Por Rafaela Urrutia, broker owner de REMAX Titanio
Luego de los resultados de la PAES, durante estos días hemos visto titulares que, puestos uno al lado del otro, generan una enorme confusión en miles de jóvenes y familias en Chile. Por un lado, estudios muestran que hay carreras con hasta 41 postulantes por un solo cupo laboral, especialmente en áreas administrativas y sociales. Por otro, rankings que destacan a medicina e ingeniería como las carreras mejor pagadas en los primeros años de egreso. Ambos datos son reales.
Pero el problema no está en los números. Está en la lectura incompleta que hacemos de ellos. No podemos pasar por alto que 1 de cada 3 personas con educación superior en Chile trabaja en un empleo que no requiere su título profesional, una señal evidente de que la formación y el mercado no están sincronizados.
Durante años se nos enseñó que elegir “la carrera correcta” era la clave del éxito. Hoy la realidad es otra: el mercado laboral cambió, la competencia es brutal y los ingresos ya no dependen solo del título, sino del modelo de trabajo, de la capacidad de generar valor y, sobre todo, del perfil de la persona.
Incluso en carreras bien pagadas vemos profesionales agotados, con horarios rígidos, altos niveles de estrés y una sensación constante de tocar techo. Al mismo tiempo, hay personas sin una carrera tradicional que logran ingresos muy superiores, con flexibilidad real y control sobre su tiempo.
La diferencia no es el cartón, es el espíritu emprendedor aplicado con estructura, que en este sector lo vemos todos los días. Aquí no hablamos de “horarios flexibles” como un cliché de marketing. Hablamos de un modelo de negocio donde cada persona construye su propia carrera como agente inmobiliario, sus ingresos y su proyección, sin límites predefinidos, pero también sin improvisación. No es para todos. Y eso es clave decirlo con honestidad.
El verdadero problema de hoy no es estudiar una carrera saturada o bien pagada. El verdadero riesgo es entrar a un sistema que no conversa con quién eres, con cómo trabajas y con la vida que quieres construir. Chile no necesita más títulos frustrados ni más promesas vacías. El futuro laboral no se elige solo en una postulación universitaria, sino en la capacidad de tomar decisiones alineadas con su perfil, su ambición y su forma de vivir.
Para el que decida entrar a este tipo de modelo y ser agente inmobiliario, en REMAX Titanio trabajamos con un test de perfil emprendedor y de personalidad, que permite identificar si la persona tiene —o puede desarrollar— las competencias necesarias: autonomía, tolerancia al riesgo, disciplina, foco comercial y visión de largo plazo.
Por Manuel Bernet, Director Departamento de Derecho Comercial y de la Empresa en Universidad de los Andes
La entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos (LPD), prevista para diciembre de este año, no solo impondrá obligaciones estrictas a quienes traten datos personales, sino que también abrirá un interesante debate en nuestro país: ¿Puede la infracción de esta normativa especial ser a su vez un acto de competencia desleal? La respuesta a mi juicio es afirmativa.
Como ejemplo, un tribunal español condenó a Meta Platforms Ireland Limited (Meta) a pagar 479 millones de euros por lucro cesante, más intereses, a un conjunto de empresas editoras y medios de prensa ¿Por qué? Meta utilizó datos personales de millones de usuarios para publicidad comportamental sin contar con una base de licitud para ello, obteniendo así una ventaja competitiva imposible de igualar por sus rivales configurándose una práctica desleal conocida como violación de normas.
En Chile, la Ley de Competencia Desleal (LCD) no contempla expresamente este ilícito de violación de normas, pero ello no significa que no se castigue. Es así como la Corte Suprema ha sostenido que este acto desleal se presenta si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que la vulneración de la norma sea declarada previamente por la autoridad competente (prejudicialidad), (ii) que el infractor obtenga una ventaja competitiva y (iii) que esta sea significativa.
Es el requisito de prejudicialidad, ausente en el derecho comparado, que introduce elementos que añaden complejidad al análisis de la cuestión planteada: ¿Debe esperar el juez civil a que la nueva Agencia de Protección de Datos sancione antes de condenar por este ilícito desleal? La resolución de este asunto es relevante, puesto que exigir prejudicialidad podría generar demoras en la eliminación de comportamientos competitivos indeseables, aunque evitaría decisiones contradictorias entre la Agencia de Protección de Datos y los Tribunales.
