El turismo vuelve a brillar en Chile. Tras años marcados por la incertidumbre y los efectos de la pandemia, el mercado hotelero nacional está experimentando una sólida recuperación, impulsada por el aumento sostenido de visitantes y la reactivación de destinos turísticos en todo el país.
Según el más reciente reporte de Colliers, el sector muestra cifras muy alentadoras: la llegada de turistas a nivel nacional creció un 34% durante el primer semestre del año, mientras que en la Región Metropolitana el incremento alcanzó un 10,2%. Estos resultados acercan al país a los niveles históricos de 2017, considerado el último gran peak de actividad turística antes de la crisis sanitaria.
“Durante el primer semestre del año la llegada de turistas a nivel nacional aumentó en un 34%, mientras que a nivel metropolitano el alza fue de 10,2%. Se proyecta que a finales de este año se alcancen valores cercanos o incluso mayores a los del 2017”, señaló Catalina Gac, consultora del Área de Estudios de Colliers, destacando que la tendencia positiva continuará consolidándose durante los próximos meses.
América lidera las visitas internacionales
El estudio revela que el 86,5% de los turistas que ingresaron al país provienen de América, con una fuerte presencia de visitantes de países vecinos como Argentina, Brasil y Perú. En tanto, Europa representa un 7,3%, Asia un 1,4% y el resto del mundo un 4,7%.
Este flujo de viajeros ha impulsado una reactivación visible en los principales destinos nacionales, desde el desierto de Atacama y la zona central hasta la Patagonia. Ciudades como Santiago, Valparaíso, Puerto Varas y San Pedro de Atacama registran altos niveles de ocupación, especialmente en fines de semana largos y temporada alta.
Más demanda, mayores precios
El repunte del turismo también ha tenido un impacto directo en la rentabilidad del sector. El informe de Colliers destaca que la demanda por habitaciones ha generado un aumento del 9,7% en los valores a nivel nacional, mientras que en la Región Metropolitana la variación alcanza un 11,9%.
Estos resultados confirman la recuperación del negocio hotelero, que no solo ha retomado su dinamismo, sino que además se está fortaleciendo gracias a la llegada de turistas internacionales y al crecimiento de los viajes dentro del país.
2025: un año clave para la consolidación del mercado
De acuerdo con las proyecciones de Colliers, el próximo año será determinante para consolidar el impulso actual. “Para 2025 se espera que los indicadores continúen al alza, estabilizando aún más el mercado, gracias al aumento en la llegada de pasajeros internacionales y los viajes en periodos estivales”, indica el informe.
En este escenario, el turismo se posiciona nuevamente como un motor relevante para la economía nacional, generando empleo, dinamizando las inversiones y fortaleciendo la imagen de Chile como destino atractivo, diverso y seguro.
La inmobiliaria detrás del MUT obtuvo la aprobación ambiental para transformar el inmueble incendiado en 2019 en un proyecto mixto con viviendas, oficinas, comercio y espacios públicos.
El ex edificio corporativo de Enel, ubicado en Santa Rosa 76 y recordado como uno de los íconos del estallido social, se convertirá en el escenario de una de las apuestas inmobiliarias más ambiciosas de la última década en el centro de Santiago.
La firma Territoria, responsable del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), acaba de obtener la aprobación ambiental para invertir más de US$ 98 millones en la transformación del inmueble en un complejo de uso mixto que busca revitalizar una zona marcada por la inseguridad y el retroceso del comercio formal.
El proyecto contempla dos torres de vivienda de 12 pisos, una torre de oficinas de nueve niveles, una placa comercial de tres y cuatro subterráneos destinados a estacionamientos y retail, además de una cubierta verde abierta al público.
El plan también redefine los usos del inmueble original: el primer piso pasará de oficinas a comercio, se reorganizarán otros niveles y el piso 18 se convertirá en un restaurante con vista panorámica.
La iniciativa no estuvo exenta de dificultades. El proceso ambiental enfrentó observaciones poco habituales, que incluyeron la obligación de incorporar un compromiso con enfoque de género para capacitar a trabajadores y prevenir situaciones de acoso, además de medidas de mitigación como huertos en azoteas o techos pintados de blanco para reducir el calor urbano.
Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobó el proyecto por ocho votos a favor y dos en contra, tras la recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental.
El inmueble, que ardió la noche del 18 de octubre de 2019 tras ser atacado con acelerantes, se convirtió en símbolo del vandalismo e impunidad, luego de que la fiscalía cerrara el caso en 2022 sin responsables identificados. Hoy, casi seis años después, su reconversión aparece como la primera gran señal de inversión privada para recuperar el casco histórico de la capital.
La industria del bodegaje en Latinoamérica atraviesa un ciclo de crecimiento histórico, impulsado por el auge del comercio electrónico, la modernización de las cadenas de suministro y la reconversión logística de las principales economías de la región.
