Día: 31 de diciembre de 2024

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Desde hace años estamos entregando, en distintos medios de expresión independientes, informaciones nunca desmentidas relacionadas con la atávica ausencia de probidad y transparencia dentro de los municipios del país y por ello no nos extraña en absoluto que recientemente se haya conocido una auditoría externa que da cuenta del constante pago mensual de «horas extraordinarias» a funcionarios regalones de los ex alcaldes de Las Condes, Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza, ambos activos militantes de la UDI. El subido monto detectado fue de $ 45.688.430.000, que sus alegres receptores nunca devolverán, pues esos dineros ya se los gastaron en variadas formas de consumo.

Lo anterior se debe relacionar con la amañada indemnización de U$ 11.000.000 más IVA e intereses, que podría pagar dicha municipalidad a una inmobiliaria que construyó 2 torres habitacionales, proyecto inmobiliario erróneamente considerado como Conjunto Armónico, localizado en la esquina de las calles Américo Vespucio Sur con Renato Sánchez, por una presunta «falta de servicio», asunto que ni Lavín ni Peñaloza, a través de sus legos abogados municipales, supieron manejar correctamente en los tribunales de justicia.

Este es un motivo más que suficiente para que la actual alcaldesa, Catalina San Martín, ex Evópoli, acorde a nuestra interpelación dirigida a ella el 06/12/2024, en orden a que traslade todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este competente servicio público investigue el episodio en resguardo de los intereses fiscales que están en juego. 

No nos referiremos mayormente al mediático caso de la exalcaldesa UDI, Cathy Barriga, esposa de un hijo diputado, también UDI, de Joaquín Lavín, pues la prensa de farándula se ha deleitado entregando todo tipo de informaciones respecto de sus distintas medidas cautelares, pero consideramos inapropiado que su conocido suegro utilice a algunos medios para criticar a la Fiscalía y al Poder Judicial, por lo que le acontece a ella. 

En otro orden de materias, pero siempre asociado a la deshonestidad, tiempo atrás, conversando con una arquitecta, funcionaria de la municipalidad de Calera de Tango, analizamos en detalle un sinfín de prácticas corruptas que allí se cometían en el ámbito de su competencia, vale decir, vivienda y urbanismo, las que eran recurrentes por falta de control de sus autoridades locales y cuando se le consultó a ella la razón por la cual no se denunciaban, ya sea en la Seremi Minvu, en la Contraloría General de la República o en el Ministerio Público, se nos contestó que era muy comprometedor asumir esa responsabilidad por las consecuencias negativas que se producían. 

Sabemos que denunciar infracciones administrativas o delitos de los miles que existen en el aparato público traen repercusiones muy graves, no tanto para los que incurren en ellas, sino paradojalmente los que salen más perjudicados son los mismos que las revelan. Recordemos que en nuestra angosta y larga faja de tierra, la impunidad está consagrada como una norma no escrita que, con sacro escrúpulo, los que ejercen el poder saben respetarla invariablemente  A pesar de ello, le contestamos a dicha arquitecta que debía acogerse a la reciente Ley N° 21.592 que establece un estatuto de protección para todos aquellos que se atreven a acusar las malas prácticas en los servicios de la Administración y, ella como una proba funcionaria pública, procedió en consecuencia. 

Todos los antecedentes ella se los informó por escrito y presencialmente a la Contraloría, en ocasiones en compañía de este columnista y del arquitecto Víctor Manuel González, ex Seremi Minvu de la región metropolitana de Santiago y de la 4a región de Coquimbo. Reconocemos la excelente acogida que nos brindaron las altas autoridades del ente fiscalizador al escucharnos, lo que valoramos en su justa dimensión, pues nos consta que la Contraloría, por ser autónoma y de rango constitucional, ejerce irreprochablemente bien su función de control de los actos administrativos. Allí los lobbystas no tienen cabida.   

Pero, por indebidas tramitaciones burocráticas internas, la valerosa funcionaria que ejerció su derecho para combatir la corrupción acaba de ser notificada por su empleador municipal que, con fecha 31/12/2024, como un oportuno saludo de Año Nuevo, cesa en el ejercicio de su cargo, luego como se observa, operó en plenitud la represalia que la mencionada ley dice evitarla. Por casualidad, la alcaldesa de Calera de Tango, Hortensia Mora, autoridad que aparentemente desconocía la anarquía municipal, también es del partido político UDI. 

Así las cosas, queda en evidencia, con esta clarificadora y surrealista experiencia, que los funcionarios municipales de todo el país optarán por mantenerse mudos cuando conozcan violaciones a la ley, pues ellos preferirán no darlas a conocer en los organismos superiores respectivos, debido a que preferirán conservar sus cargos y sus sueldos.

Por ello, debido a que en los 4 casos descritos están involucrados alcaldes (as) UDI, es pertinente consultarle a la futura candidata presidencial de la derecha, Evelyn Mattei, qué opinión tiene al respecto.