCHDH de Viña del Mar, Graciela Jiménez, el trabajo de recuperación de los sitios de memoria ubicados en esa comuna que ejecutará la Universidad de Valparaíso está arraigado en el compromiso ético con la verdad y la defensa de los derechos humanos de sus gestoras y, por ello, se erige como un puente sólido entre la academia y el territorio.

Durante el acto de presentación, la dirigenta agradeció a la Facultad de Ciencias Sociales UV y al equipo de investigación que encabezan las profesoras Violeta Flores y Elena Salum por haber impulsado esta propuesta.

“Su experiencia y actuar en estos temas nos brinda confianza en cuanto a que nuestros actos y documentos históricos serán rescatados y difundidos con el cuidado que merecen. Porque estos sitios guardan una riqueza muy grande, que tiene que aprovecharse antes de que sea demasiado tarde. Y gracias a esta iniciativa, ahora tenemos la esperanza y confiamos en que esta historia no se perderá en el olvido, al igual que sus protagonistas, muchos de los cuales ya no están. Este trabajo, y todo lo que pretende hacer, contribuirá decididamente a visibilizar esa geografía del dolor que representan estos lugares”, sentenció Graciela Jiménez.

Su parecer fue compartido por la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Paulina Gundelach, y por el decano de la Facso, Gonzalo Lira, quienes coincidieron al afirmar que esta iniciativa es expresión genuina de una política institucional que favorece que las aulas universitarias se abran a la comunidad, para que estudiantes y docentes entren en contacto con la gente, sobre todo en asuntos relacionados con la democracia y los derechos humanos, como ejes del desarrollo y la paz social.

Sitios identificados

En Viña del Mar se han identificado, al menos, trece sitios de memoria vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. Entre estos espacios destacan el excuartel de la DINA, ubicado en avenida Agua Santa 980; el excuartel de la CNI, situado en Álvarez 132; la casa de calle Habana 476, que fue utilizada como centro de detención clandestino; la plazoleta de Gómez Carreño, donde operó un retén policial asociado a detenciones; la plaza José Francisco Vergara, como epicentro de manifestaciones históricas en pro de los derechos humanos, y el cementerio de Santa Inés, donde se instaló un memorial de Salvador Allende.

La mayoría de estos espacios carecen de señaléticas o hitos visibles que los hagan identificables y varios han sufrido intervenciones o vandalización. A lo anterior se suma el hecho de que muchos de los documentos e imágenes sobre estos sitios son físicos y están dispersos, en archivos o colecciones privadas.

Esto conlleva el riesgo de que con el paso del tiempo este material se pierda, sobre todo considerando que muchos de los protagonistas y testigos directos de la época han fallecido o ya no se encuentran en condiciones de recordar sucesos que —en algunos casos— ocurrieron hace más de cincuenta años.

Vacancia de oficinas Clase A baja de 10% y confirma lenta recuperación del mercado corporativo en Santiago

Informe de Colliers muestra que la disponibilidad cayó a 9,9% en el primer trimestre, impulsada por mayor demanda en Vitacura, mientras los precios se mantienen estables y la actividad sigue moderada.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado de oficinas premium en Santiago continúa mostrando señales de estabilización. Según el último reporte de Colliers correspondiente al primer trimestre de 2026, la tasa de vacancia de oficinas Clase A+/A descendió a 9,9%, desde el 10,1% registrado a fines de 2025, consolidando una tendencia de ajuste gradual tras los altos niveles observados en años anteriores.

La disminución en la disponibilidad se explica, principalmente, por una leve recuperación en la demanda en el submercado de Vitacura y por una absorción positiva en la mayoría de los polos de oficinas de la capital, con excepción de Santiago Centro y Providencia.

En términos de actividad, el informe da cuenta de una desaceleración en la absorción, que alcanzó los 18.237 m² en el trimestre, por debajo de los 28.775 m² del cierre de 2025. A su vez, la producción también se moderó, con el ingreso de 8.350 m² nuevos, concentrados en el sector de Nueva Las Condes.

