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Un fantasma en El Golf: la resistencia vecinal que frena el plan de expansión de Vida Security

En Apoquindo 3161, a pasos del metro El Golf, un inmueble en deterioro mantiene en suspenso la tercera torre corporativa del grupo financiero. Con más del 80% de las unidades en su poder, la compañía no ha logrado convencer a tres propietarios que denuncian abandono, hostigamiento y una baja sostenida en las ofertas de compra.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En el corazón del barrio financiero de Santiago, donde las torres de oficinas se disputan cada metro cuadrado, un edificio envejecido resiste a la modernización. Desde la vereda sur de Apoquindo, frente al metro El Golf, la estructura de ocho pisos contrasta con los complejos corporativos de última generación que la rodean.

Hoy es conocido como “el edificio fantasma”: locales vacíos, fachadas con filtraciones, jardines descuidados y un ambiente de abandono que sorprende a transeúntes y vecinos.

Pero detrás de esa imagen hay una disputa que lleva más de una década. Vida Security, que tras su fusión con Bice busca consolidar su presencia en el distrito financiero más codiciado de la capital, necesita el 100% de la copropiedad para levantar su tercera torre corporativa en El Golf. Tiene ya poco más del 80%, pero tres propietarios se niegan a vender.

Estrategia de desgaste o simple abandono

Para quienes aún habitan en el inmueble, el deterioro no es casualidad. Denuncian que, al controlar la mayoría de la copropiedad, la empresa tiene influencia decisiva en la administración y, por lo tanto, en la falta de mantención.

“Estamos pagando gastos comunes que se duplicaron, pero sin que se hagan reparaciones. El edificio se cae a pedazos. Se siente como una estrategia de desgaste”, señala una residente, que prefiere resguardar su identidad.

Francisca Lizana, heredera de uno de los departamentos, añade: “En 2016 nos ofrecieron precios más altos que los que están sobre la mesa hoy. Ahora las ofertas bajaron, mientras la calidad de vida se deteriora”.

El resultado, según los vecinos, es un entorno cada vez más hostil: ascensores fuera de servicio durante meses, filtraciones que cruzan pisos completos, cortes de luz, plagas de palomas y accesos que se convierten en refugio de personas en situación de calle.

El valor del terreno y la lógica del mercado

En la industria inmobiliaria, el paño tiene un valor estratégico evidente. Está emplazado en uno de los pocos sitios disponibles en primera línea de Apoquindo, en pleno eje financiero de Las Condes, donde la escasez de suelo ha disparado los precios.

“Para un grupo financiero como Security, consolidar ese terreno significa un activo único. No se trata solo del edificio en sí, sino de su potencial de integración con las torres existentes”, explica un ejecutivo del rubro, que pide reserva.

No obstante, el mismo mercado reconoce la paradoja: mientras más se prolonga la negociación, mayor es el poder de quienes resisten. En la jerga inmobiliaria se habla del “premio de resistencia”, un sobreprecio que suele pagarse a los últimos propietarios para destrabar proyectos. Pero en este caso, los vecinos afirman que la tendencia ha sido inversa: las ofertas se redujeron con los años.

Un conflicto que trasciende el edificio

La disputa no solo afecta a los residentes. El mal estado del inmueble ha convertido la galería comercial en un espacio vacío que genera externalidades negativas en un barrio caracterizado por su alto estándar urbano.

Desde la municipalidad de Las Condes reconocen preocupación por la seguridad y limpieza del entorno, aunque la resolución del conflicto depende exclusivamente de la voluntad entre privados.

Por ahora, el proyecto de Vida Security sigue en pausa. La empresa declinó referirse al tema, limitándose a señalar que se trata de negociaciones privadas. Los vecinos, en tanto, aseguran que mantendrán la resistencia, aunque el desgaste se acumula tras años de incertidumbre.

“Esto no es solo un edificio viejo”, comenta uno de los copropietarios. “Es también la historia de personas que llevan décadas aquí y que se sienten arrinconadas frente a un gigante corporativo. El tiempo dirá quién se cansa primero”.

Entre comisiones y ética: la necesidad de profesionalizar el corretaje inmobiliario

Miles de actores, altas comisiones y prácticas poco éticas reabren el debate sobre regulación y profesionalización en el corretaje inmobiliario chileno.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El corretaje de propiedades en Chile es un mercado dinámico y en expansión, pero en los últimos días ha vuelto a estar bajo la lupa por las prácticas de algunos actores y la ausencia de regulación estricta.

Hasta 1989, la actividad estaba regulada y los corredores debían inscribirse en un registro nacional supervisado por el Ministerio de Economía. Hoy, cualquier persona puede ejercerla sin formación formal, y aunque existe un registro voluntario, no es obligatorio.

Según gremios del rubro, existen entre 5.000 y 7.000 corredores activos, especialmente concentrados en Santiago. Sin embargo, más de 30.000 entidades figuran registradas bajo el giro de corretaje de propiedades, según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 2020, reflejando la proliferación de independientes y la irrupción de plataformas digitales como Portal Inmobiliario, TocToc y Yapo.cl.

Empresas reconocidas como Property Partners, Engel & Völkers, Sotheby’s, Re/Max, Nexxos y Fuenzalida Propiedades lideran el sector tradicional, mientras miles de agentes independientes se suman al mercado, atraídos por la posibilidad de generar ingresos significativos por transacción.

“Las plataformas digitales han ampliado la competencia y el acceso al mercado, pero también han generado desafíos en términos de transparencia y profesionalismo”, señaló Soledad Gaete, presidenta de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (Acop), a Emol.

