Opinión archivos - Página 5 de 13 - Mercados Inmobiliarios

octubre 16, 2024octubre 8, 2024

“Cuando las empresas no denuncian, se fortalece la sensación de impunidad entre los delincuentes”

Por: María de los Ángeles Kassis, Country Manager ALTO Chile.

El avance de la redes criminales además de afectar la vida cotidiana de los ciudadanos, incrementando la violencia y la inseguridad, debilita las instituciones democráticas, fomenta la corrupción y obstaculiza el desarrollo económico.

Frenar su expansión es clave para proteger el estado de derecho, mantener el orden público y preservar el bienestar de la sociedad chilena en su conjunto. Actuar con rapidez y contundencia es esencial para evitar que el crimen organizado se arraigue más profundamente en el país.

En el VI Estudio de Mermas en el Retail realizado en conjunto por ALTO Chile, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Cámara de Comercio de Santiago, (CCS) visibilizamos de qué forma la creciente ola de delitos está impactando a las organizaciones en diferentes dimensiones.

Entre los resultados de este estudio que, contó con la participación de 13 cadenas de retail a lo largo de todo Chile nos alertó el que indica que si bien el crimen organizado como causante de robo/hurto externo bajó respecto al mismo estudio del año anterior, el robo por delincuente solitario se duplicó dando un salto significativo: de 17,9% en 2022 a 35,5% en 2023.

Este fenómeno puede explicarse por varios factores, entre ellos, el hecho de que hoy en día los delincuentes que actúan en solitario han perdido el miedo a usar la violencia para cometer sus delitos. Esto genera un profundo impacto y sensación de inseguridad entre los trabajadores expuestos a estas situaciones, llevándolos a enfrentar altos niveles de estrés, temor, y un deterioro de su bienestar y calidad de vida.

Además, hemos visto que, a largo plazo, este clima de incertidumbre tiende a incrementar la rotación de personal, lo que dificulta la retención de talento y afecta la cohesión de los equipos en el sector.»

En la misma línea,el crimen organizado y/o los robos con violencia introducen un nivel de amenaza que va más allá del robo común, afectando la estabilidad operativa y la confianza en los mercados. Estas organizaciones delictivas suelen estar involucradas en actividades como el contrabando, la extorsión y el lavado de dinero, lo que pone en riesgo la integridad financiera y reputacional de las compañías.

Además, el crimen organizado puede desestabilizar cadenas de suministro, aumentar los costos de seguridad y generar un clima de incertidumbre que dificulta la inversión y el crecimiento empresarial. La necesidad de implementar estrategias de mitigación y cumplimiento normativo se vuelve esencial para proteger los activos y la continuidad del negocio.

¿Qué pueden hacer las empresas en Chile para frenar el crimen organizado?

Frente a este escenario, creo que lo más urgente es que las empresas adopten un enfoque integral de seguridad. Las organizaciones deben perfeccionar constantemente sus áreas de seguridad y prevención de pérdidas. Pensar en sólo implementar medidas de seguridad disuasivas como cámaras de vigilancia o contratar personal de seguridad, es insuficiente. Es una buena práctica, pero es sólo un ítem de los tantos a abordar para combatir el delito realmente.

Ahora, hay otra arista que tomar en cuenta, y esto es que las empresas en Chile hoy no están denunciando los delitos. La Encuesta Nacional de Victimización del Comercio realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) evidencia que, durante el segundo semestre del 2023, un 62,4% de quienes fueron victimizados no denunció ningún delito.

La falta de denuncias formales puede deberse a diversas razones. Muchas empresas optan por no denunciar delitos como hurtos o robos, a menudo por una cuestión de motivación. Existe una especie de desconfianza en las expectativas de los ciudadanos, quienes consideran que el sistema no funciona, mencionando la «puerta giratoria» y creyendo que no vale la pena denunciar. Sin embargo, la única manera de contribuir con el sistema y las policías de forma efectiva es la denuncia.

Cuando las empresas no lo hacen, los protocolos correspondientes a nivel institucional quedan inactivos,lo que dificulta la persecución efectiva de los responsables. Esto lamentablemente, fortalece la sensación de impunidad entre los delincuentes, convirtiéndose en un factor motivador para la comisión de nuevos delitos.

Por último, es muy importante que las empresas evalúen constantemente sus estrategias de seguridad. Los fenómenos delictuales evolucionan constantemente, por ende, las medidas que tomemos frente a ellos deben estar alineadas a estos cambios.

octubre 15, 2024octubre 14, 2024

Propuesta para mejorar el flujo de caja de los Pensionados a través de la liberación de activos inmobiliarios, sin cambios en el sistema de pensiones

Por: Joan Dagá Kunze, Director Investemnt Banking Vector Capital.

En Chile, más de 2,5 millones de personas superan los 65 años, y se estima que este grupo crecerá a más de 4 millones para 2040, representando más del 21% de la población. Este envejecimiento de la población plantea desafíos financieros considerables, ya que muchos adultos mayores enfrentan bajas pensiones.

Según la Superintendencia de Pensiones de Chile, la mediana de la pensión autofinanciada es de solo 4,02 UF (aproximadamente CLP$152,000), y con los aportes de APS o PGU, la mediana total asciende a 8,17 UF (CLP$310,000). Esto equivale apenas al 62% del sueldo mínimo, lo que evidencia una brecha significativa entre las necesidades básicas de los jubilados y sus ingresos.

A pesar de que el debate previsional ha sido arduo, existen oportunidades para mejorar la calidad de vida de los jubilados mediante soluciones financieras que no requieren una reforma integral del sistema. ¿Cómo se podría lograr esto?

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, el 44% de las viviendas del país están en manos de personas mayores de 60 años, lo que representa alrededor de 1,8 millones de hogares. Esta alta participación en el mercado inmobiliario sugiere una oportunidad valiosa para liberar capital y mejorar las condiciones de vida de los jubilados, sin necesidad de modificar por completo el sistema de pensiones.

Los adultos mayores enfrentan problemas de flujo de caja, pero cuentan con una participación significativa en el mercado inmobiliario.

