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PRONTO

Balance inmobiliario de 2025: De luces y sombras

Por Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario

El primer semestre del 2025 tuvimos algunas señales en el mercado inmobiliario que nos hacen pensar en un optimismo moderado, pero a la vez, con la persistencia de desafíos estructurales que requieren de una visión estratégica clara, de cara al segundo semestre y con miras al 2026.

Si miramos los números de período enero-junio, la realidad es compleja, con las ventas de propiedades estancadas en niveles similares a los del mismo período en 2024. Más que una estabilización después de años de caídas, se necesita de un crecimiento mucho más fuerte para reducir el stock acumulado que alcanza las 106 mil unidades aún disponibles.

Lo cierto es que las cifras reflejan un problema que se ha transformado en un círculo vicioso: si se mantienen las unidades dentro del inventario, las inmobiliarias no avanzarán en proyectos nuevos, limitando el dinamismo que necesita el sector.

Este primer semestre las medidas que se implementaron para revertir la situación, han performado de diferentes formas. Por un lado, la reducción de 25 puntos base en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central se ve como un alivio, pero sigue siendo insuficiente para generar el impulso requerido. De igual forma, los subsidios habitacionales anunciados por el gobierno apuntan en la dirección correcta, pero enfrentan dos obstáculos fundamentales que continúan limitando el acceso a la vivienda.

Primero, el acceso al crédito. Las familias chilenas siguen teniendo barreras fuertes para obtener financiamiento hipotecario, en un contexto donde el empleo informal ha aumentado y la creación de nuevos puestos permanece estancada. Indicadores recientes confirman esta realidad, sin contratos de trabajo y con instituciones financieras que mantienen criterios altamente restrictivos.

En segundo lugar, los valores de las viviendas, considerando que los precios están expresados en UF, con una presión inflacionaria, mientras que los ingresos de las personas están pesos y no han experimentado un crecimiento proporcional. Esto ha generado una gran brecha de pago con precios de mercado al alza.

Ahora bien, las inmobiliarias han activado estrategias comerciales agresivas, con eventos tipo CyberDay, con lo que han logrado reducir un poco el stock, aunque no ha sido suficiente. Por esto, de cara al segundo semestre, hay que enfocarse en políticas públicas que aborden directamente las barreras de acceso al crédito, facilitando mecanismos que permitan a trabajadores con empleos informales o ingresos variables acceder a financiamiento hipotecario. 

También una estrategia que apunte a incentivar la formalización laboral, para ampliar la base de compradores, así como también generar incentivos que vayan en la línea de impulsar la  formalización laboral. 

En el semestre que se avecina, la coordinación entre políticas públicas, estrategias del sector privado y mejoras en los indicadores laborales, serán puntos clave para generar el dinamismo que tanto necesita esta industria como motor fundamental de la economía.

La deuda pendiente con los adultos mayores: Una oportunidad para la industria aseguradora

Por: María José Ibarra, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG)

Octubre es el Mes del Adulto Mayor, un tiempo que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo, como sociedad, al envejecimiento de nuestra población.

Desde el mundo asegurador, la tercera edad representa un desafío. No por lo que falta, sino por lo que se necesita, cercanía, flexibilidad y empatía. Las personas mayores no buscan sólo cobertura médica; buscan sentirse vistas, valoradas, acompañadas.

Chile vive un envejecimiento acelerado. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2019), para 2030 uno de cada cuatro habitantes tendrá más de 60 años. Esta transformación demográfica no es solo un dato, es una invitación a repensar cómo cuidamos, protegemos y garantizamos bienestar a quienes construyeron el país que hoy habitamos.

Un estudio realizado por Vida Cámara junto a SeniorLab UC muestra que un 61% de quienes tienen más de 60 años vive con alguna condición que afecta su vida diaria, y que un 38% acude anualmente a chequeos médicos. A su vez, los costos asociados a la salud se han convertido en una carga relevante, un 57% de las personas mayores de 61 años ha debido recortar gastos básicos para pagar medicamentos y un 21% ha dejado de adquirir productos esenciales por esa misma razón, según datos del CIPS-UDD (2022).

