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noviembre 21, 2024 6:39 am

Ministro Montes entrega solución para toma en San Antonio: cooperativas de vecinos podrían comprar el terreno

En el marco de su visita a la región de Valparaíso, el secretario de Estado se refirió a la solución que su cartera está impulsando con los vecinos y los dueños del lugar. “Esto es algo distinto, nuevo y esperamos que resulte y, para ello, solicitamos la colaboración de todo el mundo para hacer algo bien hecho y con perspectiva”.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En su visita a la región de Valparaíso, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó la propuesta que su cartera impulsa para resolver la situación de la toma en San Antonio, en colaboración con los vecinos y los propietarios del terreno.

“Es un enfoque distinto, innovador, y esperamos que funcione. Solicitamos la colaboración de todos para hacerlo de manera adecuada y con visión a largo plazo”, destacó el ministro.

El secretario de Estado también se refirió a la toma en Quilpué, ubicada en un terreno perteneciente a la familia Correa Uribe, donde precisó que, en ese caso, “el Serviu tiene la instrucción de cumplir la orden de la Corte, que indicó la demolición”. y desalojo de las ocupaciones”.

Respecto a los avances en el Plan de Emergencia Habitacional, el 5 de noviembre de 2024, el ministro Montes visitó varias obras, incluyendo la instalación de una primera piedra y la entrega de subsidios, como parte de las actividades en torno al Plan de Emergencia Habitacional en la región de Valparaíso. En este contexto, abordó dos temas prioritarios para su cartera.

En primer lugar, se refirió a la toma en San Antonio, donde solicitó a la Justicia un año adicional para desarrollar una solución integral. “Se ha pedido un plazo de un año más para seguir trabajando en una alternativa viable para aproximadamente 4.000 familias, lo que representa alred

El ministro detalló que la alternativa en estudio consistía en la formación de cooperativas de vecinos, quienes iniciarían un proceso de compra del terreno. “El objetivo es que, a partir de esta compra, puedan postular al Ministerio de Vivienda para el desarrollo de sus viviendas, siguiendo los canales regulares. Este enfoque es novedoso, y estamos poniendo todo de nuestra parte para que funcione, siempre con la colaboración de todas las partes involucradas”, agregó Montes.

El secretario de Estado reiteró que el propósito es que los vecinos puedan permanecer en el lugar, aunque esto implica cumplir con varias condiciones: “Necesitamos cooperativas formadas, un compromiso de compra y la disposición del propietario a vender. Todo esto es complejo, por lo que solicitamos a la Corte al menos un año adicional para

Montes también comentó la relación con los propietarios del terreno, señalando que, aunque tienen derecho a ejercer el desalojo, es una decisión compleja, considerando la magnitud del proceso. “Desalojar a 10.000 personas no es fácil, y confiamos en que los propietarios consideran todos los aspectos antes de tomar una decisión al respecto”, señaló.

Situación en Quilpué: orden de desalojo vigente

En cuanto a la toma en Quilpué, ubicada en terrenos de la familia Correa Uribe, Montes indicó que las familias ocupantes ya fueron notificadas del desalojo. “Tenemos información de que todos fueron debidamente notificados. Las familias no presentaron acciones judiciales ante la Corte, por lo que el Serviu tiene la instrucción de cumplir la orden judicial, que contempla la demolición y el desalojo del área ocupada”, concluyó el ministro.

Escuela Ciudad de Berlín en Valparaíso inicia proyecto de conservación con inversión de $154 millones

“Confianza y esperanza” fueron los conceptos descritos por la comunidad educativa de la escuela porteña, que, tras diez años, recibirán una inyección importante de recursos para su refaccionamiento.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La Escuela Ciudad de Berlín, ubicada en Cerro Placeres, Valparaíso, comenzó las obras de conservación tras una década sin mejoras significativas. La inversión, de $154 millones, busca refaccionar el establecimiento y culminar los trabajos a fines de marzo próximo.

El acto de entrega de los terrenos a la empresa constructora contó con la presencia de Pablo Mecklenburg, Director Ejecutivo Suplente del SLEP de Valparaíso; Juan Pablo Álvarez, Seremi de Educación; y miembros de la comunidad educativa.

“Este proyecto no solo recupera la infraestructura de la escuela, sino que también restablece la confianza en la comunidad. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero este es un paso fundamental”, expresó Mecklenburg.

Por su parte, el Seremi Juan Pablo Álvarez destacó la importancia de fortalecer la educación pública en Valparaíso, incluyendo mejoras en infraestructura. “Estas obras permitirán condiciones óptimas para el desarrollo integral y el aprendizaje de los estudiantes, además de mejorar la experiencia diaria de toda la comunidad educativa”, señaló.

Impacto en la Comunidad Educativa

El proyecto de conservación se complementará con un plan de mantención, con una inversión adicional de $76 millones, destinada a garantizar el mantenimiento de las mejoras en el establecimiento.

La directora de la escuela, Silvana Cubillos, agradeció el apoyo recibido en este proceso: “Esto nos da esperanza y confianza. Nuestra escuela tiene una identidad única, donde el compromiso de profesores y asistentes va más allá de su labor profesional”.

