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julio 8, 2025 11:56 pm

PRONTO

El inversionista chico se está bajando del carro (y con razón)

Por: Tracy Dustan, Commercial Manager y Real Estate Technology Bheed

Hubo una época dorada —no tan lejana— en la que bastaba con tener algo de ahorro, una buena charla con el ejecutivo del banco y cotizaciones al día para lanzarse al mundo de la inversión inmobiliaria. Comprar en blanco, arrendar al rápido, y vender con plusvalía. Era el nuevo sueño chileno.

Hoy, ese mismo inversionista chico —profesionales de clase media, independientes y jóvenes con espíritu emprendedor — se está bajando del carro. No porque no quiera invertir, sino porque ya no le da. La UF no para, las tasas hipotecarias están más altas que nunca y los arriendos, aunque suben, no alcanzan para cubrir los costos reales de tener una propiedad como activo.

Y es que la promesa de “invierte ahora y gana después” se está desinflando como globo de cumpleaños al día siguiente. Porque ahora el “después” viene con gastos comunes, contribuciones, seguros, vacancia, comisión, impuestos y un Excel que termina en rojo por mucho que uno intente maquillarlo.

La rentabilidad ha caído a niveles que hace cinco años serían motivo de risa en cualquier charla de inversión. Y eso sin considerar el sobrestock de departamentos en comunas donde se construyó sin freno, sin lógica, y sin preguntarse si había demanda real o solo fe ciega en el ciclo.

Antes, bastaba con reservar un departamento y esperar que subiera su valor antes de la entrega. Hoy, en cambio, muchos se encuentran con proyectos que se atrasan, que no logran su recepción, o que simplemente no suben su valor. Y ahí está el inversionista, atrapado con una promesa que no vale más… pero sí cuesta más.

¿Y el arriendo? Sí, ha subido. Pero también lo han hecho los requisitos, la rotación de inquilinos y los tiempos vacíos. Hoy arrendar ya no es pasivo ni automático. Es casi una pyme. Hay que administrar, supervisar, negociar y, a veces, rezar para que el arrendatario no deje el departamento convertido en campo de batalla.

Mientras tanto, el discurso oficial sigue vendiendo humo: “la inversión inmobiliaria es segura”. Pero segura… ¿para quién? Porque para el inversionista chico, el que no compra al contado ni tiene 10 propiedades, hoy es más seguro quedarse mirando desde la vereda.

Y eso es un problema, porque ese inversionista chico no es un especulador salvaje. Es clase media tratando de construir patrimonio. Es gente que creyó el cuento del ahorro inteligente. Y ahora, está desilusionada, endeudada o simplemente aburrida de un mercado que ya no juega a su favor.

Hoy ser inversionista inmobiliario es como volver con tu ex: antes daba resultados, ahora solo da ansiedad.

El desafío —para bancos, inmobiliarias y gobiernos— es reencantar a ese segmento. Con productos reales, no con promesas de folleto. Con tasas razonables, mecanismos de protección, y proyectos diseñados con más cabeza y menos render.

Porque si el inversionista chico se baja del carro… ¿quién lo empuja después?

Panamá: el nuevo destino para inversionistas inmobiliarios

Por Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario

Desde hace un buen tiempo, Panamá ha sido un imán para los inversionistas inmobiliarios, especialmente norteamericanos. Esto se ha dado gracias a su ubicación estratégica, pero también por su crecimiento económico sostenido y una serie de beneficios fiscales que hacen que invertir en este país, sea una opción muy atractiva para aquellos chilenos que buscan resguardar sus capitales en el extranjero.

Cuando consideramos invertir en Panamá, hay cuatro factores clave que no podemos pasar por alto. En primer lugar, la estabilidad económica del país es un gran atractivo. Aunque el crecimiento económico no sea tan explosivo como en otras naciones en desarrollo, la economía panameña sigue avanzando de manera constante, proporcionando un ambiente predecible -en el buen sentido de la palabra- y seguro para las inversiones en propiedades.

Los beneficios fiscales en Panamá son otro aspecto, y resulta difícil ignorarlos. La concesión de exenciones y reducciones significativas de impuestos a inversionistas extranjeros ayuda a aumentar la rentabilidad de las ganancias y a reducir los costos operativos, lo que resulta en un mayor rendimiento de la inversión a largo plazo.

Otro factor importante a tener en cuenta es la amplia gama de opciones de inversión en bienes raíces que Panamá proporciona. Tanto si buscas un apartamento en la metrópolis ciudad de Panamá, como una propiedad en las encantadoras costas y sus alrededores, existen opciones para satisfacer todos los bolsillos y gustos. Esto posibilita la distribución inteligente de las inversiones, reduciendo los riesgos y aprovechando al máximo el potencial de crecimiento.

Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que Panamá es un mercado en constante crecimiento. Gracias a su ubicación privilegiada y su relevancia en el comercio mundial, este país está constantemente abriendo nuevas oportunidades de inversión en proyectos inmobiliarios que van desde desarrollos residenciales hasta comerciales.

Como último punto, pero no por eso menos importante: los beneficios especiales para personas de la tercera edad. Esa guinda de la torta hace de Panamá un lugar aún más atractivo para invertir y retirarse. Con exenciones fiscales y una excelente calidad de vida, el país centroamericano ofrece un entorno tranquilo y seguro para aquellos que desean disfrutar de su jubilación en un paraíso tropical.

Esta nación se alza como un destino ideal para los chilenos que buscan diversificar sus inversiones en el extranjero, especialmente en el mercado inmobiliario. Una oportunidad interesante para aquellos chilenos que buscan estar más cerca de Estados Unidos, pero en un entorno caribeño y sin comprometer estabilidad social.

Contribuciones de Bienes Raíces: Optimización Fiscal y Desarrollo Inmobiliario. Una Estrategia para el Crecimiento Sostenible y la Autonomía Local

Por: Gerardo Ureta Campos, Doctor(c) en Industria Inteligente PUCV. Magíster en Construcción PUC. Ingeniero Industrial U. Mayor. Fundador de EconoDataAI

Recientenente, casi todos los candidatos presidenciales manifestaron sus posturas sobre las contribuciones a la propiedad. Este debate debe trascender la mera discusión sobre su aumento, eliminación o reducción. Desde una perspectiva de políticas públicas, la tributación inmobiliaria debe conceptualizarse como un instrumento dinámico para el desarrollo socioeconómico y urbano. El objetivo central es la articulación de un sistema fiscal que, sin menoscabar la provisión de servicios públicos esenciales, estimule la inversión privada, potencie la capacidad de gestión municipal y fortalezca la autonomía financiera local.

El Impuesto Territorial, cuya recaudación ascendió a más de $2.5 billones de pesos en 2024 en el contexto chileno, constituye una fuente de financiamiento crítica para la seguridad ciudadana, la infraestructura urbana y el crecimiento planificado de las ciudades. No obstante, su aplicación requiere una modernización sustantiva.

Es imperativo alinear los mecanismos de recaudación con incentivos que promuevan activamente la inversión en bienes raíces y fomenten una expansión urbana coherente y sostenible, favoreciendo la eficiencia económica y la calidad de vida.

Propuestas

Valoración Dinámica y Transparente de la Propiedad para la Generación de Valor Social: Se propone la implementación de un sistema de valoración catastral que no se base exclusivamente en avalúos estáticos, sino que incorpore la plusvalía real de los inmuebles derivada de la inversión pública y privada en el entorno. Esto implica que la contribución anual reflejaría el incremento de valor atribuible a mejoras en infraestructura o desarrollo urbano adyacente, garantizando una contribución proporcional al beneficio económico obtenido. En contrapartida, las zonas con menor dinamismo o que requieran revitalización podrían beneficiarse de cargas tributarias reducidas, lo que incentivaría la inversión y la reconversión de proyectos inmobiliarios estratégicos. La definición de estas «zonas estratégicas» se establecerá mediante un proceso técnico-normativo y rigurosamente transparente, liderado por las instituciones competentes de planificación urbana (e.g., Ministerio de Vivienda y Urbanismo) en coordinación con los gobiernos regionales y municipales, sector privado y sociedad civil, bajo criterios objetivos de potencial de desarrollo, infraestructura existente y necesidades socio-urbanas, buscando la maximización del bienestar colectivo.

Transparencia Integral y Accesibilidad en el Cálculo del Avalúo Fiscal: Es crucial establecer un marco de transparencia irrestricta en el proceso de determinación del avalúo fiscal y la liquidación de las contribuciones. Esto implica no solo la divulgación detallada de las metodologías de tasación, sino también la garantía de acceso público a los datos desagregados (con las debidas salvaguardas de privacidad) que sustentan dichas valoraciones. La implementación de plataformas digitales facilitaría a los contribuyentes la comprensión y verificación de la exactitud de los cálculos, fomentando la equidad procesal, la certidumbre jurídica y la confianza en la administración tributaria.