En una reciente carta a El Mercurio, Francisco Silva Domínguez denunció prácticas recurrentes: propiedades publicadas por múltiples corredores, anuncios sin autorización de los propietarios, ubicaciones incorrectas y ofertas de inmuebles ya vendidos. Además, indicó que algunos corredores priorizan sus comisiones sobre los intereses de sus clientes.

Javier Contreras, socio y cofundador de Sotheby’s Realty Chile, coincidió con este diagnóstico y enfatizó la necesidad de profesionalización: “Es fundamental establecer licencias obligatorias, exámenes, educación continua y sanción de malas prácticas. En Chile, cualquiera puede declararse corredor de un día para otro, lo que explica la disparidad en la calidad del servicio”, declaró a Emol.

Trinidad Cuevas, fundadora de Estudio Golondrina Propiedades, añadió que la ausencia de regulación genera un terreno fértil para abusos y fraudes, afectando la seguridad de compradores, vendedores y arrendatarios, según información entregada a Emol.

Visión gremial

Desde Acop, Gaete sostuvo que la falta de regulación favorece a quienes buscan aprovecharse del corretaje sin cumplir estándares éticos. “Tras la pandemia, muchas personas ingresaron al sector buscando ingresos extra, lo que multiplicó la oferta de corredores con calidades dispares”, comentó a Emol.

Por su parte, Patricio Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades (Anacopro), relativizó los riesgos: “Sería positivo un registro obligatorio, pero ya existen herramientas para evaluar a los corredores. La mayoría de las transacciones se realiza de buena fe y no se han reportado casos graves de fraude”, aseguró a Emol.

Francisco Labarca, académico de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que el corretaje chileno opera con un déficit evidente en estándares de entrada y certificación, exponiendo a compradores y vendedores a riesgos innecesarios. “Comparado con mercados desarrollados, la actividad carece de requisitos formales de educación y validación profesional”, señaló a Emol.

En cambio, Santiago Truffa, académico del ESE de la Universidad de los Andes, advirtió sobre los costos de sobre-regulación: “Chile ya es un país sobre regulado en muchos aspectos. Imponer nuevas barreras podría trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos, mientras que el mercado ya ofrece alternativas competitivas”, manifestó a Emol.

El desafío de profesionalizar sin frenar el mercado

El corretaje inmobiliario en Chile refleja un delicado equilibrio entre oportunidades económicas, ética profesional y seguridad para los clientes. El debate sobre licencias obligatorias, educación continua y sanciones por malas prácticas aún está abierto, mientras el mercado sigue creciendo impulsado por grandes empresas, intermediarios independientes y plataformas digitales.

La profesionalización del sector es clave para garantizar transparencia y confianza, sin limitar la competencia ni el dinamismo que caracteriza al corretaje de propiedades en el país. La pregunta que persiste es cómo lograr estándares internacionales de ética y desempeño sin frenar el desarrollo de un mercado que mueve millones de dólares cada año.

Licitación de la emblemática desaladora de Coquimbo: plazos ajustados y riesgo de quedar desierta

El ambicioso proyecto de abastecimiento hídrico enfrenta incertidumbre por plazos que las empresas consideran insuficientes para presentar ofertas competitivas, mientras el MOP mantiene firme la agenda pese a advertencias de sobrecostos y falta de competencia.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El próximo 2 de septiembre se cumple el plazo para presentar las ofertas técnicas y económicas del proyecto “Planta Desaladora de Coquimbo”, iniciativa emblemática del Gobierno para asegurar el suministro de agua potable a 460 mil habitantes de Coquimbo y La Serena.

Sin embargo, a pocas semanas de la fecha límite, el proceso enfrenta dudas sobre su viabilidad: parte de la industria advierte que los plazos son insuficientes para elaborar propuestas sólidas y competitivas, y que de no modificarse, la licitación podría quedar “desierta”.

La construcción de esta desaladora es un hito para el país: será la primera adjudicada bajo el sistema de concesiones de obra pública, a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El presupuesto de referencia alcanza más de UF 8 millones —cerca de US$ 333 millones— sin considerar el IVA, mientras que el subsidio estatal máximo permitido es de UF 13 millones —más de US$ 543 millones—, destinados a financiar parte de la construcción y operación de la planta.

En enero de 2024, el Gobierno presentó el proyecto con bombo y platillo, destacando su importancia estratégica en un país donde la escasez hídrica es un desafío recurrente. Desde entonces, las expectativas sobre el abastecimiento seguro de agua en la región se han combinado con preocupación en la industria ante la complejidad del proceso licitatorio.

La industria pide más tiempo

El lunes pasado, el MOP emitió una circular de 440 páginas con respuestas a las consultas planteadas por las empresas interesadas. Si bien esto resolvió muchas dudas sobre compromisos de compra de agua, riesgos ambientales, hallazgos arqueológicos y financieros, algunas de las respuestas cambiaron elementos críticos del proyecto, como el volumen de agua garantizado y la fórmula de indexación de las tarifas.

“Es frustrante. Algunas respuestas cambian parámetros clave y no hay espacio para aclarar nuevas dudas”, comenta Carlos Foxley, representante de IDE Technologies, una de las compañías interesadas.

Waldo López, gerente de Desarrollo y Negocios de Acciona Agua, agrega que pese a la emisión de la circular, “surgen nuevas dudas y no hay espacio para preguntar ni que hayan respuestas”.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, Cristina Pardo, advierte que “no es sano hacer estas cosas sin el tiempo que se requiere de análisis porque generalmente se traducen en sobrecostos futuros. Si algo no está bien planificado tiende a fallar”.

Desde la industria sostienen que para analizar en profundidad la bancabilidad del proyecto, la estructuración del modelo de negocio y los riesgos técnicos que cada empresa podría asumir, se necesitaría postergar el plazo de presentación entre dos y tres meses, idealmente hasta noviembre.

