En Chile, los estadios de fútbol dejaron de ser espacios públicos para transformarse en símbolos del abandono. Lo que antes eran verdaderas ágoras modernas, puntos de encuentro comunitario y centros de identidad barrial, hoy son estructuras deterioradas, clausuradas o directamente inexistentes. Y el problema no es técnico, es social.
No es solo que falten estadios: falta visión. Falta voluntad política. Falta una política urbana y deportiva que entienda que el estadio no es solo una cancha con graderías. Es un espacio de construcción de ciudadanía, un lugar de cohesión y pertenencia.
Cuando un club no tiene casa propia —como le ocurre hoy a la mayoría en Santiago—, se rompe un vínculo esencial entre el equipo, su comunidad y el entorno urbano.
Santiago, con más de siete millones de habitantes, no puede seguir funcionando como una ciudad que relega el fútbol a un segundo plano, como si se tratara de un entretenimiento prescindible. Hoy, solo tres clubes capitalinos cuentan con estadios habilitados.
El resto vaga de cancha en cancha, desplazando a sus hinchas, desconectando generaciones y forzando a las instituciones a arrendar recintos bajo condiciones cada vez más precarias.
La situación del Estadio Santa Laura, recientemente clausurado por problemas en su superficie de juego, es un síntoma más de esta crisis estructural.
Pero el caso más paradigmático sigue siendo el de Universidad de Chile, uno de los clubes más populares del país, que jamás ha tenido un estadio propio. El sueño de construir uno fue sepultado hace décadas, y con él, la posibilidad de que sus hinchas construyeran un espacio identitario.
Los estadios abandonados o mal gestionados no solo empobrecen al fútbol: empobrecen a la ciudad. Se pierde espacio público, se desvanece la cultura local, se erosiona el tejido social.
En muchas comunas, la falta de un estadio operativo equivale a perder el único punto de encuentro masivo que podía convocar a miles de personas sin distinción de clase, edad o ideología.
Chile necesita una nueva mirada. Una que entienda que el estadio es parte del ecosistema urbano y no una anomalía dentro de él. Que reconozca que invertir en estadios no es malgastar recursos, sino fortalecer la vida comunitaria, generar polos de desarrollo, dar trabajo, atraer turismo y reducir brechas.
Que se puede —y se debe— planificar su integración con el transporte, el comercio y el espacio público.
Mientras no lo hagamos, seguiremos viendo a clubes desplazados, hinchas sin tribunas, comunas sin identidad y ciudades que olvidaron que, muchas veces, el fútbol no era solo un deporte: era lo único que unía.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
En el año 1948, a través de la ley Pereira N° 9.135, se originaron este tipo de casas de buena construcción dirigidas a la clase media, en el año 1953 se creó la Corporación de la Vivienda (Corvi), en el año 1959 se originaron las «viviendas económicas» DFL2, con innumerables privilegios tributarios, que vinieron a reemplazar a las viviendas Pereira, en el año 1960 se aprobó el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS), en el año 1965 se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el año 1973, bajo la dictadura cívico-militar, se reorganizó completamente este ministerio, eliminándose, entre otras corporaciones, la Corvi, la Corhabit y la Cormu, las que fusionadas con otros servicios, dieron origen al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y en el año 1976 se crearon las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (Seremi).
El conocido Decreto Ley N° 3516 de 1980 tenía como único propósito permitir las subdivisiones prediales de 0,5 hectáreas de terrenos rurales, para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, pero desde hace unos cuantos años unos ingeniosos inversionistas detectaron que, con esta figura, podían hacer pingües negocios comercializando en el mercado estas subdivisiones para propósitos inmobiliarios, luego vulnerando abiertamente ese cuerpo legal. En la actualidad todo el territorio nacional, excluido al desarrollo urbano en los instrumentos llamados planes reguladores intercomunales y comunales, está lleno de condominios habitacionales y viviendas aisladas en las denominadas «parcelas de agrado», a pesar de que el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) no las admiten. Ante estos hechos ilegales consumados, el gobierno está tramitando una ley que regularizará la construcción de viviendas en los sectores rurales.