Incentivos Fiscales para la Mejora de la Calidad del Capital Inmobiliario y la Seguridad Urbana: Se propone la implementación de descuentos o exenciones en las contribuciones para los propietarios que realicen inversiones que mejoren la eficiencia energética, la modernización estructural y, fundamentalmente, la seguridad de sus inmuebles y el entorno urbano inmediato. Este mecanismo fiscal no solo reduciría la carga impositiva para aquellos que invierten en la optimización de sus bienes, sino que también estimularía la renovación del parque inmobiliario, incrementando su valor de mercado y contribuyendo directamente a la mejora de la habitabilidad y la seguridad en los barrios.

Distritos de Desarrollo Urbano Sostenible y Promoción de Inversiones: Se plantea la creación de zonas geográficas designadas como prioritarias para la inversión inmobiliaria. Dentro de estas áreas, previamente definidas bajo los criterios técnicos y transparentes mencionados, se ofrecerían beneficios tributarios específicos y una simplificación regulatoria para proyectos que integren vivienda, comercio y tecnología, con un enfoque en la generación de entornos urbanos multifuncionales, resilientes y seguros. Estas zonas actuarían como polos estratégicos para el desarrollo de comunidades modernas, equipadas con infraestructura de vanguardia y soluciones de movilidad eficiente, optimizando el uso del suelo urbano y atrayendo capitales para el desarrollo armónico de las ciudades.

Optimización de la Gestión Municipal Mediante la Innovación Tecnológica: La incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) es esencial para optimizar la recaudación y la administración de los fondos municipales. Esta aproximación no solo garantizaría una mayor eficiencia en la gestión de recursos públicos, sino que también permitiría una asignación más precisa y efectiva de los mismos a proyectos críticos para la comunidad, particularmente en las áreas de seguridad ciudadana, infraestructura local y provisión de servicios básicos, reforzando la rendición de cuentas y la legitimidad de la administración local.

Este modelo no solo persigue la modernización del sistema tributario, sino que lo redefine como un motor fundamental para el crecimiento económico, el desarrollo urbano equitativo y el fortalecimiento institucional de los municipios.

Al optimizar la aplicación de las contribuciones, se busca fomentar inversiones estratégicas, robustecer la autonomía municipal y propiciar la construcción de ciudades más dinámicas, prósperas y, fundamentalmente, más seguras y habitables para todos sus ciudadanos.

Nuevo modelo de financiamiento habitacional en Chile. Una mirada crítica​.

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLER & PARTNER

El reciente modelo propuesto que apareció con bombos y platillos como una posibilidad de reducir los sobrestocks de viviendas, como una alternativa al reciente beneficio legal de subsidio a la tasa del crédito hipotecario, y que combina deuda privada sin garantía con financiamiento bancario, busca ofrecer una vía estructurada, técnica y transparente para abordar la urgente necesidad de financiar viviendas ya existentes, pero actualmente fuera del alcance de miles de familias en nuestro país.

Si bien se aplaude que esta iniciativa pretenda ampliar el acceso a la vivienda, es crucial analizar sus posibles riesgos (que no mucha gente las ha dicho) para garantizar que no genere efectos adversos en el mediano y largo plazo.

Primeramente, se puede apreciar un mayor riesgo financiero para las familias, por cuanto el uso del mecanismo de la deuda privada sin garantía, implica que las familias pueden acceder a créditos sin respaldar el préstamo con un bien tangible. Ello, naturalmente conlleva tasas de interés más altas debido al mayor riesgo asumido por la entidad financista. Además, la combinación con financiamiento bancario podría resultar en una carga financiera significativa para los hogares, especialmente si no se evalúa adecuadamente su capacidad de pago.

Luego, se aprecia un posible sobreendeudamiento y falta de transparencia; pues algunas entidades privadas no informan las deudas al sistema financiero, lo que puede provocar que las familias acumulen múltiples créditos sin una visión clara de su nivel de endeudamiento total. Esta falta de transparencia puede dificultar la evaluación real de la capacidad de pago y aumentar el riesgo de morosidad.

A lo anterior, cabe agregar que esta solución propuesta, conlleva el acceso limitado a ciertos segmentos de la población; ya que, aunque el modelo busca ampliar el acceso a la vivienda, no resulta ser suficiente para los sectores más vulnerables o aquellos en mejor situación, pero con anteriores cargas de arrastre. Lamentablemente, las condiciones actuales de los préstamos, como tasas de interés elevadas y exigentes requisitos de ingreso, todavía pueden excluir a quienes más necesitan soluciones habitacionales. Además, la falta de garantías puede limitar el monto del financiamiento disponible, dejando fuera a muchas familias.

