Un hospital en construcción y una ciudad que empieza a cambiar

En el corazón del sur de Chile, Puerto Varas se prepara para recibir un hospital largamente esperado. Pero no sólo traerá salud: cambiará la forma de vivir, trabajar y alojarse en la ciudad.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En una colina al borde del crecimiento urbano de Puerto Varas, entre maquinaria pesada, obreros en faena y la humedad constante del sur chileno, comienza a erigirse un hospital. No es cualquier obra: para una ciudad que hasta ahora ha vivido a la sombra de Puerto Montt —el gran nodo urbano de la Región de Los Lagos—, este proyecto representa mucho más que infraestructura sanitaria. Significa un cambio profundo en el mapa de prioridades, flujos humanos y oportunidades económicas.

Aún en fase de construcción, el nuevo hospital de Puerto Varas ya proyecta su sombra sobre la vida cotidiana. Tendrá 190 camas, ocho quirófanos y 42 boxes de atención. Su diseño busca no solo resolver parte de la sobrecarga crónica del sistema público de salud, sino también ofrecer atención digna y cercana a miles de personas que, hasta hoy, deben recorrer largas distancias y esperar hasta 12 horas en urgencias saturadas.

“La realidad de nuestros vecinos es que no pueden hospitalizarse o atenderse en su propia ciudad”, afirma Tomás Gárate Silva, alcalde de Puerto Varas. “El tiempo que se retrasa la atención médica afecta directamente la calidad de vida. Este hospital es fundamental para cambiar esa historia”.

Una región dispersa, una necesidad central

La geografía del sur de Chile, con lagos, fiordos y cordilleras, impone sus propias reglas. En comunas como Frutillar, Llanquihue o Cochamó, el acceso a centros de salud complejos requiere horas de viaje. Aunque Puerto Montt funciona como capital regional y eje sanitario, la demanda supera su capacidad.

Juan Fernando Alvarado Soto, seremi del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Los Lagos, explica que la magnitud del proyecto responde a una realidad evidente: “No es sólo Puerto Varas. Este hospital permitirá descongestionar otros centros y facilitar el acceso a salud a toda la zona. Es una obra que realmente cambia vidas”.

La inversión, respaldada por el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y el Servicio de Salud, se acompaña de una coordinación inédita entre estamentos públicos. Pero lo más interesante es quizás el efecto dominó que ya empieza a activarse más allá del sector sanitario.

Renta corta, una tendencia en expansión

A pocas cuadras del lugar donde se levantan las futuras salas de cirugía, Álvaro Ríos mira el horizonte con una mezcla de optimismo y cálculo. Es CEO de Welcome Inn Chile, una empresa local dedicada a gestionar alojamientos temporales —o “renta corta”— en distintas comunas de la Región de Los Lagos.

Su negocio nació enfocado en el turismo, pero hoy se adapta a un nuevo tipo de visitante: pacientes que deben asistir a exámenes, tratamientos o controles médicos, y familiares que viajan para acompañarlos. La salud, para Ríos, también mueve camas —aunque no sean hospitalarias.

“Vemos que la construcción del hospital traerá profesionales de la salud que se instalarán en la ciudad, pero también usuarios que vendrán por períodos breves. Personas que antes debían quedarse en Puerto Montt ahora lo harán aquí, en Puerto Varas”, explica. “Para ellos, la renta corta ofrece soluciones prácticas, humanas y accesibles”.

Según Ríos, ya trabajan en adaptar su oferta a esta nueva demanda: alojamientos con acceso sencillo, estancias flexibles, incluso servicios que ayuden a personas con movilidad reducida. “No se trata de competir con la hotelería tradicional, sino de llenar un vacío que hoy nadie cubre bien: el alojamiento vinculado a la salud”.

En ciudades como Santiago o Valdivia, esta lógica ya se ha instalado, con clínicas privadas y hospitales públicos que generan micromercados de arriendos por días o semanas. Ahora es el turno del sur.

