Por: Sergio Jara Rivera CEO SOMA Holding Group.
La reciente publicación de la Circular Ordinaria N° 011 del MINVU y las asfixiantes exigencias operativas de su plataforma digital han dejado al descubierto una verdad incómoda: los administradores de condominios en Chile están completamente huérfanos de una representación seria, transversal y creíble.
Hoy, el rubro se enfrenta a un escenario regulatorio inédito bajo la Ley N° 21.442. La autoridad excede sus funciones imponiendo cargas públicas ilegales —como obligar a los profesionales a digitar condominios desde cero para suplir las falencias de los sistemas del Estado—. Frente a este atropello técnico, la gran masa de administradores independientes mira con total desconfianza a las asociaciones existentes.
La razón del escepticismo es concreta: las cúpulas de los gremios actuales participaron activamente en las mesas de discusión y tramitación de la presente ley, pero el resultado de esa gestión fue el fracaso absoluto. No lograron mitigar las cargas burocráticas, no defendieron las especificidades del ejercicio profesional y permitieron la creación de un sistema que ignora la realidad del condominio chileno.
Tras esta nula efectividad, muchas de estas organizaciones se replegaron sobre sí mismas, transformándose en estructuras herméticas dedicadas a defender agendas particulares y privilegios de unos pocos. Quienes llevan tiempo en la profesión conocen perfectamente a los nombres detrás de estas cúpulas y han sido testigos de actuares profundamente reñidos con la ética, donde los intereses personales y el compadrazgo sepultaron cualquier atisbo de meritocracia técnica. Esta falta de moralidad interna ha provocado que la gran mayoría de los administradores con experiencia opte por restarse, negándoles a estas asociaciones toda legitimidad.
Esta crisis de representatividad tiene un costo altísimo. Al no contar con una institución validada, con espaldas éticas y peso profesional ante los ojos de la autoridad, el MINVU legisla y dicta instrucciones desde un escritorio, sin interlocutores válidos que defiendan al administrador de a pie. El resultado está a la vista: un rubro fragmentado donde los independientes deben agruparse de forma espontánea y orgánica para levantar reclamos.
La administración inmobiliaria ya no es un oficio de buena voluntad, sino una actividad de alta responsabilidad civil y legal. Mientras no surja una nueva institucionalidad gremial genuina, liderada por técnicos transparentes y alejada de los liderazgos desgastados y cuestionados de siempre, los administradores seguirán pagando los platos rotos de una burocracia estatal que los utiliza como digitadores gratuitos.
