Opinión archivos - Mercados Inmobiliarios

junio 12, 2025junio 5, 2025

Seguridad privada: un nuevo deber empresarial ante un escenario de crisis de seguridad pública

Por: Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile.

Chile atraviesa una de las crisis de seguridad más intensas de las últimas décadas. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior y el Ministerio Público, el aumento de delitos violentos, robos organizados y crimen transnacional ha puesto en entredicho la capacidad del Estado de responder con eficacia a la creciente demanda ciudadana por seguridad.

En este contexto, la reciente publicación del reglamento de la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada —cuya entrada en vigor será en noviembre de este año— no sólo representa una actualización regulatoria, sino un punto de inflexión para el sector privado.

Este nuevo marco legal redefine las reglas del juego: ya no basta con contar con guardias de seguridad y cámaras. Asimismo, la lógica cuantitativa asociada al monto de 500 UF diarias de efectivo que maneja una empresa para declararla como entidad obligada queda atrás. Hoy, las características de riesgo inherentes a cada actividad determinarán si una entidad está obligada a implementar medidas de seguridad. Además, existirá una clasificación de riesgo —alto, medio o bajo—, la cual será determinada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que asume el rol de órgano rector en materia de seguridad privada en el país.

El Estado ha trazado una línea clara: el sector privado debe jugar un rol coadyuvante y complementario en la seguridad pública. Y ese rol no es menor. Implica elaborar estudios de seguridad con planes para cada instalación, invertir en tecnología con ciertos requisitos técnicos, para cámaras de seguridad (cctv y corporales) y lectores de placas, contratar y capacitar personal autorizado (de acuerdo al nivel de riesgo), garantizar la realización de denuncias en 24 horas, mantener grabaciones y evidencias durante al menos dos años si están asociadas a delitos.

El problema es que muchas empresas aún no dimensionan la envergadura del desafío. Las obligaciones no son menores, y las sanciones tampoco. Las multas por incumplimientos gravísimos pueden alcanzar hasta 13.500 UTM, sin contar la posibilidad de clausura temporal o definitiva de establecimientos. En un entorno de creciente inseguridad y presión reputacional, no cumplir no solo es caro: es arriesgado.

Por eso, este es el momento de buscar asesoría especializada que acompañe a las empresas para una correcta implementación de cumplimiento regulatorio en esta materia. Comenzando con un diagnóstico de brecha en cuanto a la clasificación de riesgos, diseño de estudios de seguridad y planes por sucursal, implementación de las medidas de seguridad exigidas, auditoría de niveles de cumplimiento, y estrategias para enfrentar la eventual aplicación de multas.

La seguridad privada ya no se perfila tan sólo como un gasto accesorio. Es una obligación legal, un estándar reputacional y, sobre todo, una inversión estratégica para la continuidad operacional y confianza del entorno.

Por ende, la nueva ley no sólo exige cumplir, exige transformarse. Las empresas que lo comprendan a tiempo no sólo evitarán sanciones: estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del país que viene.

junio 10, 2025junio 9, 2025

Metro al aeropuerto: Chile se pone al nivel de las grandes urbes mundiales

Por Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

Después de mucho ruido, finalmente habrá una conexión directa al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, representando una transformación urbana de gran envergadura en la capital, sumado a la extensión de la línea 4A hacia Lo Espejo -pasando a llamarse Línea 10- y la prolongación de la línea 2 hacia el poniente de Maipú.

Y es que el efecto inmediato de este tipo de anuncios suele tener efectos bastante inmediatos. Por ejemplo, las propiedades ubicadas en las proximidades de las futuras estaciones suelen experimentar incrementos en su plusvalía, entre 3% y 13%, dependiendo de su cercanía al trazado proyectado, fenómeno que no es casual, dado que la conectividad con el sistema Metro constituye uno de los factores más valorados al momento de evaluar una inversión inmobiliaria.

Con la llegada del metro, los desarrolladores inmobiliarios buscan estas oportunidades para implementar proyectos que aprovechan la mayor demanda de suelo, generando un círculo virtuoso donde aumenta la demanda de propiedades, se establecen centros comerciales, instituciones educativas, centros de salud, se mejoran los índices de seguridad, etc. Todo esto eleva la calidad de vida de los residentes.

