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PRONTO

La protección de humedales en Chile y su legislación actual

En Chile, los humedales representan ecosistemas clave que no solo aportan a la biodiversidad, sino que también cumplen funciones fundamentales como la regulación del ciclo del agua, la captura de carbono, y la protección contra inundaciones.

Sin embargo, durante años han sido objeto de degradación y destrucción debido al avance de proyectos inmobiliarios, industriales y agrícolas, que ponen en riesgo su existencia. Ante este panorama, la legislación en torno a la protección de humedales en Chile ha sido una de las principales herramientas para intentar frenar su desaparición, aunque no sin enfrentar desafíos.

La Ley N° 21.202, promulgada en 2020, fue un paso significativo hacia la protección de los humedales urbanos en el país. Esta normativa otorgó a los municipios la facultad de solicitar la protección de estos ecosistemas dentro de sus límites, lo que a su vez refuerza su conservación ante el avance de proyectos que podrían impactar negativamente su equilibrio ecológico.

Esta ley se centra principalmente en los humedales urbanos, lo que ha dejado fuera de su alcance a los humedales rurales, que representan una gran porción del total en el país.

En enero de 2023, se aprobó el reglamento que regula esta ley, estableciendo criterios técnicos más claros para determinar cuáles humedales califican como sujetos de protección. Este reglamento busca asegurar que las intervenciones en estos ecosistemas se realicen bajo estrictas normativas, exigiendo estudios de impacto ambiental en caso de cualquier proyecto que afecte directamente a un humedal.

A pesar de los avances normativos, el desafío sigue siendo su implementación efectiva. Organizaciones medioambientales han denunciado que en varios casos, los humedales continúan siendo vulnerables frente a actividades económicas, debido a la falta de fiscalización o a vacíos legales que permiten que proyectos se realicen bajo excepciones. La construcción, el avance urbano y la falta de gestión en algunas áreas rurales continúan siendo los principales factores que afectan la preservación de estos espacios.

El gobierno del presidente Gabriel Boric ha manifestado su interés en fortalecer la protección de los humedales, alineándose con los compromisos internacionales adquiridos por Chile en cuanto a la protección de ecosistemas vulnerables.

No obstante, el reto está en cómo implementar políticas de protección más integrales que no solo consideren los humedales urbanos, sino también los rurales, y que aseguren que las industrias cumplan con los requisitos legales y ambientales que se les impongan.

El futuro de los humedales en Chile depende, en gran parte, de la conciencia colectiva sobre su importancia, tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía. Si bien se han dado pasos importantes a nivel legislativo, aún queda un largo camino para que la normativa actual sea suficiente para garantizar la protección de estos ecosistemas frente al crecimiento económico y la expansión urbana.

La vivienda industrializada en Chile: Un camino hacia la eficiencia y la sostenibilidad

La crisis habitacional en Chile ha impulsado la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para abordar el déficit de viviendas. En este contexto, la vivienda industrializada ha emergido como una alternativa prometedora, ofreciendo no solo rapidez en la construcción, sino también una mayor calidad y eficiencia en el uso de recursos.

La vivienda industrializada se caracteriza por la prefabricación de componentes en fábricas, lo que permite un control de calidad más riguroso y una reducción significativa en los tiempos de construcción. Esto no solo acelera la entrega de viviendas, sino que también disminuye el impacto ambiental, al minimizar los residuos y optimizar el uso de materiales. En un país con un déficit habitacional importante, estas ventajas son cruciales para enfrentar el reto de proporcionar hogares dignos y accesibles en un tiempo récord.

El avance de la tecnología ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la vivienda industrializada. La incorporación de herramientas digitales, como el modelado de información de construcción (BIM), permite una planificación más precisa y una coordinación eficiente entre los distintos actores involucrados en el proceso constructivo. Asimismo, la automatización y la robótica están comenzando a transformar la fabricación de componentes, elevando la productividad y reduciendo los costos.

A pesar de sus ventajas, la adopción de la vivienda industrializada en Chile enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es la percepción del público, que a menudo asocia las viviendas prefabricadas con una menor calidad. Es crucial que el sector de la construcción y las autoridades trabajen en conjunto para educar a la población sobre los beneficios y la viabilidad de estas soluciones habitacionales.