En mi opinión en Chile podrían presentarse los siguientes escenarios sobre la materia.
El primero es que no debería ser sancionado un agente cuyo comportamiento fue autorizado por un acto particular de la Agencia, o bien, haya dado cumplimento a las instrucciones o interpretaciones dadas por ese órgano especializado.
El segundo es que tampoco podría ser objeto de castigo una empresa respecto de la supuesta infracción de una norma cuyos alcances no se encuentran definidos de manera detallada en la LPD.
Un tercer supuesto en que sí habría condena por competencia desleal se presentaría si el responsable trata datos sin contar con una base de licitud para ello, puesto que estaríamos ante una ilegalidad objetiva que no requiere de un análisis jurídico detallado. En tal sentido, al responsable le corresponderá probar la licitud de su actividad, y por consiguiente, ante la ausencia de tal evidencia, el tribunal civil estará habilitado para condenar al infractor por el ilícito de violación de normas sin esperar la sanción administrativa de la Agencia.
Finalmente, una cuarta hipótesis que se perfila es que no será discutible que procedería la condena por este acto desleal si la infracción a una empresa ha sido establecida de forma previa por un acto administrativo o por una sentencia judicial no pendientes de revisión.
En síntesis, una vez que entre en vigor la LPD, las empresas no sólo podrían ser condenadas a las altas multas por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales, sino que, además, podrán ser objeto de acciones basadas en la LCD, dando lugar a serios riesgos regulatorios que las empresas deben sopesar ante la inminente vigencia de la LPD.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
En algunos medios de prensa habíamos publicado que la empresa Copec sostenía que su terreno de 1.725 m2, que ocupaba como una instalación de venta de combustibles en el sector El Golf, lote N° 68L7 del Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, tenía un uso de suelo inmobiliario y que, como no quedó conforme con el precio de $ 4.226.250.000 resuelto por tasadores del MOP como indemnización por la expropiación necesaria para construir ahí una estación de la línea 7 del Metro, fue a tribunales de justicia alegando que ese monto era insuficiente.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también objetó esa suma de dinero, expresando que debería ser bastante menor, proponiendo un monto de $1.951.121.325, que corresponden a los equipos instalados en el terreno, en razón a que el mismo tiene fijada una utilidad pública y por lo tanto, hubo un litigio resuelto el 19 de enero de 2026.
Como un hecho demostrativo de la frecuente incompetencia funcionaria en este aspecto, se debe saber que la utilidad pública para ese terreno estaba considerada en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960, la que, misteriosamente no fue incorporada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994, desacierto administrativo no cometido en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes de 1995.
En el PRC de Las Condes ese predio isla está normado como espacio público con destino área de vialidad, por la prolongación de la avenida Isidora Goyenechea, hecho ratificado posteriormente por la seremi del Minvu en todas las ocasiones en que tuvo que informar a favor de las modificaciones solicitadas por la Municipalidad de Las Condes para su PRC. Pues bien, el 5 de enero de 2026, rol N° 47.235-2025, la Corte Suprema resolvió salomónicamente este pleito, tal como fue publicado por el diario La Tercera, validando la excesiva indemnización de los tasadores del MOP, ello a pesar de que existe un Certificado de Informaciones Previas (CIP), emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, acto administrativo vinculante que corrobora la utilidad pública sostenida por el CDE. .
Así las cosas, ambas partes interpusieron recursos de reposición, en los cualesCopec insistía en que el terreno, que ya no le pertenece, era edificable para levantar torres de oficinas, pidiendo un resarcimiento de casi $7.000.000.000 y el CDE perseverando en el valor probatorio del CIP de Las Condes, acto administrativo vinculante que, como está dicho, había declarado la afectación por utilidad pública del terreno, mantenía su posición, en orden a que el pago debía ser solo $1.951.121.325.
En la comuna de Vitacura hay un caso similar de expropiación por un terreno de 5.000 m2, previsto para otra estación de la Línea 7 del Metro, materia también radicada en los tribunales de justicia, cuyo uso de suelo en el respectivo PRC admite actividad inmobiliaria. Su dueño exige una suma del orden de los US$ 20 millones y el CDE sostiene, con buenas razones legales, que la indemnización debe ser de US$10 millones.