Urbanismo social: la ciudad que se transforma

La construcción del hospital coincide con un momento en que Puerto Varas vive una tensión entre su vocación turística y su crecimiento demográfico. Los residentes enfrentan un alza en el costo de la vivienda, y muchos se trasladan a sectores periféricos. Al mismo tiempo, se multiplican los emprendimientos que intentan encontrar un espacio entre lo local y lo global.

“La ciudad está cambiando. Lo vemos en el transporte, en la presión sobre servicios, en la manera en que se habita”, dice el alcalde Gárate. “El hospital puede y debe ser un núcleo integrador, un punto de equilibrio para ese cambio”.

En efecto, en torno a esta obra se abren nuevas preguntas: ¿cómo afectará al mercado inmobiliario? ¿Qué tipo de urbanismo puede acompañar esta expansión? ¿Habrá servicios adecuados para los nuevos profesionales que llegarán con el hospital?

Para algunos, como Álvaro Ríos, las respuestas pasan por la colaboración público-privada. “Nosotros podemos contribuir desde nuestra experiencia. Hay una oportunidad para desarrollar soluciones que beneficien a quienes más lo necesitan, con dignidad y eficiencia”.

Más que salud

El hospital de Puerto Varas aún no abre sus puertas, pero ya es un símbolo. No sólo de progreso, sino de la posibilidad de que las ciudades pequeñas también tengan un rol estratégico en el sistema de salud. Su impacto no se medirá sólo en camas ocupadas o cirugías realizadas, sino en cómo transforma el modo de vivir y habitar un territorio.

Desde la maquinaria que excava el terreno hasta los proyectos de alojamiento que se adaptan a nuevos públicos, todo parece girar en torno a la idea de cuidado: cuidar a los pacientes, cuidar a quienes los acompañan, y cuidar una ciudad que empieza a construir no sólo un hospital, sino un futuro más digno.

La crisis habitacional, un riesgo global: España y Chile enfrentan el desafío de garantizar el acceso a la vivienda

Mientras España enfrenta el colapso de su mercado del arriendos y la gentrificación turística, Chile busca reactivar la compra con subsidios estatales y nuevas garantías. ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado sin desvirtuar el mercado?

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios y Renato Herrera Lagos

El acceso a la vivienda ha dejado de ser solo una cuestión social. Hoy es también un factor macroeconómico crítico. Esa es la advertencia que lanza el Banco de España en su Informe Anual 2024: si no se abordan los profundos desequilibrios entre oferta y demanda de vivienda, el mercado inmobiliario puede convertirse en un “cuello de botella” para el crecimiento económico y en un “problema social de primera magnitud”.

A más de 10.000 kilómetros al sur, Chile ha llegado a un diagnóstico similar, aunque desde un ángulo distinto: el estancamiento del mercado inmobiliario, con más de 100 mil viviendas nuevas sin vender, obligó al Congreso a aprobar en mayo de 2025 un subsidio estatal a la tasa hipotecaria, junto con una garantía pública, en un intento por estimular la demanda y contener el deterioro de la industria.

Dos países. Dos modelos. Pero una misma urgencia: la vivienda como derecho básico y motor económico.

España: cuando la vivienda se convierte en privilegio

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación para los españoles, por encima incluso de la inflación o el desempleo.

El informe del Banco de España detalla que este problema se agrava por una combinación letal: una oferta escasa, una demanda creciente (impulsada por flujos migratorios y compradores no residentes), y una presión turística que transforma viviendas en activos especulativos.

El resultado es un aumento del 8,7% en el precio real de la vivienda solo en 2024, con incrementos aún más marcados en las zonas turísticas, como Alicante o Málaga. El alquiler, por su parte, subió en torno a un 10%, según estimaciones de los principales portales inmobiliarios.

El número de operaciones de compraventa alcanzó las 715.000 en 2024, pero el 90% de ellas correspondió a viviendas de segunda mano. La nueva construcción —aunque en crecimiento— no logra absorber la demanda: solo se visaron 127.500 nuevas unidades en todo el año. La rehabilitación, con apenas 24.000 permisos, también quedó por debajo de las metas del Plan de Recuperación español.