Para las comunas periféricas, este medio de transporte representa un cambio radical, ya que a diferencia del sector oriente, donde el Metro complementa una infraestructura ya consolidada, estas zonas experimentarán una metamorfosis completa, dada por la reducción en los tiempos de traslado, transformando a estas zonas en más atractivas habitacionalmente, consolidando su configuración de “comunas dormitorio”.

Ahora, la relevancia de la conexión con el aeropuerto es un tema no menor, dado que nos eleva a un estándar internacional de conectividad urbana, siguiendo modelos europeos y de otros continentes desarrollados, mejorando no solo a quienes residen en las cercanías, sino que también, potencia el sector turístico de manera exponencial.

Los turistas priorizan la comodidad, el ahorro y la proximidad a estaciones de Metro al elegir alojamiento, lo que incrementará la demanda de propiedades para arriendo turístico y hotelería en las zonas conectadas. De igual forma, la facilidad para conectar Santiago con destinos regionales a través del aeropuerto simplificará los viajes, convirtiendo a la capital en un espacio de distribución turística a nivel nacional.

Por ejemplo, es correcto afirmar que zonas como Santiago, Providencia y Las Condes, donde se concentran las opciones hoteleras y turísticas, vivan un apogeo de los modelos de renta corta en lo que respecta al mercado inmobiliario. No obstante, las estaciones intermedias del recorrido aeroportuario también experimentarán este efecto multiplicador, creando nuevos polos de desarrollo inmobiliario, por lo que, los inversionistas inmobiliarios deben considerar todo el ecosistema de conectividad que se generará.

La capital se pone a la altura de las grandes urbes, solo resta esperar la concreción de este gran proyecto y su correcta implementación.

junio 10, 2025junio 9, 2025

Un amable recordatorio a la Contralora Dorothy Pérez

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

El miércoles 28 de mayo pasado teníamos agendada una audiencia con la Contralora General de la República, cuyo objetivo era revisar distintas denuncias en el ámbito de Vivienda y Urbanismo, la que no se pudo llevar a cabo como consecuencia del alto impacto que tuvo en la opinión pública su dictamen sobre la corrupción derivada de los viajes de placer al extranjero, utilizando licencias médicas falsas, realizados por miles de funcionarios públicos. Ante tal situación, encontramos que se justificaba plenamente la postergación de la cita, informada el mismo día a nosotros por su gabinete.

Pues bien, recientemente supimos por la prensa que la Contraloría había detectado innumerables malas prácticas en la denominada Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), conformada por las «ilustres» municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, organismo que en febrero de 2024 había sido disuelto por un motivo que este columnista desconoce.

Entre otras «travesuras» se concluyó que existían personas en dicha Asociación contratadas a través de sustanciosos honorarios, quienes tenían el hábito de no informar cuales eran las actividades desarrolladas y otros tantos regalones no respaldaban los montos del dinero que recibían. Hablando de viajes a otros países, lo que es muy apreciado por los funcionarios públicos, con dineros de la misma bendita Asociación, se le compró un pasaje aéreo a Joaquín Lavín, para que viajara a Holanda, desconociéndose si el ticket era para clase económica o para primera clase. Ya para reírse, a la AMZO le gustaba contratar para el manejo de sus cuentas bancarias, a personajes que no desempeñaban funciones en la misma, ni tampoco en ninguna de las 3 municipalidades. ¿Cuáles serían las aptitudes de esos «expertos» para que fueran seleccionados?

Por lo descrito y por otras lastimosas desinteligencias, la Contraloría está trasladando todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, para que un acucioso Fiscal investigue lo acontecido al interior de la AMZO, organismo privado que consideramos semejante a las famosas corporaciones municipales, las que son utilizadas generalmente por los alcaldes para fines non sanctos. Se debe destacar que los actuales3 alcaldes, como buenos políticos, valoran el rol ejercido por la Contraloría en dichos municipios, endosándole toda la responsabilidad por lo sucedido a sus antecesores.

