Este escenario ha llevado a la creación de parcelas en zonas carentes de infraestructura básica.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
La nueva ley de parcelaciones en Chile, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, busca establecer directrices claras para el uso de terrenos rurales, diferenciando entre aquellos destinados a fines agrícolas y los que serán usados para desarrollos residenciales.
Esta normativa responde a la necesidad de regular un mercado que, por décadas, ha operado bajo un marco de excepciones que data de los años 80. Sin embargo, este nuevo enfoque trae consigo importantes desafíos y oportunidades tanto para el sector agrícola como habitacional.
Cecilia Fajardo, Gerente de Valoración y Consultoría de Transsa, explicó que durante años el proceso de subdivisión de terrenos rurales ha carecido de una planificación adecuada y de una regulación efectiva. «El proceso de subdivisión de terrenos rurales ha estado regulado por un marco normativo de excepciones que data de principios de los años 80, permitiendo la división de predios rústicos sin una planificación adecuada ni una regulación efectiva».
Este escenario ha llevado a la creación de parcelas en zonas carentes de infraestructura básica, como caminos, agua potable y electricidad, afectando negativamente tanto a los nuevos residentes como a las comunidades vecinas.
Con la entrada en vigor de esta nueva ley, es probable que los precios de parcelas y viviendas en áreas rurales aumenten. Según Fajardo, el establecimiento de estándares mínimos de infraestructura y habitabilidad incrementará los costos de desarrollo, pero al mismo tiempo elevará la calidad de los proyectos. «Esta mayor inversión también se traducirá en desarrollos más sostenibles y con mejores condiciones de vida, lo que podría atraer a compradores que busquen proyectos de mayor calidad y seguridad», comentó.
En términos del mercado inmobiliario, la normativa será una oportunidad para formalizar y clarificar los requisitos que deben cumplir los desarrolladores en zonas rurales. De acuerdo con Fajardo, «para el mercado inmobiliario formal, la ley es una oportunidad, ya que aporta claridad sobre los requisitos que deben cumplir los desarrolladores». Esto acercará al sector rural a la normativa urbana, promoviendo un desarrollo más ordenado y reduciendo la cantidad de proyectos irregulares.
Por otro lado, la ley también beneficiará a las comunidades agrícolas, protegiendo las actividades productivas en estas zonas. «La nueva ley protege las actividades productivas al restringir el uso de terrenos agrícolas únicamente para fines residenciales», afirmó Fajardo, lo que asegura un equilibrio entre las necesidades habitacionales y la preservación del uso agrícola de la tierra.
No obstante, la normativa presenta desafíos para pequeños productores, quienes deberán adaptarse a nuevas normativas para mantener sus actividades. Se espera que el gobierno implemente incentivo fiscales y apoyo adicional para garantizar que estos productores puedan operar de manera sostenible.
Desde una perspectiva habitacional, Fajardo concluye que el aumento en los precios de los terrenos podría limitar el acceso a parcelas más asequibles. Sin embargo, este encarecimiento estaría justificado por la mejora en las condiciones de infraestructura y calidad de los proyectos, lo que a largo plazo beneficiará a quienes elijan establecerse en áreas rurales. «Se espera que este aumento de precios esté justificado por la mejora en las condiciones de los proyectos y la infraestructura disponible», añadió.
En definitiva, la nueva ley de parcelaciones promete ser un avance en la regulación del uso de terrenos rurales en Chile, buscando un desarrollo más ordenado y sostenible, que beneficie tanto al sector agrícola como al habitacional.