Una posible solución radica en la implementación de hipotecas inversas justas y éticas en activos que se puedan dividir en “acciones”, un mecanismo que permite a los adultos mayores convertir parte del valor de sus propiedades en un flujo mensual de ingresos, manteniendo el derecho a vivir en sus hogares. Este instrumento permite transformar un activo inmovilizado en ingresos estables sin necesidad de vender la propiedad ni desalojar a los jubilados de sus viviendas.

Por ejemplo, un adulto mayor con una vivienda valorada en CLP$100 millones y una pensión de CLP$310 mil, podría acceder a una hipoteca inversa por el 50% del valor de su propiedad. Esto le permitiría recibir pagos adicionales mensuales cercanos a CLP$460 mil. Sumados a su pensión actual, este ingreso extra elevaría su total a CLP$770 mil, un aumento del 148% respecto a su pensión actual. De esta forma, se mejoraría su bienestar sin perder el usufructo de su hogar y conservando el 50% de su propiedad.

La implementación de hipotecas inversas podría transformar la vida de miles de adultos mayores, ofreciéndoles una vida más digna y asegurando el acceso a recursos económicos sin necesidad de cambios estructurales en el sistema de pensiones. Además, presenta una oportunidad para inversores que buscan generar retornos financieros con impacto social positivo, fomentando inversiones éticas. Este enfoque no solo diversifica las fuentes de ingresos de los jubilados, sino que también preserva el patrimonio para las generaciones futuras.

octubre 14, 2024octubre 24, 2024

Sin razón alguna acusan al juez Sergio Muñoz

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

La inmobiliaria Fundamenta, sin razón alguna, considera que el juez Sergio Muñoz la ha perjudicado en la tramitación de un juicio entablado por vecinos de Ñuñoa en contra de su proyecto de 4 torres de 32 pisos c/u en esa comuna y por ello, con una pueril e infundada denuncia de un abogado de apellido Fuentes en la Corte Suprema, se le acusó que habría entregado información privilegiada a su hija Graciel, también jueza, con lo cual se configuraría un «notable abandono de deberes». Se utilizó como justificativo el hecho de que ella quería desistirse de una promesa de compraventa de un par de departamentos de ese cuestionado proyecto. Con esta maniobra, la Derecha justificó su embestida al magistrado presidente de la 3a Sala de la Corte Suprema.

Se debe saber que dicha empresa, muy enojada con Muñoz, contaba con el permiso de edificación N° 296 del 12/10/2018, mal cursado a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. por un director de obras municipales (DOM) subrogante, recordando que durante el período de un año, 30/08/2018–30/08/2019, hubo un congelamiento de ingresos de permisos de edificación en Ñuñoa, pues la autoridad estaba tramitando una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) para, entre otras cosas, proceder a limitar las alturas máximas de las edificaciones a 15 pisos. Este instrumento normativo entró en vigencia el 30/08/2019, con lo cual se demuestra que el aludido permiso de edificación por las 4 torre de 32 pisos se cursó mientras estaba vigente el congelamiento, pero ello fue posible porque, conforme a la regulación nacional, su solicitud ingresó en la DOM con fecha 25/04/18, luego cuando no había restricción urbana.

Por las fechas descritas, en conocimiento que construir torres de más de 30 pisos es muy distinto que construirlas con solo 15 pisos, ello por las ganancias a obtenerse, se entiende claramente el apuro que tuvo el funcionario municipal para otorgar el permiso, sin revisar el Estudio de los Conos de Sombra, relacionado con el volumen teórico del proyecto, estudio que la 3a Sala de la Suprema resolvió que debía ser analizado por la Administración, en este caso por la Seremi Minvu, instancia superior jerárquica de la DOM de Ñuñoa, materia que supuestamente se determinará en los próximos días. Sin embargo, esta decisión de la autoridad central competente, por el prolongado tiempo transcurrido, operando la prescripción, no afectará al negocio trucho de las torres, aunque sí se acreditará el embuste en comento.

Recordamos que hace un par de años, la jefa de gabinete de la alcaldesa Emilia Ríos y un arquitecto de esa municipalidad, nos solicitaron una entrevista para analizar la situación existente, ya que la prensa estaba dando cuenta del conflicto. Nos reunimos los tres en un café de la calle Isidora Goyenechea, Las Condes, y a ambos funcionarios se les explicó que el mencionado «estudio» estaba mal elaborado, sin saber qué acciones correctivas adoptó dicha municipalidad. Es más, el ingeniero civil Rodolfo Acha, miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Ñuñoa, también le ha expresado a la Seremi Minvu que ese «estudio» contiene innumerables errores, dando cuenta asimismo que el propio permiso de edificación del año 2018 vulnera diversas disposiciones reglamentarias y legales. Por razones entendibles, estos aspectos asociados a la tramitación del proyecto no son publicados por la prensa de derecha.

Pues bien, la semana pasada la Cámara de Diputados, con los disciplinados votos de los partidos políticos UDI, RN, Evópoli, que conforman Chile Vamos, más Republicanos y Social Cristiano, livianamente suspendió al juez Muñoz de sus funciones jurisdiccionales, al aprobar la misma acusación constitucional que afectó a la jueza Ángela Vivanco, pero por motivos muy diferentes (sic). En efecto, Vivanco mantenía infinidad de amistosos diálogos y tratos non sanctos con el abogado Hermosilla y por ello fue removida de su cargo por parte de la Corte Suprema, a pesar de la interesante defensa hecha por su abogado Cristóbal Osorio. Todos sabemos que se juntaron las 2 acusaciones para asegurarse su aprobación.

Volviendo a la acusación constitucional, se concluyó entonces que, con ese garrafal error de los diputados, se pasó por alto el principio de que las responsabilidades son personales, y ahora la suerte del juez Muñoz será resuelta por el Senado, teniéndose en cuenta que la Derecha, sobre todo la pinochetista, lo considera de izquierda por el contenido de las sentencias en que ha participado.

En nuestra condición de sabedores de las trampas que muchos privados cometen para obtener mayores lucros en las actividades productivas, conociendo además la probidad y el estricto apego a la ley por parte del juez Muñoz, el 10/10/2024 expresamos nuestra posición respecto de este asunto.