La consecuencia más grave, advierte el informe, la viven los jóvenes: una tasa de empleo del 43,2%, con un 20% de paro, y apenas el 10,4% de los compradores menores de 30 años. La emancipación juvenil se retrasa y la propiedad se vuelve una aspiración lejana.

Chile: estimular la compra como respuesta al sobrestock

En Chile, el problema es casi inverso. Mientras España enfrenta una demanda intensa con poca oferta, el mercado chileno sufre de exceso de oferta y demanda débil. Para revertir esta situación, el Congreso aprobó un subsidio a la tasa hipotecaria de 60 puntos base, destinado a personas naturales que compren su primera vivienda nueva de hasta 4.000 UF (unos 140.000 USD).

La medida se complementa con una garantía estatal del 60% del valor del inmueble, un mecanismo que busca reducir el riesgo bancario y facilitar condiciones más flexibles de financiamiento.

Se trata de una intervención ambiciosa, con potencial de transformar el mercado, pero también con riesgos estructurales: “Este tipo de subsidios puede terminar elevando artificialmente los precios si no se acompaña de un aumento sostenido en la oferta y una regulación eficaz”, advierte el economista urbano Tomás Herrera.

Y es que el problema de fondo en Chile —como en España— es estructural: un sistema que no logra generar suficiente vivienda social ni de arriendo asequible, y que ha delegado en el mercado la mayor parte de la solución habitacional.

Lo que une a ambas crisis: desigualdad, inversión extranjera y gentrificación

Pese a las diferencias de contexto, las causas profundas coinciden: la transformación de la vivienda en un activo de inversión, la presión de los alquileres turísticos, la falta de suelo urbano bien planificado, y el impacto de los flujos migratorios no siempre acompañados de políticas habitacionales integradas.

En España, los compradores no residentes representan ya el 8,4% de las operaciones, y poseen más de medio millón de viviendas. En zonas costeras, como Alicante, llegan al 11%. En Chile, si bien la proporción de inversión extranjera en vivienda es menor, la expansión de plataformas como Airbnb también ha afectado el acceso a arriendo en ciudades como Santiago, Valparaíso o Puerto Varas.

A ambos lados del Atlántico, el fenómeno de la gentrificación transforma barrios populares en enclaves turísticos, desplazando a residentes históricos y profundizando la brecha social.

¿Qué se puede hacer?

Según reporte obtenidos del Banco de España, ellos propone una batería de cinco medidas urgentes:

  1. Garantizar seguridad jurídica y contractual en el mercado.
  2. Fomentar la colaboración público-privada para viviendas de alquiler asequible.
  3. Reducir trabas administrativas para la construcción y rehabilitación.
  4. Impulsar la construcción industrializada para abaratar costos.
  5. Crear programas de compensación para arrendadores.

En Chile, el desafío será evaluar el impacto real del nuevo subsidio y evitar que este beneficio transitorio se transforme en una distorsión estructural. “Sin una política de suelo, sin arriendo protegido y sin participación del Estado en la producción directa de vivienda, todo esfuerzo será limitado”, afirma Carolina Véliz, urbanista y asesora de políticas públicas.

La vivienda como síntoma y como solución

Lo que está en juego no es solo la capacidad de adquirir una casa. Es el tipo de sociedad que queremos construir. Si el acceso a la vivienda sigue dependiendo del ingreso, el crédito o la herencia, la desigualdad se convertirá en destino.

La gran lección de España y Chile es clara: la vivienda ya no puede tratarse como un bien de consumo individual, sino como infraestructura básica para una economía justa y una democracia estable. Y el reloj corre.

Chile y el boom de la renta corta: entre la inversión rentable y los desafíos urbanos

Factores como la rentabilidad inmediata, apalancamiento turístico, barrios consolidados y la plusvalía del sur de Chile, han aportado a este negocio.