Respecto del terreno de Copec, como ya se dijo, en fallo del 19/01/2026 de la Corte Suprema se resolvió no acoger las reposiciones de dicha empresa y del CDE, por lo tanto se resolvió que eran válidas las tasaciones de los arquitectos del MOP, con lo cual dicha máxima instancia judicial, conformada por los ministros Jean Pierre Matus y Gonzalo Ruz, los ministros subrogantes Roberto Contreras y Hernán Crisosto y el abogado integrante José Miguel Valdivia, desconoció abiertamente el contenido del PRC de Las Condes y el CIP cursado por la respectiva DOM. Por el litigio en la comuna de Vitacura, la Justicia todavía no decide.
Por años, hablar de crisis ambiental parecía una advertencia a futuro. Hoy, el concepto de triple crisis ambiental -cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad- ya no es una proyección, sino una realidad concreta que afecta la salud, la economía y la calidad de vida de millones de personas. En ese contexto, el reciente Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025, presentado por el Ministerio del Medio Ambiente, se convierte en una herramienta clave para evaluar dónde estamos y, sobre todo, qué tan preparados estamos como país para lo que viene.
Desde la mirada de quienes trabajamos en medición, monitoreo y análisis ambiental, el reporte ofrece luces claras sobre avances relevantes, pero también deja en evidencia brechas estructurales que requieren atención urgente si Chile quiere enfrentar esta crisis con bases técnicas sólidas y decisiones oportunas.
Uno de los avances más concretos se observa en materia de descontaminación atmosférica. Según se destaca en el reporte, hoy el país cuenta con 21 Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigentes en 13 regiones, lo que representa un esfuerzo sostenido del Estado por abordar uno de los principales problemas ambientales de Chile. Estos planes impactan directamente a cerca de 12 millones de personas, una cifra que da cuenta de la magnitud del desafío y de la relevancia de estas políticas públicas.
A ello se suma la existencia de nueve normas primarias de calidad del aire actualmente vigentes, que permiten establecer umbrales claros de protección para la salud de la población. Desde el punto de vista técnico, contar con normas medibles es fundamental, porque lo que no se mide, no se gestiona. Y en este sentido, Chile ha avanzado en fortalecer su marco regulatorio y su red de monitoreo.
Sin embargo, sería un error interpretar estos avances como una tarea concluida. La contaminación atmosférica sigue siendo uno de los problemas ambientales más complejos del país, precisamente por su impacto directo en la salud pública. Enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muertes prematuras continúan asociadas a episodios críticos de mala calidad del aire.
Aquí emerge uno de los grandes desafíos pendientes, la calidad y oportunidad de la información ambiental. No basta con medir; es indispensable mejorar la cobertura territorial, la mantención de los equipos, la interoperabilidad de los datos y su uso efectivo en la toma de decisiones. La medición ambiental debe ser vista no solo como un requisito normativo, sino como una herramienta estratégica para anticipar riesgos, evaluar políticas y proteger a la población.
A esto se suma la necesidad de integrar la medición ambiental con otras dimensiones de la triple crisis. El cambio climático intensifica episodios de contaminación y afecta ecosistemas ya degradados, mientras que la pérdida de biodiversidad reduce la capacidad natural de los territorios para adaptarse. En ese escenario, los sistemas de monitoreo deben evolucionar hacia enfoques más integrales, que conecten aire, agua, suelo, clima y biodiversidad.
De cara a los próximos años, el desafío para Chile no es solamente avanzar en nuevas normas o planes, sino cerrar las brechas entre medición, gestión y acción. Esto implica invertir en tecnología, fortalecer capacidades técnicas a nivel regional, mayor transparencia en la información y asegurar que los datos ambientales se traduzcan en decisiones oportunas y políticas públicas efectivas y eficientes.
Medir mejor, interpretar mejor y actuar a tiempo es una urgencia ambiental, sanitaria y social que definirá la resiliencia de nuestro país en las próximas décadas.
El mercado inmobiliario vive uno de los escenarios más complejos de los últimos años. Sobreoferta, clientes más informados, acceso limitado al crédito y una competencia feroz que ha empujado a muchas marcas a una lógica conocida, pero peligrosa: competir solo por precio y ubicación.
Desde mi experiencia trabajando estrategias de marketing inmobiliario, veo con preocupación cómo proyectos bien concebidos terminan debilitando su valor por entrar en una carrera de descuentos que no construye marca ni confianza. Porque cuando todo se parece y todo se rebaja, el diferencial desaparece.