Obviamente en el juez Muñoz, bajo ninguna circunstancia, se configura el grave delito del “notable abandono de deberes” y él es rechazado por ese sector político por sus apegos irrestrictos a los derechos humanos, por ceñirse a la ley, haciendo prevalecer los asuntos ambientales, luego procediendo conforme a la sana política que busca la justicia social. Involucrarlo en la acusación porque una empleada de la inmobiliaria Fundamenta, quien actúa por cuenta de su empleadora, diga que la hija de Muñoz le «habría» manifestado a ella la frasecita que la opinión pública ya conoce, es hasta burlesco pues no está comprobado. Así las cosas, sostenemos que estamos ante una vulgar operación política para así empatar con lo acontecido con la ex jueza Vivanco, a quien se le considera de derecha.

A muchos diputados acusadores, que forman parte del partido Republicano, no les gustó el desenlace conocido respecto de las innumerables cuentas que tenía Pinochet en el Banco Riggs, investigado por el juez Muñoz y por ello son los que lideran, con otros tantos de la UDI, esta pérfida imputación que producirá efecto solamente si al menos26 senadores la aprueban. Si llegara a primar el sentido común, lo cual es posible, esta acusación constitucional no prosperará y así se confirmará que los senadores son bastante más serios y responsables que los faranduleros diputados.

Ya que estamos hablando de corrupción, si más gente denuncia en la Contraloría o en el Ministerio Público, las malas prácticas que conocen, dejándose en claro que es perder el tiempo recurrir a los municipios, apoyamos con absoluta convicción la nominación anunciada por el gobierno para que Dorothy Pérez sea la titular en ese importante servicio fiscalizador.

octubre 14, 2024octubre 4, 2024

Detrás de la Fachada Verde: Desenmascarando el Greenwashing en el sector inmobiliario

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

En el sector inmobiliario, el greenwashing se manifiesta, normalmente, a través de diversas prácticas engañosas o simplemente inductivas de error, que queriendo o sin querer queriendo, pretenden presentar proyectos como sostenibles, sustentables, ecológicos, “verdes”, respetuosos con el medio ambiente, etc., sin que realmente cumplan con los estándares ambientales requeridos para ello.

A continuación, les comparto algunos ejemplos específicos de alerta de greenwashing que pueden ser detectados en esta industria:

1. Promocionar proyectos como «ecológicos», “verdes”, “sostenibles” o “sustentables” simplemente porque incluyen características superficiales, como la instalación de cargadores para autos eléctricos o el uso de materiales reciclados en pequeñas proporciones. Sin embargo, estos atributos no son suficientes para calificar un proyecto como verdaderamente sostenible, sustentable o ecológico; menos “verde”, ya que no abordan el impacto total de la construcción en el medio ambiente.

2. Usar publicidad engañosa o inductiva a creer ciertos elementos como relevantes en materia de sustentabilidad, sostenibilidad o ecológicos, y en donde se utilizan imágenes y descripciones que sugieren un compromiso con la sostenibilidad, como el uso de colores verdes y símbolos de naturaleza, gotas de agua, raíces creciendo firmes y fuertes, etc., todos ellos efectos visuales sugerentes sin que haya un respaldo real en las prácticas de construcción o en el uso de recursos. Esto crea, en definitiva, una percepción falsa de responsabilidad ambiental.

3. Afirmar y publicitar que el proyecto es sostenible, sustentable, ecológico, etc., pero no cuenta con certificaciones reconocidas que respalden estas afirmaciones. Esto genera confusión entre los consumidores que buscan opciones verdaderamente ecológicas, ya que no pueden verificar la autenticidad de las afirmaciones.

4. Promesas de eficiencia energética en que se presenta el inmueble o proyecto como altamente eficiente en el uso de energía, pero que en realidad no implementa tecnologías efectivas para reducir el consumo energético a largo plazo. A menudo, se destacan características como ventanas de doble acristalamiento o sistemas de calefacción eficientes, sin un análisis completo de la huella de carbono del proyecto.

5. Uso de etiquetas que sugieren que el proyecto es «100% ecológico» o «hecho de materiales reciclados», pero sin proporcionar información clara sobre qué significa eso en términos de impacto ambiental real. Esta falta de claridad puede llevar a los consumidores a creer que están tomando decisiones sostenibles cuando, en realidad, no es así.

En conclusión, el greenwashing en el sector inmobiliario representa un desafío significativo tanto para los consumidores como para los profesionales inmobiliarios comprometidos con la sostenibilidad real. Las prácticas engañosas y las afirmaciones superficiales sobre la sostenibilidad, sustentabilidad y ecología de los proyectos no solo distorsionan la percepción pública, sino que también socavan los esfuerzos genuinos por reducir el impacto ambiental en la construcción. Es esencial que tanto los desarrolladores como los compradores sean más críticos y exijan pruebas verificables de estas características, evitando caer en la trampa de las falsas promesas y contribuyendo así a un desarrollo inmobiliario más responsable y transparente.

octubre 11, 2024octubre 24, 2024

La ignorancia de muchos facilita los fraudes de pocos

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Como consecuencia de la guerra del Pacífico, en el año 1883 se firmó entre Chile y Perú el Tratado de Ancón, en el cual se estableció que la ciudad de Iquique pasa a ser chilena y en el ámbito del urbanismo, esta ciudad se rige todavía por su anticuado Plan Regulador Comunal (PRC) del año 1981, a pesar de que este tipo de instrumentos normativos se deben actualizar cada 10 años, lo que todos los alcaldes del país debieran saber. Si éstos lo desconocen, los directores de obras municipales y los asesores urbanos de las municipalidades sí lo saben.

Los lectores agudos e informados ya comprenderán qué razón tuvieron las anteriores autoridades locales y regionales para no preocuparse durante tantos años por esta materia. Suponemos que, con esa voluntaria despreocupación, optaron por entregarles durante 43 años ímprobas facilidades a los inversionistas inmobiliarios para que ejecutaran a sus anchas infinidad de lucrativos proyectos que les generaron importantes aumentos patrimoniales. Está claro que todo ello está prescripto, y ese sector económico está muy agradecido de tales políticos uniformados y civiles.