De acuerdo con un estudio de Colliers, el inventario total supera los 95 millones de metros cuadrados, con un alza del 34% desde 2021. Solo en el último año, la superficie regional creció un 4,9%, confirmando la robustez de la demanda.
El atractivo de este negocio está en su rentabilidad. Según Colliers, el canon de arriendo promedio en la región se ubica en US$ 7,1/m², con un crecimiento acumulado de 45,7% en cuatro años. Mercados como México y Argentina lideran la expansión, con alzas superiores al 55% en el período, mientras que Brasil y Colombia marcaron los mayores incrementos anuales, de 9,7% y 8,6%, respectivamente.
Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, sostiene que la combinación de baja vacancia y sostenida demanda asegura retornos estables: “El nivel de vacancia regional se mantiene en torno al 5,29%, similar al de 2021. Esto muestra que el mercado está absorbiendo el nuevo inventario, garantizando la rentabilidad para los inversionistas”.
Chile: entre el crecimiento moderado y un alza en la vacancia
En el contexto latinoamericano, Chile concentra el 6,51% del inventario regional de bodegas y figura como un jugador relevante en la industria. Sin embargo, los indicadores apuntan a un momento de transición. Mientras la expansión anual de superficie es de apenas 2%, la vacancia en el Gran Santiago escaló al 6,3%, frente al 2,06% de 2021. Esto significa que la oferta está creciendo más rápido que la demanda, en contraste con la estabilidad regional.
El canon de arriendo en la capital chilena promedia los US$ 6,1/m², por debajo del registro regional, pero con un sólido incremento del 29% en cuatro años.
Según Gleisner, esta dinámica abre espacio para nuevos actores. “El mercado chileno ofrece oportunidades tanto para inversionistas como para arrendatarios. La vacancia más alta genera un escenario de mayor competencia, que podría favorecer a quienes buscan negociar mejores condiciones de arriendo”.
Voces del mercado chileno
En Chile, la discusión sobre el desarrollo de centros de bodegas también se vincula al avance del comercio electrónico. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las ventas online en 2024 superaron los US$ 11.000 millones, presionando la necesidad de infraestructura logística.
En paralelo, un informe de GPS Property destacó que, pese al aumento de la vacancia, la demanda se ha mantenido firme en los submercados de Quilicura, Pudahuel y San Bernardo, con foco en bodegas de gran formato.
Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha advertido sobre los desafíos normativos y de suelo disponible. “La localización de centros de bodegaje enfrenta barreras de uso de suelo y de conectividad urbana. Resolver estos cuellos de botella es clave para mantener la competitividad de Santiago como hub logístico regional”, señaló la entidad en un reciente seminario.
Riesgos y oportunidades en el horizonte
Si bien el panorama es optimista, el mercado enfrenta riesgos de sobreoferta en algunos países. En Perú y Argentina, por ejemplo, el stock en construcción equivale a más del 12% del inventario existente, lo que ya provocó una baja de precios en Lima, con un retroceso de -2,8% en 2024.
En Chile, en cambio, el desafío será encontrar un equilibrio entre la expansión y la absorción. Los analistas coinciden en que la mayor vacancia es un síntoma de ajuste, pero no necesariamente de debilidad estructural. La consolidación del e-commerce, la relocalización de cadenas productivas y el interés de inversionistas institucionales apuntan a que el sector seguirá siendo estratégico.
En palabras de Gleisner: “La industria del bodegaje en Latinoamérica se encuentra en un momento de gran expansión y rentabilidad. Sin embargo, las dinámicas regionales divergen. Mientras Chile y Brasil atraviesan una fase de reequilibrio, mercados como México continúan bajo el dominio de los propietarios. El futuro dependerá de cómo cada país logre administrar sus propios ciclos”.
En Apoquindo 3161, a pasos del metro El Golf, un inmueble en deterioro mantiene en suspenso la tercera torre corporativa del grupo financiero. Con más del 80% de las unidades en su poder, la compañía no ha logrado convencer a tres propietarios que denuncian abandono, hostigamiento y una baja sostenida en las ofertas de compra.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
En el corazón del barrio financiero de Santiago, donde las torres de oficinas se disputan cada metro cuadrado, un edificio envejecido resiste a la modernización. Desde la vereda sur de Apoquindo, frente al metro El Golf, la estructura de ocho pisos contrasta con los complejos corporativos de última generación que la rodean.
Hoy es conocido como “el edificio fantasma”: locales vacíos, fachadas con filtraciones, jardines descuidados y un ambiente de abandono que sorprende a transeúntes y vecinos.
Pero detrás de esa imagen hay una disputa que lleva más de una década. Vida Security, que tras su fusión con Bice busca consolidar su presencia en el distrito financiero más codiciado de la capital, necesita el 100% de la copropiedad para levantar su tercera torre corporativa en El Golf. Tiene ya poco más del 80%, pero tres propietarios se niegan a vender.
