Uno de los factores clave de esta crisis es el aumento de los precios de las viviendas, el cual ha superado ampliamente el crecimiento salarial desde 2013.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
La crisis de la vivienda en Chile es un problema persistente que afecta a miles de familias en todo el país. Hacinamiento, campamentos, tomas, allegados y arriendos a precios elevados son parte del panorama de un sector donde predominan los proyectos inmobiliarios privados.
El reciente desalojo del campamento Lajarillas, en Viña del Mar, puso en el centro del debate la falta de soluciones habitacionales. La medida, ejecutada con fuerza pública y maquinaria pesada bajo la supervisión del delegado presidencial Yanino Riquelme, reflejó la falta de alternativas habitacionales efectivas para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.
Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el déficit habitacional en Chile supera las 927 mil viviendas, a lo que se suman 114 mil familias que residen en asentamientos irregulares.
Uno de los factores clave de esta crisis es el aumento de los precios de las viviendas, el cual ha superado ampliamente el crecimiento salarial desde 2013, profundizando la brecha de acceso a una vivienda digna.
Sebastián Bowen, director ejecutivo de la fundación Déficit Cero, señala que, además de las familias que viven en asentamientos informales, existen otras 460 mil que están en riesgo de caer en esta situación, ya sea por vivir como allegados, enfrentar arriendos informales o sufrir condiciones de hacinamiento.
A esta realidad se suman los más de 1.5 millones de hogares que requieren apoyo estatal para acceder a una vivienda. De acuerdo con Bowen, este grupo se compone de 400 mil allegados, 200 mil familias en hacinamiento y más de 800 mil hogares que arriendan, muchos de los cuales destinan más del 30% de sus ingresos al pago de su arriendo.
Las mujeres, jóvenes y migrantes son los grupos más afectados por esta crisis, destinando una parte significativa de sus ingresos al arriendo de viviendas y obligándose a priorizar el trabajo por sobre otras necesidades para garantizar su subsistencia.
Los constantes desalojos de campamentos, como la amenaza de desalojo en Cerro Centinela, San Antonio, evidencian no solo el déficit habitacional, sino también el respaldo del Estado a un mercado inmobiliario que dificulta el acceso a la vivienda para miles de familias que buscan un techo digno.
Opinión de la empresa
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de suspensión del desalojo de la megatoma de San Antonio por un plazo de seis meses, tras el acuerdo logrado por el Gobierno y los dueños del terreno del cerro Centinela para encontrar una solución, estableciendo la conformación de una comisión técnica, con representantes del municipio, del Gobierno y los propietarios, para determinar las condiciones en que se podría vender la propiedad para evitar el desalojo.
Ante esto, expertos inmobiliarios han dado su opinión sobre el manejo que se le ha dado a este caso, y cómo podría repercutir en futuras tomas. Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers, señala que lo que se está haciendo hoy es inviable. “Pretender que miles de familias organizadas en cooperativas logren comprar un terreno que ocupan ilegalmente, en plazos cortos y sin un plan realista de financiamiento, es desconocer la magnitud del problema. Mientras tanto, se posterga cualquier solución efectiva y se deja abierta la puerta a que esto vuelva a ocurrir.
Para Correo, el gran problema del Estado es que no interviene al momento de comenzar una toma, cuando aún es posible frenarla. «Se deja al propietario privado completamente solo y, en poco tiempo, la ocupación se vuelve inmanejable. Luego, cuando el problema escala, la solución termina siendo postergarlo en vez de enfrentarlo”, señala.
Por su parte, Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers, destaca que “El año 2019 comenzó la toma con demarcación de terrenos; hoy tiene 4150 viviendas construidas en autoconstrucción, alberga cerca de 10.000 personas en 2.200.000 m2 de terreno, aproximadamente. La magnitud de la toma se ha hecho inmanejable para las autoridades: un desalojo hubiera sido una operación de alto costo político en caso de haberse materializado».
El Vicepresidente de Colliers, advierte que. «Estamos frente a un arreglo forzado entre el fisco y la propietaria, vulnerando toda la política habitacional y todo principio de equidad. El acuerdo de compra, con garantía estatal, de un loteo brujo, se saltaría toda la extensa y profusa permisiología y exigencias normativas. Si la única solución es saltarse todo el ordenamiento jurídico y normativo, es una invitación explícita a imitar”.
Correa agrega que la propuesta del Minvu para la megatoma de San Antonio no resuelve nada. “No se están haciendo cargo de la ocupación ilegal del terreno ni del precedente que esto genera. En lugar de asumir el costo político de un desalojo, el Gobierno opta por trasladar el problema al siguiente.
«Expertos urbanistas han advertido que esta medida puede generar un efecto dominó, incentivando nuevas tomas al dar la señal de que la usurpación puede terminar en propiedad. Constitucionalistas, por su parte, han cuestionado la legalidad de estos acuerdos y el impacto que pueden tener sobre el derecho de propiedad», sentencia el ejecutivo.
Junto a eso, el eejcutivo advierte que para «quienes han seguido los canales formales para acceder a una vivienda ven cómo la institucionalidad los deja en desventaja frente a quienes recurren a la ocupación ilegal. El problema es real y urgente, pero la solución no puede ser validar la ilegalidad ni generar incentivos perversos que agraven la crisis”.
En tanto, Gleisner enfatiza que ante problemáticas de esta índole las soluciones pueden ser disruptivas, pero tienen que respetar las normas esenciales. “La priorización y la simplificación de las normas es un tema prioritario si se quiere, de verdad, disminuir el déficit habitacional. Las soluciones no pueden ser incentivo para vulnerar el derecho de propiedad y las leyes”, finaliza.