Ya en democracia, en el año 1994, se publicó en el Diario Oficial el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que abarcaba 37 comunas, instrumento que ha tenido innumerables modificaciones, como la creación de las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (Zoduc), los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) y las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC), todas localizadas en terrenos rurales, pero hoy transformados en plenamente urbanos. A esta fecha el único PDUC que se está tramitando en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es el de Urbanya en la comuna de Pudahuel, recordando que el grupo Patio de los hermanos Jalaff se desistió del PDUC que tenía previsto en la comuna de Lampa.
Las normas del PRMS prevalecen, a todo evento, sobre las contenidas en los Planes Reguladores Comunales (PRC) de las 52 comunas que conforman actualmente esta región, lo que sucede con todos los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), conforme al mandato del artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y esta macro región hoy en día está compuesta por las provincias de Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, las que están divididas en 52 comunas. Dicho sea de paso, esta región es la que tiene menor extensión, 15.403 km2, equivalente al 2% de la superficie del país, luego es la más pequeña entre las 16 regiones que existen en Chile y por lo tanto es la que tiene la mayor densidad habitacional, alcanzando a esta fecha aproximadamente los 8.700.000 de habitantes.
Este PRMS es muy completo y en el caso de las áreas rurales, definidas como «áreas de interés silvoagropecuario» se permite una subdivisión predial mínima de 4 hectáreas, con una vivienda para el dueño y otra para el cuidador y en las denominadas «de interés silvoagropecuario mixto» que presenten suelos clase IV o de inferior calidad agrícola, ciertos municipios pueden aprobar parcelas agroresidenciales con superficies mínimas de media hectárea, en las cuales a su propietario se le permite construir su vivienda y también la de su cuidador. Lo anterior, conforme al artículo 55° de la LGUC, que permite estas viviendas para los propietarios de una actividad agrícola. Asimismo, en este instrumento normativo regional se constituyeron las «Áreas de Preservación Ecológica», APE, extenso territorio de valor natural que, como su nombre lo indica, se debe preservar, dejándose en claro que abarca el 50% de la superficie de la región.
En estas APE se restringe el uso a fines científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, señalando este columnista, que no siempre se respeta esta disposición, pues a veces, con autorizaciones (sic) municipales o sin ellas, en todas las comunas periféricas, algunos particulares edifican en estos terrenos sus casas-habitaciones, motivo por el cual la Contraloría General de la República, en distintas oportunidades se ha referido a estos casos, lo mismo que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado, objetándose tales actividades mercantiles por estar prohibidas en nuestra regulación territorial.
Sobre esta materia la ex ministra, política concertacionista, Vivianne Blanlot, entregó su opinión en columna «I(racionalidad) y caos en uso del territorio», publicada en el diario El Mercurio, ver link
Texto que contiene algunos errores, como, por ejemplo, refiriéndose a la comuna de Colina, ella decía que «en 1997 el plano regulador comunal declaró como Área dePreservación Ecológica (APE) a vastas zonas incluyendo aquellas ya aprobadas y construidas o en construcción. La municipalidad continuó otorgando permisos de construcción sobre la base de que contaban con aprobación antes del plano regulador».
Pues bien, las APE establecidas en el PRMS, se incorporaron automáticamente, luego con efecto inmediato, en todas las comunas de la región, y desconocemos si la motivación de doña Vivianne Blanlot para publicar dicha columna fue porque ella dispone de una vivienda emplazada en esa zona protegida por el Estado o bien su casa-habitación existe en una parcela de agrado del DL 3516. Además, el vocablo no es «plano», para referirse al instrumento como dice ella, sino «plan».
En resumen, todas las subdivisiones prediales de media hectárea o más, parcelas de agrado, acogidas al DL 3516 del año 1980, en donde se construyen viviendas son abiertamente ilegales y todas las viviendas construidas en terrenos singularizados como APE en el PRMS del año 1994, con irreflexivos y, por ende ilícitos, actos administrativos municipales o bien sin permisos, también son ilegales.
En nuestra opinión, en los predios descritos como APE solamente serían legales la vivienda de su dueño y la del cuidador, en la medida de que esos predios contengan actos administrativos de otros organismos del Estado, como por ejemplo del Seremi Minvu o del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), anteriores al año 1994, ello conforme al principio jurídico de la protección de la confianza legítima de los derechos adquiridos.
Las comunas destacan por el mayor desarrollo de proyectos multifamily en el Gran Santiago, con 57 edificios de renta residencial institucional en construcción, que suman un total de 16.215 departamentos.
