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El desafío de la Permisología en Chile, una madeja que hay que destrabar

Fue el miércoles 7 de agosto donde el Diraio La Segunda publicaba una nota que daba cuenta de la víctoria del Ministro Nicolás Grau, respecto a el «Vamos» a oficina para destrabar el debate sobre la «Permisología» en Chile. En ese orden, el gremio de la contrucción es optimista respecto a sus avances a pesar de los retrasos.

El debate sobre la permisología en Chile ha cobrado relevancia en las últimas semanas, enmarcado dentro de las reformas estructurales que el gobierno de Gabriel Boric busca implementar.

El objetivo es claro: simplificar y hacer más eficientes los procesos de obtención de permisos sectoriales, un tema crucial para el desarrollo de proyectos de inversión y la dinamización de la economía del país.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha sido la figura clave detrás de esta iniciativa, la cual se integra en el contexto del Pacto Fiscal que busca transformar la estructura normativa del país.

Grau ha subrayado la necesidad de una reforma que no solo agilice los trámites burocráticos, sino que también mantenga altos estándares regulatorios, esenciales para asegurar la calidad y sostenibilidad de los proyectos. Según el ministro, la propuesta incluye la creación de un nuevo sistema de gobernanza que supervisará la implementación de estos cambios, garantizando que las modificaciones legales no se queden solo en el papel.

No obstante, el proyecto ha generado cierta controversia y expectativas en distintos sectores. En la Cámara de Diputados, se han expresado tanto apoyos como preocupaciones. Los parlamentarios han planteado la importancia de que cualquier reforma no se traduzca en una relajación de los estándares ambientales y de seguridad.

También han resaltado la necesidad de que la simplificación de los procesos no beneficie desproporcionadamente a los grandes proyectos en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, que también enfrentan dificultades para navegar por la maraña burocrática actual.

La permisología en Chile se ha convertido en un cuello de botella para muchos proyectos, afectando desde grandes inversiones en minería hasta iniciativas más pequeñas en otras industrias. La demora en la obtención de permisos no solo genera costos adicionales, sino que también desincentiva la inversión en sectores clave para el desarrollo del país.

Es por esto que la propuesta del ministro Grau es vista por muchos como un paso en la dirección correcta, aunque con reservas sobre su implementación y efectos a largo plazo.

La discusión sobre la permisología en Chile está lejos de ser un tema menor. Se trata de un elemento central en la agenda de reformas del gobierno, que busca no solo facilitar la inversión, sino también asegurar que esta se realice de manera responsable y sostenible.

A medida que el proyecto de ley avance en su tramitación, será crucial que todos los actores involucrados —gobierno, sector privado y sociedad civil— participen activamente en el debate para asegurar que la reforma cumpla con su propósito sin comprometer los valores fundamentales que definen el desarrollo del país.

Enel, la tormenta perfecta y el desafío de la infraestructura en Chile

La reciente crisis eléctrica que afectó a miles de hogares en Chile ha vuelto a poner en el centro del debate la capacidad de respuesta de las empresas de distribución eléctrica, con Enel como principal protagonista. Los intensos sistemas frontales que azotaron varias regiones del país no solo derribaron árboles y líneas de transmisión, sino que también dejaron al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura energética nacional y la aparente inoperancia de las compañías encargadas de su mantenimiento y recuperación.

El presidente Gabriel Boric no tardó en alzar la voz, calificando la respuesta de Enel como una «grave inoperancia». La indignación de Boric se justifica no solo por la lentitud en la reposición del servicio, sino también por el incumplimiento de las promesas en cuanto al despliegue de cuadrillas y la atención al cliente. Miles de familias, muchas de ellas con personas electrodependientes, se vieron obligadas a enfrentarse a una prolongada falta de energía en un contexto de emergencia climática, exacerbando su vulnerabilidad.

La respuesta del gobierno ha sido contundente: revisar las concesiones de Enel y otras empresas del sector, con la posibilidad de imponer sanciones más severas. Esta postura refleja una creciente frustración con un sistema que parece desbordado por eventos climáticos extremos, los cuales, según expertos, solo aumentarán en frecuencia e intensidad debido al cambio climático.

Sin embargo, el desafío que enfrenta Chile va más allá de las críticas a una empresa en particular. La crisis expone una necesidad urgente de modernizar y robustecer la infraestructura eléctrica del país. La red eléctrica chilena, como muchas en América Latina, fue diseñada en una época en la que los fenómenos meteorológicos extremos eran menos frecuentes. Hoy, el escenario es diferente, y las exigencias sobre el sistema son mayores.