Pero detrás de cada cifra hay una historia. Hay personas que siguen trabajando, cuidando, y soñando; que quiere vivir bien, con autonomía y tranquilidad. Es por eso, que la industria aseguradora tiene la oportunidad de crear productos que promuevan el bienestar. Pólizas que acompañen y no excluyan; que reconozcan el valor de la experiencia y que entiendan que la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino también a la seguridad emocional y económica.

Los adultos mayores no son un grupo homogéneo, son diversos, activos, digitales, curiosos. Y su relación con los seguros también está cambiando, el mismo estudio revela que un 68% muestra interés en contratar productos diseñados para su edad, siempre que sean claros, accesibles y adaptados a sus necesidades reales.

He ahí el reto, crear seguros que respondan a las necesidades de nuestros adultos mayores, que promuevan bienestar y no se enfoquen sólo en el riesgo, sino en la posibilidad. Que comprendan que en cada adulto mayor hay una historia, una familia, una persona que merece ser cuidada.

La industria aseguradora tiene el potencial -y la responsabilidad- de avanzar en esa dirección. No se trata sólo de ampliar coberturas, sino de acercarse con empatía, de escuchar y diseñar soluciones que devuelvan confianza. En un país que envejece rápido, acompañar con dignidad y respeto a las personas mayores es una señal de madurez social y humana.

De la incertidumbre a la oportunidad en el negocio inmobiliario y de la construcción.

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios en COHLERS & PARTNERS

El sector inmobiliario y de la construcción en nuestro país todavía enfrenta un escenario complejo motivado por las aun altas tasas de interés, los costos crecientes de materiales, las regulaciones más estrictas y un consumidor cada vez más exigente han tensionado a la industria.

Sin embargo, en este mismo escenario radica una oportunidad histórica, consistente en redefinir el rumbo del sector y convertirlo en protagonista de un nuevo modelo de desarrollo urbano y social.

Durante años, el negocio inmobiliario se apoyó en la premisa de que la demanda siempre superaría a la oferta. Pero hoy, las familias y los inversionistas buscan más que un techo, pues valoran la confianza, la transparencia y la sustentabilidad.

La postventa deficiente, los contratos poco claros y la poca integración urbana de muchos proyectos han generado desconfianza. Recuperarla no será opcional, será la base sobre la cual se construya la nueva etapa del sector. Así, quienes logren entregar certezas, garantías y acompañamiento genuino al cliente marcarán la diferencia.

La innovación no debe limitarse a las tecnologías constructivas, sino abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto. En este sentido, se espera que se afiancen o incremente el diseño urbano inclusivo con proyectos que integren servicios, áreas verdes y conectividad, alineados con la idea de la “ciudad de 15 minutos”; los modelos de copropiedad y arriendo flexibles adaptados a las nuevas realidades de jóvenes profesionales, adultos mayores y familias que buscan soluciones más asequibles; la construcción modular y sustentablemás rápida, eficiente y con menor huella ambiental; y a digitalización total de la experiencia, esto es, desde recorridos virtuales hasta plataformas de seguimiento de obra y postventa transparente.

Estas innovaciones no son solo tendencias, sino que deben ser caminos concretos para diferenciarse y agregar valor en un mercado saturado de ofertas similares.

La palabra “sustentabilidad” ya no basta como eslogan. El desafío es convertirla en un compromiso verificable en donde los proyectos que integren energías renovables fomenten la reutilización de aguas grises y la eficiencia energética no solo contribuyan al medio ambiente, sino que generen ahorros reales para las familias.

La propuesta de valor está en mostrar cifras concretas. Es decir, cuánto se reduce la cuenta de luz y del agua, cuántos litros de agua se ahorran al año, cuánto aumenta la plusvalía del inmueble gracias a estándares verdes. Con ello, la sustentabilidad deja de ser un costo y se transforma en un activo tangible.

La confianza será el recurso más escaso y más valioso del sector en los próximos años. Las empresas que apuesten por transparencia contractual, sistemas de resolución de conflictos ágiles y auditorías externas de calidad no solo protegerán su reputación, sino que también se diferenciarán ante un consumidor más crítico y mejor informado.

En este sentido, la postventa puede dejar de ser un punto débil para convertirse en el principal argumento de venta. Un servicio profesionalizado, con tiempos claros de respuesta y garantías efectivas, puede marcar la frontera entre un cliente decepcionado y un cliente embajador de marca.