Actualmente existen 162 edificios multifamily en la Región Metropolitana, que en su conjunto suman 39.677 departamentos. De este total, únicamente 4.791 unidades se encuentran disponibles para arriendo, lo que refleja la alta demanda por este segmento, según indica el último estudio de TOCTOC al cierre del primer semestre.
El crecimiento de este mercado ha sido impulsado por diversos factores, entre ellos, la disminución en la capacidad de compra para acceder a una vivienda, el incremento del flujo migratorio sin acceso al crédito y una tendencia al alza entre los jóvenes a priorizar experiencias por sobre la adquisición de activos, explica Nicolás Herrera, head of real estate research de TOCTOC.
En cuanto a la oferta disponible, ésta se concentra en Santiago con 1.110 departamentos multifamily para ser arrendados, seguido de Estación Central (790), Independencia (773), La Florida (460) y Ñuñoa (474).
En tanto los precios acumulan una caída de 2% anual, alcanzando 10,8 UF en promedio al cierre del primer semestre. “Este descenso en los valores de arriendo se han extendido un poco más de lo que se preveía, principalmente porque ha ingresado mucha oferta nueva. En este sentido, el mercado históricamente ha privilegiado la ocupación por sobre los precios en el proceso de colocación”, analiza Herrera.
Zoom a las comunas con mayor desarrollo
Durante el último año, han ingresado 11 edificios nuevos a la comuna de Santiago, con 2.630 departamentos. De esta manera, en la capital metropolitana ya hay 44 edificios operativos, de los cuales 36 están en régimen -que corresponden a aquellos edificios que alcanzan o superan por primera vez una ocupación del 95%-, con un arriendo promedio de 9,7 UF.
Respecto a los proyectos en desarrollo, durante los próximos dos años ingresarán 28 nuevos edificios a esta comuna con 7.758 departamentos.
Por su parte, en La Florida los multifamily aumentaron durante el último año en un 30%, con el ingreso de cuatro proyectos, alcanzando un total de 17 edificios -de los cuales 14 están en régimen- con 3.836 departamentos, y un arriendo promedio de 10,1 UF.
Además, destaca por ser la segunda comuna de la Región Metropolitana con mayor desarrollo de este tipo de proyectos, con 19 edificios en carpeta y un total de 4.810 departamentos. De esta manera, a inicios de 2026 la oferta actual aumentará en más del doble.
En tanto, en Estación Central la oferta de renta residencial creció un 20%, con la entrada de dos nuevos proyectos, alcanzando un total de 12 edificios multifamily -de los cuales 10 están en régimen- con 4.845 departamentos, y un arriendo promedio de 8 UF.
Estación Central es la tercera comuna donde más se están construyendo edificios de renta residencial institucional, con 10 nuevos proyectos y 3.647 departamentos que se sumarán en este período.
“La oferta de edificios multifamily en Santiago, La Florida y Estación Central está experimentando un crecimiento relevante. En dos años los nuevos proyectos en construcción superarán en un 79% la oferta actual en estas comunas, con 57 proyectos en construcción y 16.215 nuevos departamentos, y representarán la mitad de la oferta total de la Región Metropolitana”, señala el ejecutivo.
En esta línea, argumenta que “Santiago y Estación Central muestran hoy una oferta relevante principalmente por proyectos que comenzaron hace algunos años, en tanto, La Florida ha comenzado a acumular un stock que sin lugar a dudas la dejarán en los próximos años como una de las comunas con mayor oferta de renta, tanto multifamily como de inversionistas hormigas”, puntualiza Nicolás Herrera, head of real estate research de TOCTOC.
Un reciente estudio realizado por la ONG Cultiva, especializada en reforestación con árboles nativos, ha identificado las comunas de la Región Metropolitana con mayor cantidad de áreas verdes por habitante.
Encabezando el listado se encuentran Lo Barnechea, Vitacura y La Reina, aunque también se destacan comunas con valores de suelo más accesibles para la clase media, como Peñalolén y Huechuraba.
En lo relativo a las áreas verdes y los costos de las viviendas, el informe da cuenta que Lo Barnechea lidera el ranking, ofreciendo una gran cantidad de áreas verdes, pero con un costo de 121 UF por metro cuadrado para venta y 0,40 UF/m² para arriendo.
