El reciente informe emitido por la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, no solo genera indignación por los $11.800 millones comprometidos. Más grave aún, deja al descubierto una falla estructural en los mecanismos de control y una preocupante carencia de cultura organizacional dentro del aparato estatal.
Situaciones de esta naturaleza exigen una respuesta categórica por parte del Estado, mediante el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y la promoción de una cultura basada en la integridad y la responsabilidad.
El ausentismo laboral, especialmente cuando obedece a licencias médicas injustificadas o derechamente fraudulentas, constituye un problema de alto impacto. En el ámbito público, ello se traduce en una merma significativa en la calidad de la atención ciudadana, retrasos en la tramitación de servicios, sobrecarga para otros funcionarios y, lo más delicado, una creciente desconfianza hacia las instituciones y el sistema de salud.
En el sector privado, el fenómeno del ausentismo, intensificado tras la pandemia, ha sido enfrentado con determinación. Tras el COVID -19 hubo un promedio de 35,4 días de inasistencia por trabajador en 2022, esto según la Dirección de Presupuestos (Dipres) de Chile. El aumento se refleja en un incremento sustancial en comparación con los niveles pre-pandemia, llegando a un 27%, de hecho en 2024 las licencias fraudulentas emitidas por médicos irregulares han demostrado tendencia a la baja. Solamente un dato: en enero de 2023 el porcentaje de licencias con datos de médicos irregulares alcanzaba el 13,6%, mientras que en enero de 2024 esta cifra, bajó a 11,3%.
Desde el sector privado hemos comprobado que sí es posible reducir el ausentismo de forma significativa, con soluciones tecnológicas y metodologías de análisis predictivo que permiten identificar de forma oportuna conductas irregulares. Combinadas con estrategias disuasivas, estas herramientas han demostrado ser efectivas en la reducción de ausencias injustificadas, fomentando una gestión más eficiente, transparente y sostenible en el tiempo.
Esperamos que este caso marque un punto de inflexión. Pero no basta con la indignación ciudadana: se requiere una revisión profunda del sistema, la identificación de responsabilidades y la aplicación de sanciones ejemplares. Solo así será posible restituir la confianza en el servicio público y en la seriedad de nuestras instituciones.
Mientras España enfrenta el colapso de su mercado del arriendos y la gentrificación turística, Chile busca reactivar la compra con subsidios estatales y nuevas garantías. ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado sin desvirtuar el mercado?
El acceso a la vivienda ha dejado de ser solo una cuestión social. Hoy es también un factor macroeconómico crítico. Esa es la advertencia que lanza el Banco de España en su Informe Anual 2024: si no se abordan los profundos desequilibrios entre oferta y demanda de vivienda, el mercado inmobiliario puede convertirse en un “cuello de botella” para el crecimiento económico y en un “problema social de primera magnitud”.
A más de 10.000 kilómetros al sur, Chile ha llegado a un diagnóstico similar, aunque desde un ángulo distinto: el estancamiento del mercado inmobiliario, con más de 100 mil viviendas nuevas sin vender, obligó al Congreso a aprobar en mayo de 2025 un subsidio estatal a la tasa hipotecaria, junto con una garantía pública, en un intento por estimular la demanda y contener el deterioro de la industria.
Dos países. Dos modelos. Pero una misma urgencia: la vivienda como derecho básico y motor económico.
España: cuando la vivienda se convierte en privilegio
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación para los españoles, por encima incluso de la inflación o el desempleo.
El informe del Banco de España detalla que este problema se agrava por una combinación letal: una oferta escasa, una demanda creciente (impulsada por flujos migratorios y compradores no residentes), y una presión turística que transforma viviendas en activos especulativos.
El resultado es un aumento del 8,7% en el precio real de la vivienda solo en 2024, con incrementos aún más marcados en las zonas turísticas, como Alicante o Málaga. El alquiler, por su parte, subió en torno a un 10%, según estimaciones de los principales portales inmobiliarios.