El negocio inmobiliario y de la construcción en Chile no está condenado a la inercia ni a la crisis. Al contrario, tiene la oportunidad de reinventarse como un sector líder en innovación, transparencia y sustentabilidad. Las propuestas de valor son claras, materializándose en proyectos integrales que aporten a la ciudad y no solo al negocio, modelos flexibles y accesibles que respondan a nuevas realidades sociales y económicas, la sustentabilidad medible y comunicable como pilar de diferenciación, y la confianza como estrategia central, no como un accesorio.

De esta forma, se puede concluir y coincidir que Chile necesita viviendas, barrios y ciudades que estén a la altura de las expectativas de su gente. El sector inmobiliario y de la construcción tiene la capacidad (y la responsabilidad) de liderar ese cambio. Lo que antes parecía un desafío hoy puede ser la oportunidad de convertirse en el protagonista de un país que se construye mejor y de manera más consciente.

Una amenaza latente para la comuna de Pudahuel y el aeropuerto de Santiago  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Hemos tomado conocimiento, por parte del destacado arquitecto Alejandro Cantillana y por organizaciones sociales de Pudahuel, que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se está tramitando el proyecto de ampliación de la planta de residuos peligrosos de la empresa Hidronor, localizado en dicha comuna del sector occidente de Santiago. 

El proyecto se denomina «Continuidad Operativa de Planta de Tratamiento, Disposición y Valorización de Residuos Industriales»  y después de haber conocido sus características podemos concluir que, si se llegara a aprobar, significaría una grave amenaza, tanto para el medio ambiente como para la operatividad futura del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB). 

Esta iniciativa comercial intenta prolongar por 40 años más la vida útil de su planta existente desde el año 1996, habilitando 13 nuevas celdas de seguridad en un terreno de unas 30 hectáreas adquirido a Cemento Melón. 

Pero más allá de su escala, lo crítico es que contraviene normas sanitarias y urbanísticas fundamentales, conocidas sobradamente por la institucionalidad local, regional y nacional. 

Se debe saber que el Decreto Supremo (DS) N°148/2003 del Ministerio de Salud estableció de manera inequívoca que las instalaciones de eliminación de residuos peligrosos deben localizarse fuera de los perímetros de restricción de aeropuertos. El emplazamiento de Hidronor, dentro del área de protección del mencionado AMB vulnera esa norma. 

No es una formalidad: el DS N° 148/2003 es una disposición vinculante creada con buen criterio para evitar escenarios de riesgo inaceptables. La historia reciente ya registró incendios y explosiones en tal planta en los años 2008, 2015 y 2016. Su proximidad a la principal terminal aérea del país multiplica las consecuencias de un eventual accidente y es por ello que existe una prohibición expresa en el reglamento sanitario que lo regula.

A estos riesgos se suman otras situaciones ignoradas por su titular y por otros: la atracción de aves que eleva la probabilidad de impactos aviarios por parte de los aviones, las emisiones de polvo y gases que podrían reducir la visibilidad durante sus despegues y aterrizajes, y la superposición directa con áreas contempladas en el Plan Maestro del aeropuerto. El propio Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha advertido que el polígono del proyecto se superpone con terrenos para la expansión del aeropuerto AMB, en abierta contradicción con la planificación territorial vigente.

Desde el punto de vista urbanístico, la ilegalidad es igualmente evidente. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) define el área en donde se pretende su ampliación como de Interés Silvoagropecuario Mixto (ISAM-1), es decir, suelo rural donde las actividades industriales peligrosas o contaminantes están prohibidas. 

Si se revisa dicho instrumento normativo se verá que se trata de un Área de Riesgo de Origen Natural, por afloramiento de napas freáticas. En este sentido, se puede concluir que el uso de suelo de esta posible ampliación  de la planta es incompatible con el terreno donde se emplazaría, considerando su condición de zona de riesgo de  origen natural y antrópico por tratarse de una zona de riesgo de afloramiento de napas freáticas y zona inundable, lo cual pondría en riesgo las aguas subterráneas por contaminación.