Recordemos que después de mucho bregar, pues los privados interesados en la mantención del libertinaje en la región de Tarapacá, que se oponían a su regulación en un instrumento normativo, dirigidos por la senadora UDI, Luz Ebensperger, y el intendente UDI, Miguel Ángel Quezada, finalmente se logró publicar en marzo de 2022 en el Diario Oficial el Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá (PRICT) que abarca las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara.

Los usos de suelo que se reflejan en los PRC son de 6 tipos, a saber: residencial, actividades productivas, equipamiento, infraestructura, espacio público y áreas verdes y en el artículo 2.1.33 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se definen las distintas clases de equipamientos, siendo éstas las siguientes: científico, comercio, culto y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios y social, pudiendo una construcción tener dos o más de ellas.

Los terrenos de equipamiento deportivo de los clubes de igual destino que se deben reflejar como tales en los PRC, están exentos de pagar contribuciones de bienes raíces al Servicio de Impuestos Internos (SII), ello solo si admiten en sus instalaciones a los alumnos de establecimientos educacionales públicos para que allí practiquen deportes. La inmensa mayoría de estos clubes, por razones de fácil entendimiento, se acogen a esta significativa franquicia tributaria.

En la ciudad de Iquique, desde el año 1931 ha estado funcionando en un terreno frente al mar, localizado en la calle Bulnes 140, el Club de Tenis Tarapacá que tiene 3 canchas, predio que en el año 2020, la avispada directiva de ese club deportivo se lo transfirió en $ 500.000.000 a una empresa comercial conformada por ellos mismos, uno de los cuales era un ex juez de la Corte de Apelaciones de Iquique: tal persona jurídica «sin fines de lucro» posteriormente revendió el terreno en una suma superior a los $ 3.000.000.000 a un inversionista extranjero, especulativa operación comercial que se aprecia en reportaje publicado en CIPER.

Tiempo atrás, antes de que la directiva del club de tenis Tarapacá vendiera el terreno al ciudadano extranjero, el SII le pidió al club que se le entregara el convenio suscrito con un colegio público para que así ese servicio del Estado no le cobrara las contribuciones de bienes raíces a que tenía derecho. La astuta directiva del club que ya tenía en mente hacer el pingüe negocio inmobiliario, pues en el respectivo PRC de 1981, erróneamente no se consignaba que el terreno es de equipamiento deportivo, rechazó ese ofrecimiento pues deseaba aprovecharse de la desinteligencia administrativa cometida en la modificación del PRC, pues se le había asignado al predio la normativa urbanística de la zona D-2 Balmaceda, que admite todo tipo de actividades.

En efecto, bajo la mano de la consultora Habiterra se está modificando el añejo PRC de Iquique, instrumento nuevo que ha sido objetado por los mismos de siempre y por ello aún no está vigente, pero el municipio, no sabemos si por ignorancia o para entregarle un beneficio económico al comprador del terreno deportivo del Club de Tenis Tarapacá, cometió la misma equivocación de aquellos que tenían el poder en los años de la dictadura, es decir, clasificó el terreno como apto para proyectos residenciales, asignándole las normas de la zona BM-1.

Un socio honesto del Club de Tenis Tarapacá, Manuel Palacios, dándole patrocinio y poder al abogado Enzo Morales, denunció la operación fraudulenta en comento y ya el fiscal a cargo tiene formalizados a todos los agiotistas que tenían la intención de saltarse las reglas del juego, impúdicamente desacatadas por el propio municipio de Iquique. Nos preguntamos cuál es la razón que impide a los concejales controlar este asunto. ¿Será que desconocen la materia o prefieren enmudecer para no aparecer como conflictivos? Y los diputados de esa región, tampoco ejercen sus roles fiscalizadores.

Finalmente, ya que todos debemos combatir la corrupción que se está conociendo debido a los whatsAap de Hermosilla, lo más lógico sería que el alcalde Mauricio Soria, en un súbito arranque de probidad y transparencia, en el ejercicio de su alto cargo, instruya a sus funcionarios subordinados en orden a que en el futuro PRC de Iquique ese terreno esté clasificado como equipamiento deportivo, con lo cual se respetará la legislación vigente y por ende se recuperará para la ciudad el Club de Tenis Tarapacá.

En todo caso si el ex fiscal Guerra, calificado como «mocito» por un conocido periodista, hubiera investigado la acomodaticia compraventa del terreno, sus vendedores estarían felices de la vida con sus millones en los bancos, porque habrían sido declarados inocentes.

octubre 10, 2024octubre 3, 2024

Nuestro próximo desafío de sostenibilidad: intensificar el reciclaje de desechos electrónicos

Por: Douglas Wallace, Gerente de Ventas de Distrito en Pure Storage para América Latina y el Caribe (excepto Brasil).

El reciclaje es vital para reducir los desechos, conservar recursos y mitigar el daño ambiental. En un mundo en el que la batalla contra los desechos electrónicos en los vertederos se vuelve cada vez más crítica, los principios de la economía serán necesarios para reducir significativamente los desechos electrónicos, conservar recursos y crear un futuro más sostenible.

Casi todos se reciclan de alguna manera, y el reciclaje se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer.

Si bien los programas de reciclaje han desviado efectivamente materiales como papel, vidrio y aluminio de los vertederos, existen desafíos en otras áreas. Algunos mercados carecen de regulaciones para un reciclaje efectivo, lo que implica que recursos valiosos terminan en los vertederos. Recientes estudios revelaron que la tasa de reciclaje en América Latina ha caído al 5%-6%.

Los desechos electrónicos son especialmente preocupantes, ya que es la corriente de desechos de más rápido crecimiento a nivel mundial. Actualmente hay más de 347 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos no reciclados en el planeta. Si bien muchos componentes de los dispositivos electrónicos son reciclables, la tasa de reciclaje para los desechos electrónicos es relativamente baja.

Muchos mercados tienen regulaciones limitadas o nulas en torno a los desechos electrónicos, y en algunos países, menos del 20% de los desechos electrónicos se recicla adecuadamente.