Por otro lado, 

La disponibilidad de financiamiento adicional podría generar un impacto en el mercado inmobiliario y precios de las viviendas, al incentivar la demanda de viviendas existentes, lo que, sin un aumento correspondiente en la oferta, podría elevar los precios. Esto vendría siendo como decir que “el remedio es peor que la enfermedad”, afectando negativamente a quienes buscan adquirir una vivienda sin acceder a estos mecanismos de financiamiento, aumentando las desigualdades en el mercado habitacional.

Finalmente, la implementación de este modelo requiere una supervisión y regulación estricta para evitar prácticas abusivas y garantizar la protección de los consumidores ya que, sin un marco regulatorio sólido y adecuado, existe el riesgo latente de que se repitan situaciones de crisis financieras, como las vividas en otros países debido a la concesión irresponsable de créditos hipotecarios.

Pero no todo es tan terrible, ya que si bien el modelo que combina deuda privada sin garantía con financiamiento bancario representa una alternativa innovadora para abordar el déficit habitacional en Chile, es fundamental considerar y mitigar sus posibles desventajas; pues con una implementación cuidadosa, con regulaciones claras y mecanismos de protección al consumidor, se podría asegurar de mejor manera que esta iniciativa beneficie efectivamente a las familias chilenas sin generar riesgos financieros adicionales para el sistema y para el mercado.

Un feliz matrimonio de la municipalidad de Iquique ejerce con vocación inmobiliaria 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

El reciente 12 de junio de 2025 fuimos recibidos en audiencia por el Subcontralor General de la República, Víctor Hugo Merino, instancia en la cual, acompañados por abogados, ingenieros y arquitectos, le informamos diversas situaciones que empañan nuestro Estado de Derecho y digámoslo con claridad, nuestra democracia y el propio sistema de libre mercado que, como todos sabemos, solo funciona correctamente con instituciones públicas probas y con funcionarios capacitados para ejercer sus diferentes cargos. 

El subcontralor, acompañado de 2 asesores, tuvo la inmensa paciencia de escuchar las denuncias por 13 asuntos determinados muy corruptos que se producen porque «las instituciones no funcionan». En rigor, todos los casos informados verbalmente, corroborados por escrito, nunca debieron llegar al conocimiento de la Contraloría si los municipios y las diversas dependencias de algunos ministerios hubieran hecho bien y oportunamente sus pegas, razón por la cual reiteramos que el problema que tenemos en Chile es porque hay flojera, ignorancia y acomodos al interior de los anteriores, con los influyentes actores privados.   

Debido a que no hay espacio para relatar todas las acusaciones formuladas al ente fiscalizador, nos limitaremos a dar cuenta de unas pocas, a saber:   

La burla en el pago de los US$ 10 millones, como indemnización por «falta de servicio», por parte de la incapaz municipalidad de Las Condes a una inmobiliaria porque el alcalde Joaquín Lavín y los abogados municipales cometieron diversos errores relacionados con unas torres habitacionales ilegales en esa comuna, razón por la cual, tiempo atrás, le habíamos solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que recurriera a la Justicia cautelando el interés fiscal comprometido. Este órgano nos contestó que para proceder en tal sentido, se lo debía pedir el propio municipio o bien la Contraloría.

Sospechosamente los últimos 3 alcaldes, Lavín, Peñaloza y San Martín, se negaron a proceder como lo había exigido el CDE y por ello, le reiteramos a la Contraloría que trasladara los antecedentes al Ministerio Público para que así un fiscal indagara lo acontecido en la especie. Para justificar nuestra solicitud, le dimos a conocer al subcontralor nuestra presunción fundada en hechos concretos de que el municipio tenía interés en perder el juicio para desembolsar en favor de un actor privado esa enorme suma de dinero.  

También aludimos a la denuncia sobre lo que sucede con el molibdeno, ya que las grandes empresas privadas del cobre que lo exportan, no declaran el molibdeno que también exportan. La estatal Codelco dice que el molibdeno representa, en toneladas métricas, un 10 a un 12% de su producción de cobre y si las empresas privadas admitieran que va una importante cantidad de molibdeno en cada envío de cobre, tendrían que declarar por ese concepto un valor de no menos de US$ 4 mil millones anuales.  

Así las cosas, ya que el molibdeno, mineral cuya existencia las grandes mineras privadas sistemáticamente niegan, es el protagonista principal de sus negocios, por ello se le pidió a la Contraloría que arbitre las medidas conducentes para que las anteriores declaren el molibdeno que se llevan al exterior y paguen al Estado de Chile los impuestos correspondientes. Si esta situación se ordena próximamente, por lo tanto sin este contrabando invisibilizado, habrán importantes aportes a nuestra nación. Al respecto, nos preguntamos si los parlamentarios, tan interesados en aparecer en las pantallas de televisión, tendrán conocimiento de esta grosera situación y ya que hay una franja electoral presidencial en que intervienen Tohá, Winter, Mulet y Jara, sería necesario que emitieran sus juicios.  