Precios estables y brechas por ubicación

En materia de precios, el mercado se mantiene sin mayores variaciones. El valor promedio de arriendo en el Gran Santiago se ubicó en 0,46 UF/m², levemente por debajo del trimestre anterior.

Sin embargo, persisten diferencias relevantes según ubicación. Los submercados de El Bosque–El Golf y Nueva Las Condes concentran los valores más altos, con promedios de 0,55 y 0,56 UF/m², respectivamente. En contraste, sectores como Huechuraba y Santiago presentan los precios más bajos, con 0,25 y 0,34 UF/m².

Oferta concentrada y nuevos desarrollos acotados

El inventario total de oficinas Clase A+/A en la capital alcanza los 2,56 millones de m², con una fuerte concentración en el eje El Bosque–El Golf, que representa el 36,2% del mercado. Le siguen Nueva Las Condes (16,7%) y Santiago (16,3%).

En cuanto a disponibilidad, el stock vacante llega a 254.972 m², mostrando una leve caída respecto al trimestre previo. Este ajuste responde tanto a la mayor ocupación como al ingreso acotado de nueva superficie.

Proyecciones: cautela con leve expansión

Para el resto de 2026, Colliers proyecta el ingreso de cerca de 30.000 m² adicionales, lo que llevaría la producción total anual a unos 39.000 m². Se trata de un nivel moderado, en línea con un mercado que aún avanza con cautela.

El informe sugiere que, si bien el sector comienza a dejar atrás el ciclo de sobreoferta, la recuperación sigue siendo gradual y dependiente de la reactivación económica y del comportamiento de la demanda corporativa.

Así, el mercado de oficinas premium en Santiago transita por una fase de ajuste, con menor vacancia, precios estables y una actividad que, aunque aún contenida, muestra señales incipientes de reactivación.

Proponen que municipio administre canchas del Club de Tenis Tarapacá y que lleven el nombre de Manuel Palacios

Tras el fallo judicial que acreditó irregularidades en la administración del club, la Fundación Defendamos la Ciudad planteó que las canchas sean gestionadas por el municipio de Iquique y que el recinto rinda homenaje al socio que impulsó la denuncia.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El caso del Club de Tenis Tarapacá continúa generando repercusiones a nivel nacional, luego de que la justicia dictara un veredicto condenatorio contra seis integrantes de su directorio, en un proceso marcado por la gravedad de los hechos investigados.

En ese contexto, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, propuso que, una vez recuperadas las canchas del recinto deportivo, estas sean administradas por la Municipalidad de Iquique.

La iniciativa no solo apunta a garantizar un uso público y transparente del espacio, sino que también incorpora un gesto simbólico: renombrar el club como “Manuel Palacios”, en reconocimiento al socio que impulsó la querella que permitió destapar el caso.

“El proceso se judicializó exclusivamente gracias a la iniciativa del tenista Manuel Palacios”, sostuvo Herman, destacando el rol clave que tuvo en la entrega de antecedentes y en la persistencia de la investigación.

El fallo judicial, según se indicó, logró acreditar una “administración desleal” por parte de los directivos involucrados, quienes habrían actuado con fines alejados del espíritu deportivo de la institución.

Desde la fundación recalcaron que esta propuesta busca no solo reparar el daño institucional, sino también reivindicar el valor del deporte como espacio comunitario, donde la transparencia y el acceso público sean principios fundamentales.

Herman, quien ha seguido de cerca el caso y ha visitado en diversas ocasiones la ciudad de Iquique, insistió en que la recuperación del recinto representa una oportunidad para devolver el club a la comunidad, bajo un modelo de gestión que priorice el interés colectivo.

Suspensión del IVA a la vivienda: ¿alivio real para compradores o impulso transitorio para la industria?

El IVA a las viviendas fue incorporado en 2014 durante la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La promesa de reactivar el sector inmobiliario y devolver dinamismo a la economía ha vuelto a instalar un viejo debate en Chile: el rol del impuesto en el precio de la vivienda.

El nuevo Gobierno anunció la suspensión por 12 meses del IVA en la compra de viviendas nuevas, una medida que busca, en lo inmediato, reducir el stock acumulado de unidades sin vender y reactivar una industria golpeada por la desaceleración, el alza de tasas y la caída en la demanda. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿bajarán realmente los precios?