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidronor describe erróneamente ese sector como un “área industrial consolidada” (sic), afirmación desmentida por la propia municipalidad de Pudahuel. 

Esta vulgar falsedad busca disfrazar una incompatibilidad normativa insalvable y por ello, desde esta tribuna, le aclaramos a esa empresa que, por el contrario, según los lugareños, se trata de un «área residencial consolidada» por lo cual el Gobierno Regional (GORE) está estudiando una modificación para regularizar miles de viviendas existentes.  

No menos grave es la omisión de la calificación industrial, un trámite obligatorio que permitiría a la autoridad sanitaria determinar el nivel de peligrosidad de la actividad, función sectorial que ha brillado por su ausencia y hasta ha omitido su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria de su tuición. 

Todo indica que, por la magnitud de la expansión y los antecedentes de eventuales futuros accidentes, la planta debiera ser calificada además como insalubre. Por lo tanto, la solicitada ampliación quedaría automáticamente prohibida.

Este proyecto de Hidronor no puede analizarse como una inversión más. Es un caso de evidente incumplimiento legal que amenaza la seguridad aérea, la salud de la población, burlando el PRMS. 

El Aeropuerto Internacional de Santiago es una infraestructura estratégica para Chile, y su futuro desarrollo no puede ser hipotecado por la instalación de una planta de alto riesgo en su entorno inmediato, teniéndose presente que, como lo hemos dicho en nuestras miles de columnas de opinión, si hay normas, se deben obedecer pues resguardan el interés público. 

Hasta ahora desconocemos la opinión que tiene al respecto el concesionario del aeropuerto AMB, más todavía si su proyectada ampliación hacia el occidente colisionaría con esta posible planta si se llegara a autorizar, pero haciendo abstracción de ello, lo esencial para que se respete nuestro Estado de Derecho, es cumplir a cabalidad el DS 

N° 148/2003 y obedecer la restricción territorial contenida en el PRMS, razón por la cual los antecedentes reseñados y otros, ya le fueron informados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

En conclusión, los propietarios de Hidronor, tienen el legítimo derecho para continuar con su negocio, pero para ello, tendrán que respetar el DS N° 148/2003 y encontrar un predio que sea compatible con dicha actividad.  

Firma electrónica avanzada. La clave para modernizar la dirección de obras

Por Marcelo Mora, CEO de IDOK

Uno de los dolores de cabeza más comunes para los ciudadanos y profesionales del rubro de la construcción es enfrentarse a los trámites en la Dirección de Obras de las municipalidades. Permisos, revisiones de planes, firmas y validaciones de documentos suelen transformarse en un trámite lento, costoso y burocrático. Este proceso termina desgastando tanto a los usuarios como a las propias municipalidades.

La digitalización aparece aquí no solo como una oportunidad, sino como una obligación legal. De acuerdo con la Ley N.°21.189 en Transformación Digital del Estado, promulgada en 2019, los órganos de la Administración del Estado (OAE) deberán completar la digitalización de sus procedimientos administrativos antes de diciembre del 2027, avanzando de manera gradual. 

La normativa establece un itinerario claro. Primero, cada organismo debe identificar y caracterizar sus procedimientos administrativos, levantando la información básica que facilitará la transición. Luego, se deberán registrar comunicaciones oficiales electrónicas, habilitar plataformas para el ingreso digital de solicitudes, garantizar la interoperabilidad de los sistemas, implementar notificaciones electrónicas a través del registro único del Servicio de Registro Civil y contar con expedientes electrónicos accesibles en línea. Además, cuando los ciudadanos no puedan acceder a medios electrónicos, el propio órgano deberá digitalizar los documentos presentados en papel para integrarlos al sistema.

El factor clave para que esta modernización sea efectiva está en la incorporación de la firma electrónica avanzada, herramienta que otorga plena validez legal a los documentos digitales y que permite a terceros, como arquitectos o empresas externas, firmar planos y trámites de manera remota. Esto cierra una de las brechas más complejas del sistema actual, donde la firma electrónica utilizada en el sector público aún no logra interoperar completamente con el ámbito privado.

Más allá de la eficiencia, la implementación de esta herramienta responde a una necesidad de confianza y transparencia. En un contexto donde la ciudadanía percibe a los trámites municipales como lentos y engorrosos, ofrecer sistemas seguros, accesibles y trazables puede cambiar radicalmente esa percepción y fortalecer la relación entre el Estado y los usuarios. 