Existen numerosos riesgos ambientales al no deshacerse de estas cosas, no solo al medio ambiente sino también a las personas. Muchas de las cosas son tóxicas, especialmente si no se eliminan correctamente. Y en última instancia, también está el impacto de aquellas cosas que se piensa que se pueden reutilizar, cuando en realidad han cumplido un ciclo y se vuelven incluso peligrosas.

Riesgos y desafíos de los desechos electrónicos

Los desechos electrónicos abarcan cualquier dispositivo electrónico descartado que haya alcanzado el final de su vida útil. Esta categoría incluye elementos como teléfonos inteligentes, computadoras, televisores, monitores, impresoras y copiadoras que ya no son funcionales, han sufrido daños significativos o se han vuelto obsoletos hasta el punto en que no se pueden actualizar para compatibilidad con la tecnología moderna.

En nuestra vida diaria, confiamos en gran medida en la electrónica. Ya sea que estés trabajando en una computadora portátil, comunicándote a través de teléfonos inteligentes o usando tabletas para varias tareas, estos dispositivos electrónicos eventualmente se desgastan o se vuelven obsoletos. Cuando esto sucede, ¿qué hacemos con ellos? Sorprendentemente, muchas personas no están seguras sobre la disposición adecuada de los desechos electrónicos, lo que representa una amenaza significativa para el medio ambiente, que impacta la calidad de la tierra, el agua y el aire.

Los desechos electrónicos están en camino de duplicarse en cantidad de generación anual de cara al 2030, con estimaciones que indican que la generación anual de desechos electrónicos mundiales podría alcanzar 67 millones de toneladas para 2030. Aquí hay algunos otros factores de los desechos electrónicos a considerar:

Falta de conciencia

Una encuesta realizada entre la Generación Z y los Millennials reveló que el 60% de los encuestados de estos grupos de edad no estaban familiarizados con el concepto de desechos electrónicos, mientras que el 57% no sabía que estos productos electrónicos descartados contribuyen a la contaminación ambiental. Paradójicamente, a pesar de su disposición a reciclar plásticos, vidrio, metales y papel (reportados por el 90% de los encuestados), los estudios indican que solo el 37% de estas personas contribuyen activamente a abordar el problema de los desechos electrónicos. Esto resalta la necesidad urgente de una mejor conciencia pública y opciones de reciclaje accesible para dispositivos electrónicos.

Tasas de reciclaje inadecuadas

Las estadísticas globales de reciclaje de desechos electrónicos son desalentadoras, con solo el 17.4% de los desechos electrónicos reciclados en 2023. El reciclaje adecuado de los desechos electrónicos implica enviar dispositivos desechados a instalaciones especializadas capaces de desmontarlos para recuperar componentes reutilizables. Estas instalaciones también aseguran la destrucción segura de los datos en estos dispositivos antes de procesarlos a través de grandes molinos que los descomponen en materiales reciclables como metal, vidrio y plástico.

Diferentes materiales se segregan en función de su tipo y posteriormente se procesan para su reutilización. El reciclaje efectivo de desechos electrónicos puede recuperar materias primas valiosas como oro, aluminio, plata, cobre y paladio, que se pueden utilizar para fabricar nuevos productos. Sin embargo, en gran parte del continente americano, solo el 15% de los desechos electrónicos se recicla, a pesar de ser la segunda mayor región productora mundial de desechos electrónicos. Esta discrepancia subraya la necesidad de mejorar las prácticas de reciclaje de desechos electrónicos en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica especialmente en regiones sin regulaciones establecidas de desechos electrónicos.

Disparidades regionales

El sur de Asia lidera el mundo en la generación de desechos electrónicos, produciendo 22.6 millones de toneladas; seguido de América con 11.9 millones de toneladas; Europa (10.9 millones de toneladas), África (2,6 millones de toneladas) y Oceanía (0,6 millones de toneladas) completan la lista de contribuyentes significativos.

Sin embargo, al considerar las tasas de «per cápita», Europa supera la lista con 35.6 libras por persona, seguida de Oceanía con 35.4 libras. Las Américas (29.2 libras), Asia (12.3 libras) y África (5.5 libras) siguen la generación de desechos electrónicos per cápita.

Europa puede generar la mayoría de los desechos electrónicos per cápita, pero también lidera el mundo en el reciclaje de desechos electrónicos. Casi el 43%de los desechos electrónicos de Europa se recicla responsablemente, superando a Asia (11.7%) y el continente Americano (9.4%).

Asia es vista como uno de los peores contribuyentes a los desechos electrónicos, lo que no es sorprendente dado que también es un centro tecnológico global.

Reciclar equipos de TI y abrazar la economía circular

El reciclaje de equipos de TI ofrece una solución prometedora al creciente problema de los desechos electrónicos. Al reciclar, podemos recuperar materiales valiosos como metales, plásticos y elementos de tierras raras, reduciendo la necesidad de extracción de recursos y el impacto ambiental asociado. Además, el reciclaje responsable asegura que los materiales peligrosos se eliminen de manera segura, mitigando el daño al medio ambiente y la salud humana.

En el corazón de la solución se encuentra el concepto de la economía circular. La economía circular es un modelo económico regenerativo diseñado para minimizar los desechos y maximizar la longevidad de los productos y materiales.

Una economía circular promueve los siguientes principios:

Diseño para la longevidad: en una economía circular, los productos, incluidos los equipos de TI, están diseñados con durabilidad y longevidad en mente. Esto significa usar materiales de alta calidad, diseños modulares y reparabilidad para extender la vida útil de los dispositivos electrónicos.

Reutilización y renovación: en lugar de deshacerse de equipos de TI antiguos, una economía circular fomenta la reutilización y la renovación de dispositivos siempre que sea posible. Esto no solo reduce los desechos electrónicos, sino que también proporciona acceso tecnológico asequible a una población más amplia.

Eliminación responsable: en los casos en que el reciclaje o la renovación no es viable, la eliminación adecuada es esencial. Una economía circular enfatiza la eliminación segura y ambientalmente sólida de los desechos electrónicos, evitando la contaminación y el daño.