El sector construcción atraviesa uno de sus momentos más complejos en la última década. Con cerca de 200 mil empleos perdidos y un volumen significativo de viviendas sin comercializar, la urgencia por medidas contracíclicas se ha vuelto transversal.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción han sostenido que el IVA —incorporado en la reforma tributaria de 2014 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet— ha tenido un impacto directo en el encarecimiento de las viviendas, estimando un alza superior al 12% en su valor final.

En ese contexto, la eliminación temporal del gravamen aparece como una señal clara al mercado: incentivar la compra y destrabar decisiones postergadas.

¿Baja inmediata o ajuste parcial?

Para Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, el efecto sería directo: una reducción inmediata en el precio de venta.

“El costo de adquisición podría disminuir significativamente, permitiendo que sectores de clase media —hoy al límite del financiamiento— logren acceder a créditos hipotecarios”, ha señalado. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en la magnitud ni en la forma en que ese beneficio llegaría al comprador final.

Diversos análisis en la prensa económica chilena han advertido que el precio de una vivienda no depende exclusivamente del IVA. Factores como el valor del suelo, los costos de construcción, la inflación en materiales y las condiciones del crédito hipotecario también inciden fuertemente.

En ese sentido, surge una duda clave: ¿la rebaja del impuesto se traspasará completamente al consumidor o será absorbida —al menos en parte— por las inmobiliarias?

El factor crédito: la verdadera barrera

Más allá del precio, uno de los principales cuellos de botella sigue siendo el acceso al financiamiento.

Durante los últimos años, el aumento de las tasas de interés y las mayores exigencias bancarias han dejado fuera del sistema a miles de potenciales compradores, especialmente de clase media.

Algunos economistas y analistas —citados en medios como Diario Financiero y La Tercera— coinciden en que, aunque una baja en el valor de la vivienda puede ayudar, no resuelve por sí sola el problema estructural del acceso al crédito.

En otras palabras, incluso con precios más bajos, muchas familias podrían seguir sin calificar para un préstamo hipotecario.

Un impulso necesario para la economía

Donde sí existe mayor consenso es en el impacto macroeconómico.

La construcción es uno de los sectores con mayor capacidad de generar empleo en el corto plazo y de activar encadenamientos productivos con otras industrias: desde la manufactura hasta los servicios.

Desde esa perspectiva, la medida no solo busca beneficiar a compradores, sino también reactivar la inversión privada y dinamizar la economía en su conjunto. “La eliminación del impuesto incentivaría la salida del stock acumulado y fomentaría nuevos proyectos”, plantea Ugarte.

¿Medida transitoria o solución estructural?

El carácter temporal —12 meses— abre otro frente de análisis.

Para algunos expertos, esta ventana podría generar un “efecto apuro” en la demanda, concentrando decisiones de compra en el corto plazo. Pero también podría provocar distorsiones una vez que el IVA vuelva a aplicarse.

Otros advierten que, sin políticas complementarias —como subsidios, garantías estatales o mejoras en el acceso al crédito—, el impacto podría diluirse rápidamente.

Más allá de la coyuntura, la discusión reabre una tensión estructural en Chile: el rol de la vivienda.

¿Debe entenderse principalmente como un bien de consumo, sujeto a las reglas del mercado, o como un derecho social que requiere intervención más profunda del Estado?

La suspensión del IVA aparece, en ese sentido, como una herramienta de corto plazo. Un alivio que podría dinamizar el mercado, pero que difícilmente resolverá por sí solo el problema de acceso a la vivienda.

La medida representa una señal potente para el sector inmobiliario y una posible oportunidad para miles de familias. Sin embargo, su efectividad dependerá de múltiples factores: desde la conducta de las inmobiliarias hasta la evolución del crédito y la confianza de los consumidores.

Porque en el mercado de la vivienda, como en pocos otros, las decisiones no se toman solo con incentivos, sino también con certezas.

Y hoy, más que nunca, esas certezas siguen en construcción.