El desafío, por tanto, no es tecnológico: las herramientas ya existen y la ley fija plazos claros. El verdadero reto está en la voluntad de las instituciones públicas de adoptarlas, en generar alianzas con empresas especializadas y en establecer estándares comunes que permitan escalar estas soluciones a nivel nacional. Modernizar los trámites no es un lujo; es una necesidad legal impostergable y una oportunidad para avanzar hacia un Estado más eficiente, inclusivo y cercano a las personas.

Minería e inteligencia artificial en Chile: transformación, desafíos y futuro

Por: José Luis Fernández Director Carrera de Ingeniería en Minas Universidad de Las Américas

La industria extractiva enfrenta hoy una encrucijada global: leyes de mineral decrecientes, mayores costos operativos y una creciente exigencia social y ambiental. En este contexto, la digitalización, y en particular la inteligencia artificial (IA), se posiciona como una fuerza disruptiva clave. Chile, gracias a su liderazgo mundial, ha consolidado su rol como referente en América Latina en la aplicación de estas tecnologías, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA, 2023).

Este liderazgo no es fortuito. Responde a una combinación de elementos: infraestructura tecnológica avanzada, con redes de fibra óptica y centros de datos capaces de procesar grandes volúmenes de información; un capital humano especializado que integra ciencia de datos e ingeniería de minas, y un ecosistema de innovación público-privado donde grandes compañías, centros de investigación y startups colaboran activamente. 

La incorporación de esta tecnología se observa a lo largo de todo el ciclo productivo. En faenas a cielo abierto y subterráneas, destacan las flotas de camiones autónomos guiados por algoritmos y sensores de alta precisión que incrementan la productividad y disminuyen riesgos humanos. En la etapa de exploración, drones y modelos de machine learning permiten identificar patrones que aceleran el hallazgo de nuevos yacimientos. En seguridad, sistemas predictivos procesan información de maquinaria y condiciones ambientales para anticipar accidentes, mientras que los gemelos digitales facilitan la inspección y planificación de túneles.

En las plantas de tratamiento, la IA actúa como un “operador experto” virtual. Un ejemplo es la División El Teniente, donde Codelco implementó un gemelo digital en su área de chancado, logrando mejoras de eficiencia de hasta un 15%. Startups como AltumLab han diseñado soluciones que reducen el consumo de agua y energía en un 20%. A esto se suma el mantenimiento predictivo, que anticipa fallas con semanas de antelación y transforma la gestión de equipos críticos.

Junto a sus beneficios, la adopción de la inteligencia artificial trae consigo importantes desafíos. La gobernanza de datos y la ciberseguridad son esenciales para resguardar operaciones hiperconectadas. La reconversión laboral y la atracción de talento multidisciplinario resultan urgentes en una industria tradicionalmente mecánica. Además, la ética y la transparencia deben ser parte central del proceso, evitando que las decisiones automatizadas se conviertan en una “caja negra” incomprensible para quienes dependen de ellas.

La inteligencia artificial se ha transformado en un pilar estratégico para la minería chilena, generando avances en productividad, seguridad y eficiencia en el uso de recursos. Pero el verdadero reto está en conducir esta revolución digital con visión de futuro, integrando responsabilidad social y ambiental. El próximo paso no será solo aplicar IA en áreas aisladas, sino construir un ecosistema minero cognitivo e interoperable que consolide el liderazgo de Chile en la próxima década.

Permisología sin trabas para una construcción sostenible

Por: Joaquín Muñoz, gerente general Inmobiliaria Castellani & Muñoz

En los últimos años, la discusión en torno a la permisología se ha instalado como un tema central en el desarrollo inmobiliario de Chile. 

Este concepto, que abarca el conjunto de autorizaciones y trámites necesarios para levantar un proyecto, cumple un rol clave en la regulación para un buen desarrollo de las ciudades, asegurando estándares de calidad de vida, seguridad, sostenibilidad y urbanismo. 

Sin embargo, la creciente complejidad de estos procesos ha generado nuevos desafíos que impactan directamente en los plazos de ejecución y en aprobaciones que no siempre están alineadas con las necesidades de una comunidad.