Por Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado chileno de arriendos temporales vive un auge sin precedentes. Impulsado por plataformas digitales, el turismo pospandemia y una creciente profesionalización del sector, la llamada «renta corta» se ha consolidado como una alternativa de inversión con alta rentabilidad. Santiago, Viña del Mar y La Serena lideran el fenómeno, mientras los expertos advierten sobre los efectos secundarios en la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda.

“El crecimiento ha sido explosivo. La renta corta ya no es una tendencia; es una realidad instalada en las grandes ciudades de Chile y los destinos turísticos clave”, señala Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, en conversación con MercadoSinmobiliarios.cl.

Según cifras de HOM Group, durante 2024 se registraron más de 4,6 millones de noches reservadas a través de plataformas como Airbnb, un 47% más que el año anterior. La ocupación promedio en Santiago alcanzó el 62%, con picos del 78% durante la temporada de invierno, especialmente en comunas como Las Condes, Providencia y Santiago Centro, donde barrios como Lastarria y Bellas Artes superaron incluso el 80%.

Rentabilidad inmediata

La promesa de ingresos por encima de la cuota hipotecaria ha hecho que muchos inversionistas opten por destinar sus departamentos a la renta corta en vez de alquilar a largo plazo. En algunas zonas de Santiago, los retornos netos anuales superan el 8%, mientras que en ciudades como Pucón o Viña del Mar se ha observado un incremento del 40% en la demanda de alojamiento temporal durante el verano de 2025.

“Estamos viendo cómo pequeños y medianos inversionistas están entrando al mercado con una mentalidad empresarial. La gestión es clave: ya no basta con publicar el anuncio, hay que preocuparse del servicio, del mantenimiento y de la experiencia del huésped”, apunta Antonio Eyzaguirre, cofundador de la plataforma Welcomy, durante la Expo Renta Corta 2025, donde más de 3.000 asistentes se reunieron para conocer las últimas tendencias del sector.

Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital, destaca que “la renta corta ha transformado el panorama inmobiliario, especialmente en comunas estratégicas como Santiago Centro, Providencia y Las Condes, donde la ocupación promedio ya supera el 75%. Este modelo no solo ofrece alta rentabilidad para inversionistas, sino también flexibilidad para los viajeros, quienes priorizan experiencias únicas y alojamiento bien ubicado. En Rabbitts Capital, entendemos que este fenómeno es más que una tendencia; es una oportunidad para transformar propiedades en activos altamente rentables”.

Tensiones con la comunidad

Sin embargo, el auge no ha estado exento de tensiones. La proliferación de alojamientos temporales en edificios residenciales ha generado malestar entre los vecinos, sobre todo por el alto flujo de personas y la falta de regulación específica. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria, reformada en 2022, permite a las comunidades de propietarios limitar o prohibir los arriendos turísticos en sus edificios, medida que algunos comités de administración ya están aplicando.

“Lo que comenzó como una solución flexible para viajeros se ha convertido en un problema para muchos residentes. Hay edificios donde más del 50% de las unidades son usadas como alojamientos temporales, lo que cambia completamente la dinámica de la comunidad”, comenta Marisol Reyes, administradora de condominios en Santiago.

Además, especialistas advierten sobre el impacto de la renta corta en el mercado de alquiler tradicional. “A medida que más propiedades migran a este modelo, se reduce la oferta para quienes buscan arrendar por años, presionando los precios al alza. En ciudades con déficit habitacional, esto puede agravar aún más el problema”, explica Tomás González, economista urbano de la Universidad Católica.

Mirando al futuro

Las proyecciones para 2025 son optimistas. HOM Group estima que la renta corta generará ingresos por USD 413 millones, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al año anterior. El empuje del turismo brasileño, una buena temporada de nieve y eventos internacionales están entre los factores que impulsan la demanda.

No obstante, voces dentro del propio sector piden mayor regulación y estándares comunes. “Necesitamos avanzar hacia una industria más profesionalizada, con reglas claras para todos los actores. El crecimiento debe ser sostenible, tanto para los inversionistas como para las comunidades que habitan estos espacios”, concluye Antonio Eyzaguirre.