Volviendo a nuestra audiencia con la Contralora, nuevamente se la solicitamos conforme a le ley y en la misma, cuando se produzca, tenemos previsto entregarle antecedentes adicionales por casos que ya están en su poder, como lo sucedido con los dictámenes referidos a las decenas de permisos de edificación ilegales en la ciudad de Iquique, pues los respectivos proyectos inmobiliarios se localizarían en zonas inundables del Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT). Asimismo deseamos enfatizar que entregue la documentación correspondiente derivada de la impropia indemnización de US$ 10 millones, que pagó la municipalidad de Las Condes a un actor privado porque el ex alcalde Lavín cometió el voluntario «error» de invalidar el permiso del anterior.

Los casos a revisar son varios y carece de sentido darlos a conocer todos, pero si la señora Dorothy Pérez no puede recibirnos, por su extrema carga de trabajo, sería necesario que nos entrevistáramos a la brevedad con el Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino, quien tiene las mismas competencias. En la ocasión, le expresaremos que la Contraloría entregue directrices a las Secretarías Regionales de Vivienda y Urbanismo y a los directores de obras municipales del país, para que se respete el dictamen N° 26252 del 05/06/2006, en el cual se deja en claro que no son acumulables los distintos beneficios constructivos contenidos en los permisos, ya que ello, para variar, no se está cumpliendo.

Por último, nos pareció excelente que la contralora le haya solicitado al Senado que se elabore un proyecto de ley para darle más peso a sus atribuciones fiscalizadoras y naturalmente en paralelo mayores recursos económicos. Así, con nuevas facultades, se podrá endurecer la normativa para que efectivamente sus dictámenes sean siempre acatados por los funcionarios públicos expertos en buscar resquicios y nos gustó sobremanera que, dentro de los cambios que se proponen, esté la facultad para aplicar directamente sanciones en los sumarios. Pero lo mejor, es que la misma Contraloría, pueda aplicar sanciones contra los alcaldes y gobernadores desobedientes, remitiendo los antecedentes ante los distintos tribunales electorales para que así esos pillines abandonen el aparato del Estado.

junio 9, 2025junio 9, 2025

Déficit habitacional, titulares y otras promesas infladas: ¿Quién paga el humo?

Por: Tracy Dustan, Commercial Manager y Real Estate Technology Bheed

En Chile faltan más de 600 mil viviendas. Eso ya lo sabemos. Lo que aún no sabemos es en qué etapa están esas miles de casas que se supone se están construyendo. Porque si uno lee los anuncios del gobierno, parecería que estamos a un par de meses de resolver el problema. Pero basta caminar por cualquier comuna para darse cuenta de que el déficit no es solo de viviendas. Es de ideas claras, de planificación realista y, sobre todo, de ganas de hacer que las cosas pasen de verdad.

Llevamos dos años escuchando sobre el famoso “Plan de Emergencia Habitacional”. Suena potente, ¿cierto? Emergencia. Habitacional. Un concepto que evoca cuadrillas trabajando día y noche, excavadoras abriendo terreno y ministros con casco blanco sacándose selfies. Pero la realidad es que el plan ha sido más una emergencia comunicacional que habitacional. En papel se ve hermoso. En terreno, seguimos con tomas, subsidios sin aplicar, proyectos sin recepción, y trámites que demoran más que la segunda temporada de una serie chilena.

Acá ya es costumbre anunciar soluciones sin sustento. Propuestas llenas de siglas —DS49, DFL2, EGIS— que parecen inventadas por alguien con complejo de crucigrama. Suenan técnicas en una entrevista radial, pero no las entiende ni el que las redactó. Y claro, mientras más confusas, menos exigencias. Una estrategia brillante… si lo que quieres es no hacer nada.

Mientras tanto, se reparten subsidios que no alcanzan ni para comprar un estacionamiento, y se promueven créditos “blandos” que se sienten más duros que control de la PDI a las 3 AM. Los jóvenes siguen arrendando, las familias siguen esperando, y los privados… bien, gracias. Porque el sector inmobiliario privado, lejos de ser el villano, es parte del reparto principal. Pero está asfixiado entre permisos eternos, normativas que cambian a mitad de rodaje y una opinión pública que los mira como si estuvieran construyendo en Macondo.