Ahora, en pocas palabras, relacionado con el título de esta columna de opinión, aludimos al desacato comprobado de la municipalidad de Iquique, a varios dictámenes vinculantes de la Contraloría, el primero de ellos de fecha 2 de enero de 2025, en los cuales se le expresó al alcalde Mauricio Soria, que su director de obras municipales de apellido García, tenía que invalidar unos 70 permisos de edificación ilegales para proyectos inmobiliarios a localizarse en áreas inundables del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT), instrumento normativo vigente desde junio de 2022.

Dicho alcalde, hijo del senador Jorge Soria, durante todos estos meses se las ha arreglado con rebuscadas interpretaciones, vulgares leguleyadas, para desobedecer las órdenes del ente fiscalizador. Su distinguida esposa, Silvana Loayza, arquitecta que ejerce como funcionaria de la respectiva Dirección de Obras Municipales, hasta la fecha, por el rol que desempeña en esa función técnica, entendemos que ha procedido como interesada cómplice en esta campaña de rebeldía.

Este indecoroso asunto lo conoce muy bien la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera, con quien nos reunimos hace unos meses con el abogado Enzo Morales, para que ejerciera sus atribuciones, lo que todavía no ocurre. En concreto, para evitar un nuevo hecho consumado de impunidad, le hicimos ver al subcontralor Merino, dado el excesivo tiempo transcurrido, que trasladara los antecedentes al Ministerio Público, con el objetivo de que finalmente se conozcan las razones de fondo que ha tenido esa municipalidad para proceder de manera tan desvergonzada. 

¿Entonces será efectivo que el matrimonio Soria-Loayza tiene intereses en la rentable actividad inmobiliaria en la ciudad de Iquique? 

Seguridad privada: un nuevo deber empresarial ante un escenario de crisis de seguridad pública

Por: Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile.

Chile atraviesa una de las crisis de seguridad más intensas de las últimas décadas. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior y el Ministerio Público, el aumento de delitos violentos, robos organizados y crimen transnacional ha puesto en entredicho la capacidad del Estado de responder con eficacia a la creciente demanda ciudadana por seguridad.

En este contexto, la reciente publicación del reglamento de la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada —cuya entrada en vigor será en noviembre de este año— no sólo representa una actualización regulatoria, sino un punto de inflexión para el sector privado.

Este nuevo marco legal redefine las reglas del juego: ya no basta con contar con guardias de seguridad y cámaras. Asimismo, la lógica cuantitativa asociada al monto de 500 UF diarias de efectivo que maneja una empresa para declararla como entidad obligada queda atrás. Hoy, las características de riesgo inherentes a cada actividad determinarán si una entidad está obligada a implementar medidas de seguridad. Además, existirá una clasificación de riesgo —alto, medio o bajo—, la cual será determinada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que asume el rol de órgano rector en materia de seguridad privada en el país.

El Estado ha trazado una línea clara: el sector privado debe jugar un rol coadyuvante y complementario en la seguridad pública. Y ese rol no es menor. Implica elaborar estudios de seguridad con planes para cada instalación, invertir en tecnología con ciertos requisitos técnicos, para cámaras de seguridad (cctv y corporales) y lectores de placas, contratar y capacitar personal autorizado (de acuerdo al nivel de riesgo), garantizar la realización de denuncias en 24 horas, mantener grabaciones y evidencias durante al menos dos años si están asociadas a delitos.

El problema es que muchas empresas aún no dimensionan la envergadura del desafío. Las obligaciones no son menores, y las sanciones tampoco. Las multas por incumplimientos gravísimos pueden alcanzar hasta 13.500 UTM, sin contar la posibilidad de clausura temporal o definitiva de establecimientos. En un entorno de creciente inseguridad y presión reputacional, no cumplir no solo es caro: es arriesgado.

Por eso, este es el momento de buscar asesoría especializada que acompañe a las empresas para una correcta implementación de cumplimiento regulatorio en esta materia. Comenzando con un diagnóstico de brecha en cuanto a la clasificación de riesgos, diseño de estudios de seguridad y planes por sucursal, implementación de las medidas de seguridad exigidas, auditoría de niveles de cumplimiento, y estrategias para enfrentar la eventual aplicación de multas.