En contraste, Huechuraba, que se encuentra en el quinto lugar, ofrece 72,58 m² de áreas verdes por habitante y precios considerablemente más bajos, con 79 UF/m² en venta y 0,31 UF/m² en arriendo. Peñalolén, que ocupa la séptima posición, proporciona 36,94 m² de áreas verdes por habitante, con precios de 77 UF/m² en venta y 0,29 UF/m² en arriendo.
Para Eduardo Turina, agente de RE/MAX Icon, comentó sobre el papel del sector privado en el desarrollo de espacios verdes en estas comunas. “En sectores como Quilín, en Peñalolén, se incorporan grandes plazas y áreas verdes dentro de los proyectos inmobiliarios, lo que permite disfrutar de espacios al aire libre y fomentar la vida en comunidad”, señaló Turina.
Además, destacó que en Peñalolén existen numerosos espacios públicos municipales, como bandejones centrales y grandes árboles, que contribuyen a una mayor cobertura vegetal.
En lo relativo a los jardines sostenibles en la Región Metropolitana, en mayo del 2024, el Gobierno de Santiago y la Universidad Central presentaron los resultados de un estudio sobre Jardines Sostenibles para la Región Metropolitana.
Este proyecto, impulsado por el Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del Gobierno de Santiago, se centró en identificar las mejores especies vegetales, tipos de suelo y sistemas de riego para desarrollar jardines públicos resilientes frente al cambio climático.
Mauricio Fabry Otte, coordinador del Departamento, enfatizó la urgencia de adaptar las áreas verdes al nuevo contexto climático de la región, marcado por el calor extremo, los incendios forestales y la escasez hídrica. “El desarrollo de infraestructura verde es fundamental para reducir el consumo de agua, combatir el calor y preservar la biodiversidad. Este estudio nos ayudará a definir un modelo de jardín ideal para la región, fomentando una política pública que potencie la sustentabilidad de las áreas verdes”, afirmó.
El estudio, desarrollado en el Laboratorio Abierto de la Biodiversidad Urbana de la Universidad Central, evaluó diferentes prototipos de jardines experimentales, utilizando principalmente especies nativas del centro del país. Se analizaron variables como la sobrevivencia, productividad y estrés hídrico de las plantas, además de un monitoreo de fauna y actividad bacteriana en el suelo. Los resultados incluyen una guía de recomendaciones para el uso de especies nativas en espacios públicos, asegurando la eficiencia en el uso del agua y la conservación de la biodiversidad local.
Impacto y Proyecciones
Los hallazgos de ambos estudios apuntan a un enfoque integral para la mejora y preservación de las áreas verdes en la Región Metropolitana. Mientras el estudio de Cultiva destaca la importancia de los espacios verdes en comunas emergentes como Peñalolén y Huechuraba, el proyecto de Jardines Sostenibles ofrece un marco para la planificación futura de la infraestructura verde, garantizando su adaptabilidad y resiliencia ante el cambio climático.
Se espera que estas iniciativas influyan en la política pública y contribuyan a un entorno urbano más verde y sostenible, beneficiando a toda la población de la Región Metropolitana.
Por: Gerardo Ureta Campos, Doctor(c) en Industria Inteligente | Economía Urbana, Infraestructura y Ciencia de Datos Urbanos e Inmobiliarios
La infraestructura vial urbana en Santiago de Chile enfrenta numerosos desafíos que afectan la movilidad, la calidad de vida y la equidad en la ciudad. Un análisis detallado revela los principales problemas y oportunidades que se presentan en este complejo escenario:
Congestión Vehicular: Santiago enfrenta niveles crecientes de congestión, especialmente en horas punta. Según un informe de 2023, los santiaguinos pasan en promedio 128 horas al año atrapados en el tráfico, ubicando a la ciudad entre las más congestionadas de América Latina. El crecimiento del parque automotor, que aumentó en un 34% entre 2015 y 2023, sumado a la infraestructura limitada, ha hecho que el tráfico sea un desafío constante, afectando la movilidad y la calidad de vida de los habitantes.
Expansión del Transporte Público: Aunque Santiago cuenta con un sistema de transporte público extenso, con el metro como pilar principal, la expansión y modernización de este sistema sigue siendo un desafío. En 2023, la red de Metro de Santiago transportaba a más de 2,5 millones de pasajeros al día, pero la demanda supera la capacidad en horas punta. La extensión del metro hacia las zonas periféricas es esencial; sin embargo, aún existen áreas, como el sector norponiente, que no están bien conectadas. La integración de sistemas como buses y bicicletas también es insuficiente, con un aumento de solo el 10% en infraestructura ciclista desde 2018.