La pregunta es inevitable:
¿de verdad el precio es lo que define hoy la decisión de compra?
Creo que no. Y el mercado lo está demostrando.
Hoy, tanto inversionistas como quienes buscan su primera vivienda no están tomando decisiones a la ligera. Comparan, investigan, desconfían de las promesas vacías y valoran cada vez más la experiencia, la transparencia y la cercanía. Ya no basta con mostrar un render atractivo o una UF “imperdible”.
En este contexto, el marketing inmobiliario que funciona no es el más agresivo, sino el más estratégico.
Hablar de experiencia no es una tendencia; es una necesidad. Experiencia es cómo explicamos el proyecto, cómo acompañamos el proceso de decisión y cómo generamos confianza antes de pedir una reserva. Es entender que para una familia, comprar su primera vivienda es una de las decisiones más importantes de su vida, y que para un inversionista, cada número debe tener respaldo y proyección real.
Otro punto clave —y muchas veces subestimado— es la cercanía. En un entorno digital saturado de automatización, la cercanía se ha transformado en un activo competitivo. Las marcas que escuchan, educan y comunican con honestidad logran algo mucho más valioso que un lead: logran credibilidad.
También creo que es momento de hablar de ética. La presión por vender rápido ha llevado a malas prácticas que dañan al sector completo: urgencias artificiales, promesas poco claras o expectativas que no se cumplen. Eso puede generar cierres a corto plazo, pero destruye reputación, recomendaciones y valor de marca.
El marketing inmobiliario efectivo no puede estar separado de la ética. Al contrario, debe apoyarse en ella.
Hoy necesitamos mirar el mercado con altura de mira, dejar de reaccionar por ansiedad y comenzar a construir estrategias coherentes, humanas y sostenibles. Estrategias que respondan a preguntas clave:
¿Qué historia cuenta este proyecto?
¿A quién le habla realmente?
¿Qué problema soluciona más allá del precio?
En tiempos de guerra de precios y ubicaciones similares, la verdadera batalla no se libra en la UF. Se libra en la mente y en la confianza del cliente.
Porque al final del día, no vendemos metros cuadrados.
Acompañamos decisiones que marcan vidas y patrimonios.
Y eso exige estrategia, experiencia y responsabilidad.
Hay decisiones de política pública que, más que cifras, generan un cambio de ánimo. Ese parece ser el caso del subsidio a la tasa hipotecaria impulsado este año, una herramienta que, silenciosamente al inicio, terminó convirtiéndose en uno de los mecanismos más efectivos para reactivar un mercado inmobiliario que llevaba meses tensionado por el aumento en los costos, la caída en la demanda y un stock que comenzaba a poner contra las cuerdas a empresas y trabajadores del sector.
Cabe destacar que, este beneficio equivale a una rebaja de 60 puntos base por operación, para 50.000 unidades. Además, se establece una garantía estatal de 50% por la mitad del plazo del crédito.
El impacto del subsidio a la tasa hipotecaria permitió destrabar compras que estaban detenidas, dinamizó la búsqueda de vivienda y volvió a mover una cadena productiva que arrastra empleo, inversión y actividad económica. No sólo hablamos de ventas, se trata de recuperar confianza en los rubros de construcción e inmobiliario.
Las cifras así lo reflejan, hasta fines de octubre de este año, el sistema financiero había recibido 33.798 solicitudes de créditos, con 17.926 de estas aprobadas y 12.123 en evaluación. En este escenario, múltiples actores del sistema financiero e inmobiliario reconocen que, por primera vez en mucho tiempo, se observa una absorción significativa del stock disponible. Especialmente en el segmento bajo las 4.000 UF -el target de este beneficio- el movimiento prácticamente se duplicó. Esto no sólo alivia a las inmobiliarias; también impulsa nuevas obras, reanima la contratación de trabajadores y aporta dinamismo a comunas que habían visto paralizados sus proyectos.
Es en este contexto donde vuelve a surgir la posibilidad de ampliar el subsidio a viviendas sobre las 4.000 UF; como “una posibilidad abierta” lo calificó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Y aunque la discusión debe ser seria, responsable y considerar el costo fiscal, no se puede perder de vista la señal que este beneficio ya generó: Cuando el Estado y el mercado alinean incentivos, la economía responde como un impulso directo a la reactivación nacional.