La seguridad privada ya no se perfila tan sólo como un gasto accesorio. Es una obligación legal, un estándar reputacional y, sobre todo, una inversión estratégica para la continuidad operacional y confianza del entorno. 

Por ende, la nueva ley no sólo exige cumplir, exige transformarse. Las empresas que lo comprendan a tiempo no sólo evitarán sanciones: estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del país que viene.

Metro al aeropuerto: Chile se pone al nivel de las grandes urbes mundiales

Por Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

El anuncio reciente desde el Gobierno en la última cuenta pública sobre la extensión de la red Metro de Santiago, podría definirse como una de las más importantes en toda la vida útil de este importante sistema de transporte.

Después de mucho ruido, finalmente habrá una conexión directa al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, representando una transformación urbana de gran envergadura en la capital, sumado a la extensión de la línea 4A hacia Lo Espejo -pasando a llamarse Línea 10- y la prolongación de la línea 2 hacia el poniente de Maipú.

Y es que el efecto inmediato de este tipo de anuncios suele tener efectos bastante inmediatos. Por ejemplo, las propiedades ubicadas en las proximidades de las futuras estaciones suelen experimentar incrementos en su plusvalía, entre 3% y 13%, dependiendo de su cercanía al trazado proyectado, fenómeno que no es casual, dado que la conectividad con el sistema Metro constituye uno de los factores más valorados al momento de evaluar una inversión inmobiliaria.

Con la llegada del metro, los desarrolladores inmobiliarios buscan estas oportunidades para implementar proyectos que aprovechan la mayor demanda de suelo, generando un círculo virtuoso donde aumenta la demanda de propiedades, se establecen centros comerciales, instituciones educativas, centros de salud, se mejoran los índices de seguridad, etc. Todo esto eleva la calidad de vida de los residentes.

Para las comunas periféricas, este medio de transporte representa un cambio radical, ya que a diferencia del sector oriente, donde el Metro complementa una infraestructura ya consolidada, estas zonas experimentarán una metamorfosis completa, dada por la reducción en los tiempos de traslado, transformando a estas zonas en más atractivas habitacionalmente, consolidando su configuración de “comunas dormitorio”.

Ahora, la relevancia de la conexión con el aeropuerto es un tema no menor, dado que nos eleva a un estándar internacional de conectividad urbana, siguiendo modelos europeos y de otros continentes desarrollados, mejorando no solo a quienes residen en las cercanías, sino que también, potencia el sector turístico de manera exponencial.

 Los turistas priorizan la comodidad, el ahorro y la proximidad a estaciones de Metro al elegir alojamiento, lo que incrementará la demanda de propiedades para arriendo turístico y hotelería en las zonas conectadas. De igual forma, la facilidad para conectar Santiago con destinos regionales a través del aeropuerto simplificará los viajes, convirtiendo a la capital en un espacio de distribución turística a nivel nacional. 

Por ejemplo, es correcto afirmar que zonas como Santiago, Providencia y Las Condes, donde se concentran las opciones hoteleras y turísticas, vivan un apogeo de los modelos de renta corta en lo que respecta al mercado inmobiliario. No obstante, las estaciones intermedias del recorrido aeroportuario también experimentarán este efecto multiplicador, creando nuevos polos de desarrollo inmobiliario, por lo que, los inversionistas inmobiliarios deben considerar todo el ecosistema de conectividad que se generará.

La capital se pone a la altura de las grandes urbes, solo resta esperar la concreción de este gran proyecto y su correcta implementación.

Un amable recordatorio a la Contralora Dorothy Pérez 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

El miércoles 28 de mayo pasado teníamos agendada una audiencia con la Contralora General de la República, cuyo objetivo era revisar distintas denuncias en el ámbito de Vivienda y Urbanismo, la que no se pudo llevar a cabo como consecuencia del alto impacto que tuvo en la opinión pública su dictamen sobre la corrupción derivada de los viajes de placer al extranjero, utilizando licencias médicas falsas, realizados por miles de funcionarios públicos. Ante tal situación, encontramos que se justificaba plenamente la postergación de la cita, informada el mismo día a nosotros por su gabinete. 

Pues bien, recientemente supimos por la prensa que la Contraloría había detectado innumerables malas prácticas en la denominada Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), conformada por las «ilustres» municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, organismo que en febrero de 2024 había sido disuelto por un motivo que este columnista desconoce. 