Estrategia de desgaste o simple abandono
Para quienes aún habitan en el inmueble, el deterioro no es casualidad. Denuncian que, al controlar la mayoría de la copropiedad, la empresa tiene influencia decisiva en la administración y, por lo tanto, en la falta de mantención.
“Estamos pagando gastos comunes que se duplicaron, pero sin que se hagan reparaciones. El edificio se cae a pedazos. Se siente como una estrategia de desgaste”, señala una residente, que prefiere resguardar su identidad.
Francisca Lizana, heredera de uno de los departamentos, añade: “En 2016 nos ofrecieron precios más altos que los que están sobre la mesa hoy. Ahora las ofertas bajaron, mientras la calidad de vida se deteriora”.
El resultado, según los vecinos, es un entorno cada vez más hostil: ascensores fuera de servicio durante meses, filtraciones que cruzan pisos completos, cortes de luz, plagas de palomas y accesos que se convierten en refugio de personas en situación de calle.
El valor del terreno y la lógica del mercado
En la industria inmobiliaria, el paño tiene un valor estratégico evidente. Está emplazado en uno de los pocos sitios disponibles en primera línea de Apoquindo, en pleno eje financiero de Las Condes, donde la escasez de suelo ha disparado los precios.
“Para un grupo financiero como Security, consolidar ese terreno significa un activo único. No se trata solo del edificio en sí, sino de su potencial de integración con las torres existentes”, explica un ejecutivo del rubro, que pide reserva.
No obstante, el mismo mercado reconoce la paradoja: mientras más se prolonga la negociación, mayor es el poder de quienes resisten. En la jerga inmobiliaria se habla del “premio de resistencia”, un sobreprecio que suele pagarse a los últimos propietarios para destrabar proyectos. Pero en este caso, los vecinos afirman que la tendencia ha sido inversa: las ofertas se redujeron con los años.
Un conflicto que trasciende el edificio
La disputa no solo afecta a los residentes. El mal estado del inmueble ha convertido la galería comercial en un espacio vacío que genera externalidades negativas en un barrio caracterizado por su alto estándar urbano.
Desde la municipalidad de Las Condes reconocen preocupación por la seguridad y limpieza del entorno, aunque la resolución del conflicto depende exclusivamente de la voluntad entre privados.
Por ahora, el proyecto de Vida Security sigue en pausa. La empresa declinó referirse al tema, limitándose a señalar que se trata de negociaciones privadas. Los vecinos, en tanto, aseguran que mantendrán la resistencia, aunque el desgaste se acumula tras años de incertidumbre.
“Esto no es solo un edificio viejo”, comenta uno de los copropietarios. “Es también la historia de personas que llevan décadas aquí y que se sienten arrinconadas frente a un gigante corporativo. El tiempo dirá quién se cansa primero”.
Miles de actores, altas comisiones y prácticas poco éticas reabren el debate sobre regulación y profesionalización en el corretaje inmobiliario chileno.
El corretaje de propiedades en Chile es un mercado dinámico y en expansión, pero en los últimos días ha vuelto a estar bajo la lupa por las prácticas de algunos actores y la ausencia de regulación estricta.
Hasta 1989, la actividad estaba regulada y los corredores debían inscribirse en un registro nacional supervisado por el Ministerio de Economía. Hoy, cualquier persona puede ejercerla sin formación formal, y aunque existe un registro voluntario, no es obligatorio.
Según gremios del rubro, existen entre 5.000 y 7.000 corredores activos, especialmente concentrados en Santiago. Sin embargo, más de 30.000 entidades figuran registradas bajo el giro de corretaje de propiedades, según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 2020, reflejando la proliferación de independientes y la irrupción de plataformas digitales como Portal Inmobiliario, TocToc y Yapo.cl.
Empresas reconocidas como Property Partners, Engel & Völkers, Sotheby’s, Re/Max, Nexxos y Fuenzalida Propiedades lideran el sector tradicional, mientras miles de agentes independientes se suman al mercado, atraídos por la posibilidad de generar ingresos significativos por transacción.
“Las plataformas digitales han ampliado la competencia y el acceso al mercado, pero también han generado desafíos en términos de transparencia y profesionalismo”, señaló Soledad Gaete, presidenta de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (Acop), a Emol.
En una reciente carta a El Mercurio, Francisco Silva Domínguez denunció prácticas recurrentes: propiedades publicadas por múltiples corredores, anuncios sin autorización de los propietarios, ubicaciones incorrectas y ofertas de inmuebles ya vendidos. Además, indicó que algunos corredores priorizan sus comisiones sobre los intereses de sus clientes.