En medio de este panorama, Chile se enfrenta al desafío de integrar esta nueva forma de habitar y rentabilizar las ciudades sin sacrificar la convivencia urbana ni el acceso a la vivienda. Un equilibrio difícil pero necesario si se quiere sostener el auge de la renta corta más allá del entusiasmo inicial.

Crisis Habitacional en Chile: Más de 900 Mil Viviendas Faltantes

Uno de los factores clave de esta crisis es el aumento de los precios de las viviendas, el cual ha superado ampliamente el crecimiento salarial desde 2013.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La crisis de la vivienda en Chile es un problema persistente que afecta a miles de familias en todo el país. Hacinamiento, campamentos, tomas, allegados y arriendos a precios elevados son parte del panorama de un sector donde predominan los proyectos inmobiliarios privados.

El reciente desalojo del campamento Lajarillas, en Viña del Mar, puso en el centro del debate la falta de soluciones habitacionales. La medida, ejecutada con fuerza pública y maquinaria pesada bajo la supervisión del delegado presidencial Yanino Riquelme, reflejó la falta de alternativas habitacionales efectivas para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el déficit habitacional en Chile supera las 927 mil viviendas, a lo que se suman 114 mil familias que residen en asentamientos irregulares.

Uno de los factores clave de esta crisis es el aumento de los precios de las viviendas, el cual ha superado ampliamente el crecimiento salarial desde 2013, profundizando la brecha de acceso a una vivienda digna.

Sebastián Bowen, director ejecutivo de la fundación Déficit Cero, señala que, además de las familias que viven en asentamientos informales, existen otras 460 mil que están en riesgo de caer en esta situación, ya sea por vivir como allegados, enfrentar arriendos informales o sufrir condiciones de hacinamiento.

A esta realidad se suman los más de 1.5 millones de hogares que requieren apoyo estatal para acceder a una vivienda. De acuerdo con Bowen, este grupo se compone de 400 mil allegados, 200 mil familias en hacinamiento y más de 800 mil hogares que arriendan, muchos de los cuales destinan más del 30% de sus ingresos al pago de su arriendo.

Las mujeres, jóvenes y migrantes son los grupos más afectados por esta crisis, destinando una parte significativa de sus ingresos al arriendo de viviendas y obligándose a priorizar el trabajo por sobre otras necesidades para garantizar su subsistencia.

Los constantes desalojos de campamentos, como la amenaza de desalojo en Cerro Centinela, San Antonio, evidencian no solo el déficit habitacional, sino también el respaldo del Estado a un mercado inmobiliario que dificulta el acceso a la vivienda para miles de familias que buscan un techo digno.

02 DE JUNIO 2020 / VIÑA DEL MAR Vista de la toma en Puerto Aysen, Forestal Alto. La pandemia del Coronavirus y la crisis economica que ha desatado el aumento de las tomas de terrenos en la region de Valparaiso. Esto ha provocado la preocupacion de las autoridades locales, debido que la falta de condiciones sanitarias, puede provocar un aumento explosivo en los casos de Covid-19, ad portas del invierno. FOTO: SANTIAGO MORALES/AGENCIAUNO

Opinión de la empresa

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de suspensión del desalojo de la megatoma de San Antonio por un plazo de seis meses, tras el acuerdo logrado por el Gobierno y los dueños del terreno del cerro Centinela para encontrar una solución, estableciendo la conformación de una comisión técnica, con representantes del municipio, del Gobierno y los propietarios, para determinar las condiciones en que se podría vender la propiedad para evitar el desalojo.

Ante esto, expertos inmobiliarios han dado su opinión sobre el manejo que se le ha dado a este caso, y cómo podría repercutir en futuras tomas. Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers, señala que lo que se está haciendo hoy es inviable. “Pretender que miles de familias organizadas en cooperativas logren comprar un terreno que ocupan ilegalmente, en plazos cortos y sin un plan realista de financiamiento, es desconocer la magnitud del problema. Mientras tanto, se posterga cualquier solución efectiva y se deja abierta la puerta a que esto vuelva a ocurrir.

