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Condominios y seguros: La urgencia de proteger el patrimonio común ante lo inesperado

Más allá de una exigencia legal, asegurar los espacios comunes es una necesidad clave para resguardar la inversión y la estabilidad de quienes viven en copropiedad.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El incendio que hace unas semanas afectó a un edificio en pleno centro de Santiago no solo dejó viviendas y locales comerciales inhabitables por tiempo indefinido. También reabrió una conversación que suele evadirse en muchas comunidades: ¿Están los condominios realmente preparados para enfrentar una emergencia mayor?

La respuesta, en gran parte de los casos, es preocupante. Aunque la Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece la obligación de contratar seguros para las áreas comunes, muchas comunidades no cumplen o lo hacen sin una asesoría adecuada. Y las consecuencias pueden ser devastadoras.

“El seguro de espacios comunes, al igual que el de cada unidad, tiene un objetivo claro: entregar respaldo real cuando ocurre un siniestro. Porque una vez que el incendio ya se declaró o el sismo sacudió la estructura, lo que marque la diferencia será contar con una póliza vigente y correctamente contratada”, sostiene María José Ibarra, directora de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG).

El riesgo de estar mal asegurado

En la práctica, los espacios comunes de un condominio —ascensores, pasillos, techos, sistemas eléctricos y muros estructurales— pueden representar hasta un 60% del valor total del edificio. Por tanto, no asegurar correctamente estas áreas es, en palabras simples, dejar sin respaldo a gran parte del patrimonio de los copropietarios.

Un error frecuente es contratar pólizas por montos inferiores al valor real del inmueble. Este fenómeno, conocido como infraseguro, puede generar pérdidas significativas. A modo de ejemplo: si el edificio debiera estar asegurado por $160 millones, pero solo se contrata cobertura por la mitad, ante un siniestro de $80 millones, la aseguradora pagará solo la mitad, descontando además los deducibles. En la práctica, eso puede traducirse en un reembolso de apenas $35 millones, dejando al resto de la comunidad con la obligación de cubrir el saldo mediante alzas en los gastos comunes.

Asesoría profesional, una inversión clave

Desde ACOSEG advierten que uno de los principales problemas radica en la contratación de seguros sin asesoría técnica. Muchos comités de administración —o los propios administradores— optan por pólizas genéricas o inadecuadas, sin considerar variables esenciales como el tipo de construcción, el estado de las instalaciones, la ubicación o el valor real de reposición.

Contar con el acompañamiento de un corredor especializado permite, además, evaluar coberturas complementarias que pueden ser clave en momentos críticos.

¿Qué pasa si el edificio queda inhabitable?

El caso del edificio incendiado en Santiago dejó una lección particularmente dura: varias familias no solo perdieron su vivienda, sino también su capacidad de habitarla por un largo periodo. En este contexto, cobra relevancia una cobertura poco difundida pero muy necesaria: la inhabitabilidad.

Este adicional permite, por ejemplo, costear el arriendo de una vivienda temporal mientras se realizan las reparaciones. “En palabras simples, ofrece un salvavidas económico en los días más complejos”, apunta Ibarra.

Más que cumplir la ley, evitar conflictos

No contar con seguros adecuados no solo implica riesgos materiales. También puede abrir la puerta a conflictos internos entre copropietarios, demandas civiles contra los responsables de la administración y divisiones profundas al interior de la comunidad.

“Muchas veces, la diferencia entre una crisis gestionable y una catástrofe vecinal está en una póliza bien estructurada”, dice la directora de ACOSEG. “El seguro colectivo no es solo una obligación legal: es una herramienta de protección que resguarda la armonía, la estabilidad económica y la tranquilidad de todos los vecinos”.

Con un escenario de emergencias urbanas cada vez más frecuentes —desde incendios hasta fallas estructurales o fenómenos naturales—, la prevención no puede seguir postergándose. Porque cuando el desastre ya ocurrió, lo único que queda es enfrentar las consecuencias. Y en ese momento, tener un buen seguro puede marcar toda la diferencia.

FOGAES: Oportunidad histórica para invertir en el Sur con menor dividendo y mayor acceso

Por Gastón Braithwaite, gerente general de Inmobiliaria Onewaite

La reciente licitación de garantías estatales impulsada por el Ministerio de Hacienda representa un punto de inflexión para el acceso a la vivienda en Chile, especialmente en regiones con alto potencial turístico como el sur del país. No estamos hablando sólo de una medida económica: hablamos de una oportunidad histórica para miles de familias y nuevos inversionistas que, hasta ahora, veían una segunda vivienda como un sueño lejano o como una inversión poco alcanzable.

Gracias a este subsidio a la tasa de interés —dirigido a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF— los dividendos de los créditos hipotecarios pueden disminuir hasta en un 10%, con cifras que podrían llegar a los 100 mil pesos mensuales, según las condiciones de compra (pie, años, etc.). Para quienes hemos acompañado a compradores en cada etapa del proceso, este ahorro es significativo: marca la diferencia entre postergar una decisión o concretar con seguridad. En Onewaite ya hemos visto las primeras firmas, y lo más alentador es que los bancos están otorgando este beneficio sin mayores trabas. El sistema está funcionando y, lo más importante, está funcionando rápido.

Esta política pública llega en un momento clave: con la inflación a la baja, una economía más estable y una creciente búsqueda por parte de las personas de espacios que combinen bienestar, naturaleza y rentabilidad. Zonas como Pucón, Temuco, Puerto Varas o Frutillar ya no son solo destinos de vacaciones de temporada alta, sino centros habitacionales emergentes, gracias a fenómenos como el trabajo remoto, el arriendo estudiantil o el turismo de doble temporada.