Innovación: la transición a una economía circular estimula la innovación en las tecnologías de reciclaje, materiales sostenibles y diseño de productos. Esto fomenta una cultura de mejora continua.

Reciclar equipos de TI en una economía circular no solo conserva recursos valiosos, sino que también ofrece oportunidades económicas significativas porque genera empleos en recolección, renovación, reciclaje e innovación. Además, puede presentar un crecimiento interno y oportunidades de promoción a través de los programas ESG de las empresas. Adoptar los principios de la economía circular es la clave para abordar los desafíos planteados por los desechos electrónicos mientras desbloquea oportunidades económicas y ambientales.

A medida que la tecnología continúa avanzando, es imperativo priorizar la gestión responsable de los desechos electrónicos, el diseño de la longevidad y promover una mentalidad de economía circular.

octubre 9, 2024octubre 2, 2024

Ley Karin y el cambio cultural, no podemos dejar a las empresas solas

Por: Paula García de los Ríos, Socia de Gestión Social

La Ley Karin, inspirada en el caso de la técnico en enfermería Karin Salgado, quien se suicidó producto de maltrato y acoso en el trabajo, ha generado cambios importantes en el entorno laboral chileno, exigiendo a las empresas implementar protocolos para prevenir el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

Busca reforzar la responsabilidad de los empleadores en la protección de sus trabajadores y en su primer mes de implementación ha dado lugar a más de dos mil denuncias, principalmente en el sector privado. Este incremento refleja una mayor visibilización de hechos que antes pasaban desapercibidos o que no se denunciaban por la falta de mecanismos.

Sin embargo, el impacto de esta ley no se limita a cambios normativos, la nueva legislación apunta a un cambio cultural profundo dentro de las organizaciones, donde los líderes deben adoptar el rol de facilitadores de entornos inclusivos y empáticos. Además, obliga a los empleadores a ser proactivos en la implementación de protocolos preventivos que eliminen conductas abusivas.

Sin embargo, el sector privado no puede ser el único responsable de implementar estas transformaciones. El Estado tiene un rol clave que va más allá de la creación de leyes y reglamentos. También debe dar el ejemplo, no solo aumentando las exigencias, sino también aplicándolas de manera efectiva. No olvidemos que en 2022, la Superintendencia de Seguridad Social reveló que la frecuencia de las licencias médicas en el sector público fue casi tres veces superior en comparación con el privado e independientes. ¿Las razones? Salud mental, incluyendo el estrés laboral derivado de la sobrecarga de trabajo, el acoso laboral y las malas condiciones en los entornos laborales.

En un contexto donde la crisis institucional y moral ocupa la agenda pública, es crucial reflexionar el papel del mundo empresarial en generar un cambio de conciencia en sus trabajadores, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado en acompañarlos. La cultura del abuso y la corrupción está presente en diversos estratos socioeconómicos, colores políticos y organizaciones sociales. El «Caso Audios» nos recordó que el tráfico de influencias y la corrupción están profundamente arraigados en las instituciones del país.

Si realmente queremos reducir las inequidades y frenar los abusos de poder, debemos fomentar una cultura de respeto y honestidad desde las bases de la sociedad. Esto requiere un compromiso firme de todos los actores sociales para educar y formar a las personas en valores que promuevan el respeto mutuo y la justicia.

Las empresas deben crear políticas transparentes y contar con canales efectivos de denuncia, pero no se les puede cargar todo el peso de la transformación cultural. Las familias, las instituciones educativas y el propio Estado tienen un rol fundamental en el desarrollo de estos valores, para forjar así, ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades. Solo un esfuerzo colectivo podrá generar los cambios necesarios para enfrentar los desafíos que enfrenta Chile en el largo plazo.

La Ley Karin es un paso importante, pero solo el primero de muchos que debemos dar para enfrentar la crisis moral que atraviesa el país. El verdadero cambio sólo ocurrirá cuando todos los sectores, incluidos el Estado, se comprometan activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

octubre 8, 2024octubre 4, 2024

La nueva configuración de la Planificación Territorial: Un enfoque desde la Permisología

Por: Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño en Innovación Sostenible

La reciente reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), promulgada el 10 de septiembre de 2024, y la entrada en vigencia del Decreto 33, que modifica el Decreto Supremo Nº 47 de 1992 en materia de caducidad de permisos de construcción, representan hitos relevantes para la normativa que regula el uso del suelo y el desarrollo territorial en Chile.

Estas modificaciones, en conjunto con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el plan regulador metropolitano, así como también los sectoriales, implican una reconfiguración significativa en los procedimientos de planificación territorial, especialmente en relación con la gestión de expropiaciones, servidumbres y permisos de construcción.

Desde la permisología, disciplina que optimiza la obtención de permisos en proyectos de desarrollo, es fundamental analizar cómo estos cambios normativos impactan los procesos de gestión y qué soluciones pueden ser implementadas para garantizar un desarrollo territorial eficiente, en conformidad con las disposiciones legales.

Modificación de la LGUC y su impacto en la Planificación Territorial

La LGUC es la normativa que establece los criterios para el uso del suelo y el desarrollo urbano y rural en Chile. La modificación de septiembre de 2024 busca mejorar la coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados, optimizando los procesos de planificación. No obstante, este marco legal plantea nuevos desafíos en lo que respecta a las expropiaciones y servidumbres, herramientas necesarias para viabilizar proyectos, pero que pueden generar conflictos entre los diferentes actores involucrados, incluyendo comunidades locales y propietarios de terrenos.

En este sentido, la modificación de la LGUC ha intentado hacer más transparentes los criterios y procedimientos en estos ámbitos, promoviendo la seguridad jurídica y el equilibrio entre el interés público y los derechos de los propietarios. Sin embargo, su implementación eficaz depende de una gestión estratégica de los permisos que considere no solo los aspectos normativos, sino también las dinámicas sociales y territoriales de los proyectos.

Decreto 33 y la caducidad de los Permisos de Construcción: Nuevas responsabilidades para los proyectos

Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Decreto 33 es la modificación a la OGUC en materia de caducidad de los permisos de construcción. El Decreto ajusta los plazos y condiciones bajo las cuales los permisos caducan si no se han iniciado las obras o si se interrumpe su ejecución por más de un cierto período. Este cambio introduce una mayor rigurosidad en el control del cumplimiento de los permisos otorgados, lo que impone nuevas responsabilidades tanto para las autoridades como para los titulares de los proyectos.