El número de operaciones de compraventa alcanzó las 715.000 en 2024, pero el 90% de ellas correspondió a viviendas de segunda mano. La nueva construcción —aunque en crecimiento— no logra absorber la demanda: solo se visaron 127.500 nuevas unidades en todo el año. La rehabilitación, con apenas 24.000 permisos, también quedó por debajo de las metas del Plan de Recuperación español.
La consecuencia más grave, advierte el informe, la viven los jóvenes: una tasa de empleo del 43,2%, con un 20% de paro, y apenas el 10,4% de los compradores menores de 30 años. La emancipación juvenil se retrasa y la propiedad se vuelve una aspiración lejana.
Chile: estimular la compra como respuesta al sobrestock
En Chile, el problema es casi inverso. Mientras España enfrenta una demanda intensa con poca oferta, el mercado chileno sufre de exceso de oferta y demanda débil. Para revertir esta situación, el Congreso aprobó un subsidio a la tasa hipotecaria de 60 puntos base, destinado a personas naturales que compren su primera vivienda nueva de hasta 4.000 UF (unos 140.000 USD).
La medida se complementa con una garantía estatal del 60% del valor del inmueble, un mecanismo que busca reducir el riesgo bancario y facilitar condiciones más flexibles de financiamiento.
Se trata de una intervención ambiciosa, con potencial de transformar el mercado, pero también con riesgos estructurales: “Este tipo de subsidios puede terminar elevando artificialmente los precios si no se acompaña de un aumento sostenido en la oferta y una regulación eficaz”, advierte el economista urbano Tomás Herrera.
Y es que el problema de fondo en Chile —como en España— es estructural: un sistema que no logra generar suficiente vivienda social ni de arriendo asequible, y que ha delegado en el mercado la mayor parte de la solución habitacional.
Lo que une a ambas crisis: desigualdad, inversión extranjera y gentrificación
Pese a las diferencias de contexto, las causas profundas coinciden: la transformación de la vivienda en un activo de inversión, la presión de los alquileres turísticos, la falta de suelo urbano bien planificado, y el impacto de los flujos migratorios no siempre acompañados de políticas habitacionales integradas.
En España, los compradores no residentes representan ya el 8,4% de las operaciones, y poseen más de medio millón de viviendas. En zonas costeras, como Alicante, llegan al 11%. En Chile, si bien la proporción de inversión extranjera en vivienda es menor, la expansión de plataformas como Airbnb también ha afectado el acceso a arriendo en ciudades como Santiago, Valparaíso o Puerto Varas.
A ambos lados del Atlántico, el fenómeno de la gentrificación transforma barrios populares en enclaves turísticos, desplazando a residentes históricos y profundizando la brecha social.
¿Qué se puede hacer?
Según reporte obtenidos del Banco de España, ellos propone una batería de cinco medidas urgentes:
Garantizar seguridad jurídica y contractual en el mercado.
Fomentar la colaboración público-privada para viviendas de alquiler asequible.
Reducir trabas administrativas para la construcción y rehabilitación.
Impulsar la construcción industrializada para abaratar costos.
Crear programas de compensación para arrendadores.
En Chile, el desafío será evaluar el impacto real del nuevo subsidio y evitar que este beneficio transitorio se transforme en una distorsión estructural. “Sin una política de suelo, sin arriendo protegido y sin participación del Estado en la producción directa de vivienda, todo esfuerzo será limitado”, afirma Carolina Véliz, urbanista y asesora de políticas públicas.
La vivienda como síntoma y como solución
Lo que está en juego no es solo la capacidad de adquirir una casa. Es el tipo de sociedad que queremos construir. Si el acceso a la vivienda sigue dependiendo del ingreso, el crédito o la herencia, la desigualdad se convertirá en destino.
La gran lección de España y Chile es clara: la vivienda ya no puede tratarse como un bien de consumo individual, sino como infraestructura básica para una economía justa y una democracia estable. Y el reloj corre.
Con una política que mezcla alivio financiero y estímulo económico, el país busca enfrentar el alto stock inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda. Pero los desafíos de implementación siguen siendo considerables.