La buena noticia es que Chile cuenta con las capacidades técnicas y humanas para abordar de forma consciente y responsable los cambios necesarios para avanzar hacia un mejor país. Avanzar hacia una institucionalidad más ágil y moderna, con criterios unificados entre ministerios, servicios y municipios, permitirá otorgar mayor certeza jurídica a las inversiones y atraer el interés y la experiencia de desarrolladores comprometidos con impulsar mejores ciudades.

La permisología además de ordenar los procesos de aprobación de proyectos, constituye una herramienta clave para garantizar ciudades sostenibles y seguras. A través de ella es posible habilitar y conectar entornos, velar por un desarrollo armónico con el territorio y resguardar la calidad de vida de las comunidades. 

Un sistema de permisos moderno y eficiente debe ser capaz de equilibrar el dinamismo del sector inmobiliario con la necesidad de proyectar barrios integrados, resilientes y en sintonía con las demandas medioambientales y urbanísticas. De este modo, la permisología es clave para avanzar hacia un desarrollo urbano de primer nivel.

Chile enfrenta el desafío y la oportunidad de replantear su sistema de permisos. Si logramos unificar criterios y ofrecer la certeza y seguridad que los desarrolladores inmobiliarios requieren, no solo construiremos mejores ciudades, sino que también fortaleceremos la confianza en nuestras instituciones y estableceremos bases sólidas para un desarrollo urbano armónico.

El liderazgo del cambio urbano que se espera.

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios en COHLERS & PARTNERS

El negocio inmobiliario y de la construcción en Chile está en un punto de inflexión. Tras años marcados por la incertidumbre, el déficit habitacional y la desconfianza del consumidor, surge hoy una oportunidad única, que es transformar al sector en un verdadero motor de desarrollo urbano y social. La pregunta ya no es cuánto construimos, sino cómo podemos construir mejor, generando ciudades más inclusivas, sostenibles y preparadas para el futuro.

La lógica de “levantar rápido y vender” está quedando atrás. Las familias chilenas ya no solo buscan un techo, sino un espacio donde crecer con calidad de vida, conectividad y confianza. Esto obliga a repensar los proyectos desde su origen: no como simples metros cuadrados, sino como comunidades integradas, con servicios, áreas verdes y accesibilidad real.

Ese cambio de mirada no debe verse como un costo adicional, sino como una oportunidad para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. La innovación y la transparencia pueden convertirse en los pilares de un nuevo ciclo de desarrollo.

En este sentido, la innovación que viene no se limita a las tecnologías constructivas. La verdadera disrupción será cultural, pues deberá poner al cliente y a la comunidad en el centro del negocio, mediante contratos claros y garantías verificables, que fortalezcan la confianza en cada compra; modelos de copropiedad y arriendo flexibles, que permitan a más familias acceder a vivienda digna; una postventa profesionalizada, que deje de ser un dolor de cabeza y pase a ser un sello de calidad; y la participación temprana de vecinos y comunidades, para diseñar proyectos con legitimidad social.

Este sector puede liderar un estándar nuevo, donde cada proyecto se mida no solo por su rentabilidad, sino también por su aporte a la ciudad.

Chile tiene la oportunidad de adelantarse a muchas economías de la región en materia de construcción sustentable. La demanda por proyectos verdes, eficientes y responsables ya es una realidad, y quienes den el salto temprano marcarán la pauta; pues no solo se trata de poner paneles solares como accesorio, sino de ofrecer métricas claras; es decir, cuánto ahorrará una familia en luz y agua, cuántas emisiones se evitan, cómo se integra la obra al entorno natural; por lo que convertir la sustentabilidad en una propuesta de valor concreta es el camino para generar confianza y para consolidar el prestigio del sector.

Si el negocio inmobiliario y de la construcción asumen esta visión, pueden transformarse en líderes del cambio urbano que Chile necesita. A mi juicio, 3 compromisos marcarán la hoja de ruta.