Lo irónico es que mientras el país necesita con urgencia que se construya, levantar un edificio hoy toma lo mismo que criar un hijo: ocho años, con suerte. Y eso si no te cae encima una paralización municipal, una demanda vecinal o un cambio reglamentario que te obliga a rediseñar hasta la jardinera del piloto. ¿Y la política pública? En vez de facilitar, complica. En vez de incentivar, castiga.

Porque seamos honestos: el humo vende. Y en año electoral, aún más. Pero el cemento no. El cemento cuesta, ensucia, demora. Por eso se anuncia más de lo que se construye, y se promete más de lo que se entrega. El arte de construir titulares ha reemplazado al de construir viviendas.

La solución? No es mágica. Pero sí concreta. Dejar los slogans colgados en la entrada del ministerio y poner manos a la obra: permisos que avancen, subsidios que realmente sirvan, créditos accesibles y alianzas público-privadas que funcionen sin asfixiarse en trámites. Menos show, más retroexcavadora. Menos promesas, más llaves entregadas.

Porque el déficit habitacional no se resuelve con discursos ni con maquetas en conferencias de prensa. Se resuelve cuando el Estado deja de ser un cuello de botella y se atreve, por fin, a ser parte de la solución.

junio 9, 2025junio 9, 2025

Alternativas inmobiliarias ante las altas tasas hipotecarias en Chile. Diversificación y oportunidades regionales

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLER & PARTNER

El aumento sostenido de las tasas de interés en Chile ha generado un impacto significativo en el mercado inmobiliario, especialmente en el acceso a créditos hipotecarios. Según datos del Banco Central, las tasas han alcanzado niveles no vistos en los últimos cinco años, dificultando la adquisición de viviendas para muchos chilenos.

La aguda inflación ha llevado a un encarecimiento de los créditos hipotecarios, impactando en el mercado inmobiliario lo que ha provocado una disminución en la demanda de viviendas, especialmente en zonas urbanas como Santiago.

Este escenario ha impulsado a los compradores a buscar alternativas más asequibles fuera de la capital, considerando opciones en regiones donde los precios son más accesibles y las condiciones de vida pueden ser más favorables.

Ante este panorama, han surgido diversas alternativas inmobiliarias que buscan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, tales como por ejemplo la inversión en regiones, en donde la búsqueda de propiedades fuera de la Región Metropolitana ha aumentado, ya que ofrecen precios más bajos y una mejor calidad de vida. Esta tendencia no solo beneficia a los compradores, sino que también impulsa el desarrollo económico de estas zonas.

A lo anterior, debe sumarse el hecho de que el gobierno ha implementado programas y proyectos de vivienda social en regiones, facilitando el acceso a la vivienda para sectores vulnerables y promoviendo la descentralización.

Arrendamiento con opción de compra también permite a los arrendatarios adquirir la propiedad después de un período determinado, ofreciendo una alternativa viable para quienes no pueden acceder a un crédito hipotecario inmediato.

Así las cosas, el traslado de personas desde zonas urbanas a regiones puede ser una solución efectiva para descongestionar las ciudades y promover el desarrollo regional.

Para fomentar esta migración, se proponen las siguientes medidas, tales como ofrecer beneficios tributarios a quienes decidan adquirir viviendas en regiones; invertir en infraestructura y servicios básicos en regiones para hacerlas más atractivas para los potenciales migrantes; y fomentar promoción de oportunidades laborales mediante la creación de empleos en regiones mediante incentivos a empresas que se establezcan fuera de la capital.