En un momento marcado por la desaceleración del mercado inmobiliario, el alza en las tasas de interés y un déficit estructural de viviendas, Chile ha dado un giro inédito: el Congreso aprobó un proyecto de ley que permitirá reducir el costo mensual de los créditos hipotecarios para personas naturales, mediante un subsidio directo a la tasa de interés. El objetivo no es solo aliviar el bolsillo de quienes buscan adquirir su primera casa, sino también reactivar un sector clave de la economía.
La medida llega en medio de un estancamiento del sector construcción, con más de 100 mil viviendas nuevas aún sin vender a fines de 2024, según estimaciones del propio Ejecutivo. “Es una señal clara para el mercado, pero también para las familias”, señalan desde la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el proyecto fue despachado para convertirse en ley.
El núcleo de la normativa es simple pero potente: un subsidio de 60 puntos base a la tasa de interés hipotecaria, dirigido a personas naturales que adquieran viviendas nuevas con un valor máximo de 4.000 UF (aproximadamente USD 140.000). El subsidio se entrega junto con una garantía estatal, lo que reduce el riesgo para las entidades financieras y facilita condiciones de crédito más accesibles.
Condiciones para acceder al beneficio
Pero no todos los compradores podrán optar al subsidio. La nueva ley establece restricciones claras:
Aplica únicamente a viviendas nuevas, en su primera venta.
El valor de la propiedad no puede superar las 4.000 UF, y en una línea paralela de subsidios más focalizada, hasta 3.000 UF.
Se excluyen operaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2024, así como créditos novados (renegociaciones).
Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos del Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva y otros criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda.
Según el texto legal, al menos 6.000 subsidios serán asignados a personas naturales que cumplan con estas condiciones, con especial énfasis en quienes acceden a su primera vivienda.
Un nuevo rol para el Estado
El Estado no solo subsidiará la tasa de interés. También asumirá riesgos con la creación de un nuevo programa de garantías estatales, dentro del Fondo de Garantía Estatal (FOGAES). Este cubrirá hasta un 60% del valor del inmueble, con una duración de entre 5 y 15 años, y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, o hasta 15 años después de otorgado el último crédito garantizado bajo esta modalidad.
Para muchos economistas, se trata de un rediseño estratégico del rol público en el acceso a la vivienda. “Chile ha optado por intervenir en el mercado hipotecario no sólo como facilitador, sino también como garante. Es un modelo que busca incentivar la demanda sin distorsionar la competencia bancaria”, explica Carolina Véliz, economista urbana de la Universidad de Chile.
Reactivación con mirada regional
La ley también contempla una dimensión productiva, con la creación del Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional. Este nuevo instrumento apunta a empresas con ventas netas anuales entre 25 mil UF y un millón de UF, excluyendo a la Región Metropolitana. El foco está puesto en regiones afectadas por baja inversión, desempleo o desastres naturales.
Los Ministerios de Hacienda y Economía deberán revisar anualmente si una región amerita la activación del programa, basándose en indicadores como ingresos, empleo e inversión. La idea es que la recuperación no solo sea sectorial, sino territorial.
La ley representa un cambio significativo respecto de la política habitacional chilena de las últimas décadas, centrada en subsidios directos a la demanda. Aquí, en cambio, se combinan estímulos al crédito con instrumentos de gestión de riesgo, buscando además resolver un problema coyuntural: el exceso de oferta en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, persisten dudas sobre su sostenibilidad y equidad. “Hay que evitar que este tipo de subsidios terminen encareciendo los precios o beneficiando a quienes ya tienen mayor acceso al crédito”, advierte Tomás Herrera, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). “Si no se complementa con mayor oferta de viviendas sociales y arriendo protegido, es una solución parcial”.
Para muchas familias, una oportunidad real
En las afueras de Rancagua, Verónica y Felipe —una pareja de profesores jóvenes— siguen con atención las noticias. “Teníamos miedo de no poder comprar nunca. Las tasas estaban por las nubes. Ahora tal vez sí podremos postular”, dice ella. “No es un regalo. Es una ayuda justa”, agrega él.