Primeramente, construir confianza como activo estratégico, en donde la transparencia y la ética empresarial deben ser parte central del modelo de negocio

Luego, impulsar ciudades inclusivas y resilientes, en donde cada proyecto debe verse como parte de un ecosistema mayor, que ofrezca conectividad, servicios y calidad de vida; y

Finalmente, medir y comunicar el impacto, entregando datos claros y verificables de sostenibilidad, eficiencia y valor social.

De esta manera, lo que hoy se percibe como un escenario desafiante (altos costos, regulaciones exigentes y compradores más críticos) puede ser la necesaria palanca que impulse al sector a una nueva etapa. La construcción y el mercado inmobiliario no deben conformarse con sobrevivir, ya que están llamados a liderar, a marcar un estándar y a convertirse en la pieza clave de un Chile que crece con ciudades más humanas, más verdes y más confiables.

En resumen, en vez de ser vistos como parte del problema, tienen la oportunidad de ser reconocidos como la solución del futuro urbano del país.

Calificación Energética: Un Nuevo Estándar de Calidad para la Vivienda en Chile

Por: Cristóbal Torretti, gerente de Desarrollo de Inmobiliaria Altas Cumbres

A partir del 5 de octubre de 2025, un cambio fundamental transformará el sector inmobiliario en Chile: la Calificación Energética de Viviendas (CEV) se volverá obligatoria para todos los proyectos nuevos.

Tras más de una década como una iniciativa voluntaria, esta medida no debe ser vista como una simple regulación, sino como un paso decisivo hacia un estándar constructivo superior que beneficiará directamente a las familias, al medio ambiente y a la propia industria.

El mayor impacto será para los futuros propietarios. Una vivienda con alta calificación energética es sinónimo de ahorro concreto en las cuentas de servicios básicos, producto del uso de la calefacción, iluminación y agua caliente.

Pero el beneficio va mucho más allá del bolsillo; implica una mejor calidad de vida. Un hogar energéticamente eficiente ofrece un mayor confort interior y está diseñado para minimizar problemas de humedad, condensación y hongos, mejorando la salud de sus habitantes. 

Como desarrolladores con experiencia en la implementación de estos estándares en el sur del país desde el año 2009, hemos sido testigos de primera mano de cómo estas mejoras son cruciales para las familias en zonas con climas fríos, donde el gasto en calefacción representa una parte importante de su presupuesto mensual.

La CEV otorga una herramienta objetiva y exigible para que las personas tomen una decisión de compra informada, comparando el desempeño real de sus futuros hogares.

Para la industria, este es el desafío de establecer un «desde» común que eleve la calidad constructiva general. Lejos de partir de cero, el sector ya ha mostrado un interés genuino, con más de 170.000 viviendas calificadas voluntariamente hasta la fecha.

Además, el mercado financiero está alineado: diversas instituciones ya ofrecen tasas de interés preferenciales y créditos hipotecarios verdes para viviendas eficientes, considerándolas inversiones más seguras y responsables. Estas opciones, que pueden complementarse con subsidios estatales, crean un ecosistema que incentiva la construcción y adquisición de proyectos sostenibles.

La obligatoriedad de la CEV no es una carga, sino la consolidación de un camino hacia la excelencia. Fomenta una industria más responsable, contribuye a la lucha contra el cambio climático al reducir el consumo de energía y las emisiones y, lo más importante, pone en el centro el bienestar económico y la salud de las personas. Es una oportunidad para construir no solo viviendas, sino hogares verdaderamente preparados para el futuro.

Reciente fallo de la Suprema ratificó dictámenes de Contraloría sobre corrupción en Las Condes 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

A pesar de que fue muy vergonzosa la decisión del pleno de la Corte Suprema, en orden a mantener a Antonio Ulloa, a pesar de su conocido prontuario, como juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, tenemos el deber de reconocer como un hecho muy positivo el fallo del 23/09/2025 de la 3a Sala de la Corte Suprema, rol 45.261-2024, que rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Inmobiliaria Mirador Oriente S.A., referido a su millonario negocio inmobiliario de 25 edificios en una zona no apta en la comuna de Las Condes. Los alcaldes que ejercían mientras ocurrían los hechos eran Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza. 