Además, es necesario que el marco regulatorio se adapte a las particularidades de la vivienda industrializada. Esto incluye desde la homologación de normativas hasta la agilización de los permisos de construcción. La reciente iniciativa del gobierno para simplificar la «permisología» en el sector inmobiliario podría ser un paso importante en esta dirección, facilitando la implementación de tecnologías constructivas más avanzadas.

Un futuro esplendor

La vivienda industrializada representa una oportunidad única para Chile, no solo para abordar su crisis habitacional, sino también para liderar en la región en la implementación de prácticas constructivas sostenibles y tecnológicamente avanzadas. El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la colaboración entre el sector público y privado, así como de la aceptación y demanda por parte de los ciudadanos.

Chile está en una encrucijada, y la elección de caminos hacia una construcción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente podría marcar la diferencia en la calidad de vida de miles de familias. La vivienda industrializada no es solo una opción, es una necesidad imperativa para un país que busca equilibrar su crecimiento con la sostenibilidad y la justicia social.

Mercado de oficinas en Chile: Un refugio de estabilidad en América Latina

El Mercado de Oficinas en Chile: Un Refugio de Estabilidad en América Latina

El mercado de oficinas en América Latina ha sido testigo de una notable transformación en los últimos años, influenciado por factores globales como la pandemia y las fluctuaciones económicas. En medio de este panorama, Chile ha emergido como un ejemplo de resiliencia y fortaleza, posicionándose como el tercer país más caro en América Latina en cuanto al precio por metro cuadrado (m2) de oficinas, según un reciente informe de Colliers.

La pandemia de COVID-19 provocó un reajuste en los mercados de oficinas a nivel mundial, con una tendencia generalizada a la baja en los precios del m2 en varias ciudades de la región. No obstante, Santiago, junto con Lima, ha logrado contrarrestar esta tendencia, registrando una valorización del m2 de oficinas en los últimos años. Según el estudio de Colliers, mientras que Lima vio un incremento del 12% en el valor del m2, Santiago pasó de ser la segunda ciudad más barata en 2008 con 21,3 dólares/m2 a convertirse en la tercera más cara en 2023, con un valor de 22 dólares/m2, lo que representa un aumento del 4%.

Este fenómeno es testimonio de la madurez y solidez del mercado chileno de oficinas, que ha sabido adaptarse y recuperarse de los embates de la crisis sanitaria. En contraste, otras ciudades de la región, como Panamá, Buenos Aires, y São Paulo, han experimentado desvalorizaciones significativas, con caídas que oscilan entre el 28% y el 39%.

Uno de los aspectos más destacados del mercado chileno es su baja tasa de vacancia, la segunda más baja de América Latina con un 10,8%, solo superada por Bogotá, que registra un 8,9%. Esta baja vacancia refleja un mercado dinámico, donde las empresas están aprovechando oportunidades para mejorar sus espacios de trabajo en zonas estratégicamente conectadas. A medida que la economía continúa recuperándose, se proyecta que los precios seguirán aumentando en el mediano plazo, lo que subraya la importancia de tomar decisiones estratégicas en el presente.

La estabilidad y el atractivo del mercado chileno no solo benefician a las empresas locales, sino que también posicionan a Santiago como un destino atractivo para inversionistas extranjeros que buscan seguridad y rentabilidad en sus inversiones. En un contexto regional marcado por la incertidumbre, la capacidad de Chile para mantener y aumentar el valor de sus oficinas es un indicador claro de su fortaleza económica y su capacidad para adaptarse a los desafíos globales.

En resumen, el mercado de oficinas en Chile no solo ha demostrado una capacidad notable para resistir las crisis, sino que también se ha consolidado como un refugio seguro para la inversión inmobiliaria en América Latina. La valorización del m2 y la baja tasa de vacancia son señales claras de un mercado robusto que sigue ofreciendo oportunidades atractivas para quienes buscan espacios de calidad en una economía estable.