Por supuesto, existen matices. Algunos expertos plantean que extender el subsidio podría desincentivar la urgencia de compra y enlentecer un impulso que hoy está en pleno desarrollo. Otros, en cambio, ven en la ampliación una oportunidad para abordar el stock que aún queda pendiente, especialmente en viviendas cuyo valor supera el actual límite del beneficio. Ambas miradas son válidas y muestran que el debate no es simplemente técnico, sino estratégico.
Lo que sí parece evidente es que esta política pública demuestra resultados que van más allá de las expectativas iniciales. En un contexto económico donde cada punto de inversión cuenta, apoyar la adquisición de viviendas tiene un efecto multiplicador innegable, mueve a la banca, a las constructoras, a las pymes proveedoras, al empleo y a miles de familias que vuelven a ver viable un proyecto de vida propio.
Hoy la posibilidad de ampliar el subsidio está sobre la mesa. Más que apresurar una decisión, el desafío es mantener y consolidar este impulso virtuoso. Porque cuando se reactiva el mercado inmobiliario, no sólo se venden propiedades, se reactiva la economía y el sueño de miles de familias en Chile.
Los incendios recientes en recintos industriales y centros de bodegaje volvieron a instalar una pregunta incómoda en la industria logística. De esas que nadie responde en voz alta, pero que todos se hacen después del segundo café…estamos realmente preparados para una emergencia… o simplemente somos muy buenos cumpliendo checklists?
Porque una cosa es el impacto inmediato del siniestro (sirenas, titulares, protocolos activados) y otra muy distinta es el día después. Operaciones detenidas, clientes inquietos, contratos bajo revisión y cadenas de suministro completas tensionadas. Ahí es cuando la seguridad deja de ser un requisito administrativo y pasa a convertirse en una decisión estratégica. De esas que no se notan cuando están bien, pero se extrañan brutalmente cuando faltan.
Durante años, la lógica fue simple (y bastante cómoda): cumplir la normativa mínima y seguir operando. Hoy, ese enfoque quedó corto… Muy corto. El estándar del mercado ya no se define por lo que dice el reglamento, sino por la capacidad real de un centro para prevenir, contener y responder. No reaccionar cuando ya es tarde. Anticiparse cuando todavía hay margen.
El primer punto crítico es el acceso. Ese tema que suele verse como “operativo” hoy es una variable de riesgo en toda regla. Flujos desordenados, accesos lentos o controles poco claros no solo afectan la eficiencia: aumentan la exposición. Y en logística, exposición es una palabra que siempre termina apareciendo en la planilla de costos, aunque nadie la haya presupuestado.
Luego está la vigilancia. Presencia humana en terreno, monitoreo visual continuo y control perimetral dejaron de ser un plus para convertirse en el mínimo esperable. En seguridad, el tiempo no es un detalle técnico: es la diferencia entre un evento contenido y una crisis que escala. Llegar antes cambia todo, incluso el tono de las llamadas.
Pero donde hoy está puesto el verdadero foco es en la prevención y contención de incendios. Redes húmedas operativas, sistemas de detección temprana y una correcta compartimentación de espacios dejaron de ser temas reservados a memorias técnicas. Hoy son criterios decisivos al momento de elegir dónde operar. La pregunta ya no es solo si un centro puede incendiarse (porque puede!!!), sino qué tan rápido deja de ser un problema mayor.
Aquí el diseño de las bodegas juega un rol central. Divisiones cortafuego de alto estándar, estructuras de hormigón y sistemas integrados de alerta permiten ganar tiempo, contener la propagación y facilitar una respuesta efectiva. En una industria donde cada minuto cuenta, estos elementos no son lujos ni sobreingeniería: son infraestructura crítica.
Y aquí viene el detalle que suele pasarse por alto. No todos los centros son iguales, aunque desde fuera se vean bastante parecidos. Vale la pena (mucho) leer el reglamento interno, entender cómo se gestionan las emergencias y, sobre todo, saber quiénes son tus vecinos. Porque no es lo mismo compartir recinto con operaciones compatibles que con actividades que elevan el riesgo sin que nadie lo tenga realmente mapeado. La convivencia logística también es parte de la seguridad, aunque no aparezca en el brochure.
La mirada del mercado cambió. Hoy no basta con un buen precio o una ubicación atractiva. Se evalúa cómo se comporta un recinto frente a un evento real, si puede aislar el riesgo y si permite seguir operando sin transformar una emergencia puntual en un efecto dominó que termine afectando a todo el ecosistema.