Esta clarificadora sentencia del máximo tribunal se relaciona con una antigua denuncia presentada por la fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que, cumpliendo con sus atribuciones, emitió 2 dictámenes que la acogió íntegramente. Por la misma razón, que tiene que ver con la restricción normativa contenida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en el año 2024. Como se aprecia a continuación, con anterioridad, se interpuso dicha denuncia en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, la que contó, ¡oh sorpresa!, con la complicidad de la Seremi Minvu.  

Pues bien, debido a que estaba mal otorgado el permiso de edificación N° 37 del 29/03/2018, por 25 edificios con 443 departamentos, 12 locales comerciales y 1.163 estacionamientos, en amplios terrenos fusionados de la calle Vital Apoquindo, la indicada fundación le expresó a la DOM de Las Condes que debía invalidarlo y como no lo hizo, fue necesario que la Contraloría «hiciera la pega» para que se respetara el marco regulatorio. Así fue como el 11/12/2020 emitió su contundente dictamen N° E58945/2020 que declaró ilegal dicho permiso. 

En esa ocasión, este dictamen vinculante le fue informado a la prensa por la fundación Defendamos la Ciudad, pero solo algunos medios comprometidos con la libertad de expresión y con sus frontales combates a la corrupción, lo dieron a conocer, entendiéndose obviamente que los medios capturados por el poder económico lo hayan censurado para no incomodar a sus financistas. La principal violación cometida por la empresa fue desconocer la declaratoria de utilidad pública del Parque Canal El Bollo, cuya franja mínima fijada en el mencionado PRMS es de 80 metros, con lo cual se concluye que el proyecto inmobiliario de marras se habría localizado en un área verde inundable, si la Contraloría no hubiera actuado a tiempo.  

Acorde al contenido del dictamen, la municipalidad de Las Condes debía regularizar en el plazo de 15 días algunas disposiciones de su Plan Regulador Comunal (PRC), pues eran contrarias a derecho, como lo referido a un incremento de la densidad y constructibilidad para predios que enfrentan calle Vital Apoquindo, dado que las normas urbanísticas deben fijarse por zona o subzona, y no en función de factores ajenos a la zonificación. Similar reproche hizo la Contraloría respecto de las normas sobre densidad neta que contiene el PRC de Las Condes, toda vez que el artículo 2.1.22 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) exige que la densidad se fije en términos brutos.

Pero como ese municipio se demoraba demasiado en implementar las rectificaciones, la Contraloría tuvo que reiterar su pronunciamiento, ahora en dictamen N° E108764/2021 del 27/05/2021, pues se estaba vulnerado el artículo 5.2.3.4 “Avenidas Parques” del PRMS, instrumento que tiene mayor jerarquía que el PRC de Las Condes, ordenando además a la referida DOM abrir un proceso disciplinario tendiente a determinar las responsabilidades administrativas involucradas en la no consideración de la declaratoria de utilidad pública de dicho Parque y a la Seremi Minvu dejar sin efecto el Plano Interpretativo RM-PRMS 20-14 que dibujaba el Parque Canal El Bollo con una franja de 15 metros de ancho (sic). 

Por ello, este columnista con el doctor Sebastián Andrighetti, interpelamos por escrito a los entonces 10 concejales de Las Condes: Sergio Melnick, Julio Dittborn, Isidora Alcalde, Patricio Bopp, Catalina San Martín, Catalina Ugarte, Luis Hadad, Javiera Kretschmer, Marie Claude Mayo y Leonardo Prat. Solo el concejal Hadad y la concejala Alcalde, mostraron interés en analizar el asunto. Los otros 8, por negligencia o por otros motivos más impúdicos enmudecieron totalmente.

En todo caso, como el asunto era sumamente grave, la DOM de Las Condes, en su oficio N° 1028 del 24/08/2022, dirigido a este columnista, dice que en la materia del “Parque Canal El Bollo” se ha dado cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N° E108764/2021 y N° E58945/2020, documentos que le recomendamos conocer a los lectores para que comprendan cabalmente la aludida sentencia de la Corte Suprema. Por lo tanto, en este nuevo viciado episodio empresarial, prevaleció el análisis técnico y legal del ente fiscalizador, organismo que, como lo estamos proponiendo permanentemente en nuestras publicaciones, debería tener mayores recursos y atribuciones para enfrentar con oportunidad y celeridad las malas prácticas que habitualmente se cometen.  

12/03/2026 09:49
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