La importancia de una estrategia de marketing inmobiliario para las Empresas

En el competitivo mercado inmobiliario, la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo radica en la efectividad de la estrategia de marketing que una empresa emplea. Un buen producto no se vende por sí solo; requiere de una visibilidad adecuada, un posicionamiento preciso y una conexión emocional con los potenciales compradores. Aquí es donde entra en juego la importancia de contar con una estrategia de marketing inmobiliario bien definida.

En primer lugar, el marketing inmobiliario permite que las empresas lleguen a su público objetivo de manera efectiva. En un mercado saturado, es esencial que las propiedades se destaquen. Mediante el uso de herramientas digitales como el SEO, las redes sociales, y campañas de email marketing, una empresa puede asegurarse de que sus proyectos lleguen a los clientes adecuados, en el momento adecuado. Esto no solo aumenta la visibilidad de la propiedad, sino que también mejora las tasas de conversión, ya que el mensaje llega a personas con un interés genuino.

Además, una estrategia de marketing inmobiliario bien diseñada puede construir y fortalecer la marca de la empresa. En la industria inmobiliaria, la confianza y la reputación lo son todo. Los compradores buscan seguridad y garantía al realizar una inversión tan significativa como la adquisición de una propiedad. A través de un marketing coherente y de calidad, una empresa puede establecerse como un líder en el mercado, ganando la lealtad de sus clientes y asegurando un flujo constante de nuevos negocios.

Otro aspecto crucial es la adaptación a las tendencias tecnológicas. El marketing inmobiliario ha evolucionado rápidamente con la incorporación de herramientas como la realidad virtual, que permite a los compradores realizar visitas virtuales a las propiedades desde cualquier lugar del mundo. Este tipo de innovaciones no solo facilita el proceso de compra, sino que también amplía el alcance de la empresa, permitiéndole captar clientes de mercados internacionales.

Por último, una buena estrategia de marketing inmobiliario es fundamental para la gestión de la reputación online. Hoy en día, las reseñas y opiniones de otros compradores pueden influir decisivamente en la decisión de compra. Por tanto, es vital que las empresas monitoreen y gestionen activamente su presencia en línea, respondiendo a comentarios y abordando posibles problemas antes de que escalen.

En resumen, en un sector tan dinámico y competitivo como el inmobiliario, no es suficiente contar con buenos proyectos. La clave está en cómo se presentan y venden al público. Una estrategia de marketing inmobiliario sólida y bien ejecutada no solo impulsa las ventas, sino que también construye una marca duradera, mejora la experiencia del cliente y asegura el éxito a largo plazo en el mercado. Las empresas que invierten en marketing inmobiliario están, en última instancia, invirtiendo en su futuro.

Línea 7 del Metro de Santiago: Un paso trascendental para el transporte urbano en la RM

La movilidad urbana en Santiago está a punto de experimentar una transformación histórica con la construcción de la Línea 7 del Metro. Este proyecto no solo representa una expansión física de la red de transporte subterráneo, sino que simboliza un avance en la calidad de vida de los santiaguinos y en la sostenibilidad de la ciudad.

La Línea 7, que conectará las comunas de Renca y Vitacura a través de un trazado que cruza de este a oeste, promete aliviar la presión sobre la sobrecargada Línea 1, así como en otras rutas clave del sistema. Esto no solo es una victoria para los usuarios actuales, que experimentan congestiones diarias en sus viajes, sino que también significa una ampliación del acceso al transporte público de calidad en áreas que, hasta ahora, han estado desatendidas.

Este proyecto, previsto para inaugurarse en 2027, va más allá de ser una solución a los problemas actuales de movilidad; es una inversión a largo plazo en la estructura de la ciudad. Los tiempos de viaje se reducirán significativamente, con trayectos que podrían ser hasta un 50% más rápidos, beneficiando no solo a quienes ya utilizan el metro, sino también atrayendo a nuevos usuarios que anteriormente dependían de otros medios de transporte.

Además, la Línea 7 contribuirá a una reconfiguración del espacio urbano. Las comunas por donde pasará experimentarán un desarrollo económico y social que irá de la mano con la nueva infraestructura. Inversiones en comercios, servicios y viviendas seguirán el trazado del metro, generando un ciclo virtuoso de crecimiento que impactará positivamente en la ciudad en su conjunto.