Javier Contreras, socio y cofundador de Sotheby’s Realty Chile, coincidió con este diagnóstico y enfatizó la necesidad de profesionalización: “Es fundamental establecer licencias obligatorias, exámenes, educación continua y sanción de malas prácticas. En Chile, cualquiera puede declararse corredor de un día para otro, lo que explica la disparidad en la calidad del servicio”, declaró a Emol.
Trinidad Cuevas, fundadora de Estudio Golondrina Propiedades, añadió que la ausencia de regulación genera un terreno fértil para abusos y fraudes, afectando la seguridad de compradores, vendedores y arrendatarios, según información entregada a Emol.
Visión gremial
Desde Acop, Gaete sostuvo que la falta de regulación favorece a quienes buscan aprovecharse del corretaje sin cumplir estándares éticos. “Tras la pandemia, muchas personas ingresaron al sector buscando ingresos extra, lo que multiplicó la oferta de corredores con calidades dispares”, comentó a Emol.
Por su parte, Patricio Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades (Anacopro), relativizó los riesgos: “Sería positivo un registro obligatorio, pero ya existen herramientas para evaluar a los corredores. La mayoría de las transacciones se realiza de buena fe y no se han reportado casos graves de fraude”, aseguró a Emol.
Francisco Labarca, académico de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que el corretaje chileno opera con un déficit evidente en estándares de entrada y certificación, exponiendo a compradores y vendedores a riesgos innecesarios. “Comparado con mercados desarrollados, la actividad carece de requisitos formales de educación y validación profesional”, señaló a Emol.
En cambio, Santiago Truffa, académico del ESE de la Universidad de los Andes, advirtió sobre los costos de sobre-regulación: “Chile ya es un país sobre regulado en muchos aspectos. Imponer nuevas barreras podría trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos, mientras que el mercado ya ofrece alternativas competitivas”, manifestó a Emol.
El desafío de profesionalizar sin frenar el mercado
El corretaje inmobiliario en Chile refleja un delicado equilibrio entre oportunidades económicas, ética profesional y seguridad para los clientes. El debate sobre licencias obligatorias, educación continua y sanciones por malas prácticas aún está abierto, mientras el mercado sigue creciendo impulsado por grandes empresas, intermediarios independientes y plataformas digitales.
La profesionalización del sector es clave para garantizar transparencia y confianza, sin limitar la competencia ni el dinamismo que caracteriza al corretaje de propiedades en el país. La pregunta que persiste es cómo lograr estándares internacionales de ética y desempeño sin frenar el desarrollo de un mercado que mueve millones de dólares cada año.
El ambicioso proyecto de abastecimiento hídrico enfrenta incertidumbre por plazos que las empresas consideran insuficientes para presentar ofertas competitivas, mientras el MOP mantiene firme la agenda pese a advertencias de sobrecostos y falta de competencia.
El próximo 2 de septiembre se cumple el plazo para presentar las ofertas técnicas y económicas del proyecto “Planta Desaladora de Coquimbo”, iniciativa emblemática del Gobierno para asegurar el suministro de agua potable a 460 mil habitantes de Coquimbo y La Serena.
Sin embargo, a pocas semanas de la fecha límite, el proceso enfrenta dudas sobre su viabilidad: parte de la industria advierte que los plazos son insuficientes para elaborar propuestas sólidas y competitivas, y que de no modificarse, la licitación podría quedar “desierta”.
La construcción de esta desaladora es un hito para el país: será la primera adjudicada bajo el sistema de concesiones de obra pública, a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El presupuesto de referencia alcanza más de UF 8 millones —cerca de US$ 333 millones— sin considerar el IVA, mientras que el subsidio estatal máximo permitido es de UF 13 millones —más de US$ 543 millones—, destinados a financiar parte de la construcción y operación de la planta.
En enero de 2024, el Gobierno presentó el proyecto con bombo y platillo, destacando su importancia estratégica en un país donde la escasez hídrica es un desafío recurrente. Desde entonces, las expectativas sobre el abastecimiento seguro de agua en la región se han combinado con preocupación en la industria ante la complejidad del proceso licitatorio.
La industria pide más tiempo
El lunes pasado, el MOP emitió una circular de 440 páginas con respuestas a las consultas planteadas por las empresas interesadas. Si bien esto resolvió muchas dudas sobre compromisos de compra de agua, riesgos ambientales, hallazgos arqueológicos y financieros, algunas de las respuestas cambiaron elementos críticos del proyecto, como el volumen de agua garantizado y la fórmula de indexación de las tarifas.
“Es frustrante. Algunas respuestas cambian parámetros clave y no hay espacio para aclarar nuevas dudas”, comenta Carlos Foxley, representante de IDE Technologies, una de las compañías interesadas.
Waldo López, gerente de Desarrollo y Negocios de Acciona Agua, agrega que pese a la emisión de la circular, “surgen nuevas dudas y no hay espacio para preguntar ni que hayan respuestas”.