Historias como la suya son las que el gobierno espera multiplicar. Porque detrás del frío lenguaje técnico de las tasas y garantías, hay una necesidad urgente: que más personas puedan acceder a una vivienda digna, sin hipotecar toda su vida en el intento.
En una comuna históricamente marginada del sur de Santiago, tres nuevos buses eléctricos marcan más que un hito de infraestructura: representan un gesto de equidad, acceso y esperanza.
A primera vista, parecen buses más. Blancos, silenciosos, modernos. Se deslizan por las calles de El Bosque sin emitir ruido ni humo, transportando vecinos a sus destinos con una suavidad inusual para los estándares del transporte urbano chileno.
Pero estos tres vehículos no son simplemente una innovación tecnológica: son, para muchos en esta comuna del sur de Santiago, un símbolo tangible de que las ciudades también pueden cambiar desde sus márgenes.
“Uno de estos buses ya está en el sector 5, conectando a los vecinos con la estación de metro más cercana”, explica con orgullo Manuel Zúñiga, alcalde de El Bosque. “Los otros dos apoyarán los programas comunitarios y facilitarán el acceso de nuestras vecinas y vecinos a la salud, la cultura, el deporte”.
La escena parece casi una anomalía en una ciudad donde el transporte público, por décadas, ha sido sinónimo de hacinamiento, ruido y contaminación. Pero en El Bosque —una comuna que rara vez encabeza los titulares nacionales— el proyecto de electromovilidad impulsado por su gobierno local comienza a cambiar esa narrativa.
La apuesta municipal por un transporte más justo
La llegada de estos tres buses eléctricos es el resultado de un esfuerzo sostenido por parte del municipio, que gestionó la iniciativa ante el Gobierno Regional Metropolitano. La inversión —más de 766 millones de pesos— fue adjudicada mediante una licitación que priorizó criterios sociales, ambientales y de inclusión.
“Trajimos la última generación de buses ecológicos porque creemos en fortalecer a los municipios”, expresó Claudio Orrego, gobernador regional de Santiago, durante la ceremonia de entrega. “Compartimos con la gestión del alcalde Zúñiga esta visión de recuperar la ciudad para la gente”.
Los buses cuentan con una autonomía de 278 kilómetros, están equipados con 24 asientos con cinturones de seguridad y poseen accesibilidad universal: una rampa permite el ingreso de personas en silla de ruedas, un detalle que, para muchas familias, representa la diferencia entre participar o quedar al margen.
Además, el municipio ha decidido que la conducción de estos nuevos vehículos estará a cargo de mujeres con licencia profesional, en una apuesta concreta por la equidad de género en un rubro históricamente dominado por hombres.
Un futuro más limpio y silencioso
La transición hacia un sistema de transporte eléctrico no sólo reduce las emisiones contaminantes. También transforma el paisaje sonoro y ambiental de los barrios. Menos ruido, menos vibración, menos humo. En comunas como El Bosque, donde los niveles de congestión y polución afectan directamente la calidad de vida, este detalle importa.
“El cambio se siente. No sólo en el aire. Es un mensaje de respeto”, dice Claudia Méndez, vecina del sector Lo Blanco. “Es como si, por fin, alguien pensara en nosotros para algo bueno”.
Y para que el sistema funcione con eficiencia, el municipio habilitó tres modernos puntos de carga en el Parque Estadio Lo Blanco. Desde allí, los vehículos podrán operar a plena capacidad, cubriendo rutas estratégicamente diseñadas para atender necesidades reales: acceso a centros de salud, estaciones de metro, programas comunitarios.
Electromovilidad en clave social
Mientras en otras comunas de Santiago la electromovilidad aparece ligada a flotas privadas o rutas exclusivas, en El Bosque se instala desde una lógica de servicio público. No se trata de mover pasajeros, sino de acercar derechos.