No menos importante es el impacto ambiental positivo que se espera con la implementación de la nueva línea. Reducir la dependencia del automóvil particular es crucial para una ciudad que lucha contra la contaminación y los embotellamientos crónicos. La Línea 7 es un paso decisivo hacia un futuro más verde, donde el transporte público se posiciona como la mejor alternativa para moverse por la ciudad.

Sin embargo, este ambicioso proyecto no está exento de desafíos. La ejecución eficiente de la obra, el manejo de los costos y la integración con el resto del sistema de transporte son aspectos que deberán ser vigilados con atención. Pero si se manejan correctamente, la Línea 7 tiene el potencial de ser un ejemplo de cómo la infraestructura pública puede mejorar la vida de millones de personas.

En resumen, la Línea 7 del Metro de Santiago no solo es una nueva línea en el mapa del transporte urbano; es un símbolo de progreso, de una ciudad que avanza hacia un futuro más equitativo, eficiente y sostenible. Es una obra que, cuando se complete, transformará la forma en que los santiaguinos se mueven, viven y experimentan su ciudad.

El desafío del suelo para la vivienda en Chile

Chile enfrenta una crisis en el acceso al suelo para la vivienda, un problema que afecta no solo a las familias más vulnerables, sino también al desarrollo urbano sostenible y a la equidad social en el país. La escasez de terrenos aptos para la construcción de viviendas asequibles en las principales ciudades, junto con el incremento constante en los precios de la tierra, ha generado un panorama preocupante que requiere una intervención decidida por parte del Estado y una reflexión profunda sobre las políticas de uso del suelo.

El acceso a suelo urbano adecuado es un factor esencial para garantizar el derecho a la vivienda digna. Sin embargo, en Chile, el precio de la tierra se ha disparado en las últimas décadas, impulsado por la especulación inmobiliaria y la falta de regulación efectiva. Este fenómeno ha llevado a que las zonas urbanas se expandan hacia la periferia, muchas veces en áreas de riesgo o sin la infraestructura necesaria, creando barrios segregados y con escasos servicios básicos.

La especulación del suelo es uno de los principales factores que ha exacerbado esta crisis. Los terrenos son adquiridos y mantenidos sin desarrollar, con la expectativa de que su valor aumente en el futuro. Esta práctica no solo limita la disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas, sino que también incrementa los costos para los proyectos que sí se llevan a cabo, afectando directamente el precio final de las viviendas.

Por otro lado, las políticas de uso del suelo y planificación urbana han demostrado ser insuficientes para enfrentar este desafío. Las normativas actuales permiten un desarrollo desigual, donde las zonas con mayor accesibilidad y servicios se vuelven inaccesibles para la mayoría de la población, mientras que las áreas menos desarrolladas, aunque más asequibles, carecen de las condiciones necesarias para un hábitat adecuado. La falta de una planificación urbana coherente y sostenible ha llevado a la fragmentación de las ciudades y a la creación de «guetos de pobreza» en las periferias.

El gobierno ha intentado abordar esta situación a través de diferentes programas y subsidios habitacionales. Sin embargo, estas medidas suelen ser insuficientes frente a un mercado inmobiliario dominado por el interés privado y la especulación. Además, los subsidios habitacionales, aunque bien intencionados, muchas veces terminan inflando aún más los precios de la tierra, sin resolver el problema de fondo.

Es urgente una reforma profunda en las políticas de suelo en Chile. El Estado debe asumir un rol más activo en la regulación y gestión del suelo, promoviendo un desarrollo urbano equilibrado y equitativo. Esto incluye la implementación de mecanismos de captura de valor, donde parte del incremento en el valor del suelo, generado por inversiones públicas, sea reinvertido en la creación de vivienda social y en la mejora de la infraestructura urbana.

Asimismo, es esencial revisar y fortalecer los planes reguladores, para asegurar que el crecimiento de las ciudades se realice de manera ordenada y sostenible, evitando la expansión descontrolada hacia zonas de riesgo o sin servicios adecuados. La planificación urbana debe ser vista como una herramienta de equidad social, que permita a todos los ciudadanos acceder a una vivienda digna, en un entorno seguro y bien conectado.