Para terminar, se puede señalar que el alza de las tasas hipotecarias en Chile ha generado desafíos significativos en el mercado inmobiliario. Sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas oportunidades y alternativas que pueden beneficiar tanto a los compradores como al desarrollo regional. Es fundamental que las políticas públicas y las iniciativas privadas trabajen en conjunto para adaptar el mercado a estas nuevas realidades, promoviendo la diversificación y el crecimiento equilibrado del país.

junio 8, 2025junio 9, 2025

Metro al aeropuerto: Chile se pone al nivel de las grandes urbes mundiales

Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario

El anuncio reciente desde el Gobierno en la última cuenta pública sobre la extensión de la red Metro de Santiago, podría definirse como una de las más importantes en toda la vida útil de este importante sistema de transporte. Después de mucho ruido, finalmente habrá una conexión directa al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, representando una transformación urbana de gran envergadura en la capital, sumado a la extensión de la línea 4A hacia Lo Espejo -pasando a llamarse Línea 10- y la prolongación de la línea 2 hacia el poniente de Maipú.

La capital se pone a la altura de las grandes urbes, solo resta esperar la concreción de este gran proyecto y su correcta implementación.

junio 6, 2025mayo 30, 2025

Startups: ¿Por qué son el motor transformador del sector minero?

Por: Macarena López, Directora Ejecutiva de Aster y MBA en Innovación y Emprendimiento

Chile es un país minero por excelencia. Según datos de la Sociedad Chilena de Minería (Sonami), este sector representa más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. En este contexto, mantener una posición de liderazgo es fundamental, en el competitivo escenario global, lo que puede solamente ser alcanzado a través de una transformación constante, impulsada desde la innovación.

Innovar en minería ya no es una opción, sino que una necesidad imperiosa, donde la sustentabilidad es protagonista y requiere estar a la altura de este desafío, con soluciones creativas que permitan optimizar procesos y minimizar impactos, tanto económicos como ambientales. Es ahí, donde el ecosistema startup es un aliado estratégico fundamental.

¿Qué tan relevantes son las startups para la minería? La respuesta es que son vitales. La capacidad de desarrollo de soluciones tecnológicas disruptivas, que penetren las estructuras de las compañías en áreas donde estas no pueden prever operaciones más óptimas, es un fenómeno que ha retroalimentado a un ecosistema cada vez más pujante.

La revolución tecnológica que vienen impulsando las startups mineras abarca prácticamente todos los procesos de la cadena de valor, desde la exploración hasta el procesamiento y la gestión ambiental, las nuevas tecnologías están transformando la industria de manera transversal. La sensorización, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial, machine learning, big data y los gemelos digitales, son algunas de las herramientas que están revolucionando las operaciones mineras.

Ejemplos hay muchos. Sensores avanzados y modelos 3D están revolucionando el área de exploración, permitiendo visualizar el subsuelo con gran precisión, identificando áreas con alto potencial. Por otra parte, el uso del machine learning para el análisis de grandes volúmenes de datos geológicos está mejorando significativamente la eficiencia exploratoria.

En el área de procesamiento, sensores que monitorean variables como Ph, densidad y temperatura optimizan los procesos metalúrgicos, mientras que, en el mantenimiento de equipos, la sensorización de variables como vibración y temperatura permite implementar planes predictivos que previenen costosas fallas en maquinarias críticas.

Desde nuestro trabajo en Aster y también gracias al impulso desde Escondida | BHP, hemos acelerado 46 startups mineras que ejemplifican este potencial transformador. Esto se ve reflejado en empresas como Smart Mining, que integran IoT con inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operacional, demuestran el valor agregado que estas nuevas tecnologías aportan al sector, haciendo su pilotaje en empresas de la envergadura de Escondida | BHP.

Del mismo modo, en el ámbito de la seguridad, Pignus -originaria de Antofagasta- ha desarrollado «Rehaviour», una solución que integra inteligencia artificial y realidad virtual para entrenar conductas preventivas en entornos simulados. Otras empresas locales como Isprotec y Coddi, aportan desde la optimización de celdas de flotación para aumentar la recuperación de cobre, hasta monitoreo y análisis de distintos procesos, mediante inteligencia artificial generativa a través de una sola plataforma.