“La electromovilidad en sí misma no es progreso si no mejora la vida de las personas que más lo necesitan”, reflexiona el alcalde Zúñiga. “Este es un paso. Pequeño si se mira desde arriba. Pero enorme si se mide desde abajo”.
El proyecto ha despertado atención y respaldo de distintas autoridades locales. A la ceremonia de entrega asistieron concejales, diputados y consejeros regionales, además de dirigentes vecinales, organizaciones deportivas y vecinos. Muchos veían por primera vez un bus eléctrico.
No hubo discursos grandilocuentes ni promesas vacías. Hubo, en cambio, algo más valioso: una comunidad mirando un futuro posible, más limpio, más digno.
Más que movilidad
En tiempos en que las desigualdades urbanas se profundizan, las decisiones de inversión pública adquieren una dimensión política y ética. En El Bosque, la llegada de tres buses eléctricos puede parecer un gesto modesto. Pero también puede leerse como un acto de justicia urbana: una forma concreta de redistribuir el bienestar, de acortar distancias físicas y simbólicas.
Por ahora, los buses avanzan en silencio por las calles del sur de Santiago. Pero su impacto resuena fuerte: en la vida de los vecinos, en el aire que respiran, en la manera en que se sienten parte de la ciudad.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.
El pasado 14 de mayo del año en curso, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) convocó a 6 de los candidatos presidenciales, dejando afuera a Mulet y Parisi, a una actividad proselitista llevada a cabo en el Centro de Eventos Metropolitan en la comuna de Vitacura, acto profusamente cubierto por la prensa.
En la cita, llena de ministros, parlamentarios y altas autoridades del Estado, la organización les entregó a esos candidatos un elegante manual, en donde se les dice cuales son sus demandas sectoriales «para que el país pueda salir del letargo en que está» (sic), según se lee en su página web.
Cinco días después, vale decir, el lunes 19 de mayo, la Cámara de Diputados obedeciendo rigurosamente los dictados de la CChC, despachó el proyecto de ley que crea un subsidio al dividendo del crédito hipotecario que pagarán los futuros compradores de viviendas nuevas, es decir, con ingentes recursos públicos se reduce la tasa del interés de esos créditos que otorgan los bancos.
Esta propuesta, ¡era que no!, fue impulsada por la misma CChC, por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y por el propio Ministerio de Hacienda y fue aprobada por 129 votos a favor, con una sola abstención.
Nos preguntamos ¿cuál habrá sido el motivo que tuvieron todos esos políticos, de izquierda a derecha, para impedir que las decenas de miles de necesitados de viviendas usadas y más baratas, puedan verse favorecidos con esa gravitante regalía monetaria? Recordemos que este subsidio focalizado sale del bolsillo de todos los contribuyentes.
La razón es una y muy simple, esas 2 asociaciones gremiales empresariales y el propio ministro Marcel buscaron que el subsidio tuviera como único propósito reducir la sobreoferta en el mercado de viviendas nuevas que han construido las inmobiliarias, por lo tanto esta es una mera política de salvataje al más influyente de los poderes fácticos, luego no persigue ayudar a todos los adquirentes de viviendas.
Si los diputados también apoyaron esa inicua iniciativa, quiere decir que estaban de acuerdo con este trato discrecional y arbitrario, o bien no leyeron la ley.
Aprovechamos la ocasión para decirle al presidente y directores de la CChC, tan exigentes en la certeza jurídica de los permisos de edificación y tan críticos con la palabrita «permisología» que se produce, según ellos, en los servicios que intervienen en la emisión de esos actos administrativos y en las autorizaciones para el inicio de faenas de sus proyectos, que obliguen a sus asociados que se debe respetar la Ley N° 19.878 del 31 de mayo del 2003, que establece un procedimiento de publicidad para este tipo de actos, incorporada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y reglamentada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Eso se llama transparencia, de la cual tanto se habla, pero tan poco se practica.