Finalmente, es crucial que se promueva un cambio cultural en la percepción del suelo urbano. La tierra no debe ser vista solo como un bien de inversión, sino como un recurso esencial para el bienestar de la sociedad. Para ello, es necesario fomentar un diálogo amplio y participativo, que involucre a todos los actores relevantes, desde el sector privado hasta las comunidades, en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles.

El desafío del suelo para la vivienda en Chile es complejo, pero no insuperable. Con voluntad política, regulación efectiva y una visión de largo plazo, es posible construir ciudades más justas, inclusivas y sostenibles, donde el acceso a la vivienda digna no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos.

El urgente debate sobre la responsabilidad en zonas de riesgo y los socavones en Chile

El reciente informe de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre una realidad que, aunque no es nueva, ha adquirido una preocupante magnitud: la proliferación de socavones en áreas urbanas de Chile, resultado de la interacción entre la expansión inmobiliaria y la falta de una adecuada planificación urbana en zonas de riesgo.

Este fenómeno, que pone en peligro la seguridad de los habitantes, requiere una respuesta coordinada y decidida por parte del Estado, las municipalidades, y el sector privado.

En las últimas semanas, el país ha sido testigo de situaciones que reflejan la vulnerabilidad de muchas zonas urbanas frente a fenómenos naturales, exacerbados por intervenciones humanas. La aparición de socavones en áreas residenciales no solo ha causado daños materiales significativos, sino que también ha puesto en riesgo vidas humanas.

El problema radica, en gran medida, en la falta de rigurosidad en la evaluación de los riesgos geológicos antes de aprobar proyectos inmobiliarios, y en la débil implementación de regulaciones que aseguren la sostenibilidad y seguridad de las construcciones.

El Gobierno, a través del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha manifestado su preocupación y ha señalado que se están tomando medidas para abordar esta problemática.

Se han anunciado esfuerzos para fortalecer la regulación de los proyectos inmobiliarios y mejorar la coordinación entre las diversas entidades responsables de la planificación urbana. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de la capacidad del Estado para imponer normativas estrictas y asegurar su cumplimiento, algo que en el pasado ha demostrado ser un desafío.

Por otro lado, es fundamental que las municipalidades revisen y actualicen sus planes reguladores, identificando claramente las zonas de riesgo y estableciendo restricciones claras para su desarrollo. La identificación y protección de estas áreas no debe ser una mera formalidad burocrática, sino un componente esencial de la planificación urbana, que garantice que las decisiones de hoy no pongan en peligro la vida de las personas mañana.

El sector inmobiliario también tiene una responsabilidad ineludible en esta crisis. La búsqueda de ganancias no puede estar por encima de la seguridad de las comunidades. Las empresas deben comprometerse a realizar estudios de impacto ambiental y geológico exhaustivos, y a respetar las regulaciones vigentes, entendiendo que su responsabilidad va más allá de la mera construcción de viviendas.

Finalmente, es imperativo que la ciudadanía esté informada y empoderada. Las comunidades deben exigir transparencia y responsabilidad a sus autoridades y estar atentas a las decisiones que afectan su entorno. Solo a través de una vigilancia activa y una participación ciudadana robusta se podrá evitar que esta situación se repita.

El desafío que enfrenta Chile no es menor. La interacción entre el desarrollo inmobiliario y la geografía del país es compleja, pero no insuperable. Lo que se requiere es una voluntad política firme, una normativa robusta y un compromiso real de todos los actores involucrados para asegurar que el crecimiento urbano no se convierta en un riesgo para la seguridad y el bienestar de la población.

Sobre nacionalizar las Compañias Eléctricas: Un debate crucial para el futuro energético en Chile

La propuesta de nacionalizar las compañías eléctricas en Chile, o al menos aumentar significativamente la intervención estatal en este sector estratégico, ha generado un debate profundo en la sociedad chilena. Este tema no solo toca la fibra económica del país, sino que también pone en cuestión el modelo de desarrollo que ha prevalecido durante las últimas décadas. A medida que el gobierno del presidente Gabriel Boric avanza en su agenda de reformas estructurales, la oposición ha levantado críticas sustanciales, basadas en preocupaciones sobre la eficiencia, la inversión privada y el impacto en la economía nacional.