La tendencia es clara. En un escenario de mayor exigencia y tolerancia cero al error, la seguridad dejó de ser un costo adicional y pasó a ser un factor estructural de decisión. En logística, invertir en prevención ya no es una señal de exceso. Es, simplemente, la condición mínima para operar con resiliencia… y no descubrir demasiado tarde que el problema no estaba dentro de tu bodega, sino al lado.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
El diario La Tercera recientemente publicó que el máximo tribunal del país había emitido un fallo salomónico (sic) con respecto al monto de la expropiación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de un terreno de 1.725 m2, tasado por peritos arquitectos, que ocupaba Copec en la comuna de Las Condes. En efecto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la indicada empresa distribuidora de combustibles sostenían criterios distintos en relación a la suma que el Estado le debía pagar a Copec.
El aludido medio, más el Diario Financiero y The Clinic publicaron que después de 3 años de litigio, la Suprema rechazó en fallo del 5 de enero de 2026, rol N° 47.235-2025, los recursos presentados tanto por Copec como por el Consejo de Defensa del Estado, manteniendo el monto fijado originalmente por la comisión de peritos del MOP.
Como una cuestión previa se expresa que la fundación Defendamos la Ciudad, conocedora de la regulación urbana y ambiental, a sabiendas que la tasación era errónea, entregó todos los antecedentes de respaldo al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que éste, en resguardo del interés fiscal, hiciera valer las disposiciones legales aplicables.
Enseguida denunció el asunto en la Contraloría General de la República (CGR), instancia fiscalizadora que no se pronunció debido a que la materia estaba en poder de los tribunales de justicia. En todo caso, este grotesco episodio lo publicamos hace 3 años atrás, exactamente en enero de 2023, con mayores antecedentes, en columna de opinión de la radio Bio Bío, ver link
Pues bien, en ese predio se está construyendo la Estación Isidora Goyenechea del Metro, que forma parte de la nueva Línea 7 de ese medio de transporte. Los tasadores alegremente sostenían que ese terreno, por su estratégica ubicación, tendría una aptitud de alto valor inmobiliario, pese a que está afecto a declaratoria de utilidad pública en su totalidad, pequeño detalle que los anteriores desconocían o prefirieron no averiguar. Es más, el abogado de Copec para justificar la posición de su cliente, sostenía que en el terreno se podía construir un edificio de 15 pisos.
Se deja en claro que, conforme al artículo 2.1.24 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) son los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), los que definen los usos de suelo del territorio nacional, y revisadas las normas correspondientes para el terreno en comento en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960, en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 y en el Plan Regulador Comunal de Las Condes (PRC), se llega a la conclusión que cuenta con unadeclaratoria de afectación de utilidad pública para vialidad, aspecto determinante que pasaron por alto los aludidos peritos.
Este columnista siempre ha sostenido que este terreno es espacio público destinado para vialidad, lo que quedó establecido inicialmente en la «Modificación Plan Intercomunal de Santiago-Sector CCU”, plano RM-PIS-88/19, (MI-41) de agosto de 1988 de ese PRIS, que grava dicho espacio como “prolongación Av. Isidora Goyenechea”, según se lee en el propio plano, lo que luego fue mantenido en el PRMS de 1994.
El Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, en concordancia con lo establecido por la normativa intercomunal, clasifica el terreno donde se ubicaba una estación de servicios de la empresa Copec, lote 68L7, y el terreno municipal contiguo, lote 69L7, como una reserva de vialidad y espacio público, referencia contenida en la información municipal contenida en PRC de Las Condes, donde se hace referencia al señalado plano de loteo CCU.
Dado lo anterior, los lectores se podrían preguntar cómo operó por tantos años en ese terreno la estación de servicio de Copec, instalación que corresponde a una actividad comercial no admitida en los aludidos planes reguladores intercomunales y comunales y en el propio artículo 2.1.30 de la OGUC, considerando que se trataba de una reserva para vialidad.
Sobre ello no hay una explicación posible y fue asaz curioso que en alguna fecha pasada la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes haya autorizado allí la operación de una bomba de combustibles, la que solo se puede emplazar en terrenos que tengan usos de suelo para equipamiento, según el artículo 2.1.33 de la OGUC.