Entre otras «travesuras» se concluyó que existían personas en dicha Asociación contratadas a través de sustanciosos honorarios, quienes tenían el hábito de no informar cuales eran las actividades desarrolladas y otros tantos regalones no respaldaban los montos del dinero que recibían. Hablando de viajes a otros países, lo que es muy apreciado por los funcionarios públicos, con dineros de la misma bendita Asociación, se le compró un pasaje aéreo a Joaquín Lavín, para que viajara a Holanda, desconociéndose si el ticket era para clase económica o para primera clase. Ya para reírse, a la AMZO le gustaba contratar para el manejo de sus cuentas bancarias, a personajes que no desempeñaban funciones en la misma, ni tampoco en ninguna de las 3 municipalidades. ¿Cuáles serían las aptitudes de esos «expertos» para que fueran seleccionados?  

Por lo descrito y por otras lastimosas desinteligencias, la Contraloría está trasladando todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, para que un acucioso Fiscal investigue lo acontecido al interior de la AMZO, organismo privado que consideramos semejante a las famosas corporaciones municipales, las que son utilizadas generalmente por los alcaldes para fines non sanctos. Se debe destacar que los actuales3 alcaldes, como buenos políticos, valoran el rol ejercido por la Contraloría en dichos municipios, endosándole toda la responsabilidad por lo sucedido a sus antecesores. 

Volviendo a nuestra audiencia con la Contralora, nuevamente se la solicitamos conforme a le ley y en la misma, cuando se produzca, tenemos previsto entregarle antecedentes adicionales por casos que ya están en su poder, como lo sucedido con los dictámenes referidos a las decenas de permisos de edificación ilegales en la ciudad de Iquique, pues los respectivos proyectos inmobiliarios se localizarían en zonas inundables del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT). Asimismo deseamos enfatizar que entregue la documentación correspondiente derivada de la impropia indemnización de US$ 10 millones, que pagó la municipalidad de Las Condes a un actor privado porque el ex alcalde Lavín cometió el voluntario «error» de invalidar el permiso del anterior.    

Los casos a revisar son varios y carece de sentido darlos a conocer todos, pero si la señora Dorothy Pérez no puede recibirnos, por su extrema carga de trabajo, sería necesario que nos entrevistáramos a la brevedad con el Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino, quien tiene las mismas competencias. En la ocasión, le expresaremos que la Contraloría entregue directrices a las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo y a los directores de obras municipales del país, para que se respete el dictamen N° 26252 del 05/06/2006, en el cual se deja en claro que no son acumulables los distintos beneficios constructivos contenidos en los permisos, ya que ello, para variar, no se está cumpliendo.    

Por último, nos pareció excelente que la contralora le haya solicitado al Senado que se elabore un proyecto de ley para darle más peso a sus atribuciones fiscalizadoras y naturalmente en paralelo mayores recursos económicos. Así, con nuevas facultades, se podrá endurecer la normativa para que efectivamente sus dictámenes sean siempre acatados por los funcionarios públicos expertos en buscar resquicios y nos gustó sobremanera que, dentro de los cambios que se proponen, esté la facultad para aplicar directamente sanciones en los sumarios. Pero lo mejor, es que la misma Contraloría, pueda aplicar sanciones contra los alcaldes y gobernadores desobedientes, remitiendo los antecedentes ante los distintos tribunales electorales para que así esos pillines abandonen el aparato del Estado.    

Déficit habitacional, titulares y otras promesas infladas: ¿Quién paga el humo?

Por: Tracy Dustan, Commercial Manager y Real Estate Technology Bheed

En Chile faltan más de 600 mil viviendas. Eso ya lo sabemos. Lo que aún no sabemos es en qué etapa están esas miles de casas que se supone se están construyendo. Porque si uno lee los anuncios del gobierno, parecería que estamos a un par de meses de resolver el problema. Pero basta caminar por cualquier comuna para darse cuenta de que el déficit no es solo de viviendas. Es de ideas claras, de planificación realista y, sobre todo, de ganas de hacer que las cosas pasen de verdad.

Llevamos dos años escuchando sobre el famoso “Plan de Emergencia Habitacional”. Suena potente, ¿cierto? Emergencia. Habitacional. Un concepto que evoca cuadrillas trabajando día y noche, excavadoras abriendo terreno y ministros con casco blanco sacándose selfies. Pero la realidad es que el plan ha sido más una emergencia comunicacional que habitacional. En papel se ve hermoso. En terreno, seguimos con tomas, subsidios sin aplicar, proyectos sin recepción, y trámites que demoran más que la segunda temporada de una serie chilena.

Acá ya es costumbre anunciar soluciones sin sustento. Propuestas llenas de siglas —DS49, DFL2, EGIS— que parecen inventadas por alguien con complejo de crucigrama. Suenan técnicas en una entrevista radial, pero no las entiende ni el que las redactó. Y claro, mientras más confusas, menos exigencias. Una estrategia brillante… si lo que quieres es no hacer nada.