Mantenimiento y Renovación de Infraestructura: Muchas de las calles y avenidas principales de Santiago requieren un mantenimiento constante. En 2022, el 45% de las calles evaluadas por la Municipalidad de Santiago presentaban algún tipo de deterioro, como baches o pavimentos desgastados. Además, la necesidad de renovar y actualizar infraestructuras antiguas es crítica; se estima que cerca del 25% de las infraestructuras viales tienen más de 30 años, lo que las hace más vulnerables y menos adaptadas a las demandas actuales de tráfico y seguridad.
Desigualdad en la Infraestructura entre Comunas: Existe una disparidad significativa en la calidad y disponibilidad de infraestructura vial entre diferentes comunas de Santiago. Por ejemplo, mientras que comunas como Las Condes y Providencia invierten aproximadamente $300,000 CLP por habitante al año en infraestructura vial, comunas periféricas como Puente Alto o La Pintana invierten menos de la mitad de esa cifra. Esto genera un desafío en términos de equidad urbana, ya que las zonas periféricas sufren de mayor deterioro vial y menor acceso a transporte público eficiente.
Sostenibilidad y Medio Ambiente: El desafío de desarrollar infraestructura vial que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente es cada vez más importante. Santiago genera aproximadamente 4 millones de toneladas de CO2 al año solo por el transporte vehicular. La necesidad de promover el transporte no motorizado es clara; sin embargo, solo el 3% de los viajes en la ciudad se realizan en bicicleta, a pesar de los intentos de incrementar las ciclovías, que apenas alcanzaron los 480 km en 2023, lejos de la meta de 900 km para 2025.
Planificación y Coordinación Urbana: La falta de una planificación urbana integral y a largo plazo ha generado problemas en la infraestructura vial. Santiago ha crecido en un 20% en términos de superficie urbanizada entre 2000 y 2023, pero muchas áreas carecen de una adecuada conexión vial. Mejorar la coordinación entre las distintas entidades gubernamentales y privadas es esencial para asegurar que los proyectos de infraestructura vial sean eficientes, coherentes y sostenibles.
Impacto de la Creciente Urbanización: El rápido crecimiento urbano y la expansión de la ciudad hacia la periferia han creado nuevos desafíos en términos de infraestructura vial. La población de Santiago ha crecido en un 14% entre 2010 y 2023, alcanzando los 7,1 millones de habitantes, lo que ha intensificado la demanda de nuevas rutas y conexiones. La necesidad de conectar nuevas áreas residenciales y comerciales con el resto de la ciudad ha provocado que el tiempo de desplazamiento en algunas zonas periféricas se extienda hasta en un 30% en comparación con áreas céntricas.
Estos desafíos requieren soluciones integradas que consideren no solo la expansión de la infraestructura, sino también la optimización del uso de los recursos existentes y la implementación de tecnologías inteligentes para mejorar la gestión e infraestructura vial.
Este debate se perfila como uno de los temas más importantes a abordar en los próximos meses, con un enfoque en la seguridad pública y la gestión adecuada de la infraestructura carcelaria en Chile.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
La reciente declaración del presidente Gabriel Boric sobre la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana ha generado una serie de reacciones entre autoridades locales, legisladores y la comunidad. La construcción, prevista para llevarse a cabo en Santiago, ha levantado preocupaciones y dudas sobre el procedimiento, la ubicación y los impactos asociados.
Por ello y en esta jornada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola recibió esta mañana a la alcaldesa de Santiago, Irasí Hassler, y al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, acompañados de una delegación amplia de diputados y diputadas de diversos partidos políticos. La reunión tuvo como objetivo manifestar la preocupación compartida por la comunidad sobre la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad.
Sobre este punto, Cariola expresó: «Hemos recibido esta mañana en la Presidencia de la Cámara a la alcaldesa de Santiago Irasí Hassler junto al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, que venían acompañados de una delegación muy amplia de diputados y diputadas de distintos sectores políticos, de distintos partidos, quienes nos han manifestado una alta preocupación por la situación que significa la construcción de una cárcel de alta seguridad. Cuestión que fue anunciada por el gobierno hace algunas semanas atrás, pero que todavía no se conoce cuál va a ser el procedimiento, si se va a requerir de una nueva ley para su construcción, si va a ser la ampliación de otra cárcel ya existente, ni tampoco se conocen los antecedentes técnicos respecto de la justificación del lugar donde esta cárcel debiese ser construida.»