Enel ha respondido a las críticas comprometiéndose a adelantar las compensaciones a los afectados, reconociendo la complejidad de los daños causados por la tormenta. Pero, ¿es suficiente una compensación económica para restaurar la confianza en un servicio esencial? La verdadera reparación debe incluir un plan claro y concreto de inversión en infraestructura, tecnologías de monitoreo avanzado y una mejora en la capacidad de respuesta ante emergencias.

El gobierno, por su parte, tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar una revisión profunda de las políticas energéticas, asegurando que las empresas concesionarias cumplan con los más altos estándares de servicio y seguridad. El objetivo debe ser no solo evitar futuras crisis, sino también garantizar un servicio eléctrico confiable, resiliente y justo para todos los chilenos.

La situación actual exige un compromiso conjunto entre el sector público y privado, con una visión a largo plazo que integre la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la protección de los derechos de los consumidores. Solo así podremos evitar que las tormentas futuras, inevitables en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, se conviertan en crisis de la magnitud que hemos vivido.

En definitiva, la tormenta que dejó a miles sin luz en Chile ha iluminado las profundas fallas de nuestro sistema eléctrico. Las declaraciones del presidente Boric no son solo una crítica a Enel, sino un llamado a la acción para transformar un sector que, como hemos visto, necesita urgentemente adaptarse a los desafíos del siglo XXI.

¿Dónde está la Responsabilidad Social de Enel?

Recientemente, la generosidad del empresario chileno Leonardo Farkas ha puesto de relieve una preocupante situación en la que se encuentran muchas familias en Chile. Farkas donó 2 millones de pesos a una familia de Pudahuel afectada por cortes de electricidad, una situación que se complica aún más dado que uno de sus miembros es electrodependiente.

La decisión de Farkas de intervenir fue impulsada por su indignación al enterarse de la situación en el programa «Contigo en la Mañana» de Chilevisión. Su gesto no solo refleja un acto de solidaridad, sino también una crítica profunda a la gestión de los recursos en un país rico en minerales como el cobre y el litio.

Este caso pone en primer plano una cuestión de responsabilidad social que debería ser central en el debate público: la gestión de las ganancias obtenidas por gigantes de la industria energética como ENEL y su relación con las necesidades urgentes de la ciudadanía. Chile, con su abundante riqueza mineral, debería ser un ejemplo de cómo los recursos naturales pueden beneficiar a todos. Sin embargo, los problemas de infraestructura y los cortes de luz en barrios vulnerables nos recuerdan que aún hay mucho por hacer.

ENEL, como una de las principales compañías de energía en el país, obtiene ganancias significativas a partir de su monopolio en la distribución de electricidad. A pesar de estos ingresos, la calidad del servicio en varias regiones sigue siendo deficiente, especialmente en áreas menos favorecidas. Los cortes de luz, que afectan especialmente a familias con necesidades especiales como la que ayudó Farkas, no solo son una molestia sino una amenaza real para la vida y el bienestar.

Es importante destacar que ENEL cuenta con un programa específico para familias electrodependientes, diseñado para ofrecer soporte en situaciones de emergencia y asegurar un suministro de energía ininterrumpido para quienes dependen de equipos médicos eléctricos. Este programa incluye la priorización de la reparación de fallos en el suministro eléctrico para estos hogares, así como asistencia en caso de interrupciones prolongadas. Sin embargo, la efectividad de este programa a veces se ve opacada por la insuficiencia de la infraestructura y la falta de inversión en mantenimiento y mejoras.

Es imperativo que se realicen inversiones significativas en infraestructura y en sistemas de apoyo para prevenir situaciones tan críticas como la que vivió la familia de Pudahuel. La capacidad de las empresas de servicios públicos para generar ganancias debe ir acompañada de una responsabilidad corporativa que asegure que los beneficios de su operación también lleguen a aquellos que más los necesitan. Las políticas de inversión y mantenimiento en redes eléctricas deben ser una prioridad, así como el establecimiento de programas de apoyo para familias con necesidades especiales.

Además, el caso de la familia de Pudahuel subraya la importancia de la acción comunitaria y empresarial en la resolución de problemas sociales. El ejemplo de Farkas debería inspirar a otros empresarios y a las mismas compañías de servicios a tomar medidas más proactivas. La generosidad individual es valiosa, pero no debe reemplazar la responsabilidad de las corporaciones que, por su parte, tienen el poder y los recursos para implementar cambios estructurales significativos.

En última instancia, el bienestar de los ciudadanos debe ser la prioridad en la gestión de recursos y ganancias. Las acciones de Farkas sirven como un recordatorio de que la verdadera riqueza de un país no solo se mide en minerales o en ganancias corporativas, sino en la calidad de vida que se proporciona a su gente. Es hora de que la responsabilidad social y la justicia en la distribución de recursos se conviertan en principios fundamentales en la industria energética de Chile.

