La Contraloría General de la República, en su categórico dictamen N° E547184/2024 emitido el miércoles 02/10/2024, aludiendo a diferentes aspectos relacionados con los actos administrativos municipales para construir varias decenas de edificios conocidos como guetos verticales, traslada los antecedente al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE)

La incertidumbre asociada a la 'permisología’ está encareciendo los proyectos y, por ende, desincentivando la inversión y el crecimiento de nuestro país. Eso es un hecho.

El sector inmobiliario está experimentando una creciente tendencia:  demandas a municipios por daños debido a la falta de servicios.  El reportaje del El Diario Financiero del pasado lunes destaca cómo esta tendencia está cambiando el sector.  Recientemente,  una inmobiliaria demandó a un municipio por daños causados por la ausencia de servicios,  marcando un precedente.

Como ese medio no lo dijo, se debe saber que, conforme el oficio N° 1029 del 31/03/2023 de la Dirección de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) enviado a quien firma, existen unas 50 personas que explotan el negocio de la renta residencial que son dueños de entre 1.000 y 3.000 de esos inmuebles (sic), los que hasta el año 2022 nunca declararon al SII los millonarios ingresos derivados de tales alquileres. 

El caso de Portezuelos nos muestra cómo los organismos públicos y Seremi que informan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mayoritariamente recomendaron rechazar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y a pesar de esto, el SEA emitió un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) desfavorable.

Con fecha 30/07/2024, se envía carta a la Señora Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralora General de la República, donde en la Presente del Asunto, se expresa disconformidad por no emitirse un dictamen respecto de un Estudio de Conos de Sombra mal elaborado