Seguro contra incendios será obligatorio en comunidades

Desde la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG), explican los principales cambios de la normativa que busca garantizar un estándar mínimo de protección para las comunidades.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio un paso clave en la regulación de los seguros para condominios al establecer criterios claros sobre cómo deben contratarse estas pólizas. La nueva normativa refuerza la obligación de contar con seguros colectivos contra incendio, diferenciando entre bienes comunes y unidades individuales.

El objetivo es proteger el patrimonio de los copropietarios, evitar vacíos de cobertura y asegurar que, ante un siniestro, la recuperación tanto de las viviendas como de los espacios comunes sea una prioridad.

Desde la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG) detallan los principales alcances de esta regulación y sus implicancias para los distintos actores de la comunidad.

¿Qué deben saber los copropietarios?

Uno de los cambios más relevantes es que los condominios deberán contar obligatoriamente con un seguro colectivo contra incendio que cubra los bienes comunes. Es decir, ya no basta con seguros individuales, sino que se establece una base mínima de protección compartida.

“Hoy la normativa exige una protección mínima para todos, lo que reduce riesgos financieros y conflictos posteriores entre vecinos”, explica María José Ibarra, vicepresidenta de ACOSEG.

Además, se busca eliminar las coberturas duplicadas. Esto significa que los residentes no deberán pagar dos veces por un mismo riesgo, especialmente en casos donde existe un crédito hipotecario. En este contexto, cada propietario podrá presentar su propio seguro, siempre que cubra el 100% del valor de reconstrucción y cumpla con la normativa vigente, para reemplazar el exigido por su entidad financiera.

Otro cambio relevante apunta al destino de las indemnizaciones. En caso de daños parciales por incendio, los recursos deberán destinarse prioritariamente a la reparación del inmueble y no al pago del crédito hipotecario.

“Este cambio pone el foco en la recuperación de la vivienda y la continuidad de la vida en comunidad, lo que es clave desde el punto de vista social y patrimonial”, agrega la especialista.

La normativa también redefine el rol de los administradores de condominios, quienes asumen una responsabilidad más activa. Entre sus funciones estará asegurar que el seguro colectivo esté vigente, correctamente contratado y que cumpla con todas las coberturas exigidas.

El rol de los Comités de Administración

Asimismo, deberán mantener informados a los copropietarios y coordinar la gestión del seguro en caso de siniestros. “La contratación del seguro deja de ser un trámite y pasa a ser una obligación legal con impacto directo en toda la comunidad”, enfatiza Ibarra.

Por su parte, los Comités de Administración tendrán un rol estratégico en la supervisión de la contratación del seguro colectivo. Su tarea será revisar coberturas, deducibles y montos asegurados, asegurando que la póliza se ajuste a las características reales del condominio y evitando escenarios de infraseguro.

Desde ACOSEG recomiendan que tanto comités como administradores cuenten con la asesoría de un corredor de seguros, quien pueda traducir la normativa en decisiones prácticas y garantizar una contratación adecuada.

Pudahuel suspende temporalmente permisos de edificación en zonas densificables

La Municipalidad de Pudahuel aprobó una postergación selectiva de permisos de edificación por tres meses en sectores estratégicos, con el fin de revisar y actualizar el Plan Regulador Comunal y ordenar el crecimiento urbano.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La Municipalidad de Pudahuel implementó una pausa temporal en la entrega de ciertos permisos de edificación en sectores específicos de la comuna. Durante tres meses, no se autorizarán proyectos inmobiliarios que impliquen construcciones de gran altura o alta densidad, mientras se revisan y ajustan las normas del Plan Regulador Comunal.

La medida, publicada en el Diario Oficial el lunes 9 de febrero, busca prevenir desarrollos incompatibles con la futura normativa y garantizar un crecimiento urbano más ordenado.

Se trata de una acción transitoria, no de una prohibición definitiva, que afecta exclusivamente a los predios incluidos en el Plano de Postergación de Permisos de Edificación PPP02-PU, localizados principalmente en los corredores urbanos de Av. Claudio Arrau, Av. Américo Vespucio, Av. San Pablo y Av. San Francisco.