Dinamizar el mercado inmobiliario: ¿Qué dice la banca?

En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado debido a la inflación y a los altos niveles de endeudamiento de las familias, la banca ha propuesto una serie de medidas innovadoras para dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la propiedad. Estas iniciativas no solo buscan reactivar la demanda, sino también ofrecer soluciones viables y sostenibles para quienes desean adquirir una vivienda.

Uno de los pasos más significativos es la flexibilización de las políticas de crédito hipotecario. Los bancos han comenzado a ofrecer financiamiento del 90% del valor de la propiedad, así como créditos a 30 años. Esta medida permite reducir las cuotas mensuales, haciendo más accesible la compra de viviendas para un mayor número de personas. En un mercado caracterizado por restricciones crediticias, esta flexibilidad es un respiro necesario para quienes buscan estabilidad habitacional.

Otra medida destacada es la promoción del arriendo con opción de compra. Este modelo permite a los arrendatarios adquirir la propiedad al finalizar el periodo de arriendo a un precio acordado inicialmente, lo cual resulta especialmente beneficioso para aquellos que enfrentan obstáculos temporales como la falta de historial crediticio o condiciones desfavorables en las tasas de interés. Aunque puede implicar una mensualidad más alta, ofrece una solución viable para construir gradualmente el sueño de la casa propia.

Para facilitar aún más el acceso al crédito, se está promoviendo la complementación de renta. Esta iniciativa permite que varias personas sumen sus ingresos para cumplir con los requisitos bancarios, una solución especialmente útil para parejas y familias que desean adquirir una propiedad conjuntamente. Esta medida no solo amplía las posibilidades de acceso a la vivienda, sino que también fomenta la cooperación y el apoyo mutuo en la adquisición de bienes raíces.

El uso de fondos de garantías especiales (Fogaes) es otra propuesta clave para incentivar a los bancos a ofrecer mejores condiciones de crédito. Estos fondos disminuyen el riesgo para las instituciones financieras, permitiendo que los bancos puedan ofrecer financiamientos con menores tasas de interés y condiciones más favorables para los compradores. Esta iniciativa es crucial para crear un entorno financiero más favorable y accesible.

Finalmente, algunas inmobiliarias están ofreciendo promociones especiales, como el pago del dividendo garantizado por un periodo de tiempo. Esto reduce el riesgo financiero para los compradores y facilita la decisión de compra. Estas promociones no solo incentivan la demanda, sino que también ayudan a las inmobiliarias a mantener un flujo constante de ventas en un mercado desafiante.

Las medidas propuestas por la banca para dinamizar el mercado inmobiliario son un paso en la dirección correcta para abordar las dificultades actuales del acceso a la vivienda. La flexibilización de las políticas de crédito, el arriendo con opción de compra, la complementación de renta, el uso de fondos de garantías especiales y las promociones inmobiliarias representan un conjunto de soluciones innovadoras y accesibles.

Estas iniciativas no solo reactivan la demanda en el sector inmobiliario, sino que también ofrecen un camino viable para que más personas puedan alcanzar el sueño de la casa propia. En un mercado tan vital como el inmobiliario, es esencial que todas las partes trabajen conjuntamente para encontrar soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto, asegurando un desarrollo urbano sostenible y accesible para todos.

Avances y desafíos del Plan de Emergencia Habitacional

El secretario de Estado destacó el cumplimiento de la estrategia del Minvu para finalizar 260 mil viviendas durante el actual gobierno. Según cifras de junio, se han entregado 126.750 soluciones habitacionales, lo que representa un 48,8% de la meta.

El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno del presidente Gabriel Boric se presenta como una de las iniciativas más ambiciosas y necesarias para abordar la crisis de vivienda que afecta a miles de familias en nuestro país. Con la meta de construir 260 mil viviendas durante su mandato, el gobierno busca no solo proporcionar un techo seguro a quienes más lo necesitan, sino también impulsar el desarrollo urbano sostenible y reducir la desigualdad habitacional.

Al alcanzar el 48,8% de la meta con la entrega de 126.750 soluciones habitacionales hasta junio, se evidencia un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos planteados. Este logro es un reflejo del compromiso del gobierno y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con la población, especialmente con aquellos sectores más vulnerables que han esperado por años una respuesta efectiva a sus necesidades de vivienda.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha hecho importantes anuncios que refuerzan la dirección y el impulso de este plan. En sus declaraciones, Montes ha subrayado la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, así como la necesidad de agilizar los procesos burocráticos que muchas veces retrasan la construcción de viviendas. Asimismo, ha enfatizado la relevancia de implementar políticas que no solo se enfoquen en la cantidad de viviendas construidas, sino también en la calidad de estas, asegurando espacios dignos, seguros y adecuados para el desarrollo de las familias.