“Si no se ajustan los plazos, se reducirá significativamente la cantidad de empresas interesadas. Esto hará que el proceso sea menos competitivo y que el precio final que se oferte aumente, generando un costo mayor para el Estado y, por lo tanto, para el contribuyente”, explica Pardo.

Plazos bajo presión política

El MOP ha recibido solicitudes formales de seis grupos licitantes pidiendo un aumento en los plazos. Fuentes ligadas a la industria indican que la Dirección General de Concesiones analiza estas solicitudes, pero que existe resistencia a modificar la fecha límite.

“Todos saben que sería lo correcto técnicamente, pero la decisión final parece estar marcada por un tema político”, comenta Pardo. Según las mismas fuentes, el Ejecutivo busca cumplir con un compromiso público del presidente Boric y los congresistas de la región: adjudicar la desaladora lo antes posible, en vísperas de elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Al mundo político le va a costar explicar que hay una postergación. Existe presión por cumplir con los anuncios y mostrar avances tangibles en la región”, añade Foxley.

El ajuste insuficiente de los plazos no solo amenaza la competencia y el precio final, sino que podría afectar la ejecución misma del proyecto. “Si no se dedica el tiempo necesario a estudiar los contratos, la estructuración financiera y los riesgos técnicos, el proyecto puede enfrentar sobrecostos o incluso dificultades operativas en el futuro”, advierte Pardo.

Desde la DGC, en tanto, señalaron que el tema está “en análisis y se espera resolver a la brevedad”, aunque no precisaron si habrá modificación de las fechas.

Para la industria, el mensaje es claro: avanzar con los plazos actuales aumenta la probabilidad de que ninguna empresa presente una oferta sólida, con el consiguiente riesgo de que la licitación quede desierta y que el Estado enfrente mayores costos si el proyecto se ejecuta de manera menos competitiva.

El desafío de garantizar agua en Coquimbo

La desaladora de Coquimbo se ha convertido en un símbolo de la necesidad de infraestructura estratégica frente a la escasez hídrica. Su éxito depende no solo de la capacidad técnica de las empresas licitantes, sino también de la planificación y ejecución del Gobierno. La tensión actual entre los plazos, las demandas de la industria y la presión política evidencia que, en materia de agua, el tiempo es tan valioso como el recurso mismo.

Si la licitación logra ajustarse a las necesidades de las empresas interesadas, se abrirá la puerta para la construcción de una planta que podría asegurar la estabilidad hídrica de la región por décadas.

Si no, el proyecto emblemático corre el riesgo de convertirse en un símbolo de la complejidad de ejecutar infraestructura pública bajo presión política y sin margen de análisis técnico adecuado.

CES celebra 10 años y lanza libro conmemorativo que refleja el impacto de su certificación en la infraestructura sustentable de Chile

Publicación recopila una década de logros de la Certificación Edificio Sustentable, que ha transformado la edificación pública en el país mediante el diseño pasivo y estándares de eficiencia energética, con más de 150 proyectos certificados y 350 en proceso.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En un acto que reunió a autoridades, instituciones fundadoras y actores del mundo público y privado, la Certificación Edificio Sustentable (CES) presentó el libro “El impacto de una década: Edificios Certificados CES”, una obra que documenta sus primeros 10 años de trayectoria, avances e impacto en la infraestructura nacional.

Desde su creación en 2014, el sistema ha certificado más de 150 proyectos y tiene otros 350 en curso, consolidándose como el principal referente de construcción sustentable en Chile y uno de los más relevantes en Latinoamérica en términos per cápita.

El presidente de CES, Ricardo Fernández, subrayó que el libro “refleja el impacto de un gran trabajo, de un equipo que ha desarrollado una certificación que está generando un cambio hacia el futuro”. Mauricio Salinas, presidente del Instituto de la Construcción —entidad administradora del sistema—, recalcó el aporte en el sector público, donde se concentra gran parte de las certificaciones.

El modelo CES se basa en el diseño pasivo y la eficiencia de recursos, logrando, a 2024, reducciones anuales equivalentes a 51 millones de kWh (el consumo de 17.000 viviendas), 25.900 toneladas de CO₂ (similar a retirar 11.000 autos de circulación por un año) y ahorros sociales estimados en $1.800 millones por disminución de emisiones.

Desarrollado a partir de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de la Construcción, CES ha incorporado también a los ministerios de Energía y Vivienda, fortaleciendo su alcance. Según Paola Molina, past president de CES, la certificación “corona un proceso de más de 20 años de trabajo” y pone el foco en decisiones arquitectónicas que generan ahorros sostenibles a largo plazo.

Adaptado a la geografía y clima de Chile, CES se proyecta como herramienta clave para enfrentar la crisis climática y ya es reconocido por su crecimiento y respaldo internacional.

El libro, desarrollado junto a estudiantes de la Universidad de Chile y con apoyo de empresas como 88, EBP Chile, Ecosustenta y Volcán, incluye una línea de tiempo, fichas técnicas y análisis de proyectos destacados, convirtiéndose en un insumo de referencia para la industria y la academia.

Visión compartida: dos liderazgos proyectan la Red ECC como motor de la economía circular en Chile

Marisol Cortez, de la Cámara Chilena de la Construcción, y Patricia Pastén, del Gobierno de Santiago, asumen la presidencia del Comité Consultivo de la Red Circular de la Construcción. Desde sus respectivos ámbitos, ambas impulsan un modelo de colaboración público-privada y territorial para transformar estructuralmente la industria.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La economía circular ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una urgencia estratégica. Y en el sector construcción, uno de los mayores generadores de residuos en Chile, este cambio ya comenzó. La reciente instalación de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) marca un punto de inflexión, gracias a un liderazgo dual que conjuga mirada técnica, gremial y territorial.

Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago, asumen la presidencia del Comité Consultivo de la Red con una convicción compartida: la transformación del sector solo será posible si se articula a toda la cadena de valor, con participación activa del mundo público y privado.

“Esto no es solo compromiso, es liderazgo para generar cambios concretos”, afirma Cortez. Desde su rol en la CChC, apuesta por movilizar a proveedores, constructoras e inmobiliarias hacia un modelo circular, a través de pilotos replicables, manuales prácticos y programas de capacitación. Pero su meta va más allá de lo técnico: busca articular territorios, conectando comunas generadoras y receptoras de residuos a través de esquemas de simbiosis industrial. “La Red ECC no puede ser solo de Santiago; debe ser un modelo para todo el país”, recalca.

En paralelo, Patricia Pastén plantea que la clave está en conectar lo local con lo estratégico, integrando a municipios y gobiernos regionales a la Red. “La economía circular también debe generar capacidades en los territorios, fortalecer ecosistemas y abrir oportunidades reales para comunidades y empresas locales”, señala.

Ambas coinciden en que uno de los grandes desafíos es la brecha de infraestructura para la valorización de residuos, la falta de normativas habilitantes y la baja articulación entre actores del ecosistema. Por eso, apuestan por una gobernanza que habilite colaboración permanente, con foco en información confiable, reglas claras y mecanismos que incentiven la reutilización y transformación de materiales.

“La circularidad no es solo un deber ambiental. Es una oportunidad económica: anticiparse a regulaciones, reducir costos y abrir nuevos modelos de negocio”, resume Pastén.

Desde esa convicción, la Red ECC busca consolidarse como una plataforma habilitante para la transición del sector, promoviendo inversiones verdes, compras públicas sustentables, articulación público-privada y generación de conocimiento aplicado.

Ambos liderazgos coinciden en que el desafío no solo es técnico ni ambiental: es político, social y económico. Y el momento de actuar es ahora.

Un hospital en construcción y una ciudad que empieza a cambiar

En el corazón del sur de Chile, Puerto Varas se prepara para recibir un hospital largamente esperado. Pero no sólo traerá salud: cambiará la forma de vivir, trabajar y alojarse en la ciudad.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En una colina al borde del crecimiento urbano de Puerto Varas, entre maquinaria pesada, obreros en faena y la humedad constante del sur chileno, comienza a erigirse un hospital. No es cualquier obra: para una ciudad que hasta ahora ha vivido a la sombra de Puerto Montt —el gran nodo urbano de la Región de Los Lagos—, este proyecto representa mucho más que infraestructura sanitaria. Significa un cambio profundo en el mapa de prioridades, flujos humanos y oportunidades económicas.

Aún en fase de construcción, el nuevo hospital de Puerto Varas ya proyecta su sombra sobre la vida cotidiana. Tendrá 190 camas, ocho quirófanos y 42 boxes de atención. Su diseño busca no solo resolver parte de la sobrecarga crónica del sistema público de salud, sino también ofrecer atención digna y cercana a miles de personas que, hasta hoy, deben recorrer largas distancias y esperar hasta 12 horas en urgencias saturadas.

“La realidad de nuestros vecinos es que no pueden hospitalizarse o atenderse en su propia ciudad”, afirma Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas. “El tiempo que se retrasa la atención médica afecta directamente la calidad de vida. Este hospital es fundamental para cambiar esa historia”.

Una región dispersa, una necesidad central

La geografía del sur de Chile, con lagos, fiordos y cordilleras, impone sus propias reglas. En comunas como Frutillar, Llanquihue o Cochamó, el acceso a centros de salud complejos requiere horas de viaje. Aunque Puerto Montt funciona como capital regional y eje sanitario, la demanda supera su capacidad.

Juan Fernando Alvarado Soto, seremi del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Los Lagos, explica que la magnitud del proyecto responde a una realidad evidente: “No es sólo Puerto Varas. Este hospital permitirá descongestionar otros centros y facilitar el acceso a salud a toda la zona. Es una obra que realmente cambia vidas”.

La inversión, respaldada por el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y el Servicio de Salud, se acompaña de una coordinación inédita entre estamentos públicos. Pero lo más interesante es quizás el efecto dominó que ya empieza a activarse más allá del sector sanitario.

Renta corta, una tendencia en expansión

A pocas cuadras del lugar donde se levantan las futuras salas de cirugía, Álvaro Ríos mira el horizonte con una mezcla de optimismo y cálculo. Es CEO de Welcome Inn Chile, una empresa local dedicada a gestionar alojamientos temporales —o “renta corta”— en distintas comunas de la Región de Los Lagos.

Su negocio nació enfocado en el turismo, pero hoy se adapta a un nuevo tipo de visitante: pacientes que deben asistir a exámenes, tratamientos o controles médicos, y familiares que viajan para acompañarlos. La salud, para Ríos, también mueve camas —aunque no sean hospitalarias.

“Vemos que la construcción del hospital traerá profesionales de la salud que se instalarán en la ciudad, pero también usuarios que vendrán por períodos breves. Personas que antes debían quedarse en Puerto Montt ahora lo harán aquí, en Puerto Varas”, explica. “Para ellos, la renta corta ofrece soluciones prácticas, humanas y accesibles”.

Según Ríos, ya trabajan en adaptar su oferta a esta nueva demanda: alojamientos con acceso sencillo, estancias flexibles, incluso servicios que ayuden a personas con movilidad reducida. “No se trata de competir con la hotelería tradicional, sino de llenar un vacío que hoy nadie cubre bien: el alojamiento vinculado a la salud”.