Desde Onewaite hemos apostado por ese potencial. Nuestros proyectos en Temuco y Pucón parten desde las 2.700 UF, y están diseñados para ofrecer flexibilidad: desde departamentos individuales hasta unidades ideales para arriendo compartido. ¿El objetivo? Democratizar el acceso a propiedades de alto valor en zonas con fuerte demanda y excelente proyección.

La sobredemanda que tuvo esta primera licitación del subsidio hipotecario demuestra que el interés existe. Hay familias, profesionales jóvenes, emprendedores y parejas que están dispuestos a invertir si el sistema les da una oportunidad real. Y hoy, esa oportunidad existe.

La clave está en mirar más allá del corto plazo. Una propiedad bien ubicada en el sur no solo ofrece calidad de vida, también representa una alternativa concreta de inversión inteligente. Ya sea para vivir, para arrendar o para generar ingresos estables a través del turismo, el sur de Chile está dejando de ser un privilegio para transformarse en un espacio de acceso real.

El mercado se está moviendo, y con medidas como esta, el futuro de la vivienda en regiones también.

Cumplimiento normativo en inmobiliarias y constructoras: una necesidad estratégica en Chile

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios en COHLERS & PARTNERS

En un entorno regulatorio cada día más complejo y exigente, la industria inmobiliaria y de la construcción chilena enfrenta crecientes desafíos legales, reputacionales y operacionales, por lo que la implementación de un sistema de cumplimiento normativo (Compliance) ya no es una opción voluntaria o limitada a grandes corporaciones, sino una necesidad estratégica para todas las empresas del sector, independiente de su tamaño.

El cumplimiento normativo consiste en establecer políticas, procedimientos y controles que aseguren que una organización actúe conforme a las leyes, reglamentos y estándares aplicables. En el caso de inmobiliarias y constructoras, este marco no solo incluye la normativa urbanística y de edificación, sino también disposiciones ambientales, laborales, tributarias, de libre competencia, de protección al consumidor y, más recientemente, obligaciones derivadas de la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Así es. Chile ha experimentado en los últimos diez años un fortalecimiento del marco normativo que afecta directamente al rubro inmobiliario y de la construcción. La creciente fiscalización de organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Dirección del Trabajo y los municipios, sumado a una mayor conciencia ciudadana respecto de los impactos sociales y ambientales de los proyectos inmobiliarios, ha incrementado significativamente los riesgos legales y reputacionales para las empresas del sector. La banca hace lo suyo con sus “Basilea” respecto de proyectos de financiamiento que reciben.

Además, la reciente inclusión de nuevos delitos en la Ley N° 20.393, como los delitos ambientales, cohecho entre privados y delitos contra el orden socioeconómico, ha ampliado el espectro de riesgos penales que pueden afectar a las inmobiliarias y constructoras. En este contexto, contar con un modelo de prevención de delitos y un sistema de cumplimiento efectivo resulta fundamental para evitar sanciones que pueden implicar multas millonarias, la pérdida de licencias, la inhabilitación para contratar con el Estado, e incluso la disolución de la persona jurídica.

Efectivamente, un sistema de cumplimiento bien diseñado permite a las empresas no solo prevenir infracciones, sino también generar valor agregado. La integridad corporativa, la transparencia en la gestión de proyectos y el respeto a los derechos de comunidades y trabajadores fortalecen la reputación de la marca y la confianza de inversionistas, clientes y autoridades.

En un mercado competitivo y en transformación, los stakeholders (especialmente entidades financieras, fondos de inversión y compradores institucionales) valoran cada vez más la existencia de estándares de gobernanza y cumplimiento. Así, una empresa que tiene políticas robustas de integridad y sostenibilidad mejora su posición para acceder a financiamiento, participar en licitaciones o desarrollar alianzas estratégicas.

Para que el sistema de cumplimiento sea efectivo y útil en el sector inmobiliario y de la construcción, debe contar, al menos, con los siguientes elementos:

La evaluación de riesgos normativos y penales, ya que identificar las áreas de mayor exposición legal, como tramitación de permisos, contratación de trabajadores, relación con subcontratistas, compras públicas, entre otras; sirve para prevenir o mitigar riesgos relevantes para el negocio.

Políticas y procedimientos internos, para establecer reglas claras de conducta, mecanismos de control y estándares operativos alineados con las exigencias legales y éticas.

Contar con capacitación continua, para formar trabajadores, ejecutivos y contratistas en materias clave como prevención de delitos, conflicto de interés, seguridad laboral, medio ambiente y normativa urbanística.

Canales de denuncia y protección al denunciante, objeto facilitar la detección temprana de incumplimientos, asegurando confidencialidad y no represalia a quienes informen irregularidades; y

El monitoreo y mejora continua, evaluando periódicamente la efectividad del sistema y adaptarlo a cambios regulatorios, operacionales o de mercado.

De esta manera, las inmobiliarias y constructoras que incorporan el cumplimiento normativo como parte de su estrategia de gestión no solo minimizan riesgos legales, sino que también fortalecen su sostenibilidad, competitividad y legitimidad frente a la sociedad. En un país como Chile, donde los estándares regulatorios seguirán avanzando hacia mayor rigurosidad y fiscalización, contar con un sistema de cumplimiento normativo ya no es solo una buena práctica: es una necesidad.

10/11/2025 23:30
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