El CDE sostenía que el precio a pagar a Copec era $ 2.200.875.725, como una justa indemnización por las instalaciones construidas en el predio y la empresa alegaba que se le debía pagar una suma del orden de los $ 7.000.000.000 por «su» terreno e instalaciones.
La Suprema conformada por los jueces Gonzalo Ruz, Roberto Contreras, Hernán Crisosto, Rosa María Etcheberry y Carlos Urquieta, ratificaron las sentencias de los tribunales anteriores, ignorando la legislación de vivienda y urbanismo, optaron por quedar bien con las partes y resolvieron que la suma de dinero, $ 4.514.000.000, fijada por los peritos como indemnización es la que el Estado le pagará graciosamente a Copec.
En rigor, como la posición del CDE era la que respetaba el marco regulatorio, le proponemos a doña Gloria Ana Chevesich que traslade el caso a la Suprema, ello en atención a que ya aseguró públicamente, cuando asumió el alto cargo, que cada denuncia de faltas a la probidad que le llegue, incluso si son anónimas, las llevará al pleno.
Este equivocado fallo se relaciona con el desconocimiento, por parte de los jueces, de las normas legales sobre el uso de suelo y en tal sentido, si lo considera apropiado, que le consulte al ministro del ramo, Carlos Montes, cual es la condición jurídica del aludido terreno.
Cada vez que se publican las cifras de actividad económica en Chile ocurre algo bastante predecible. Se mira el titular, se compara con lo que esperaba el mercado y se emite el veredicto express: “la economía crece” o “la economía no crece”. A veces con entusiasmo, a veces con resignación, casi siempre con poca curiosidad.
Lo que rara vez se hace es el famoso doble click. Ese gesto simple, pero incómodo, que obliga a mirar quiénes están realmente empujando la actividad y quiénes hace rato vienen bajando el ritmo. En esa lectura rápida, minería, manufactura y comercio se llevan toda la atención, mientras los servicios quedan como ese actor secundario que nadie nombra, pero que aparece en todas las escenas. Spoiler: hoy los servicios no son secundarios. Son protagonistas.
Cuando el crecimiento no viene de donde el libreto dice que debería venir
Los datos de octubre ya lo advertían con bastante claridad. El Imacec creció 2,2% interanual, pero no gracias a minería ni a industria. Fueron Servicios y Comercio los que explicaron el avance, mientras los sectores tradicionalmente protagonistas restaron impulso.
Octubre no fue una excepción estadística. Fue más bien una pista. En ausencia de un motor extractivo fuerte, la economía chilena se está sosteniendo con aquello que funciona todos los días, no con aquello que aparece en los discursos.
Noviembre confirmó el patrón. El Índice de Actividad del Comercio creció 6,0% interanual, impulsado principalmente por el comercio minorista y, cómo no, por el canal online. El comercio mayorista también mostró dinamismo, asociado a mayores ventas de maquinaria y equipos.
Del otro lado del tablero, la manufactura y la minería volvieron a quedar al debe. El Índice de Producción Industrial cayó 0,8% interanual y la minería retrocedió más de 1%.
Hasta aquí, la lectura típica. El problema es quedarse ahí.
Servicios: el sector que hace la pega mientras nadie lo mira
El verdadero doble click empieza cuando uno deja de mirar solo el resultado final y se mete en el detalle de los servicios. Porque ahí está pasando algo relevante, aunque no haga ruido.
Dentro de este bloque, Transporte y Almacenamiento merece atención especial. No porque sea glamoroso, sino porque funciona como un excelente indicador adelantado de lo que está ocurriendo en la economía real.
En noviembre, las ventas del sector crecieron 2,6% interanual y acumulan un alza de 7,2% en lo que va del año. Al interior, el transporte de carga por carretera y, sobre todo, almacenamiento y depósito explican gran parte del crecimiento.
Este último subsector volvió a destacar con un crecimiento cercano al 10%. Traducido a chileno simple: si hay más bodegas llenas, es porque algo se está moviendo. No es euforia, pero sí operación. Y hoy, operar vale más que prometer.
Comercio, bodegas e inventarios: cuando la economía funciona en cadena
Mirar el comercio por un lado y la logística por otro es un error clásico. Cuando se analizan juntos aparece una secuencia clara: primero repunta el comercio minorista, luego aumenta la demanda por almacenamiento y, más tarde, se ajustan los inventarios.