En ciudades como Santiago o Valdivia, esta lógica ya se ha instalado, con clínicas privadas y hospitales públicos que generan micromercados de arriendos por días o semanas. Ahora es el turno del sur.

Urbanismo social: la ciudad que se transforma

La construcción del hospital coincide con un momento en que Puerto Varas vive una tensión entre su vocación turística y su crecimiento demográfico. Los residentes enfrentan un alza en el costo de la vivienda, y muchos se trasladan a sectores periféricos. Al mismo tiempo, se multiplican los emprendimientos que intentan encontrar un espacio entre lo local y lo global.

“La ciudad está cambiando. Lo vemos en el transporte, en la presión sobre servicios, en la manera en que se habita”, dice el alcalde Gárate. “El hospital puede y debe ser un núcleo integrador, un punto de equilibrio para ese cambio”.

En efecto, en torno a esta obra se abren nuevas preguntas: ¿cómo afectará al mercado inmobiliario? ¿Qué tipo de urbanismo puede acompañar esta expansión? ¿Habrá servicios adecuados para los nuevos profesionales que llegarán con el hospital?

Para algunos, como Álvaro Ríos, las respuestas pasan por la colaboración público-privada. “Nosotros podemos contribuir desde nuestra experiencia. Hay una oportunidad para desarrollar soluciones que beneficien a quienes más lo necesitan, con dignidad y eficiencia”.

Más que salud

El hospital de Puerto Varas aún no abre sus puertas, pero ya es un símbolo. No sólo de progreso, sino de la posibilidad de que las ciudades pequeñas también tengan un rol estratégico en el sistema de salud. Su impacto no se medirá sólo en camas ocupadas o cirugías realizadas, sino en cómo transforma el modo de vivir y habitar un territorio.

Desde la maquinaria que excava el terreno hasta los proyectos de alojamiento que se adaptan a nuevos públicos, todo parece girar en torno a la idea de cuidado: cuidar a los pacientes, cuidar a quienes los acompañan, y cuidar una ciudad que empieza a construir no sólo un hospital, sino un futuro más digno.

La crisis habitacional, un riesgo global: España y Chile enfrentan el desafío de garantizar el acceso a la vivienda

Mientras España enfrenta el colapso de su mercado del arriendos y la gentrificación turística, Chile busca reactivar la compra con subsidios estatales y nuevas garantías. ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado sin desvirtuar el mercado?

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios y Renato Herrera Lagos

El acceso a la vivienda ha dejado de ser solo una cuestión social. Hoy es también un factor macroeconómico crítico. Esa es la advertencia que lanza el Banco de España en su Informe Anual 2024: si no se abordan los profundos desequilibrios entre oferta y demanda de vivienda, el mercado inmobiliario puede convertirse en un “cuello de botella” para el crecimiento económico y en un “problema social de primera magnitud”.

A más de 10.000 kilómetros al sur, Chile ha llegado a un diagnóstico similar, aunque desde un ángulo distinto: el estancamiento del mercado inmobiliario, con más de 100 mil viviendas nuevas sin vender, obligó al Congreso a aprobar en mayo de 2025 un subsidio estatal a la tasa hipotecaria, junto con una garantía pública, en un intento por estimular la demanda y contener el deterioro de la industria.

Dos países. Dos modelos. Pero una misma urgencia: la vivienda como derecho básico y motor económico.

España: cuando la vivienda se convierte en privilegio

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación para los españoles, por encima incluso de la inflación o el desempleo.

El informe del Banco de España detalla que este problema se agrava por una combinación letal: una oferta escasa, una demanda creciente (impulsada por flujos migratorios y compradores no residentes), y una presión turística que transforma viviendas en activos especulativos.

El resultado es un aumento del 8,7% en el precio real de la vivienda solo en 2024, con incrementos aún más marcados en las zonas turísticas, como Alicante o Málaga. El alquiler, por su parte, subió en torno a un 10%, según estimaciones de los principales portales inmobiliarios.

El número de operaciones de compraventa alcanzó las 715.000 en 2024, pero el 90% de ellas correspondió a viviendas de segunda mano. La nueva construcción —aunque en crecimiento— no logra absorber la demanda: solo se visaron 127.500 nuevas unidades en todo el año. La rehabilitación, con apenas 24.000 permisos, también quedó por debajo de las metas del Plan de Recuperación español.

La consecuencia más grave, advierte el informe, la viven los jóvenes: una tasa de empleo del 43,2%, con un 20% de paro, y apenas el 10,4% de los compradores menores de 30 años. La emancipación juvenil se retrasa y la propiedad se vuelve una aspiración lejana.

Chile: estimular la compra como respuesta al sobrestock

En Chile, el problema es casi inverso. Mientras España enfrenta una demanda intensa con poca oferta, el mercado chileno sufre de exceso de oferta y demanda débil. Para revertir esta situación, el Congreso aprobó un subsidio a la tasa hipotecaria de 60 puntos base, destinado a personas naturales que compren su primera vivienda nueva de hasta 4.000 UF (unos 140.000 USD).

La medida se complementa con una garantía estatal del 60% del valor del inmueble, un mecanismo que busca reducir el riesgo bancario y facilitar condiciones más flexibles de financiamiento.

Se trata de una intervención ambiciosa, con potencial de transformar el mercado, pero también con riesgos estructurales: “Este tipo de subsidios puede terminar elevando artificialmente los precios si no se acompaña de un aumento sostenido en la oferta y una regulación eficaz”, advierte el economista urbano Tomás Herrera.

Y es que el problema de fondo en Chile —como en España— es estructural: un sistema que no logra generar suficiente vivienda social ni de arriendo asequible, y que ha delegado en el mercado la mayor parte de la solución habitacional.