Los límites establecidos consideran distintos parámetros según la zonificación: en Zona E se suspenderán proyectos que superen los 32 metros de altura y 1.600 habitantes por hectárea; en Zona G, edificaciones sobre 16 metros y 1.200 habitantes por hectárea; y en Zona H, construcciones que excedan 24 metros y 1.600 habitantes por hectárea.

Desde AGS Visión Inmobiliaria señalan que esta medida puede desincentivar la inversión inmobiliaria en un contexto que requiere con urgencia soluciones habitacionales para los segmentos masivos.

Además, critican la baja convocatoria del proceso de participación ciudadana y el carácter impositivo con que se aprobó la modificación, tras rechazar la mayoría de las observaciones presentadas.

Durante la vigencia de la postergación, no se otorgarán permisos que excedan los límites definidos. Según el municipio, esta medida permitirá anticipar impactos en infraestructura, servicios y entorno residencial, avanzando con mayor certeza en la actualización del Plan Regulador Comunal.

Finalizado el plazo de tres meses, se evaluarán los avances del proceso y se definirán los próximos pasos según los resultados técnicos y normativos alcanzados.

Copec y Fundamenta bajo la lupa: casos urbanísticos llegan a la Corte Suprema y la Contraloría

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, cuestiona decisiones judiciales y administrativas en dos emblemáticos conflictos del sector Vivienda y Urbanismo, advirtiendo graves impactos para el interés público y la planificación urbana.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Dos controversias de alto impacto para la planificación urbana y la probidad administrativa mantienen en alerta a organizaciones ciudadanas y especialistas. Se trata, por una parte, del proceso de expropiación del terreno que ocupaba una estación de servicio Copec en el sector El Golf, en Las Condes, hoy en manos de la Corte Suprema; y por otra, del polémico permiso de edificación otorgado a la inmobiliaria Fundamenta para levantar cuatro torres de gran altura en Ñuñoa, caso que se encuentra en análisis de la Contraloría General de la República.

En el primer caso, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, recordó que el terreno expropiado —afectado desde hace décadas por utilidad pública— fue tasado inicialmente en más de $4.200 millones por peritos del MOP, cifra que la empresa Copec consideró insuficiente, argumentando que el predio tenía aptitud inmobiliaria para construir una torre de hasta 15 pisos. “Resulta al menos curioso que Copec alegue ahora una capacidad edificatoria que nunca ejerció, pese a haber explotado comercialmente el terreno durante años”, señaló Herman.

El dirigente enfatizó que el predio estaba claramente afecto a utilidad pública, situación acreditada mediante el Certificado de Informaciones Previas (CIP) emitido por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, documento administrativo vinculante. “Aquí el Consejo de Defensa del Estado actuó correctamente, defendiendo el interés fiscal y recordando que no se puede valorar un terreno como si fuera edificable cuando la normativa lo destina a vialidad y transporte público”, afirmó. Pese a ello, el 5 de enero de 2026 la Corte Suprema validó la indemnización fijada por los tasadores, decisión que, según Herman, “confunde una conciliación económica con la correcta aplicación del derecho urbanístico”.

Respecto del segundo caso, Herman apuntó directamente a la inmobiliaria Fundamenta y al permiso otorgado para construir cuatro torres de 32 pisos en el ex estadio Manuel Plaza de Ñuñoa. El proyecto fue aprobado un día antes de que entrara en vigencia una modificación al Plan Regulador Comunal que reducía drásticamente la altura permitida. “Se aprovechó una ventana normativa para consolidar derechos adquiridos mediante un simple anteproyecto, una práctica conocida pero profundamente cuestionable desde el punto de vista del interés urbano”, sostuvo.

La principal controversia, explicó Herman, radica en el Estudio de Conos de Sombra presentado por la inmobiliaria, el cual —según especialistas— no se ajustaría a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. “El estudio no proyectó las sombras desde la altura máxima permitida de continuidad, lo que alteró artificialmente la comparación y permitió validar un proyecto sobredimensionado”, afirmó. Pese a las denuncias presentadas desde 2024 y las gestiones realizadas ante la Contraloría, hasta ahora no existe un pronunciamiento definitivo del ente fiscalizador.