En el ciclo actual, esta lógica volvió a activarse. Tras la recuperación gradual del comercio desde 2023, el almacenamiento se aceleró y los inventarios comenzaron a normalizarse desde niveles históricamente bajos. No estamos frente a un boom, pero sí frente a una economía que volvió a encontrar ritmo.
Por eso, el dinamismo del almacenamiento no es un fenómeno aislado ni pasajero. Es la consecuencia natural de un comercio que se sostiene y necesita infraestructura para funcionar.
Actividades inmobiliarias: el mercado que sigue funcionando sin pedir permiso
Dentro del bloque de servicios, las actividades inmobiliarias entregan una de las señales más interesantes del momento económico actual. No se trata de ventas récord ni de lanzamientos masivos, sino de operación.
En noviembre, el índice de ventas de actividades inmobiliarias creció 6,8% interanual y acumula una variación cercana al 9% en el año. El impulso viene principalmente de arriendos, administración de propiedades y servicios inmobiliarios prestados a terceros.
Aquí está el punto que suele perderse cuando se habla de “crisis inmobiliaria”. El foco se pone casi exclusivamente en ventas de viviendas nuevas, permisos o stock, y se deja fuera algo clave: el negocio inmobiliario hoy funciona más por operación que por expansión. Menos lanzamientos, más Excel. Menos épica, más flujo.
Además, estas cifras entregan una señal más temprana que los indicadores tradicionales del sector, que suelen reflejar los ajustes con varios meses de rezago.
Lo que viene (y aquí me mojo)
Mirar solo el presente sería quedarse corto. Porque si algo muestran los datos (y el contexto) es que este escenario no es casual ni frágil.
Las expectativas del consumidor han subido, y también lo han hecho (con fuerza) las expectativas de los empresarios del comercio. Año electoral, cambio de clima, mayor disposición a gastar y a invertir. La economía no se mueve solo por cifras duras; se mueve, sobre todo, por expectativas. Y hoy esas expectativas están jugando a favor del comercio.
Mi lectura es clara!! el comercio va a seguir fuerte, no explosivo, pero sí sostenido. Y cuando el comercio se sostiene, arrastra consigo todo lo que permite que funcione: logística, bodegaje, almacenamiento, distribución y, por extensión, activos inmobiliarios asociados a esa operación.
Ahí está la oportunidad que muchos todavía miran con timidez. Las bodegas no están capturando un fenómeno pasajero; están capturando un cambio estructural en la forma en que la economía opera.
Por eso, cuando uno cruza expectativas, cifras de actividad y comportamiento sectorial, la conclusión es menos ambigua de lo que parece: el próximo ciclo no se va a jugar en grandes discursos de crecimiento, sino en quién esté mejor posicionado para absorber una economía que vuelve a moverse.
Y en ese tablero, comercio y bodegas no están reaccionando tarde. Están llegando justo a tiempo.
La reciente implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada marca un punto de inflexión en la forma en que Chile entiende y regula las funciones asociadas a la seguridad, particularmente en espacios residenciales.
Aunque su objetivo central es modernizar el sector y elevar estándares, su impacto en la labor de los conserjes merece una reflexión cuidadosa.
Durante años, los conserjes han cumplido un rol híbrido: atención, control de accesos y, de facto, primera línea frente a situaciones de riesgo.
Sin embargo, esta realidad se desarrolló en un marco normativo difuso, donde se les exigían responsabilidades sin el respaldo legal, formativo ni laboral adecuado.
La nueva ley introduce una distinción relevante: no todo conserje es guardia de seguridad, ni debe ser tratado como tal.
Este cambio puede ser positivo si se comprende correctamente. Por una parte, evita imponer exigencias desproporcionadas a trabajadores cuya función principal no es la seguridad privada formal.
Por otra, abre la posibilidad de profesionalización voluntaria para quienes sí desempeñan labores críticas de prevención, con mejores estándares y reconocimiento.
El desafío está en la implementación. Sin lineamientos claros, existe el riesgo de confusión, sobrecarga laboral o traspaso indebido de responsabilidades que corresponden a empresas de seguridad y no a trabajadores de conserjería.
La seguridad en los condominios no se fortalece solo con leyes, sino con roles bien definidos, capacitación pertinente y una gestión responsable por parte de administraciones y comités.
La dignificación del trabajo del conserje debe ser parte central de este nuevo escenario.