La diversificación del ecosistema abarca desde servicios digitales operacionales hasta experiencias inmersivas de realidad mixta. Indimin ha logrado expandirse internacionalmente con sus soluciones de analítica avanzada que impactan simultáneamente productividad, seguridad y eficiencia energética, estableciendo operaciones en Perú, México y Colombia. Por su parte, Minverso ha creado el primer metaverso minero mundial, conectando usuarios globalmente en espacios digitales compartidos.

En lo que respecta a procesos productivos, startups como Botiia y Kinamics están revolucionando el monitoreo de correas transportadoras mediante robots IoT que detectan fallas predictivamente. Esta convergencia de inteligencia artificial, realidad virtual y robótica, están demostrando que el futuro de la minería chilena se está escribiendo desde la innovación tecnológica local.

Como aceleradora, nuestro foco es poder vincular a las soluciones con los protagonistas del ecosistema minero, en distintos niveles, para que cada herramienta pueda encontrar su mejor versión, con el acompañamiento necesario y elevando el networking de cara al cumplimiento de sus objetivos y escalando sus negocios.

Mientras más emprendedores tecnológicos enfoquen su creatividad hacia los desafíos mineros, tendremos soluciones cada vez más sofisticadas que complementarán a las tradicionales y nos permitirán mantener nuestras ventajas competitivas a nivel local, y también, ser un polo de soluciones para el sector a nivel internacional.

junio 5, 2025junio 2, 2025

Arrendar en Santiago y comprar en regiones: el nuevo equilibrio inmobiliario chileno

Por: Gastón Braithwaite, Gerente General de Onewaite

La vivienda en Chile vive una transformación silenciosa pero profunda. Mientras en Santiago los precios de las propiedades se disparan y las opciones de crédito hipotecario se vuelven cada vez más restrictivas, un número creciente de personas ha optado por una estrategia inmobiliaria que rompe con el paradigma tradicional: arrendar donde se quiere vivir y comprar donde se puede invertir.

No es casualidad. Hoy, adquirir una propiedad en comunas como Vitacura, Las Condes o Providencia implica desembolsar cifras que superan con facilidad las 10 mil UF. Y eso, para muchas familias y jóvenes profesionales, simplemente no es viable. ¿La alternativa? Mirar hacia las regiones.

Ciudades como Temuco, Pucón o Villarrica están emergiendo como polos atractivos de inversión inmobiliaria. Por precios que parten en torno a las 2.500 UF, es posible acceder a viviendas bien ubicadas, en entornos naturales privilegiados y con gran potencial de rentabilidad. Un dato no menor si consideramos el auge del turismo y la demanda creciente por arriendos temporales en estos destinos.

Más que una simple transacción financiera, esta tendencia responde a una búsqueda de calidad de vida y sentido de pertenencia. Tener una propiedad en Pucón, por ejemplo, no solo significa una buena inversión: también es la posibilidad de vacacionar, proyectar el retiro o incluso, cambiar radicalmente el ritmo de vida en el mediano plazo.

Empresas como Onewaite, con más de 30 años en el rubro, han sabido interpretar esta necesidad. Sus proyectos en La Araucanía, especialmente en Pucón y Temuco, no solo ofrecen alternativas habitacionales, sino que también integran una mirada sustentable y moderna del desarrollo urbano. Y esto no es menor.

En un contexto donde los criterios ambientales comienzan a ser parte del análisis de inversión, tener una propiedad en una zona con alto valor ecológico y proyectos bien diseñados aumenta el valor percibido y real del inmueble.

Lo interesante de este fenómeno es que no se trata de un éxodo desde la ciudad, sino de una reorganización inteligente de los recursos personales. Las personas siguen viviendo en Santiago —por trabajo, estudio o conveniencia—, pero invierten en lugares donde el retorno es mayor y el entorno más amable.

¿Es esta una solución definitiva a la crisis habitacional en la capital? Probablemente no. Pero sí es una señal clara de que los chilenos están comenzando a mirar más allá del Gran Santiago y a explorar nuevas formas de habitar e invertir.

Quizás el futuro no esté en elegir entre ciudad o naturaleza, sino en saber combinar ambas realidades de forma estratégica y sustentable. Y eso, sin duda, está marcando un nuevo capítulo en la historia del mercado inmobiliario chileno.

junio 4, 2025mayo 30, 2025

Certeza tributaria en riesgo: una preocupación institucional

Por: María José Vidal Olmedo, abogada experta en derecho minero y tributario, y socia de VA – Vidal Abogados.