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, Cristina Pardo, advierte que “no es sano hacer estas cosas sin el tiempo que se requiere de análisis porque generalmente se traducen en sobrecostos futuros. Si algo no está bien planificado tiende a fallar”.
Desde la industria sostienen que para analizar en profundidad la bancabilidad del proyecto, la estructuración del modelo de negocio y los riesgos técnicos que cada empresa podría asumir, se necesitaría postergar el plazo de presentación entre dos y tres meses, idealmente hasta noviembre.
“Si no se ajustan los plazos, se reducirá significativamente la cantidad de empresas interesadas. Esto hará que el proceso sea menos competitivo y que el precio final que se oferte aumente, generando un costo mayor para el Estado y, por lo tanto, para el contribuyente”, explica Pardo.
Plazos bajo presión política
El MOP ha recibido solicitudes formales de seis grupos licitantes pidiendo un aumento en los plazos. Fuentes ligadas a la industria indican que la Dirección General de Concesiones analiza estas solicitudes, pero que existe resistencia a modificar la fecha límite.
“Todos saben que sería lo correcto técnicamente, pero la decisión final parece estar marcada por un tema político”, comenta Pardo. Según las mismas fuentes, el Ejecutivo busca cumplir con un compromiso público del presidente Boric y los congresistas de la región: adjudicar la desaladora lo antes posible, en vísperas de elecciones presidenciales y parlamentarias.
“Al mundo político le va a costar explicar que hay una postergación. Existe presión por cumplir con los anuncios y mostrar avances tangibles en la región”, añade Foxley.
El ajuste insuficiente de los plazos no solo amenaza la competencia y el precio final, sino que podría afectar la ejecución misma del proyecto. “Si no se dedica el tiempo necesario a estudiar los contratos, la estructuración financiera y los riesgos técnicos, el proyecto puede enfrentar sobrecostos o incluso dificultades operativas en el futuro”, advierte Pardo.
Desde la DGC, en tanto, señalaron que el tema está “en análisis y se espera resolver a la brevedad”, aunque no precisaron si habrá modificación de las fechas.
Para la industria, el mensaje es claro: avanzar con los plazos actuales aumenta la probabilidad de que ninguna empresa presente una oferta sólida, con el consiguiente riesgo de que la licitación quede desierta y que el Estado enfrente mayores costos si el proyecto se ejecuta de manera menos competitiva.
El desafío de garantizar agua en Coquimbo
La desaladora de Coquimbo se ha convertido en un símbolo de la necesidad de infraestructura estratégica frente a la escasez hídrica. Su éxito depende no solo de la capacidad técnica de las empresas licitantes, sino también de la planificación y ejecución del Gobierno. La tensión actual entre los plazos, las demandas de la industria y la presión política evidencia que, en materia de agua, el tiempo es tan valioso como el recurso mismo.
Si la licitación logra ajustarse a las necesidades de las empresas interesadas, se abrirá la puerta para la construcción de una planta que podría asegurar la estabilidad hídrica de la región por décadas.
Si no, el proyecto emblemático corre el riesgo de convertirse en un símbolo de la complejidad de ejecutar infraestructura pública bajo presión política y sin margen de análisis técnico adecuado.
Publicación recopila una década de logros de la Certificación Edificio Sustentable, que ha transformado la edificación pública en el país mediante el diseño pasivo y estándares de eficiencia energética, con más de 150 proyectos certificados y 350 en proceso.
En un acto que reunió a autoridades, instituciones fundadoras y actores del mundo público y privado, la Certificación Edificio Sustentable (CES) presentó el libro “El impacto de una década: Edificios Certificados CES”, una obra que documenta sus primeros 10 años de trayectoria, avances e impacto en la infraestructura nacional.
Desde su creación en 2014, el sistema ha certificado más de 150 proyectos y tiene otros 350 en curso, consolidándose como el principal referente de construcción sustentable en Chile y uno de los más relevantes en Latinoamérica en términos per cápita.
El presidente de CES, Ricardo Fernández, subrayó que el libro “refleja el impacto de un gran trabajo, de un equipo que ha desarrollado una certificación que está generando un cambio hacia el futuro”. Mauricio Salinas, presidente del Instituto de la Construcción —entidad administradora del sistema—, recalcó el aporte en el sector público, donde se concentra gran parte de las certificaciones.
El modelo CES se basa en el diseño pasivo y la eficiencia de recursos, logrando, a 2024, reducciones anuales equivalentes a 51 millones de kWh (el consumo de 17.000 viviendas), 25.900 toneladas de CO₂ (similar a retirar 11.000 autos de circulación por un año) y ahorros sociales estimados en $1.800 millones por disminución de emisiones.
Desarrollado a partir de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de la Construcción, CES ha incorporado también a los ministerios de Energía y Vivienda, fortaleciendo su alcance. Según Paola Molina, past president de CES, la certificación “corona un proceso de más de 20 años de trabajo” y pone el foco en decisiones arquitectónicas que generan ahorros sostenibles a largo plazo.