Uno de los aspectos más destacables de los anuncios del ministro Montes es la intención de promover una planificación urbana que incluya criterios de sostenibilidad y accesibilidad. Esto implica no solo construir viviendas, sino también asegurar que estas estén ubicadas en áreas con acceso a servicios básicos, transporte público, educación y áreas verdes. Una vivienda digna no se define solo por sus cuatro paredes, sino también por el entorno y las oportunidades que ofrece a sus habitantes.

Sin embargo, a pesar de los avances, el camino por recorrer aún es largo y desafiante. La crisis habitacional en Chile es profunda y multifacética, y requiere de un esfuerzo constante y coordinado. Las metas ambiciosas del Plan de Emergencia Habitacional solo podrán alcanzarse si se mantienen el ritmo de trabajo, la eficiencia en la gestión y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Además, es crucial que las políticas habitacionales se diseñen y se implementen con una perspectiva inclusiva, que considere las diversas realidades y necesidades de la población. Las soluciones habitacionales deben ser equitativas y accesibles para todos, sin discriminación de género, edad, origen étnico o situación socioeconómica.

El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno de Gabriel Boric representa una oportunidad histórica para enfrentar de manera decidida y efectiva la crisis de vivienda en Chile. Los avances logrados hasta ahora son alentadores, pero es fundamental mantener el compromiso y la acción constante para alcanzar la meta de 260 mil viviendas. Los anuncios del ministro Carlos Montes apuntan en la dirección correcta, promoviendo una vivienda digna, sostenible y accesible para todos.

Con esfuerzo conjunto y visión de futuro, es posible transformar la realidad habitacional del país y ofrecer a miles de familias la oportunidad de un hogar digno y seguro.

La necesidad de un medio pluralista en el rubro inmobiliario

En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la transparencia y la pluralidad en la información son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier sector económico, y el rubro inmobiliario no es la excepción. La existencia de un medio de comunicación dedicado exclusivamente a este sector, que sea pluralista, que apoye las iniciativas gubernamentales, que informe sobre las ofertas de las empresas inmobiliarias y que se mantenga libre de sesgos políticos, es de vital importancia para el desarrollo sostenible y equilibrado del mercado inmobiliario.

En primer lugar, un medio pluralista en el rubro inmobiliario garantiza que todas las voces y perspectivas sean escuchadas. Esto no solo incluye las de los grandes desarrolladores y agentes inmobiliarios, sino también las de los pequeños propietarios, inquilinos y comunidades afectadas por los desarrollos urbanos. La pluralidad en la información permite que las decisiones de inversión y las políticas públicas se basen en una visión completa y equilibrada de la realidad, promoviendo así un mercado más justo y transparente.

El apoyo a las iniciativas gubernamentales es otro aspecto crucial. Los gobiernos, tanto a nivel local como nacional, implementan políticas y programas para fomentar el acceso a la vivienda, regular el mercado y promover el desarrollo urbano sostenible. Un medio que informe de manera precisa y objetiva sobre estas iniciativas contribuye a su éxito, al informar a la ciudadanía y a los actores del mercado sobre las oportunidades y regulaciones vigentes. Además, al apoyar y criticar constructivamente estas políticas, se fomenta un diálogo saludable entre el sector público y privado, indispensable para el progreso del sector.

Asimismo, es fundamental que este medio informe de manera exhaustiva sobre las ofertas y desarrollos de las empresas inmobiliarias. Esto no solo beneficia a los consumidores, que pueden tomar decisiones más informadas, sino también a las propias empresas, que encuentran en la transparencia una herramienta para ganar la confianza de sus clientes. La publicación de ofertas, análisis de mercado y tendencias emergentes permite una mayor competitividad y dinamismo en el sector, impulsando la innovación y la mejora continua.

Finalmente, la ausencia de sesgo político en las publicaciones es esencial para mantener la credibilidad y la confianza del público. Un medio de comunicación que se mantenga neutral y objetivo en sus reportajes y editoriales evita la manipulación de la información con fines partidistas, asegurando que los lectores reciban una visión imparcial y equilibrada de los hechos. Esto es particularmente importante en el sector inmobiliario, donde las decisiones de inversión y las políticas de vivienda tienen un impacto profundo y duradero en la vida de las personas y en la configuración de nuestras ciudades.

En Mercados Inmobiliarios creemos que un medio de comunicación pluralista, que apoye las iniciativas gubernamentales, informe sobre las ofertas del sector inmobiliario y se mantenga libre de sesgos políticos, es una pieza clave para el desarrollo saludable y equilibrado del mercado inmobiliario. Al promover la transparencia, la equidad y el diálogo constructivo, este medio contribuirá a construir un sector más sólido, inclusivo y sostenible para todos.

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