Mientras tanto, se reparten subsidios que no alcanzan ni para comprar un estacionamiento, y se promueven créditos “blandos” que se sienten más duros que control de la PDI a las 3 AM. Los jóvenes siguen arrendando, las familias siguen esperando, y los privados… bien, gracias. Porque el sector inmobiliario privado, lejos de ser el villano, es parte del reparto principal. Pero está asfixiado entre permisos eternos, normativas que cambian a mitad de rodaje y una opinión pública que los mira como si estuvieran construyendo en Macondo.

Lo irónico es que mientras el país necesita con urgencia que se construya, levantar un edificio hoy toma lo mismo que criar un hijo: ocho años, con suerte. Y eso si no te cae encima una paralización municipal, una demanda vecinal o un cambio reglamentario que te obliga a rediseñar hasta la jardinera del piloto. ¿Y la política pública? En vez de facilitar, complica. En vez de incentivar, castiga.

Porque seamos honestos: el humo vende. Y en año electoral, aún más. Pero el cemento no. El cemento cuesta, ensucia, demora. Por eso se anuncia más de lo que se construye, y se promete más de lo que se entrega. El arte de construir titulares ha reemplazado al de construir viviendas.

La solución? No es mágica. Pero sí concreta. Dejar los slogans colgados en la entrada del ministerio y poner manos a la obra: permisos que avancen, subsidios que realmente sirvan, créditos accesibles y alianzas público-privadas que funcionen sin asfixiarse en trámites. Menos show, más retroexcavadora. Menos promesas, más llaves entregadas.

Porque el déficit habitacional no se resuelve con discursos ni con maquetas en conferencias de prensa. Se resuelve cuando el Estado deja de ser un cuello de botella y se atreve, por fin, a ser parte de la solución.

Alternativas inmobiliarias ante las altas tasas hipotecarias en Chile. Diversificación y oportunidades regionales​

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLER & PARTNER

El aumento sostenido de las tasas de interés en Chile ha generado un impacto significativo en el mercado inmobiliario, especialmente en el acceso a créditos hipotecarios. Según datos del Banco Central, las tasas han alcanzado niveles no vistos en los últimos cinco años, dificultando la adquisición de viviendas para muchos chilenos. ​

La aguda inflación ha llevado a un encarecimiento de los créditos hipotecarios, impactando en el mercado inmobiliario lo que ha provocado una disminución en la demanda de viviendas, especialmente en zonas urbanas como Santiago.

Este escenario ha impulsado a los compradores a buscar alternativas más asequibles fuera de la capital, considerando opciones en regiones donde los precios son más accesibles y las condiciones de vida pueden ser más favorables.​

Ante este panorama, han surgido diversas alternativas inmobiliarias que buscan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, tales como por ejemplo la inversión en regiones, en donde la búsqueda de propiedades fuera de la Región Metropolitana ha aumentado, ya que ofrecen precios más bajos y una mejor calidad de vida. Esta tendencia no solo beneficia a los compradores, sino que también impulsa el desarrollo económico de estas zonas.​

A lo anterior, debe sumarse el hecho de que el gobierno ha implementado programas y proyectos de vivienda social en regiones, facilitando el acceso a la vivienda para sectores vulnerables y promoviendo la descentralización.​

Arrendamiento con opción de compra también permite a los arrendatarios adquirir la propiedad después de un período determinado, ofreciendo una alternativa viable para quienes no pueden acceder a un crédito hipotecario inmediato.

Así las cosas, el traslado de personas desde zonas urbanas a regiones puede ser una solución efectiva para descongestionar las ciudades y promover el desarrollo regional.

Para fomentar esta migración, se proponen las siguientes medidas, tales como ofrecer beneficios tributarios a quienes decidan adquirir viviendas en regiones; invertir en infraestructura y servicios básicos en regiones para hacerlas más atractivas para los potenciales migrantes; y fomentar promoción de oportunidades laborales mediante la creación de empleos en regiones mediante incentivos a empresas que se establezcan fuera de la capital.

Para terminar, se puede señalar que el alza de las tasas hipotecarias en Chile ha generado desafíos significativos en el mercado inmobiliario. Sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas oportunidades y alternativas que pueden beneficiar tanto a los compradores como al desarrollo regional. Es fundamental que las políticas públicas y las iniciativas privadas trabajen en conjunto para adaptar el mercado a estas nuevas realidades, promoviendo la diversificación y el crecimiento equilibrado del país.

julio 8, 2025 11:56 pm
Miércoles 9 de Julio de 2025
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