En días recientes, ha existido una preocupación transversal del mundo profesional y académico frente a la creciente discrecionalidad del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Abogados, contadores y profesores universitarios manifestaron su inquietud ante un cambio silencioso pero profundo en la manera en que se están ejerciendo las facultades de fiscalización y recaudación. No se trata de una crítica ideológica ni de una resistencia al control tributario, sino de una advertencia fundada sobre el riesgo que implica debilitar un pilar esencial de todo Estado de Derecho: la certeza jurídica.

La evolución del sistema tributario en Chile ha estado marcada por sucesivas reformas, muchas de ellas diseñadas con un enfoque recaudatorio que ha sacrificado en el camino la simplicidad, la estabilidad y la coherencia normativa. Sin embargo, el problema actual no se limita a la complejidad de las leyes. Lo que está en cuestión es el modo en que la administración tributaria interpreta y aplica esas normas, muchas veces modificando criterios sin mecanismos de participación ni control, o utilizando herramientas tecnológicas sin los resguardos suficientes de transparencia y debido proceso.

En mi experiencia, observo con preocupación los efectos que esta incertidumbre genera en la toma de decisiones estratégicas de las empresas. La tributación es un elemento clave en la evaluación de inversiones, reestructuraciones corporativas, fusiones y adquisiciones. Cuando las reglas cambian sin previo aviso, o cuando las decisiones de la autoridad no siguen un patrón verificable, las organizaciones se ven forzadas a operar en un entorno de riesgo constante. Esto afecta no solo a los grandes contribuyentes, sino también a miles de medianas empresas que buscan expandirse, formalizarse y contribuir al desarrollo económico del país.

Aplicación de la IA y tecnología

El uso de inteligencia artificial, análisis de datos y algoritmos predictivos por parte del SII puede aportar eficiencia, pero debe estar alineado con garantías básicas. Una administración tributaria moderna debe combinar herramientas digitales con criterios objetivos y mecanismos de rendición de cuentas. De lo contrario, la innovación se transforma en opacidad, y la eficiencia en arbitrariedad.

Desde una perspectiva jurídica, el principio de legalidad tributaria exige que todo tributo —y sus elementos esenciales— esté definido en la ley, y que su aplicación se ajuste a parámetros predecibles. La función del SII es aplicar esas normas, no reinterpretarlas a su conveniencia ni alterar los equilibrios que el legislador ha establecido. En este sentido, el control judicial, la actuación colegiada de los tribunales tributarios y aduaneros, y la transparencia en los procesos administrativos son fundamentales para restablecer la confianza del sistema.

Chile necesita avanzar hacia una reforma tributaria que promueva la inversión, la formalización y el cumplimiento. Para ello, la certeza jurídica no es un lujo, sino una necesidad básica. Los contribuyentes no exigen beneficios ni privilegios, sino reglas claras, estables y conocidas con anticipación. La predictibilidad no inhibe la fiscalización; al contrario, la fortalece, porque permite que todas las partes actúen con conocimiento y responsabilidad.

Las señales que emite hoy el sistema tributario son confusas. La falta de claridad debilita no solo el cumplimiento, sino también la legitimidad de las instituciones. Si queremos avanzar hacia un desarrollo económico sostenido, con estándares más altos de gobernanza y responsabilidad fiscal, debemos cuidar con rigor los principios que dan sustento al pacto fiscal. Se debe construir una relación equilibrada entre Estado y contribuyentes. La certeza jurídica no solo protege derechos; también crea valor, impulsa la innovación y favorece decisiones informadas. Sin ella, el crecimiento se vuelve frágil y la justicia tributaria se transforma en una aspiración lejana.

junio 4, 2025junio 3, 2025

Permisología: la tentación dorada del Estado chileno

Por: Francisco Javier González Cruz, abogado de González, Guzmán y Matthei

Como el legendario Rey Midas, el Estado chileno parece convencido de que todo lo que toca —mediante leyes, decretos o permisos— se convierte automáticamente en oro: orden, desarrollo, seguridad. Cree que su sola intervención garantiza resultados virtuosos. Pero, al igual que el rey que transformaba en metal incluso el pan y el abrazo de su hija, el Estado olvida que no todo puede ni debe ser convertido en oro.