Lo que une a ambas crisis: desigualdad, inversión extranjera y gentrificación

Pese a las diferencias de contexto, las causas profundas coinciden: la transformación de la vivienda en un activo de inversión, la presión de los alquileres turísticos, la falta de suelo urbano bien planificado, y el impacto de los flujos migratorios no siempre acompañados de políticas habitacionales integradas.

En España, los compradores no residentes representan ya el 8,4% de las operaciones, y poseen más de medio millón de viviendas. En zonas costeras, como Alicante, llegan al 11%. En Chile, si bien la proporción de inversión extranjera en vivienda es menor, la expansión de plataformas como Airbnb también ha afectado el acceso a arriendo en ciudades como Santiago, Valparaíso o Puerto Varas.

A ambos lados del Atlántico, el fenómeno de la gentrificación transforma barrios populares en enclaves turísticos, desplazando a residentes históricos y profundizando la brecha social.

¿Qué se puede hacer?

Según reporte obtenidos del Banco de España, ellos propone una batería de cinco medidas urgentes:

  1. Garantizar seguridad jurídica y contractual en el mercado.
  2. Fomentar la colaboración público-privada para viviendas de alquiler asequible.
  3. Reducir trabas administrativas para la construcción y rehabilitación.
  4. Impulsar la construcción industrializada para abaratar costos.
  5. Crear programas de compensación para arrendadores.

En Chile, el desafío será evaluar el impacto real del nuevo subsidio y evitar que este beneficio transitorio se transforme en una distorsión estructural. “Sin una política de suelo, sin arriendo protegido y sin participación del Estado en la producción directa de vivienda, todo esfuerzo será limitado”, afirma Carolina Véliz, urbanista y asesora de políticas públicas.

La vivienda como síntoma y como solución

Lo que está en juego no es solo la capacidad de adquirir una casa. Es el tipo de sociedad que queremos construir. Si el acceso a la vivienda sigue dependiendo del ingreso, el crédito o la herencia, la desigualdad se convertirá en destino.

La gran lección de España y Chile es clara: la vivienda ya no puede tratarse como un bien de consumo individual, sino como infraestructura básica para una economía justa y una democracia estable. Y el reloj corre.

Chile y el boom de la renta corta: entre la inversión rentable y los desafíos urbanos

Factores como la rentabilidad inmediata, apalancamiento turístico, barrios consolidados y la plusvalía del sur de Chile, han aportado a este negocio.

Por Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado chileno de arriendos temporales vive un auge sin precedentes. Impulsado por plataformas digitales, el turismo pospandemia y una creciente profesionalización del sector, la llamada «renta corta» se ha consolidado como una alternativa de inversión con alta rentabilidad. Santiago, Viña del Mar y La Serena lideran el fenómeno, mientras los expertos advierten sobre los efectos secundarios en la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda.

“El crecimiento ha sido explosivo. La renta corta ya no es una tendencia; es una realidad instalada en las grandes ciudades de Chile y los destinos turísticos clave”, señala Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, en conversación con MercadoSinmobiliarios.cl.

Según cifras de HOM Group, durante 2024 se registraron más de 4,6 millones de noches reservadas a través de plataformas como Airbnb, un 47% más que el año anterior. La ocupación promedio en Santiago alcanzó el 62%, con picos del 78% durante la temporada de invierno, especialmente en comunas como Las Condes, Providencia y Santiago Centro, donde barrios como Lastarria y Bellas Artes superaron incluso el 80%.

Rentabilidad inmediata

La promesa de ingresos por encima de la cuota hipotecaria ha hecho que muchos inversionistas opten por destinar sus departamentos a la renta corta en vez de alquilar a largo plazo. En algunas zonas de Santiago, los retornos netos anuales superan el 8%, mientras que en ciudades como Pucón o Viña del Mar se ha observado un incremento del 40% en la demanda de alojamiento temporal durante el verano de 2025.

“Estamos viendo cómo pequeños y medianos inversionistas están entrando al mercado con una mentalidad empresarial. La gestión es clave: ya no basta con publicar el anuncio, hay que preocuparse del servicio, del mantenimiento y de la experiencia del huésped”, apunta Antonio Eyzaguirre, cofundador de la plataforma Welcomy, durante la Expo Renta Corta 2025, donde más de 3.000 asistentes se reunieron para conocer las últimas tendencias del sector.

Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital, destaca que “la renta corta ha transformado el panorama inmobiliario, especialmente en comunas estratégicas como Santiago Centro, Providencia y Las Condes, donde la ocupación promedio ya supera el 75%. Este modelo no solo ofrece alta rentabilidad para inversionistas, sino también flexibilidad para los viajeros, quienes priorizan experiencias únicas y alojamiento bien ubicado. En Rabbitts Capital, entendemos que este fenómeno es más que una tendencia; es una oportunidad para transformar propiedades en activos altamente rentables”.

Tensiones con la comunidad

Sin embargo, el auge no ha estado exento de tensiones. La proliferación de alojamientos temporales en edificios residenciales ha generado malestar entre los vecinos, sobre todo por el alto flujo de personas y la falta de regulación específica. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria, reformada en 2022, permite a las comunidades de propietarios limitar o prohibir los arriendos turísticos en sus edificios, medida que algunos comités de administración ya están aplicando.

“Lo que comenzó como una solución flexible para viajeros se ha convertido en un problema para muchos residentes. Hay edificios donde más del 50% de las unidades son usadas como alojamientos temporales, lo que cambia completamente la dinámica de la comunidad”, comenta Marisol Reyes, administradora de condominios en Santiago.