La preocupación principal radica en la falta de claridad sobre los planes específicos para la construcción, incluyendo si se necesitará una nueva legislación o si se ampliará una cárcel existente. Además, hay inquietud sobre la justificación técnica y la seguridad del lugar seleccionado para esta instalación.
«Todos y todas coincidimos en que es necesario construir una cárcel de alta seguridad, que nuestro país requiere de todas las medidas que permitan que los delincuentes, que los criminales, que el crimen organizado esté donde corresponde, que es tras las rejas, que es tomando medidas de resguardo para que no se ponga a disposición de la comunidad el riesgo que significa que estos tipos anden sueltos. Sin embargo, también es importante que este tipo de decisiones se tomen con la comunidad, se tomen con las personas incidentes, con las y los alcaldes, con las autoridades competentes, que el Congreso Nacional pueda dar su opinión al respecto también”, dijo la autoridad de Gobierno.
“Por eso es que se llevan adelante estos procedimientos a través de trámites legislativos. Es por eso que le vamos a consultar a través de un oficio al Gobierno cuáles son los planes específicos para la construcción de esta cárcel, cuáles son los informes técnicos que acreditan, cuál es el mejor lugar y el más seguro para la construcción.», sentenció Cariola.
La evidencia internacional sugiere que las cárceles de alta seguridad no se construyen en centros urbanos ni en lugares con alta conectividad hacia la sociedad, sino en áreas aisladas y seguras para evitar la creación de redes delictivas que operen desde el interior de la cárcel hacia el exterior.
Antecedentes de la instalación de cárceles en zonas pobladas revelan múltiples problemas. Las comunidades locales a menudo experimentan una disminución en la percepción de seguridad, afectaciones en el valor de las propiedades, y un aumento en el tráfico y la congestión alrededor de las instalaciones penitenciarias. Además, estudios muestran que la proximidad a las cárceles puede tener efectos negativos en el bienestar psicológico de los residentes. La construcción de cárceles en áreas densamente pobladas también plantea riesgos de fuga y mayores desafíos para las fuerzas de seguridad locales.
«Es por eso que esperamos hacer parte de este debate, hemos recogido las inquietudes y las vamos a trasladar desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo para que tomemos la mejor decisión por el bien de nuestro país porque tenemos de conjunto que enfrentar al crimen organizado y tomar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas», concluyó la presidenta de la Cámara.
Este debate se perfila como uno de los temas más importantes a abordar en los próximos meses, con un enfoque en la seguridad pública y la gestión adecuada de la infraestructura carcelaria en Chile.
Esta tendencia resalta la necesidad de una oferta más ajustada a la demanda y podría influir en futuras políticas de desarrollo urbano y residencial en la capital chilena.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Un reciente estudio de la firma Trovit adviere que en tres comunas de Santiago—Las Condes, San Joaquín y Peñalolén—las propiedades más buscadas tienen un precio promedio hasta 64% más bajo que la media de oferta del mercado. Este hallazgo proviene del último análisis de Trovit, un portal global de búsqueda de inmuebles. El estudio compara el valor promedio del metro cuadrado de la oferta de departamentos con el valor medio de las propiedades más buscadas en 22 comunas de la capital chilena.
La siguiente gráfica muestra los promedios que representan los dos lados del mercado: demanda y oferta. En general, las personas buscan departamentos con el menor costo posible en cada una de las comunas.
Comunas con la mayor diferencia entre precios
Al comparar el valor promedio de las viviendas más buscadas con la media del mercado, destaca el escenario en tres comunas: Las Condes, San Joaquín y Peñalolén. En estas comunas, las propiedades más buscadas son 41% (Las Condes), 47% (San Joaquín) y 64% (Peñalolén) más baratas que el valor promedio de todas las propiedades disponibles en el mercado.