Desde la permisología, estos cambios implican la necesidad de una planificación más rigurosa y estratégica. La caducidad de los permisos puede impactar severamente en la viabilidad de los proyectos, especialmente en aquellos que dependen de largas fases de preparación y financiamiento. Por tanto, se hace indispensable gestionar los tiempos de manera óptima, asegurando que los proyectos avancen dentro de los plazos establecidos para evitar la pérdida de derechos adquiridos.

Además, el Decreto 33 refuerza la importancia de monitorear de manera continua el cumplimiento de las condiciones de los permisos, lo que exige una colaboración más estrecha entre las autoridades competentes y los titulares de los proyectos. Este monitoreo también contribuye a una planificación territorial más eficiente, permitiendo la adecuada utilización del suelo y evitando que terrenos permanezcan inactivos por extensos períodos, generando externalidades negativas para el entorno urbano o rural.

El rol estratégico de la permisología en lospProcesos de expropiación, servidumbre y caducidad de permisos

La permisología juega un papel clave en la articulación entre las normativas urbanísticas y las necesidades de los proyectos, especialmente en lo relacionado con las expropiaciones, servidumbres y la gestión de los permisos de construcción. Un enfoque integral y estratégico en esta disciplina permite anticipar desafíos y mitigar posibles conflictos mediante una gestión eficiente de los tiempos y procedimientos.

La entrada en vigor del Decreto 33 subraya la necesidad de adoptar una gestión proactiva y flexible. En este sentido, la permisología debe incorporar mecanismos de planificación anticipada, como el uso de tecnologías avanzadas de análisis territorial, las que aun se encuentran incorporadas a un nivel micro, tales como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la cual permite identificar con mayor precisión las áreas críticas para el desarrollo de los proyectos, minimizando los riesgos asociados a la caducidad de los permisos y a las expropiaciones.

Asimismo, es fundamental que la permisología promueva la colaboración efectiva entre las autoridades urbanísticas y los desarrolladores. Esto incluye no solo la correcta gestión de los plazos y las condiciones de los permisos, sino también la creación de mecanismos de participación ciudadana que permitan a las comunidades afectadas ser parte del proceso desde sus etapas iniciales. De esta manera, se fortalece la legitimidad de los proyectos y se facilita su implementación en los términos establecidos.

La planificación territorial y su articulación con los planes reguladores y sectoriales

Los planes reguladores, tanto metropolitano como comunales, y los planes sectoriales, siguen siendo herramientas esenciales para la ordenación territorial. Estos planes definen las directrices que deben seguir los proyectos de infraestructura y construcción, asegurando la coherencia con los objetivos de desarrollo urbano y rural del país.

La permisología debe articularse estrechamente con estos instrumentos, asegurando que los proyectos cumplan con las disposiciones establecidas en los planes reguladores y sectoriales. En este contexto, es clave gestionar de manera eficiente los permisos para que los proyectos puedan avanzar sin contratiempos y dentro de los plazos definidos por la normativa vigente, evitando así la caducidad de los permisos.

Como reflexión final defino la Permisología como un pilar fundamental en la Planificación Territorial, toda vez que mediante la modificación a la LGUC y el Decreto 33, introduce cambios en la OGUC en materia de caducidad de permisos, suponen una oportunidad para reestructurar los procesos de planificación territorial y la gestión de permisos en Chile. Desde mi visión, se puede contribuir de manera significativa a este proceso, mediante la implementación de herramientas tecnológicas, la planificación anticipada y la gestión eficiente de los tiempos de ejecución de los proyectos.

La permisología, en su rol de eje articulador, debe velar por que los proyectos de infraestructura y construcción se implementen en consonancia con las normativas territoriales y urbanísticas, promoviendo un desarrollo sostenible, eficiente y equitativo. Este enfoque permitirá no solo un avance armónico del desarrollo territorial, sino también la consolidación de un sistema urbano y rural que responda a las necesidades actuales y futuras del país.

octubre 7, 2024octubre 4, 2024

Prórroga de los permisos de construcción ¿Solución o parche transitorio para el negocio inmobiliario?

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

Finalmente, el mismo día 30 de septiembre, en su segunda edición, aparece publicado en el Diario Oficial el Decreto N° 33, que modifica el Decreto Supremo N° 47 de 1992 del Minvu, que fija el texto definitivo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de caducidad de permisos de construcción.

Así, con la agonía y expectativa propia de una película de suspenso, se logró publicar en último momento y como buen chileno, el decreto correspondiente que permite extender en 18 meses la vigencia de casi 320 permisos de edificación (221 edificios y 98 casas), lo que, según el Diario Financiero, representa el 41% del total de las obras de la Región Metropolitana, la cifra más alta de la historia de la industria. Sin esta norma, miles de nuevas viviendas hubiesen perdido su autorización para ser desarrolladas y hubiesen tenido que comenzar todo el via crucis de nuevo.

De esta forma, el decreto, incorpora a la Ordenanza General de Urnanismo y Construcciones un artículo transitorio nuevo que señala que se entenderán prorrogados por 18 meses adicionales, aquellos permisos de construcción que, encontrándose vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, no han iniciado las obras correspondientes.

Conforme a la regla general existente, los permisos de edificación tienen una caducidad automática de 3 años al no haber comenzado las obras, o si es que la construcción se ha mantenido paralizada por la misma cantidad de años, siendo el caso de más de 50 mil viviendas, según la estimación del Ministerio de Vivienda.

Asi, de acuerdo a estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el impacto inmediato de esta nueva norma es que beneficiará a 57 mil viviendas cuyos permisos vencían este 30 de septiembre, además de 81 proyectos adiciones que equivalen a 11.000 viviendas cuyos permisos vencen durante el último trimestre de este año.