El problema no es la regulación en sí, sino su uso irreflexivo, indiferenciado y desproporcionado. La llamada permisología —ese conjunto extenso y engorroso de trámites previos a iniciar una actividad económica— es el síntoma de un sistema donde la técnica jurídica se aplica sin calibrar sus efectos reales. La abundancia de permisos, certificaciones, pronunciamientos y dictámenes no ha significado más seguridad ni mejor protección del interés público. Por el contrario, se ha traducido, muchas veces, en inmovilismo, incertidumbre y desconfianza.

Pero no hay que confundirse, aquí es donde la técnica jurídica sí importa. Porque una concesión no es una autorización, ni ésta una declaración jurada, ni mucho menos un simple aviso. Cada figura tiene una función, un origen y una lógica distinta. La concesión otorga derechos exclusivos sobre bienes públicos; la autorización condiciona el ejercicio de un derecho privado al cumplimiento de requisitos fundados en el interés general; la declaración jurada se basa en la buena fe del administrado y en la fiscalización posterior. Confundir estas figuras o aplicarlas indiscriminadamente, es como intentar resolver todos los males con una sola fórmula dorada: termina dañando lo que se buscaba proteger.

Como bien explica el profesor Jaime Arancibia, las autorizaciones administrativas son técnicas de policía preventiva, propias de situaciones en que existe un riesgo social difícil de corregir ex post. No se trata de un capricho burocrático, sino de una herramienta legal que busca balancear libertad e interés público. El problema es que en Chile se han utilizado incluso donde no hay riesgo significativo, o se han mantenido pese a que la experiencia demuestra que no aportan valor regulatorio.

Por eso cobra tanta relevancia el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, actualmente en discusión en el Congreso (Boletín N° 16.566-03). Esta iniciativa introduce principios esenciales como la proporcionalidad, la costo-efectividad, la no discriminación, y plantea la posibilidad de reemplazar algunas autorizaciones por técnicas habilitantes alternativas, como declaraciones juradas o avisos. Es decir, busca que la intensidad del control estatal guarde relación con el riesgo y el impacto real de cada actividad.

Sin embargo, como advierte el Centro de Estudios Públicos en un reciente estudio, el proyecto aún adolece de un enfoque excesivamente sectorial, lo que limita su impacto sistémico. En lugar de una reforma profunda, amenaza con convertirse en un nuevo listado de reglas paralelas. Se necesitan más que ajustes cosméticos: hace falta rediseñar la arquitectura regulatoria, fortalecer capacidades institucionales y formar servidores públicos que comprendan no solo la ley, sino la finalidad detrás de cada técnica jurídica.

El estudio del CEP estima que los costos de la permisología equivalen al 7,3% del PIB nacional. No es menor. Pero más grave aún es lo que no se cuantifica: la desconfianza de los ciudadanos hacia un sistema opaco, la frustración de los emprendedores ante reglas ininteligibles, y el deterioro progresivo de la fe pública en que el Estado es capaz de actuar con inteligencia y justicia.

Volviendo a la historia del Rey Midas, su tragedia no fue pedir demasiado, sino no entender lo que realmente valía. Solo cuando transformó en oro aquello que más amaba —su hija— comprendió que no todo lo que brilla es bueno. Y solo entonces pidió revertir el don que se había vuelto maldición.

El Estado chileno todavía está a tiempo. Puede seguir tocando todo con su dedo regulador creyendo que crea valor, o puede hacer un gesto de humildad institucional: distinguir cuándo intervenir, cómo intervenir y con qué instrumentos jurídicos. La técnica legal bien usada no paraliza; permite. No frena; orienta. No transforma en oro, pero sí puede proteger lo que verdaderamente importa.

PRONTO

Categoría: Opinión

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