Adaptado a la geografía y clima de Chile, CES se proyecta como herramienta clave para enfrentar la crisis climática y ya es reconocido por su crecimiento y respaldo internacional.
El libro, desarrollado junto a estudiantes de la Universidad de Chile y con apoyo de empresas como 88, EBP Chile, Ecosustenta y Volcán, incluye una línea de tiempo, fichas técnicas y análisis de proyectos destacados, convirtiéndose en un insumo de referencia para la industria y la academia.
Marisol Cortez, de la Cámara Chilena de la Construcción, y Patricia Pastén, del Gobierno de Santiago, asumen la presidencia del Comité Consultivo de la Red Circular de la Construcción. Desde sus respectivos ámbitos, ambas impulsan un modelo de colaboración público-privada y territorial para transformar estructuralmente la industria.
La economía circular ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una urgencia estratégica. Y en el sector construcción, uno de los mayores generadores de residuos en Chile, este cambio ya comenzó. La reciente instalación de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) marca un punto de inflexión, gracias a un liderazgo dual que conjuga mirada técnica, gremial y territorial.
Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago, asumen la presidencia del Comité Consultivo de la Red con una convicción compartida: la transformación del sector solo será posible si se articula a toda la cadena de valor, con participación activa del mundo público y privado.
“Esto no es solo compromiso, es liderazgo para generar cambios concretos”, afirma Cortez. Desde su rol en la CChC, apuesta por movilizar a proveedores, constructoras e inmobiliarias hacia un modelo circular, a través de pilotos replicables, manuales prácticos y programas de capacitación. Pero su meta va más allá de lo técnico: busca articular territorios, conectando comunas generadoras y receptoras de residuos a través de esquemas de simbiosis industrial. “La Red ECC no puede ser solo de Santiago; debe ser un modelo para todo el país”, recalca.
En paralelo, Patricia Pastén plantea que la clave está en conectar lo local con lo estratégico, integrando a municipios y gobiernos regionales a la Red. “La economía circular también debe generar capacidades en los territorios, fortalecer ecosistemas y abrir oportunidades reales para comunidades y empresas locales”, señala.
Ambas coinciden en que uno de los grandes desafíos es la brecha de infraestructura para la valorización de residuos, la falta de normativas habilitantes y la baja articulación entre actores del ecosistema. Por eso, apuestan por una gobernanza que habilite colaboración permanente, con foco en información confiable, reglas claras y mecanismos que incentiven la reutilización y transformación de materiales.
“La circularidad no es solo un deber ambiental. Es una oportunidad económica: anticiparse a regulaciones, reducir costos y abrir nuevos modelos de negocio”, resume Pastén.
Desde esa convicción, la Red ECC busca consolidarse como una plataforma habilitante para la transición del sector, promoviendo inversiones verdes, compras públicas sustentables, articulación público-privada y generación de conocimiento aplicado.
Ambos liderazgos coinciden en que el desafío no solo es técnico ni ambiental: es político, social y económico. Y el momento de actuar es ahora.
En el corazón del sur de Chile, Puerto Varas se prepara para recibir un hospital largamente esperado. Pero no sólo traerá salud: cambiará la forma de vivir, trabajar y alojarse en la ciudad.
En una colina al borde del crecimiento urbano de Puerto Varas, entre maquinaria pesada, obreros en faena y la humedad constante del sur chileno, comienza a erigirse un hospital. No es cualquier obra: para una ciudad que hasta ahora ha vivido a la sombra de Puerto Montt —el gran nodo urbano de la Región de Los Lagos—, este proyecto representa mucho más que infraestructura sanitaria. Significa un cambio profundo en el mapa de prioridades, flujos humanos y oportunidades económicas.
Aún en fase de construcción, el nuevo hospital de Puerto Varas ya proyecta su sombra sobre la vida cotidiana. Tendrá 190 camas, ocho quirófanos y 42 boxes de atención. Su diseño busca no solo resolver parte de la sobrecarga crónica del sistema público de salud, sino también ofrecer atención digna y cercana a miles de personas que, hasta hoy, deben recorrer largas distancias y esperar hasta 12 horas en urgencias saturadas.
“La realidad de nuestros vecinos es que no pueden hospitalizarse o atenderse en su propia ciudad”, afirma Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas. “El tiempo que se retrasa la atención médica afecta directamente la calidad de vida. Este hospital es fundamental para cambiar esa historia”.
Una región dispersa, una necesidad central
La geografía del sur de Chile, con lagos, fiordos y cordilleras, impone sus propias reglas. En comunas como Frutillar, Llanquihue o Cochamó, el acceso a centros de salud complejos requiere horas de viaje. Aunque Puerto Montt funciona como capital regional y eje sanitario, la demanda supera su capacidad.
