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Aspectos como la generación de residuos es uno de los focos más importante de la industria respecto la normativa. la adopción de prácticas más sostenibles es uno de los puntos clave.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El rubro de la construcción en Chile vive momentos cruciales respecto a la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que busca potemciar las tasas de recolección y reciclaje, ha sido un avance crucial en la gestión de residuos a nivel nacional y ha marcado un hito importante en materia medioambiental.

De acuerdo con ProREP, Sistema de Gestión exclusivo para Envases y Embalajes no domiciliarios del país, el impacto de la normativa en la industria de la construcción nos enfrenta a temas que requieren especial atención.  

En cada una de sus obras, desde la planificación hasta su culminación, este sector produce una significativa cantidad de residuos de Envases y Embalajes que no se estarían segregando adecuadamente. “Y esa es una acción que no solo dificulta el reciclaje, sino que también nos aleja de los objetivos de la economía circular que la Ley REP busca incentivar”, señala Nesko Kuzmicic, gerente de Operaciones y Economía Circular de ProREP.

Por esto, añade que un aspecto crítico es la necesidad de cambiar la mentalidad respecto a los residuos en las obras. “La segregación adecuada y la valorización no sólo es una obligación legal, sino una oportunidad para reducir costos a largo plazo, incorporando materiales reciclados como insumos y mejorando la imagen corporativa en un mercado cada vez más consciente de la sostenibilidad. Iniciativas como el proyecto circular ‘Pilotos de segregación en origen’, que implementa ProREP con sus empresas socias, busca, precisamente, apoyar a las constructoras en este proceso”, señala.

Pero el desafío de mejorar la segregación es solo el primero de muchos. En el mundo, aproximadamente el 20% del material reciclado, especialmente plásticos y metales provenientes de residuos de Envases y Embalajes, son demandados como materia prima por el sector de la construcción. En Chile, si bien está lejos de esas cifras, existe un creciente consenso para avanzar en este sentido, asegura Kuzmicic.

“Muchas empresas aún no comprenden completamente su rol bajo esta normativa. La Ley REP no solo afecta a los Productores de materiales e insumos de la construcción, sino también a los Consumidores Industriales, que abarcan todos aquellos establecimientos donde se generen desechos de Productos Prioritarios, incluidos los de obras de construcción. En esta línea, las constructoras e inmobiliarias tienen la obligación de valorizar los residuos de Envases y Embalajes generados, e informarlo a la autoridad, ya que no hacerlo implica sanciones millonarias y una oportunidad perdida para contribuir a la sostenibilidad”, añade el ejecutivo de ProREP.

Sobre la manera cómo enfrentar estos desafíos, Kuzmicic reafirma que la colaboración y las sinergias entre distintas iniciativas orientadas a la sustentabilidad del sector son clave para desarrollar y promover una gestión circular. “Los esfuerzos que pueda hacer un Sistema de Gestión como ProREP no deben verse como una acción aislada, ya que van en línea con importantes actividades que apuntan a alcanzar mayores grados de sustentabilidad en esta industria, entre las que destacan el Compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción y Construye 2025”, concluye.

En qué cosiste la ley REP

La Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) en Chile es una normativa importante dentro de la política ambiental del país. Esta ley, cuyo nombre completo es Ley N° 20.920, fue promulgada en 2016 como parte de la estrategia de Gestión de Residuos y Fomento al Reciclaje. La Ley REP obliga a los productores de ciertos productos a hacerse cargo de la gestión de los residuos que generen estos productos una vez que han terminado su vida útil.

Son varios los puntos clave respecto a esta nueva normativa, uno de ellos radica en lo que se ha conocido como productos prioritarios, ya se aplica a siete categorías de productos que se consideran prioritarios por su impacto ambiental: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos, pilas y baterías, y vehículos. Los productores de estos bienes deben financiar y organizar la gestión de los residuos que generan.

Sobre la responsabilidad del productor, estos deben hacerse cargo de todo el ciclo de vida de sus productos, desde su diseño y fabricación hasta su disposición final. Esto incluye la recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos.

La ley establece metas de recolección y reciclaje para los productos prioritarios. Estas metas varían según el tipo de producto y están diseñadas para incrementar gradualmente la cantidad de residuos que son reciclados en lugar de ser enviados a rellenos sanitarios o incinerados. Los productores pueden cumplir con sus obligaciones de manera individual o a través de un sistema colectivo de gestión. Esto les permite colaborar para reducir costos y mejorar la eficiencia del reciclaje.

Existen beneficios ambientales sobre la implementación de esta normativa, ya que busca reducir la generación de residuos, promover el reciclaje y minimizar el impacto ambiental de los productos. También fomenta la economía circular, donde los materiales se reutilizan y reciclan en lugar de ser desechados.

Hablemos de Implementación, impacto y desafíos

La implementación de la Ley REP ha sido gradual y ha enfrentado varios desafíos, como la adaptación de las industrias a las nuevas exigencias, la creación de infraestructura para el reciclaje, y la concientización de los consumidores sobre la importancia del reciclaje y la gestión adecuada de residuos.

Respecto al impacto en el sector de la construcción en Chile, la Ley REP es vista como un paso significativo para mejorar la gestión de residuos en Chile y avanzar hacia una economía más sostenible y circular. Su éxito dependerá de la colaboración entre el gobierno, las empresas, y la sociedad civil.

La ley también contempla incentivos para el cumplimiento y sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones. Esto incluye multas y otras medidas coercitivas para asegurar que los productores asuman su responsabilidad.

Esta normativa representa un cambio importante en la manera en que se manejan los residuos en Chile, promoviendo la responsabilidad compartida y una mayor conciencia ambiental.