Sin duda, que es una excelente noticia para el sector por varias razones. Entre ellas, porque existe una importante inversión al pedir un permiso de edificación que incluye distintos honorarios de especialistas y técnicos, por lo que este costo inicial no tendría que volver a realizarse. Adicionalmente y si se da también la circunstancia de que en la comuna donde se encuentra el terreno del proyecto hubo un cambio de normativa del plan regulador, al mantener el permiso vigente, conserva la normativa por la cual fue aprobado, por lo que no habría que corregir o adaptar nuevamente el proyecto, afectando el valor del mismo al entrar nuevamente en la vorágine de la tramitación administrativa con sus plazos, pérdidas de tiempo y aumentos de costos en ello.

Sin embargo, creo que es necesario no encandilarnos con estos beneficios, ya que en verdad, el problema de fondo subsiste a pesar de este importante respiro legal (aunque transitorio). La pregunta que no nos hacemos es ¿por qué tantos permisos de edificación no iniciaron sus obras en más de 3 años?

La respuesta es simple. Lamentablemente, muchos de estos proyectos no partieron y no partirán en el corto plazo ya que las condiciones económicas y de mercado actuales para construir o reiniciar el proyecto inmobiliario no ha mejorado. En varias oportunidades he y otros también han señalado que la velocidad de venta, el sobrestock existente, el precio de venta, el costo y el acceso al crédito siguen aletargando y paralizando el impulso y la necesidad de desarrollar y adquirir viviendas, inviabilizando y haciendo más compleja cualquier inversión en la materia.

Esta prórroga es una ayuda, si, pero insuficiente mientras no se resuelva el real problema de fondo que afecta al negocio inmobiliario y de la construcción en el país. La reciente extensión de la vigencia de los permisos de edificación es un paso positivo, no cabe duda, pero no podemos parar allí.

Para reactivar el sector inmobiliario y generar un impacto real en la economía, se necesitan medidas concretas que estimulen tanto la inversión como el acceso general a la vivienda sin distinción de rango etareo o socioeconómico, tales como mejorar el acceso al financiamiento hipotecario mediante políticas de reducción de las tasas de interés, facilitando la adquisición de viviendas y fomentando la demanda.

Otra vía pasa por restablecer y fortalecer el crédito especial para empresas constructoras, así como la eliminación de IVA en la construcción de viviendas, reduciendo con ello los costos finales para los compradores.

La lentitud en la obtención de permisos para proyectos de construcción es un freno evidente para el desarrollo inmobiliario, por lo que acelerar estos procesos es vital, pues no solo generaría más proyectos en menos tiempo, sino que también reduciría los costos indirectos asociados. De la mano con lo anterior, se estima necesario efectuar una exhaustiva revisión de todas aquellas regulaciones innecesarias y simplificar asimismo los trámites y carga burocrática excesiva que desalientan la generación de nuevos proyectos.

Finalmente, creo también que la promoción de nuevas tecnologías en construcción con criterios sustentables, promover la renovación urbana, potenciar el dinamismo del negocio inmobiliario apoyado de la tecnología y las nuevas formas de inversión inmobiliaria que incentiven la renovación de áreas urbanas deterioradas no solo mejoran la calidad de vida, sino que también impulsan la inversión en zonas estratégicas.

octubre 4, 2024octubre 4, 2024

¿Por qué la compra de la vivienda propia es cada vez más lejana?

Por: Reinaldo Gleisner, Vicepresidente Colliers Chile

Hoy día, solamente 800.000 contribuyentes que declaran renta tienen los ingresos suficientes para cubrir el dividendo de la compra de un modesto departamento de 40 m2.

En el período 2018 – 2019 había 1.364.000 contribuyentes con el ingreso suficiente para cubrir el dividendo. Los compradores potenciales de un departamento de 40 m2 se han reducido a la mitad en los últimos 5 años.

¿Cuál es la razón?

Entre el año 2019 y la actualidad los precios de las viviendas han subido 14%, y combinado con el alza de las tasas de créditos hipotecarios dan por resultado un incremento de los dividendos de 44% en UF y 93% en pesos. Esto aún sin valorizar las mayores restricciones para acceder al crédito para viviendas.

En el mismo período, las remuneraciones reales (expresadas en UF) solamente crecieron 3%. Al quedar las remuneraciones muy rezagadas, en relación al dividendo real, los potenciales compradores se reducen a la mitad.

¿Cómo fue en el periodo anterior?

Entre el año 2010 y el año 2019, los departamentos subieron un 83%. Sin embargo, dada la baja sistemática de tasas hipotecarias, el dividendo solamente se ajustó en 48%.

En el mismo período las remuneraciones reales subieron 23%. Si bien esto igual generó una brecha entre ingreso y el costo de dividendo para la vivienda, el crecimiento del país permitió que la masa de personas con ingresos suficientes registrara un pequeño incremento.

La evolución entre costo de dividendo e ingresos personales en el decenio anterior se dio en un contexto general de optimismo, en relación a la mejora futura de los ingresos personales. Ese optimismo y la persistente baja de la tasa hipotecaria hizo que se soslayara el incremento sostenido del precio de la vivienda. Había confianza en que el crecimiento del país y las tasas bajas habían llegado para quedarse.

¿La evolución es inevitable?

La falta de acción para revertir en sus inicios el alza permanente de los precios de las viviendas permitió que los diversos factores que inciden en este fenómeno se agravaran en los años recientes.

Son sabidos los profundos factores que impulsan permanentemente los costos de las viviendas: el enredo en múltiples frentes de exigencias normativas extravagantes y poco realistas generan enormes costos que deben ser absorbidos por los compradores, minando progresivamente la capacidad de compra.

La disponibilidad de crédito hipotecario a tasas bajas, que nos hace asemejarnos a un país desarrollado y nos destaca mucho en comparación con todos los países de Latinoamérica, se está revirtiendo por ahorro insuficiente.

El mundo real de la construcción y el debilitado mercado financiero aleja cada día el acceso tangible a la vivienda propia, anteriormente uno de los grandes beneficios del desarrollo de los mentados 30 años.

Una acción concertada de fomento al ahorro, de austeridad fiscal y de voluntad de crecer, puede revertir la perniciosa evolución que afecta profundamente a las personas.

PRONTO

Categoría: Opinión