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Inmobiliaria chilena solicita reorganización judicial por deudas que superan los $22 mil millones

La destacada empresa enfrenta una difícil situación financiera tras la resolución que le impidió continuar con un exclusivo proyecto en el sector de Colina.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El sector de la construcción suma un nuevo caso de crisis. En esta ocasión, se trata de una empresa fundada en 2015, responsable de un ambicioso proyecto residencial, que ha debido optar por medidas drásticas para evitar la quiebra.

Inmobiliaria e Inversiones Chicureo , ligada a los empresarios José Miguel Rawlins, expropietario de la discoteca Kamikaze, y Vittorio Corbo Urzúa, hijo del expresidente del Banco Central, ha solicitado acogerse a un proceso de reorganización judicial.

Las causas tras la crisis de Inmobiliaria Chicureo

A diferencia de otros casos en el sector, los problemas de esta firma están directamente relacionados con la imposibilidad de llevar a cabo el exclusivo proyecto Hacienda Guay Guay , que contemplaba la construcción de más de mil viviendas en la comuna de Colina.

Según la empresa, una resolución de la Contraloría General de la República en 2022, que afecta la construcción en una zona de protección ecológica, ha sido el detonante de la crisis. La inmobiliaria señala que los cambios en los criterios normativos y su aplicación retroactiva han generado un ambiente de incertidumbre jurídica que persiste, impidiendo avanzar en el desarrollo del proyecto.

«El proyecto de Inmobiliaria e Inversiones Chicureo (IIC), ubicado en Colina, se ha visto afectado por cambios en la normativa de permisos, lo que ha traído consigo dificultades para cumplir con los compromisos adquiridos», detalló la empresa en un comunicado.

Este retraso en la ejecución de las obras ha generado una deuda que supera los $22 mil millones, siendo sus principales acreedores Inmobiliaria Maitenes, Inmobiliaria DI y Banco Internacional. La situación aún se encuentra sin resolución, mientras la empresa busca reorganizarse para evitar la quiebra.

Juzgado de Chanco condena a Inmobiliaria al pago de costas en juicio contra defensor ambiental

Este litigio, iniciado en 2020, es un claro ejemplo de las conocidas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, más conocidas como SLAPPs (por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuits Against Public Participation).

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El Juzgado de Letras y Garantías de Chanco ha resuelto un caso de gran relevancia, al condenar a la Inmobiliaria Costa Calán al pago de los costos judiciales tras desistir de una demanda contra el defensor ambiental Rodrigo de la O Guerrero.

Estas demandas buscan silenciar y amedrentar a quienes defienden intereses públicos, como es el caso de De la O, quien desde hace años ha sido un crítico de proyectos inmobiliarios en zonas de alto valor ambiental, como el humedal costero Arcos de Calán, ahora declarado Santuario de la Naturaleza.

La controversia surgió cuando la inmobiliaria adquirió un terreno en las inmediaciones del humedal para la construcción de un condominio con 48 parcelas. Rodrigo de la O, representante de la ONG Vigilante Costero, expresó públicamente su preocupación por el impacto ambiental del proyecto, abogando por una regulación más estricta y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos de este tipo.

La inmobiliaria respondió con una demanda por más de 200 millones de pesos, alegando daños económicos y perjuicios a su imagen. Sin embargo, a lo largo del juicio, la empresa no presentó pruebas que sustentaran su reclamo, y dos días antes del cierre del período probatorio, decidió desistir de la demanda.

La abogada Tamara Navia, de la ONG FIMA, que representó a De la O, calificó el desistimiento como una prueba del uso instrumental de la acción judicial con el fin de intimidar al defensor ambiental y disuadir el ejercicio de su libertad de expresión y defensa del territorio.

Asimismo, subrayó la importancia de la resolución del Juzgado de Chanco, la cual es un paso fundamental para desalentar estas demandas abusivas y subraya la necesidad de regular y prevenir el uso de SLAPPs en Chile.

Este fallo no solo refuerza el derecho a la participación pública, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de proteger a quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos.

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