Además, especialistas advierten sobre el impacto de la renta corta en el mercado de alquiler tradicional. “A medida que más propiedades migran a este modelo, se reduce la oferta para quienes buscan arrendar por años, presionando los precios al alza. En ciudades con déficit habitacional, esto puede agravar aún más el problema”, explica Tomás González, economista urbano de la Universidad Católica.

Mirando al futuro

Las proyecciones para 2025 son optimistas. HOM Group estima que la renta corta generará ingresos por USD 413 millones, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al año anterior. El empuje del turismo brasileño, una buena temporada de nieve y eventos internacionales están entre los factores que impulsan la demanda.

No obstante, voces dentro del propio sector piden mayor regulación y estándares comunes. “Necesitamos avanzar hacia una industria más profesionalizada, con reglas claras para todos los actores. El crecimiento debe ser sostenible, tanto para los inversionistas como para las comunidades que habitan estos espacios”, concluye Antonio Eyzaguirre.

En medio de este panorama, Chile se enfrenta al desafío de integrar esta nueva forma de habitar y rentabilizar las ciudades sin sacrificar la convivencia urbana ni el acceso a la vivienda. Un equilibrio difícil pero necesario si se quiere sostener el auge de la renta corta más allá del entusiasmo inicial.

Crisis Habitacional en Chile: Más de 900 Mil Viviendas Faltantes

Uno de los factores clave de esta crisis es el aumento de los precios de las viviendas, el cual ha superado ampliamente el crecimiento salarial desde 2013.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La crisis de la vivienda en Chile es un problema persistente que afecta a miles de familias en todo el país. Hacinamiento, campamentos, tomas, allegados y arriendos a precios elevados son parte del panorama de un sector donde predominan los proyectos inmobiliarios privados.

El reciente desalojo del campamento Lajarillas, en Viña del Mar, puso en el centro del debate la falta de soluciones habitacionales. La medida, ejecutada con fuerza pública y maquinaria pesada bajo la supervisión del delegado presidencial Yanino Riquelme, reflejó la falta de alternativas habitacionales efectivas para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el déficit habitacional en Chile supera las 927 mil viviendas, a lo que se suman 114 mil familias que residen en asentamientos irregulares.

Uno de los factores clave de esta crisis es el aumento de los precios de las viviendas, el cual ha superado ampliamente el crecimiento salarial desde 2013, profundizando la brecha de acceso a una vivienda digna.

Sebastián Bowen, director ejecutivo de la fundación Déficit Cero, señala que, además de las familias que viven en asentamientos informales, existen otras 460 mil que están en riesgo de caer en esta situación, ya sea por vivir como allegados, enfrentar arriendos informales o sufrir condiciones de hacinamiento.

A esta realidad se suman los más de 1.5 millones de hogares que requieren apoyo estatal para acceder a una vivienda. De acuerdo con Bowen, este grupo se compone de 400 mil allegados, 200 mil familias en hacinamiento y más de 800 mil hogares que arriendan, muchos de los cuales destinan más del 30% de sus ingresos al pago de su arriendo.

Las mujeres, jóvenes y migrantes son los grupos más afectados por esta crisis, destinando una parte significativa de sus ingresos al arriendo de viviendas y obligándose a priorizar el trabajo por sobre otras necesidades para garantizar su subsistencia.

Los constantes desalojos de campamentos, como la amenaza de desalojo en Cerro Centinela, San Antonio, evidencian no solo el déficit habitacional, sino también el respaldo del Estado a un mercado inmobiliario que dificulta el acceso a la vivienda para miles de familias que buscan un techo digno.

02 DE JUNIO 2020 / VIÑA DEL MAR Vista de la toma en Puerto Aysen, Forestal Alto. La pandemia del Coronavirus y la crisis economica que ha desatado el aumento de las tomas de terrenos en la region de Valparaiso. Esto ha provocado la preocupacion de las autoridades locales, debido que la falta de condiciones sanitarias, puede provocar un aumento explosivo en los casos de Covid-19, ad portas del invierno. FOTO: SANTIAGO MORALES/AGENCIAUNO

Opinión de la empresa

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de suspensión del desalojo de la megatoma de San Antonio por un plazo de seis meses, tras el acuerdo logrado por el Gobierno y los dueños del terreno del cerro Centinela para encontrar una solución, estableciendo la conformación de una comisión técnica, con representantes del municipio, del Gobierno y los propietarios, para determinar las condiciones en que se podría vender la propiedad para evitar el desalojo.

Ante esto, expertos inmobiliarios han dado su opinión sobre el manejo que se le ha dado a este caso, y cómo podría repercutir en futuras tomas. Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers, señala que lo que se está haciendo hoy es inviable. “Pretender que miles de familias organizadas en cooperativas logren comprar un terreno que ocupan ilegalmente, en plazos cortos y sin un plan realista de financiamiento, es desconocer la magnitud del problema. Mientras tanto, se posterga cualquier solución efectiva y se deja abierta la puerta a que esto vuelva a ocurrir.

Para Correo, el gran problema del Estado es que no interviene al momento de comenzar una toma, cuando aún es posible frenarla. «Se deja al propietario privado completamente solo y, en poco tiempo, la ocupación se vuelve inmanejable. Luego, cuando el problema escala, la solución termina siendo postergarlo en vez de enfrentarlo”, señala.

Por su parte, Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers, destaca que “El año 2019 comenzó la toma con demarcación de terrenos; hoy tiene 4150 viviendas construidas en autoconstrucción, alberga cerca de 10.000 personas en 2.200.000 m2 de terreno, aproximadamente.  La magnitud de la toma se ha hecho inmanejable para las autoridades: un desalojo hubiera sido una operación de alto costo político en caso de haberse materializado».