Juan Fernando Alvarado Soto, seremi del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Los Lagos, explica que la magnitud del proyecto responde a una realidad evidente: “No es sólo Puerto Varas. Este hospital permitirá descongestionar otros centros y facilitar el acceso a salud a toda la zona. Es una obra que realmente cambia vidas”.
La inversión, respaldada por el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y el Servicio de Salud, se acompaña de una coordinación inédita entre estamentos públicos. Pero lo más interesante es quizás el efecto dominó que ya empieza a activarse más allá del sector sanitario.
Renta corta, una tendencia en expansión
A pocas cuadras del lugar donde se levantan las futuras salas de cirugía, Álvaro Ríos mira el horizonte con una mezcla de optimismo y cálculo. Es CEO de Welcome Inn Chile, una empresa local dedicada a gestionar alojamientos temporales —o “renta corta”— en distintas comunas de la Región de Los Lagos.
Su negocio nació enfocado en el turismo, pero hoy se adapta a un nuevo tipo de visitante: pacientes que deben asistir a exámenes, tratamientos o controles médicos, y familiares que viajan para acompañarlos. La salud, para Ríos, también mueve camas —aunque no sean hospitalarias.
“Vemos que la construcción del hospital traerá profesionales de la salud que se instalarán en la ciudad, pero también usuarios que vendrán por períodos breves. Personas que antes debían quedarse en Puerto Montt ahora lo harán aquí, en Puerto Varas”, explica. “Para ellos, la renta corta ofrece soluciones prácticas, humanas y accesibles”.
Según Ríos, ya trabajan en adaptar su oferta a esta nueva demanda: alojamientos con acceso sencillo, estancias flexibles, incluso servicios que ayuden a personas con movilidad reducida. “No se trata de competir con la hotelería tradicional, sino de llenar un vacío que hoy nadie cubre bien: el alojamiento vinculado a la salud”.
En ciudades como Santiago o Valdivia, esta lógica ya se ha instalado, con clínicas privadas y hospitales públicos que generan micromercados de arriendos por días o semanas. Ahora es el turno del sur.
Urbanismo social: la ciudad que se transforma
La construcción del hospital coincide con un momento en que Puerto Varas vive una tensión entre su vocación turística y su crecimiento demográfico. Los residentes enfrentan un alza en el costo de la vivienda, y muchos se trasladan a sectores periféricos. Al mismo tiempo, se multiplican los emprendimientos que intentan encontrar un espacio entre lo local y lo global.
“La ciudad está cambiando. Lo vemos en el transporte, en la presión sobre servicios, en la manera en que se habita”, dice el alcalde Gárate. “El hospital puede y debe ser un núcleo integrador, un punto de equilibrio para ese cambio”.
En efecto, en torno a esta obra se abren nuevas preguntas: ¿cómo afectará al mercado inmobiliario? ¿Qué tipo de urbanismo puede acompañar esta expansión? ¿Habrá servicios adecuados para los nuevos profesionales que llegarán con el hospital?
Para algunos, como Álvaro Ríos, las respuestas pasan por la colaboración público-privada. “Nosotros podemos contribuir desde nuestra experiencia. Hay una oportunidad para desarrollar soluciones que beneficien a quienes más lo necesitan, con dignidad y eficiencia”.
Más que salud
El hospital de Puerto Varas aún no abre sus puertas, pero ya es un símbolo. No sólo de progreso, sino de la posibilidad de que las ciudades pequeñas también tengan un rol estratégico en el sistema de salud. Su impacto no se medirá sólo en camas ocupadas o cirugías realizadas, sino en cómo transforma el modo de vivir y habitar un territorio.
Desde la maquinaria que excava el terreno hasta los proyectos de alojamiento que se adaptan a nuevos públicos, todo parece girar en torno a la idea de cuidado: cuidar a los pacientes, cuidar a quienes los acompañan, y cuidar una ciudad que empieza a construir no sólo un hospital, sino un futuro más digno.
Mientras España enfrenta el colapso de su mercado del arriendos y la gentrificación turística, Chile busca reactivar la compra con subsidios estatales y nuevas garantías. ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado sin desvirtuar el mercado?
El acceso a la vivienda ha dejado de ser solo una cuestión social. Hoy es también un factor macroeconómico crítico. Esa es la advertencia que lanza el Banco de España en su Informe Anual 2024: si no se abordan los profundos desequilibrios entre oferta y demanda de vivienda, el mercado inmobiliario puede convertirse en un “cuello de botella” para el crecimiento económico y en un “problema social de primera magnitud”.
A más de 10.000 kilómetros al sur, Chile ha llegado a un diagnóstico similar, aunque desde un ángulo distinto: el estancamiento del mercado inmobiliario, con más de 100 mil viviendas nuevas sin vender, obligó al Congreso a aprobar en mayo de 2025 un subsidio estatal a la tasa hipotecaria, junto con una garantía pública, en un intento por estimular la demanda y contener el deterioro de la industria.