Finalmente, el presidente de Defendamos la Ciudad valoró el reciente convenio firmado entre el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado para el intercambio de información. “Esperamos que esta coordinación fortalezca el rol del Estado y evite que operaciones inmobiliarias o expropiaciones se resuelvan en desmedro del interés público”, concluyó Herman, insistiendo en la necesidad de mayor rigor técnico y transparencia en decisiones que marcan el desarrollo de las ciudades.

Ocupación ilegal en Valparaíso alcanza US$ 580 millones

La región concentra más de un tercio de las tomas del país y gran parte de ellas se ubican en áreas urbanas con alto potencial de desarrollo, según un estudio de Colliers.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La Región de Valparaíso se ha convertido en el epicentro del debate sobre la ocupación informal de suelo en Chile. Con 364 campamentos distribuidos en sus provincias, concentra el 32,6% del total nacional y supera con holgura a cualquier otra región del país. Pero el fenómeno no solo revela la magnitud del déficit habitacional; también pone sobre la mesa el valor estratégico de los terrenos involucrados.

Un estudio de la consultora inmobiliaria Colliers estimó que el suelo actualmente ocupado por campamentos en la región tiene un valor de mercado cercano a los US$ 580 millones, cifra que representa el 36% del total nacional asociado a este tipo de ocupaciones. El dato, más allá de su dimensión económica, abre una discusión compleja sobre planificación urbana, acceso a vivienda y tensiones territoriales.

Según Matías Bucci Aróstegui, subgerente de Estudios Inmobiliarios de Colliers, una parte significativa de estas ocupaciones se emplaza en zonas urbanas consolidadas. “Muchos de estos terrenos se encuentran en sectores con normativas que permiten desarrollos residenciales o industriales”, explica. Ese potencial eleva su valor y convierte a la región en un caso particularmente sensible para las políticas habitacionales.

El estudio señala que la ubicación de los campamentos no es aleatoria: buena parte se concentra en áreas con acceso a servicios, conectividad y oportunidades laborales, lo que explica por qué su valor estratégico es tan alto. Sin embargo, también revela un mapa desigual: mientras algunos suelos podrían acoger viviendas formales en el corto plazo, otros se ubican en zonas de riesgo o de difícil urbanización.

El fenómeno tensiona un escenario ya complejo. La región enfrenta problemas históricos de disponibilidad de suelo, altos costos de urbanización y una creciente presión demográfica, condiciones que han acelerado la expansión informal. A ello se suma la dificultad de los municipios para fiscalizar y gestionar territorios donde convergen familias vulnerables, riesgos naturales y valores inmobiliarios al alza.

En este panorama, el informe de Colliers no pretende solo dimensionar el valor económico del suelo ocupado, sino también poner en evidencia la necesidad de una estrategia integral que articule planificación, inversión pública y soluciones habitacionales que eviten la proliferación de nuevas tomas.

Mientras tanto, en Valparaíso, los campamentos continúan creciendo como expresión visible de una crisis habitacional que el país arrastra desde hace más de una década. El desafío, según los expertos, será transformar ese suelo hoy en conflicto en oportunidades reales de integración urbana.

Mercado hotelero chileno vive su mejor momento en años: llegada de turistas crece un 36% y precios de habitaciones suben casi 10%

Según reporte de Colliers, la llegada de turistas a nivel nacional aumentó un 36%.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El turismo vuelve a brillar en Chile. Tras años marcados por la incertidumbre y los efectos de la pandemia, el mercado hotelero nacional está experimentando una sólida recuperación, impulsada por el aumento sostenido de visitantes y la reactivación de destinos turísticos en todo el país.

Según el más reciente reporte de Colliers, el sector muestra cifras muy alentadoras: la llegada de turistas a nivel nacional creció un 34% durante el primer semestre del año, mientras que en la Región Metropolitana el incremento alcanzó un 10,2%. Estos resultados acercan al país a los niveles históricos de 2017, considerado el último gran peak de actividad turística antes de la crisis sanitaria.