La historia de la nacionalización de empresas en Chile tiene raíces profundas, que se remontan al gobierno de Salvador Allende, cuando industrias clave fueron puestas bajo control estatal. Sin embargo, los resultados a largo plazo de esas políticas siguen siendo objeto de debate. Los opositores a la nacionalización de las compañías eléctricas señalan que el Estado no ha demostrado una capacidad superior de gestión en comparación con el sector privado. Argumentan que una mayor participación estatal podría introducir ineficiencias, que terminarían perjudicando tanto a los consumidores como a la economía en general.

Por otro lado, defensores de la intervención estatal, incluyendo miembros del gobierno de Boric, sugieren que la nacionalización o un mayor control estatal es necesario para asegurar que los servicios esenciales sean accesibles y asequibles para todos los chilenos. En particular, en el contexto de la crisis climática y la necesidad de una transición energética hacia fuentes renovables, ven al Estado como un actor clave para guiar y regular este proceso.

Un estudio reciente de la Universidad de Chile analiza experiencias internacionales de nacionalización en el sector eléctrico y concluye que los resultados han sido mixtos. Mientras que en algunos casos, como en Francia y Noruega, la gestión estatal ha logrado mantener altos niveles de eficiencia y reinversión en infraestructura, en otros países, la falta de competitividad y la dependencia de subsidios estatales han generado problemas financieros y operacionales.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha defendido la propuesta del gobierno, argumentando que no se trata de una nacionalización en el sentido tradicional, sino de un reordenamiento donde el Estado juega un rol más proactivo. Sin embargo, desde la Cámara de Diputados, representantes de la oposición han expresado sus reservas, llamando a la prudencia y a un debate amplio que considere las consecuencias a largo plazo para el desarrollo económico del país.

En conclusión, el debate sobre la nacionalización de las compañías eléctricas en Chile es emblemático de un choque más amplio de visiones sobre el papel del Estado en la economía. La decisión que se tome no solo definirá el futuro del sector eléctrico, sino que también marcará un precedente sobre el modelo de desarrollo que Chile quiere seguir en el siglo XXI. En este sentido, es vital que este debate se realice con rigor, considerando no solo las lecciones del pasado, sino también los desafíos globales que enfrentamos hoy en día.

El desafío de la Permisología en Chile, una madeja que hay que destrabar

Fue el miércoles 7 de agosto donde el Diraio La Segunda publicaba una nota que daba cuenta de la víctoria del Ministro Nicolás Grau, respecto a el «Vamos» a oficina para destrabar el debate sobre la «Permisología» en Chile. En ese orden, el gremio de la contrucción es optimista respecto a sus avances a pesar de los retrasos.

El debate sobre la permisología en Chile ha cobrado relevancia en las últimas semanas, enmarcado dentro de las reformas estructurales que el gobierno de Gabriel Boric busca implementar.

El objetivo es claro: simplificar y hacer más eficientes los procesos de obtención de permisos sectoriales, un tema crucial para el desarrollo de proyectos de inversión y la dinamización de la economía del país.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha sido la figura clave detrás de esta iniciativa, la cual se integra en el contexto del Pacto Fiscal que busca transformar la estructura normativa del país.

Grau ha subrayado la necesidad de una reforma que no solo agilice los trámites burocráticos, sino que también mantenga altos estándares regulatorios, esenciales para asegurar la calidad y sostenibilidad de los proyectos. Según el ministro, la propuesta incluye la creación de un nuevo sistema de gobernanza que supervisará la implementación de estos cambios, garantizando que las modificaciones legales no se queden solo en el papel.

No obstante, el proyecto ha generado cierta controversia y expectativas en distintos sectores. En la Cámara de Diputados, se han expresado tanto apoyos como preocupaciones. Los parlamentarios han planteado la importancia de que cualquier reforma no se traduzca en una relajación de los estándares ambientales y de seguridad.

También han resaltado la necesidad de que la simplificación de los procesos no beneficie desproporcionadamente a los grandes proyectos en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, que también enfrentan dificultades para navegar por la maraña burocrática actual.

