Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
El reciente 12 de junio de 2025 fuimos recibidos en audiencia por el Subcontralor General de la República, Víctor Hugo Merino, instancia en la cual, acompañados por abogados, ingenieros y arquitectos, le informamos diversas situaciones que empañan nuestro Estado de Derecho y digámoslo con claridad, nuestra democracia y el propio sistema de libre mercado que, como todos sabemos, solo funciona correctamente con instituciones públicas probas y con funcionarios capacitados para ejercer sus diferentes cargos.
El subcontralor, acompañado de 2 asesores, tuvo la inmensa paciencia de escuchar las denuncias por 13 asuntos determinados muy corruptos que se producen porque «las instituciones no funcionan». En rigor, todos los casos informados verbalmente, corroborados por escrito, nunca debieron llegar al conocimiento de la Contraloría si los municipios y las diversas dependencias de algunos ministerios hubieran hecho bien y oportunamente sus pegas, razón por la cual reiteramos que el problema que tenemos en Chile es porque hay flojera, ignorancia y acomodos al interior de los anteriores, con los influyentes actores privados.
Debido a que no hay espacio para relatar todas las acusaciones formuladas al ente fiscalizador, nos limitaremos a dar cuenta de unas pocas, a saber:
La burla en el pago de los US$ 10 millones, como indemnización por «falta de servicio», por parte de la incapaz municipalidad de Las Condes a una inmobiliaria porque el alcalde Joaquín Lavín y los abogados municipales cometieron diversos errores relacionados con unas torres habitacionales ilegales en esa comuna, razón por la cual, tiempo atrás, le habíamos solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que recurriera a la Justicia cautelando el interés fiscal comprometido. Este órgano nos contestó que para proceder en tal sentido, se lo debía pedir el propio municipio o bien la Contraloría.
Sospechosamente los últimos 3 alcaldes, Lavín, Peñaloza y San Martín, se negaron a proceder como lo había exigido el CDE y por ello, le reiteramos a la Contraloría que trasladara los antecedentes al Ministerio Público para que así un fiscal indagara lo acontecido en la especie. Para justificar nuestra solicitud, le dimos a conocer al subcontralor nuestra presunción fundada en hechos concretos de que el municipio tenía interés en perder el juicio para desembolsar en favor de un actor privado esa enorme suma de dinero.
También aludimos a la denuncia sobre lo que sucede con el molibdeno, ya que las grandes empresas privadas del cobre que lo exportan, no declaran el molibdeno que también exportan. La estatal Codelco dice que el molibdeno representa, en toneladas métricas, un 10 a un 12% de su producción de cobre y si las empresas privadas admitieran que va una importante cantidad de molibdeno en cada envío de cobre, tendrían que declarar por ese concepto un valor de no menos de US$ 4 mil millones anuales.
Así las cosas, ya que el molibdeno, mineral cuya existencia las grandes mineras privadas sistemáticamente niegan, es el protagonista principal de sus negocios, por ello se le pidió a la Contraloría que arbitre las medidas conducentes para que las anteriores declaren el molibdeno que se llevan al exterior y paguen al Estado de Chile los impuestos correspondientes. Si esta situación se ordena próximamente, por lo tanto sin este contrabando invisibilizado, habrán importantes aportes a nuestra nación. Al respecto, nos preguntamos si los parlamentarios, tan interesados en aparecer en las pantallas de televisión, tendrán conocimiento de esta grosera situación y ya que hay una franja electoral presidencial en que intervienen Tohá, Winter, Mulet y Jara, sería necesario que emitieran sus juicios.
Ahora, en pocas palabras, relacionado con el título de esta columna de opinión, aludimos al desacato comprobado de la municipalidad de Iquique, a varios dictámenes vinculantes de la Contraloría, el primero de ellos de fecha 2 de enero de 2025, en los cuales se le expresó al alcalde Mauricio Soria, que su director de obras municipales de apellido García, tenía que invalidar unos 70 permisos de edificación ilegales para proyectos inmobiliarios a localizarse en áreas inundables del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT), instrumento normativo vigente desde junio de 2022.
Dicho alcalde, hijo del senador Jorge Soria, durante todos estos meses se las ha arreglado con rebuscadas interpretaciones, vulgares leguleyadas, para desobedecer las órdenes del ente fiscalizador. Su distinguida esposa, Silvana Loayza, arquitecta que ejerce como funcionaria de la respectiva Dirección de Obras Municipales, hasta la fecha, por el rol que desempeña en esa función técnica, entendemos que ha procedido como interesada cómplice en esta campaña de rebeldía.
Este indecoroso asunto lo conoce muy bien la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera, con quien nos reunimos hace unos meses con el abogado Enzo Morales, para que ejerciera sus atribuciones, lo que todavía no ocurre. En concreto, para evitar un nuevo hecho consumado de impunidad, le hicimos ver al subcontralor Merino, dado el excesivo tiempo transcurrido, que trasladara los antecedentes al Ministerio Público, con el objetivo de que finalmente se conozcan las razones de fondo que ha tenido esa municipalidad para proceder de manera tan desvergonzada.
¿Entonces será efectivo que el matrimonio Soria-Loayza tiene intereses en la rentable actividad inmobiliaria en la ciudad de Iquique?