Desde el estamento estudiantil, el presidente del centro de estudiantes, Benjamín Gutiérrez, expresó su entusiasmo: “Estos trabajos mejorarán la enseñanza y harán de la escuela un lugar más bonito para todos”.

Finalmente, Jaime Pávez, representante del cuerpo docente, destacó que las obras marcan “un antes y un después” para la escuela y reafirmó el compromiso de los docentes con el bienestar de los estudiantes, confiando en que las mejoras se concretarán en los plazos estipulados. .

Permisos y prácticas indeseables       

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

A propósito de la incisiva campaña de prensa en contra de la permisologia, con el argumento de que en Chile es muy difícil obtener permisos para iniciar proyectos de inversión, sin reconocerse que en ocasiones los retrasos se deben a incompetencias técnicas de los privados, ciertos actores del mercado han optado por no solicitarlos, a sabiendas que, según ellos, esa omisión es una simple falta que no afecta a nadie, pues el bien superior es el crecimiento económico: así opera el abusivo neoliberalismo.  

Un ejemplo de ello lo observamos con la denuncia formulada por un emprendedor de Mejillones en contra de la empresa Spence, subsidiaria de la minera australiana BHP, la más poderosa del mundo, que utiliza para su proceso extractivo el recurso agua de mar de la desaladora Caitan SpA. En efecto, la estación de bombeo de la anterior vulneró el Plan Regulador Comunal (PRC) de Mejillones, lo que fue denunciado por el director de obras municipales (DOM) al Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, pues la instalación carecía de un permiso y por lo tanto no disponía de una recepción de obras. 

Y por si fuera poco, la edificación clandestina se instaló en un terreno fiscal, asunto que fue corroborado por la Seremi de Bienes Nacionales, es decir, BHP ha estado usufructuando ilegalmente de este vital insumo desde el año 2020, fecha en que inició su operación. La ley en estos casos ordena la demolición, pero nadie de la municipalidad de Mejillones ni de región de Antofagasta se atreve a ejercer sus atribuciones.    

Una muestra más del desorden institucionalizado que admite las pillerías que se cometen en el territorio, lo observamos con el abyecto episodio de las dunas de Concón y por ello es muy recomendable que los lectores conozcan el informe legal del 2 de marzo de 1994, ver link: https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/Informe-Pierry__dunas-de-Concon-en-CIPER-Chile.pdf y elaborado hace 30 años por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Pedro Pierry, quien posteriormente ejerció el cargo de juez de la Corte Suprema. Consideramos que el máximo de gente debe leer este informe relacionado con lo sucedido en estas dunas milenarias, pues allí se deja en evidencia los malabares ejercidos por la empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca S.A. (Reconsa) dueña de 674 hectáreas localizadas entre Reñaca y Concón, compradas a vil precio al ex Instituto de Normalización Previsional (INP) de la dictadura de Pinochet.   

El artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) impide la edificación de viviendas en los terrenos rurales y le corresponde a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo de cada una de las 16 regiones del país cautelar que las subdivisiones y construcciones en ese tipo de terrenos, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

Solo se admiten las viviendas con precios de hasta UF 1.000 que se rijan por las disposiciones fijadas en dicho artículo de la LGUC, pero la opinión pública sabe que por desidia del Estado, apelándose impropiamente al DL 3.516, se han construido infinidad de viviendas fuera de los límites urbanos, actividades comerciales ilegales que son consecuencia del lobby ejercido por quienes se desenvuelven en este tipo de negocios. Debido a dictámenes de la Contraloría y fallos de la Corte Suprema, actualmente se está tramitando una ley en el Congreso Nacional para permitir la edificación de viviendas, con algunas exigencias, en los territorios rurales. 

Asociado a lo anterior, hemos sabido que un avispado privado intenta desarrollar un proyecto inmobiliario fuera del límite urbano de la comuna de Olmué, 5a. Región de Valparaíso, disfrazándolo como un desarrollo turístico para la tercera edad. El inversionista informa a la prensa que su “sustentable” iniciativa considera 60 cabañas, 2 edificios de 4 pisos c/u (sic), con piscinas, canchas de pádel, bowling, salas de reuniones, quinchos, multi canchas y diversos juegos para sus ancianos residentes.  

Como el hombre sabe de negocios, para obtener un mayor lucro, eligió para su proyecto un predio rural, que tiene un reducido precio en el mercado y no ha solicitado un anteproyecto en la DOM. Solo se ha dedicado a promocionarlo con suma perspicacia como una imperiosa necesidad para la comuna, esperando que la municipalidad finalmente se lo apruebe. Los vecinos de la mendaz “explotación turística” se han opuesto a la misma con variados razonamientos, sobre todo del tipo ambiental, haciendo valer la condición agrícola del terreno, y por ello, si él está tan convencido de los atributos del proyecto, debería ejecutarlo en un terreno urbano, y por ende idóneo, de la comuna de Olmué.  

Con estos pocos ejemplos se demuestra fehacientemente que ni el libre mercado ni las instituciones públicas funcionan y, como conocedor de la naturaleza humana y del comportamiento atropellador de aquellos que tienen el poder económico, este columnista estima que todo seguirá igual, salvo que se produzca un milagro. 

noviembre 21, 2024 6:39 am
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