“Durante el primer semestre del año la llegada de turistas a nivel nacional aumentó en un 34%, mientras que a nivel metropolitano el alza fue de 10,2%. Se proyecta que a finales de este año se alcancen valores cercanos o incluso mayores a los del 2017”, señaló Catalina Gac, consultora del Área de Estudios de Colliers, destacando que la tendencia positiva continuará consolidándose durante los próximos meses.

América lidera las visitas internacionales

El estudio revela que el 86,5% de los turistas que ingresaron al país provienen de América, con una fuerte presencia de visitantes de países vecinos como Argentina, Brasil y Perú. En tanto, Europa representa un 7,3%, Asia un 1,4% y el resto del mundo un 4,7%.

Este flujo de viajeros ha impulsado una reactivación visible en los principales destinos nacionales, desde el desierto de Atacama y la zona central hasta la Patagonia. Ciudades como Santiago, Valparaíso, Puerto Varas y San Pedro de Atacama registran altos niveles de ocupación, especialmente en fines de semana largos y temporada alta.

Más demanda, mayores precios

El repunte del turismo también ha tenido un impacto directo en la rentabilidad del sector. El informe de Colliers destaca que la demanda por habitaciones ha generado un aumento del 9,7% en los valores a nivel nacional, mientras que en la Región Metropolitana la variación alcanza un 11,9%.

Estos resultados confirman la recuperación del negocio hotelero, que no solo ha retomado su dinamismo, sino que además se está fortaleciendo gracias a la llegada de turistas internacionales y al crecimiento de los viajes dentro del país.

2025: un año clave para la consolidación del mercado

De acuerdo con las proyecciones de Colliers, el próximo año será determinante para consolidar el impulso actual. “Para 2025 se espera que los indicadores continúen al alza, estabilizando aún más el mercado, gracias al aumento en la llegada de pasajeros internacionales y los viajes en periodos estivales”, indica el informe.

En este escenario, el turismo se posiciona nuevamente como un motor relevante para la economía nacional, generando empleo, dinamizando las inversiones y fortaleciendo la imagen de Chile como destino atractivo, diverso y seguro.

Territoria invertirá más de US$ 98 millones en el ex edificio de Enel, símbolo del 18-O

La inmobiliaria detrás del MUT obtuvo la aprobación ambiental para transformar el inmueble incendiado en 2019 en un proyecto mixto con viviendas, oficinas, comercio y espacios públicos.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El ex edificio corporativo de Enel, ubicado en Santa Rosa 76 y recordado como uno de los íconos del estallido social, se convertirá en el escenario de una de las apuestas inmobiliarias más ambiciosas de la última década en el centro de Santiago.

La firma Territoria, responsable del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), acaba de obtener la aprobación ambiental para invertir más de US$ 98 millones en la transformación del inmueble en un complejo de uso mixto que busca revitalizar una zona marcada por la inseguridad y el retroceso del comercio formal.

El proyecto contempla dos torres de vivienda de 12 pisos, una torre de oficinas de nueve niveles, una placa comercial de tres y cuatro subterráneos destinados a estacionamientos y retail, además de una cubierta verde abierta al público.

El plan también redefine los usos del inmueble original: el primer piso pasará de oficinas a comercio, se reorganizarán otros niveles y el piso 18 se convertirá en un restaurante con vista panorámica.

La iniciativa no estuvo exenta de dificultades. El proceso ambiental enfrentó observaciones poco habituales, que incluyeron la obligación de incorporar un compromiso con enfoque de género para capacitar a trabajadores y prevenir situaciones de acoso, además de medidas de mitigación como huertos en azoteas o techos pintados de blanco para reducir el calor urbano.

Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobó el proyecto por ocho votos a favor y dos en contra, tras la recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental.

El inmueble, que ardió la noche del 18 de octubre de 2019 tras ser atacado con acelerantes, se convirtió en símbolo del vandalismo e impunidad, luego de que la fiscalía cerrara el caso en 2022 sin responsables identificados. Hoy, casi seis años después, su reconversión aparece como la primera gran señal de inversión privada para recuperar el casco histórico de la capital.

02/05/2026 20:36