Los loteos irregulares no solo generan conflictos legales y económicos, sino que también tienen un impacto significativo en el medio ambiente y la calidad de vida de las familias afectadas.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
En respuesta a la creciente problemática de los loteos irregulares y la venta ilegal de terrenos tomados, las autoridades chilenas han intensificado sus esfuerzos para frenar estas actividades ilícitas que afectan tanto a las comunidades locales como al medio ambiente.
En la comuna de La Ligua, las autoridades municipales han presentado una querella para detener las ventas ilegales de terrenos en la zona de Longotoma, específicamente en “El Guindo Chico”. Esta acción judicial busca proteger a los vecinos y al medio ambiente de los impactos negativos generados por estos loteos no autorizados.
Simultáneamente, en la Región del Maule, la Contraloría General de la República (CGR) detectó diez loteos irregulares que abarcan 134 hectáreas en la comuna de Pencahue. Estos terrenos fueron subdivididos y vendidos sin los permisos necesarios, incumpliendo la Ley General de Urbanismo y Construcción. La CGR ha remitido los antecedentes a la Fiscalía de Talca y ha iniciado un sumario para determinar las responsabilidades involucradas, según informó (Emol).
En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra estos delitos, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que aumenta las penas para el delito de loteos irregulares. Esta normativa, que ha sido enviada al Senado para su segundo trámite, establece penas de presidio efectivo para los involucrados, con un mínimo de tres años y un día hasta un máximo de diez años. Además, la ley impone sanciones más severas para las bandas organizadas que se dedican a estos actos ilícitos.
Los loteos irregulares no solo generan conflictos legales y económicos, sino que también tienen un impacto significativo en el medio ambiente y la calidad de vida de las familias afectadas. La urbanización no planificada puede llevar a la deforestación, contaminación de suelos y cuerpos de agua, y pérdida de biodiversidad. Además, las familias que compran estos terrenos suelen quedar en situaciones precarias, sin acceso a servicios básicos y viviendo en condiciones inseguras.
Las autoridades chilenas continuarán trabajando para asegurar que estos terrenos sean utilizados de manera legal y sostenible, protegiendo tanto a las comunidades como al medio ambiente.