Dos países. Dos modelos. Pero una misma urgencia: la vivienda como derecho básico y motor económico.
España: cuando la vivienda se convierte en privilegio
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación para los españoles, por encima incluso de la inflación o el desempleo.
El informe del Banco de España detalla que este problema se agrava por una combinación letal: una oferta escasa, una demanda creciente (impulsada por flujos migratorios y compradores no residentes), y una presión turística que transforma viviendas en activos especulativos.
El resultado es un aumento del 8,7% en el precio real de la vivienda solo en 2024, con incrementos aún más marcados en las zonas turísticas, como Alicante o Málaga. El alquiler, por su parte, subió en torno a un 10%, según estimaciones de los principales portales inmobiliarios.
El número de operaciones de compraventa alcanzó las 715.000 en 2024, pero el 90% de ellas correspondió a viviendas de segunda mano. La nueva construcción —aunque en crecimiento— no logra absorber la demanda: solo se visaron 127.500 nuevas unidades en todo el año. La rehabilitación, con apenas 24.000 permisos, también quedó por debajo de las metas del Plan de Recuperación español.
La consecuencia más grave, advierte el informe, la viven los jóvenes: una tasa de empleo del 43,2%, con un 20% de paro, y apenas el 10,4% de los compradores menores de 30 años. La emancipación juvenil se retrasa y la propiedad se vuelve una aspiración lejana.
Chile: estimular la compra como respuesta al sobrestock
En Chile, el problema es casi inverso. Mientras España enfrenta una demanda intensa con poca oferta, el mercado chileno sufre de exceso de oferta y demanda débil. Para revertir esta situación, el Congreso aprobó un subsidio a la tasa hipotecaria de 60 puntos base, destinado a personas naturales que compren su primera vivienda nueva de hasta 4.000 UF (unos 140.000 USD).
La medida se complementa con una garantía estatal del 60% del valor del inmueble, un mecanismo que busca reducir el riesgo bancario y facilitar condiciones más flexibles de financiamiento.
Se trata de una intervención ambiciosa, con potencial de transformar el mercado, pero también con riesgos estructurales: “Este tipo de subsidios puede terminar elevando artificialmente los precios si no se acompaña de un aumento sostenido en la oferta y una regulación eficaz”, advierte el economista urbano Tomás Herrera.
Y es que el problema de fondo en Chile —como en España— es estructural: un sistema que no logra generar suficiente vivienda social ni de arriendo asequible, y que ha delegado en el mercado la mayor parte de la solución habitacional.
Lo que une a ambas crisis: desigualdad, inversión extranjera y gentrificación
Pese a las diferencias de contexto, las causas profundas coinciden: la transformación de la vivienda en un activo de inversión, la presión de los alquileres turísticos, la falta de suelo urbano bien planificado, y el impacto de los flujos migratorios no siempre acompañados de políticas habitacionales integradas.
En España, los compradores no residentes representan ya el 8,4% de las operaciones, y poseen más de medio millón de viviendas. En zonas costeras, como Alicante, llegan al 11%. En Chile, si bien la proporción de inversión extranjera en vivienda es menor, la expansión de plataformas como Airbnb también ha afectado el acceso a arriendo en ciudades como Santiago, Valparaíso o Puerto Varas.
A ambos lados del Atlántico, el fenómeno de la gentrificación transforma barrios populares en enclaves turísticos, desplazando a residentes históricos y profundizando la brecha social.
¿Qué se puede hacer?
Según reporte obtenidos del Banco de España, ellos propone una batería de cinco medidas urgentes:
Garantizar seguridad jurídica y contractual en el mercado.
Fomentar la colaboración público-privada para viviendas de alquiler asequible.
Reducir trabas administrativas para la construcción y rehabilitación.
Impulsar la construcción industrializada para abaratar costos.
Crear programas de compensación para arrendadores.
En Chile, el desafío será evaluar el impacto real del nuevo subsidio y evitar que este beneficio transitorio se transforme en una distorsión estructural. “Sin una política de suelo, sin arriendo protegido y sin participación del Estado en la producción directa de vivienda, todo esfuerzo será limitado”, afirma Carolina Véliz, urbanista y asesora de políticas públicas.
La vivienda como síntoma y como solución
Lo que está en juego no es solo la capacidad de adquirir una casa. Es el tipo de sociedad que queremos construir. Si el acceso a la vivienda sigue dependiendo del ingreso, el crédito o la herencia, la desigualdad se convertirá en destino.
La gran lección de España y Chile es clara: la vivienda ya no puede tratarse como un bien de consumo individual, sino como infraestructura básica para una economía justa y una democracia estable. Y el reloj corre.