Esta diferencia porcentual resalta ciertos puntos de análisis. Primero, las tres comunas gozan de una reputación residencial positiva y se encuentran en un nivel medio y alto en el Índice de Calidad de Vida (ICVU) 2022. Segundo, la marcada variabilidad entre los precios de los anuncios más buscados y la totalidad disponible refleja la diversidad de precios, en especial los más bajos, que hay en estas zonas. Finalmente, las personas ven una oportunidad en comunas con precio elevado del metro cuadrado, al fijarse en inmuebles más baratos.
La gente busca pagar menos
La comparación revela una tendencia clara; en las 22 comunas analizadas, los departamentos en venta más visitados en el portal son más baratos que la media general de cada una. Esto se traduce en que las personas siempre buscan opciones más económicas, sin importar su presupuesto o la comuna de interés.
El estudio muestra que, mientras más bajo es el precio en el mercado, la diferencia con el promedio que buscan las personas es menos amplia. Esto también refleja una mayor variedad de precios en los inmuebles en comunas mejor apreciadas financieramente.
Respecto las comunas menos costosas, en La Pintana, El Bosque y Cerro Navia, las personas buscan pagar entre 22.4 y 29.6 UF. La diferencia con el precio en el mercado es de -11.5%, -8.7% y -7.6%, respectivamente. Sin embargo, en Cerrillos, donde el precio de demanda es de 32.4 UF, se presenta la brecha más baja entre valores de ambos lados del mercado: -5%.
En contraparte, las comunas más costosas fueron cinco las que superan los 60 UF y según el promedio de inmuebles más buscados, Las Condes, La Reina, Providencia, Lo Barnechea y Vitacura. En contraposición, el rango en oferta registra valores promedio de 83.9 a 94.5 UF por m². La brecha de precios es más amplia que en las zonas con los promedios más bajos.
El argumento para esta diferencia es que en dichas zonas se pueden encontrar inmuebles con gran diversidad de precios: algunos muy altos y otros muy bajos que el promedio.
El estudio de Trovit subraya una tendencia clara en el mercado inmobiliario de Santiago: los compradores buscan siempre las opciones más económicas, independientemente de la comuna. Las diferencias en los precios buscados y ofertados reflejan tanto la diversidad de precios dentro de cada comuna como la percepción de oportunidades de inversión en zonas con precios elevados del metro cuadrado.
Esta tendencia resalta la necesidad de una oferta más ajustada a la demanda y podría influir en futuras políticas de desarrollo urbano y residencial en la capital chilena.
En el marco de la restricción vehicular, que se aloja en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), y a causa de los altos niveles de material particulado registrados, la Delegación Presidencial Metropolitana decretó la sexta preemergencia ambiental del año en la región, específicamente para este para este domingo 14 de julio.
La medida implica que los vehículos considerados de carga, es decir, camionetas, furgones y camiones, con sello verde e independiente del año de fabricación, se suman a la prohibición de circulación dentro del Anillo de Américo Vespucio.
Por otra parte, y de acuerdo con el calendario especial, desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones RM, se definió que las placas patentes de este tipo de vehículos que terminen en los dígitos 0 y 1 quedan impedidas de salir a la calle entre las 10:00 y las 18:00 horas.
El seremi de Transportes y Telecomunicaciones RM, Rodrigo Valladares, hizo un llamado a los automovilistas a “respetar esta medida, la cual tiene como objetivo resguardar la calidad del aire para cuidar la salud de las personas. Nuestra idea no es multar, sino que generar un cambio que aporte a la ciudad”.
“Por eso, constantemente monitoreamos el cumplimiento de la restricción vehicular, que saca de circulación este domingo a 110.429 vehículos. Con esto, queremos velar por el cumplimiento de la medida y el bienestar de quienes habitan la Región Metropolitana”.
Medidas especiales para este domingo
Al declararse preemergencia ambiental en fin de semana, los automóviles y similares con sello verde, inscritos hasta septiembre de 2011, y las motocicletas inscritas hasta el año 2010, quedan exentos de restricción vehicular.
Además, se definieron los siguientes dígitos aleatorios para los vehículos afectos, que en el caso del transporte de carga sin sello verde, con los númros 4, 5, 6 y 7. Para buses, automóviles y similares (antes del 2002) sin sello, los números son 6, 7, 8, 9, 0 y 1.
Finalmente, las autoridades de Transportes recomendaron mantenerse informado a través de las redes sociales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la seremi RM, la UOCT y el Programa Nacional de Fiscalización.