Conforme a esa ley, los directores de obras municipales (DOM), cuando cursan permisos de edificación, deben darlos a conocer a las Juntas de Vecinos del sector en donde se emplazará el proyecto y al respectivo Concejo Municipal, lo que sucede en muy pocas ocasiones. Ante esos recurrentes «olvidos» municipales, se vulneran las leyes y tales permisos se transforman en simples actos enigmáticos.
Relacionado con este asunto, se debe saber que los permisos ilegales otorgados por estos funcionarios municipales se pueden invalidar dentro de los 2 años desde que han sido cursados y notificados, razón por la cual un ciudadano puntudo, apelando a la ley N° 19.878, a través de su abogado Rodrigo Avendaño, le está exigiendo al DOM de Quillota que deje sin efecto el permiso contrario a derecho otorgado el año 2019 a un establecimiento sanitario en dicha ciudad. Ello, pues dicho DOM violó el procedimiento legal de publicidad y además porque el uso de suelo del terreno no era el idóneo.
Llama la atención que la prensa dominante solo le de tribuna permanente a aquellos particulares que proponen, por cuenta de ellos mismos, o actuando en función de empresas interesadas, eliminar varias normas ambientales que consideran innecesarias, sin aceptar la publicación de criterios más equilibrados, a sabiendas que es posible reducir en cierta medida la burocracia. Hemos manifestado en numerosas oportunidades que la demora en los trámites se produce por falta de profesionalismo de los agentes públicos y de los actores privados, es decir, son culpas compartidas.
En la municipalidad de Colina, por indebidas presiones externas, el DOM sistemática y antojadizamente, se niega a cursar un anteproyecto de edificación que cumple con todas las exigencias vigentes para ese tipo de actos administrativos y por ello consideramos indispensable que estos funcionarios no ejerzas sus cargos en forma vitalicia, como ocurre en la actualidad.
Si quisiéramos mejorar estas vitales funciones públicas, se debería acceder a ellas a través del Sistema de Alta Dirección Pública, con permanencias determinadas en el tiempo, para así evitar la lacra del amiguismo que genera la inveterada corrupción que se conoce. Este comentario, por razones obvias, está dirigido a Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo.
Por: Fernando Morales Bravo, Jefe de Especialidad de Geotecnia y Geomecánica, Arcadis
Apostar por el talento joven, responde a la necesidad de fomentar la cultura del aprendizaje, generando espacios en donde cada profesional emergente se sienta impulsado a crecer y proponer nuevas ideas.
En nuestro caso, atraer y potenciar a jóvenes ingenieros es parte de la identidad de Arcadis, un propósito que debiese ser un atributo central para toda organización que quiera plasmar un impacto significativo en una época donde la humanidad enfrenta grandes desafíos.
La diversidad de talento, energía y ambición, incentivan a cualquier grupo humano a evolucionar constantemente, tanto en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas como en su adhesión a grandes causas. En nuestra experiencia, la integración de las actuales generaciones de ingenieras e ingenieros, es una vía para innovar con propósito y avanzar hacia una real contribución social.
En este proceso, el acompañamiento de profesionales experimentados es esencial para fortalecer su formación y brindarles la confianza para enfrentar nuevos desafíos.
En estas más de cuatro décadas de Arcadis en Chile, hemos sido testigos de la evolución de la relación entre las comunidades y las industrias, un cambio en el paradigma donde profesionales jóvenes han desempeñado un papel fundamental. Su energía movilizadora, sensibilidad social y mirada innovadora, han sido determinantes para consolidar este vínculo positivo, demostrando que la forma en que nos conectamos con el entorno genera impactos reales y sostenibles.
Esto se traduce en un aprendizaje verdaderamente multidisciplinario, donde la ingeniería se vive desde una perspectiva que combina eficiencia, innovación y un fuerte compromiso con el medioambiente.
Captar talento joven también requiere de un enfoque integral que ponga en el centro a las personas, abordando temas emergentes como la salud mental, la conciliación de la vida familiar y un ambiente laboral positivo. Se deben promover beneficios concretos que equilibren la vida personal con el trabajo, que fomenten el desarrollo profesional, pero también el bienestar.