La permisología en Chile se ha convertido en un cuello de botella para muchos proyectos, afectando desde grandes inversiones en minería hasta iniciativas más pequeñas en otras industrias. La demora en la obtención de permisos no solo genera costos adicionales, sino que también desincentiva la inversión en sectores clave para el desarrollo del país.

Es por esto que la propuesta del ministro Grau es vista por muchos como un paso en la dirección correcta, aunque con reservas sobre su implementación y efectos a largo plazo.

La discusión sobre la permisología en Chile está lejos de ser un tema menor. Se trata de un elemento central en la agenda de reformas del gobierno, que busca no solo facilitar la inversión, sino también asegurar que esta se realice de manera responsable y sostenible.

A medida que el proyecto de ley avance en su tramitación, será crucial que todos los actores involucrados —gobierno, sector privado y sociedad civil— participen activamente en el debate para asegurar que la reforma cumpla con su propósito sin comprometer los valores fundamentales que definen el desarrollo del país.

Enel, la tormenta perfecta y el desafío de la infraestructura en Chile

La reciente crisis eléctrica que afectó a miles de hogares en Chile ha vuelto a poner en el centro del debate la capacidad de respuesta de las empresas de distribución eléctrica, con Enel como principal protagonista. Los intensos sistemas frontales que azotaron varias regiones del país no solo derribaron árboles y líneas de transmisión, sino que también dejaron al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura energética nacional y la aparente inoperancia de las compañías encargadas de su mantenimiento y recuperación.

El presidente Gabriel Boric no tardó en alzar la voz, calificando la respuesta de Enel como una «grave inoperancia». La indignación de Boric se justifica no solo por la lentitud en la reposición del servicio, sino también por el incumplimiento de las promesas en cuanto al despliegue de cuadrillas y la atención al cliente. Miles de familias, muchas de ellas con personas electrodependientes, se vieron obligadas a enfrentarse a una prolongada falta de energía en un contexto de emergencia climática, exacerbando su vulnerabilidad.

La respuesta del gobierno ha sido contundente: revisar las concesiones de Enel y otras empresas del sector, con la posibilidad de imponer sanciones más severas. Esta postura refleja una creciente frustración con un sistema que parece desbordado por eventos climáticos extremos, los cuales, según expertos, solo aumentarán en frecuencia e intensidad debido al cambio climático.

Sin embargo, el desafío que enfrenta Chile va más allá de las críticas a una empresa en particular. La crisis expone una necesidad urgente de modernizar y robustecer la infraestructura eléctrica del país. La red eléctrica chilena, como muchas en América Latina, fue diseñada en una época en la que los fenómenos meteorológicos extremos eran menos frecuentes. Hoy, el escenario es diferente, y las exigencias sobre el sistema son mayores.

Enel ha respondido a las críticas comprometiéndose a adelantar las compensaciones a los afectados, reconociendo la complejidad de los daños causados por la tormenta. Pero, ¿es suficiente una compensación económica para restaurar la confianza en un servicio esencial? La verdadera reparación debe incluir un plan claro y concreto de inversión en infraestructura, tecnologías de monitoreo avanzado y una mejora en la capacidad de respuesta ante emergencias.

El gobierno, por su parte, tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar una revisión profunda de las políticas energéticas, asegurando que las empresas concesionarias cumplan con los más altos estándares de servicio y seguridad. El objetivo debe ser no solo evitar futuras crisis, sino también garantizar un servicio eléctrico confiable, resiliente y justo para todos los chilenos.

La situación actual exige un compromiso conjunto entre el sector público y privado, con una visión a largo plazo que integre la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la protección de los derechos de los consumidores. Solo así podremos evitar que las tormentas futuras, inevitables en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, se conviertan en crisis de la magnitud que hemos vivido.

En definitiva, la tormenta que dejó a miles sin luz en Chile ha iluminado las profundas fallas de nuestro sistema eléctrico. Las declaraciones del presidente Boric no son solo una crítica a Enel, sino un llamado a la acción para transformar un sector que, como hemos visto, necesita urgentemente adaptarse a los desafíos del siglo XXI.

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