Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
A pesar de que los países no quiebran, para llamar la atención de la opinión pública denostando al gobierno anterior, la actual administración del presidente Kast, expresó que nuestro país estaba quebrado, dando cuenta de que al cierre de diciembre de 2025 la caja fiscal contaba con miserables U$ 40 millones, asunto técnico que fue aclarado, sin lugar a dudas, por Mario Marcel y otros destacados economistas.
Pues bien, este gobierno sostiene que para potenciar el crecimiento económico, ya que las cifras del mismo son muy reducidas, se han propuesto diversas medidas contenidas en un Plan de Reconstrucción Nacional, con las cuales se recuperará dicho crecimiento debido, entre otras cosas, a una serie de recortes fiscales y reducción de la burocracia, pues la ingeniosa palabra «permisología» posterga e incluso impide la consecución de los proyectos de inversión.
Para ello, en primer lugar, conforme a la exigencia de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) se está desmantelando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), lo que es muy fácil, ya que para ello basta con la emisión de decretos del ministerio de vivienda y urbanismo (Minvu) que se publican en el Diario Oficial.
A modo de ejemplo, con el argumento de liberar el uso del suelo para agilizar los procesos constructivos, vendiendo la pomada de que así se disminuye en hasta el 15% el precio de los inmuebles, habrá un cambio en el cálculo de densidad habitacional, reduciendo el número de personas por vivienda, con lo cual será posible construir mayor número de departamentos en los proyectos que se ejecuten en el mismo predio.
También se exigirán menos estacionamientos ampliándose de los actuales 3 años a 6, para que se declaren las caducidades de los permisos mal cursados por los directores de obras municipales (DOM). Sobre éstas y otras alegres medidas de flexibilización, en la práctica, harán subir el precio de los terrenos.
En el ámbito del ministerio de Medio Ambiente ya se habla del “silencio administrativo positivo”, ardid con el cual se entienden aprobados los proyectos que no han sido resueltos por la administración, ello aunque esas inversiones generen perjuicios en el territorio donde se ejecuten, ya sea, urbano o rural.
Otra pillería es la concerniente a reducir los 2 años a 6 meses, disposición contenida en el artículo 53° de la ley del procedimiento administrativo, los períodos máximos fijados para que las autoridades competentes invaliden los actos administrativos contrarios a derecho, lo cual es una gravitante ventaja para aquellos privados que son renuentes a ceñirse a las leyes.
A pesar de que este gobierno se declara como seguidor de la escuela económica austríaca, la que impulsa a todo trance el individualismo en las políticas productivas de libre mercado que llevan a cabo los gobiernos, por ende despreciándose al Estado, por su condición de reconocido ineficiente, nos encontramos con la sorpresa de que, para solucionar el sobre stock de 100.000 viviendas que las empresas constructoras no han podido vender en el mercado, esta administración de Kast le está solucionando el problema a ese sector privado, al eliminar el pago de IVA por el período de un año, en las transacciones comerciales de las mismas.
Luego, con recursos públicos que el Estado deja de percibir, se ayuda a esos influyentes empresarios para que vendan sus inmuebles.Está claro que si Ludwig von Mises estuviera vivo, ya habría reprochado esa conducta.
Otro asunto, ya grotesco, es el cambio en la relación Estado-Inversionistas, pues ahora si un proyecto de cualquier tipo que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y enseguida, por justificados reclamos de terceros, es rechazado en instancias judiciales, los gastos incurridos deberán ser reembolsados por el mismo Estado al privado.
Y ya para sonreír, se intenta modificar la disposición referida al impuesto territorial, conocido como contribución de bienes raíces. Actualmente las personas mayores de 65 años, tercera edad, no pagan esas contribuciones por las viviendas en que residen, si las mismas tienen hasta un cierto avalúo fiscal y si sus ingresos declarados en el Servicio de Impuestos Internos (SII) están limitados a determinados montos de dinero.
Ahora el gobierno de los poderosos propone que esta exención no tenga ambas condicionantes, por lo tanto se pretende favorecer a aquellos que residen en casas-habitación con avalúos superiores, sin tope, y que sus ingresos monetarios sean de varios millones de pesos, por lo tanto afectándose al denominado fondo común municipal que beneficia a las comunas más pobres del país.
De esta manera el calificado canciller Pérez Mackenna, quien dispone de 14 automóviles de lujo, entre Mercedes Benz, BMW, Aston Martin, Porsche, Mac Laren y otros de alta gama, los debe estacionar en su amplia y elegante casa-habitación, por la cual no pagará ni un céntimo por concepto de impuesto territorial, lo mismo que sucederá con nuestros compatriotas, quienes por sus habilidades para los negocios, concentran la riqueza del país.
Sobre cuestiones anecdóticas que suceden durante el actual gobierno, conforme a la farándula de moda que cuenta con tantos seguidores, tenemos una razonable duda respecto del chisme del fotógrafo y contertulio televisivo, Jordi Castell, quien asegura que una ministra de Kast es «íntima amiguita» de un hombre casado, con el cual comparte el techo y, por otro lado, no creemos que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, como lo aseguran abogados y periodistas, haya tenido un pololo agente de la PDI en Iquique, cuando ella ejercía el cargo de Fiscal Regional de Tarapacá.
Pero sí nos pareció fuera de lugar que ella haya citado a su oficina a Eduardo Cerna, director nacional de la PDI, para formularle comentarios sobre la prefecta general, Consuelo Peña, pues en rigor institucional, Steinert debió solicitarle la entrevista a Cerna para realizarla en la oficina de éste.
En relación al criticado y burlesco comportamiento de Mara Sedini, ministra vocera de gobierno, recordamos que tiempo atrás, con motivo de la inundación de cientos de casas de alto precio en Curicó, mal emplazadas por la empresa constructora del senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, el canal Chilevisión invitó a la política del PPD, Natalia Piergentili, a quien suscribe esta columna de opinión y a la entonces actriz y cantante, Mara Sedini, para que los 3 nos refiriéramos en directo a la tragedia que estaba ocurriendo.
El entrevistador era el conocido periodista, Julio César Rodríguez, y quienes dejamos muy mal parado al senador Galilea fuimos Piergentili y mi persona. La actual vocera Sedini, tan locuaz y repetitiva de conceptos cuando enfrenta a los periodistas, estuvo absolutamente muda en todo ese programa de televisión. ¿Habrá sido porque ella, por motivos ideológicos, no quiso incomodar al senador de derecha?
En resumen, las más importantes empresas están felices, pues este proyecto de ley contempla un rebaja del impuesto corporativo del 27° al 23° y como estaremos regidos durante 4 años por un gobierno de extrema derecha, elegido democráticamente por la mayoría de los chilenos, no queda más que soportarlo con paciencia musulmana.