El Vicepresidente de Colliers, advierte que. «Estamos frente a un arreglo forzado entre el fisco y la propietaria, vulnerando toda la política habitacional y todo principio de equidad. El acuerdo de compra, con garantía estatal, de un loteo brujo, se saltaría toda la extensa y profusa permisiología y exigencias normativas. Si la única solución es saltarse todo el ordenamiento jurídico y normativo, es una invitación explícita a imitar”.

Correa agrega que la propuesta del Minvu para la megatoma de San Antonio no resuelve nada. “No se están haciendo cargo de la ocupación ilegal del terreno ni del precedente que esto genera. En lugar de asumir el costo político de un desalojo, el Gobierno opta por trasladar el problema al siguiente.

«Expertos urbanistas han advertido que esta medida puede generar un efecto dominó, incentivando nuevas tomas al dar la señal de que la usurpación puede terminar en propiedad. Constitucionalistas, por su parte, han cuestionado la legalidad de estos acuerdos y el impacto que pueden tener sobre el derecho de propiedad», sentencia el ejecutivo.

Junto a eso, el eejcutivo advierte que para «quienes han seguido los canales formales para acceder a una vivienda ven cómo la institucionalidad los deja en desventaja frente a quienes recurren a la ocupación ilegal. El problema es real y urgente, pero la solución no puede ser validar la ilegalidad ni generar incentivos perversos que agraven la crisis”.

En tanto, Gleisner enfatiza que ante problemáticas de esta índole las soluciones pueden ser disruptivas, pero tienen que respetar las normas esenciales. “La priorización y la simplificación de las normas es un tema prioritario si se quiere, de verdad, disminuir el déficit habitacional. Las soluciones no pueden ser incentivo para vulnerar el derecho de propiedad y las leyes”, finaliza.

Mujeres en la construcción: un sector con barreras y desafíos pendientes

Apenas un 8,6% de la fuerza laboral en el sector corresponde a mujeres, lo que consolida a la construcción como la industria más masculinizada del país.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Un estudio inédito sobre la participación femenina en la construcción en Chile reveló que esta industria sigue siendo una de las más excluyentes para las mujeres.

La investigación, liderada por Carla Rojas Neculhual, Coordinadora de Inclusión y Género del Observatorio de Gestión de Personas del Departamento de Administración FEN Uchile, evidenció que la discriminación, la falta de infraestructura y el acoso laboral continúan siendo obstáculos para la equidad de género en el sector.

El informe, que consideró la opinión de estudiantes, trabajadoras y trabajadores del rubro, entregó cifras que dan cuenta de la realidad que enfrentan las mujeres en la construcción. Por ejemplo, el 60% de los trabajadores percibe discriminación de género. Un 50% de las mujeres ha recibido comentarios despectivos y el 44% de las trabajadoras ha sentido temor de ser acosada en su entorno laboral.

A ello se suma que apenas un 8,6% de la fuerza laboral en el sector corresponde a mujeres, lo que consolida a la construcción como la industria más masculinizada del país.

El estudio también identificó las principales dificultades que enfrentan las trabajadoras, como brechas salariales, ausencia de infraestructura adecuada y la normalización del acoso. Frente a este escenario, muchas mujeres optan por estrategias de adaptación, como sobrecualificarse, masculinizar su comportamiento o generar redes de apoyo con referentes masculinos.

“Este estudio confirma lo que muchas trabajadoras han denunciado por años: la construcción sigue siendo un entorno hostil para las mujeres. Ahora tenemos datos concretos para impulsar cambios reales”, afirmó Carla Rojas, coordinadora de la investigación.

Deficiencias en infraestructura y protocolos ineficaces

Otro hallazgo relevante es la precariedad de las condiciones laborales para las mujeres. Un 63% de las trabajadoras indicó que no existen salas de lactancia, mientras que el 43% señaló la ausencia de salas cuna o convenios para el cuidado infantil. Además, se constató la falta de vestidores, baños y espacios seguros para las trabajadoras.

En cuanto a la violencia de género, los protocolos vigentes resultan insuficientes, el 50% de las trabajadoras no confía en los canales de denuncia. El 40% indica que, aunque se compruebe un caso de acoso, no se aplican sanciones adecuadas y un  33% afirma que no denunciaría por temor a represalias o falta de respuesta efectiva.

Un llamado a la acción

Los resultados del estudio fueron presentados en un evento que contó con la presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, así como de representantes del sector público y privado. Durante la instancia, se debatieron las estrategias necesarias para transformar la industria en un espacio más equitativo.

«No se trata solo de abrir cupos para mujeres en la construcción, sino de garantizar condiciones dignas y seguras. Sin baños, sin vestidores y con brechas salariales del 30%, no hay igualdad real», enfatizó la ministra Orellana.

Por su parte, Paulina Temer, presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción, destacó que la equidad de género no es un tema exclusivo de las mujeres, sino un desafío para toda la industria. En la misma línea, Guillermo Gajardo, gerente general de Pocuro, afirmó que «la equidad de género en la construcción no es solo una cuestión de justicia social, sino una necesidad para el crecimiento del sector».

Hacia una industria más inclusiva

El estudio plantea la urgencia de implementar políticas públicas y estrategias empresariales concretas para mejorar la equidad de género en la construcción. Entre las medidas prioritarias destacan la formación con enfoque de género, la fiscalización de las condiciones laborales y la aplicación de protocolos efectivos contra el acoso.

El diagnóstico está claro. La interrogante ahora es si la industria está dispuesta a transformar su cultura y garantizar espacios seguros y equitativos para las mujeres.

17/09/2025 22:58
Jueves 18 de Septiembre de 2025
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