Para Correo, el gran problema del Estado es que no interviene al momento de comenzar una toma, cuando aún es posible frenarla. «Se deja al propietario privado completamente solo y, en poco tiempo, la ocupación se vuelve inmanejable. Luego, cuando el problema escala, la solución termina siendo postergarlo en vez de enfrentarlo”, señala.

Por su parte, Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers, destaca que “El año 2019 comenzó la toma con demarcación de terrenos; hoy tiene 4150 viviendas construidas en autoconstrucción, alberga cerca de 10.000 personas en 2.200.000 m2 de terreno, aproximadamente.  La magnitud de la toma se ha hecho inmanejable para las autoridades: un desalojo hubiera sido una operación de alto costo político en caso de haberse materializado».

El Vicepresidente de Colliers, advierte que. «Estamos frente a un arreglo forzado entre el fisco y la propietaria, vulnerando toda la política habitacional y todo principio de equidad. El acuerdo de compra, con garantía estatal, de un loteo brujo, se saltaría toda la extensa y profusa permisiología y exigencias normativas. Si la única solución es saltarse todo el ordenamiento jurídico y normativo, es una invitación explícita a imitar”.

Correa agrega que la propuesta del Minvu para la megatoma de San Antonio no resuelve nada. “No se están haciendo cargo de la ocupación ilegal del terreno ni del precedente que esto genera. En lugar de asumir el costo político de un desalojo, el Gobierno opta por trasladar el problema al siguiente.

«Expertos urbanistas han advertido que esta medida puede generar un efecto dominó, incentivando nuevas tomas al dar la señal de que la usurpación puede terminar en propiedad. Constitucionalistas, por su parte, han cuestionado la legalidad de estos acuerdos y el impacto que pueden tener sobre el derecho de propiedad», sentencia el ejecutivo.

Junto a eso, el eejcutivo advierte que para «quienes han seguido los canales formales para acceder a una vivienda ven cómo la institucionalidad los deja en desventaja frente a quienes recurren a la ocupación ilegal. El problema es real y urgente, pero la solución no puede ser validar la ilegalidad ni generar incentivos perversos que agraven la crisis”.

En tanto, Gleisner enfatiza que ante problemáticas de esta índole las soluciones pueden ser disruptivas, pero tienen que respetar las normas esenciales. “La priorización y la simplificación de las normas es un tema prioritario si se quiere, de verdad, disminuir el déficit habitacional. Las soluciones no pueden ser incentivo para vulnerar el derecho de propiedad y las leyes”, finaliza.

Mujeres en la construcción: un sector con barreras y desafíos pendientes

Apenas un 8,6% de la fuerza laboral en el sector corresponde a mujeres, lo que consolida a la construcción como la industria más masculinizada del país.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Un estudio inédito sobre la participación femenina en la construcción en Chile reveló que esta industria sigue siendo una de las más excluyentes para las mujeres.

La investigación, liderada por Carla Rojas Neculhual, Coordinadora de Inclusión y Género del Observatorio de Gestión de Personas del Departamento de Administración FEN Uchile, evidenció que la discriminación, la falta de infraestructura y el acoso laboral continúan siendo obstáculos para la equidad de género en el sector.

El informe, que consideró la opinión de estudiantes, trabajadoras y trabajadores del rubro, entregó cifras que dan cuenta de la realidad que enfrentan las mujeres en la construcción. Por ejemplo, el 60% de los trabajadores percibe discriminación de género. Un 50% de las mujeres ha recibido comentarios despectivos y el 44% de las trabajadoras ha sentido temor de ser acosada en su entorno laboral.

A ello se suma que apenas un 8,6% de la fuerza laboral en el sector corresponde a mujeres, lo que consolida a la construcción como la industria más masculinizada del país.

El estudio también identificó las principales dificultades que enfrentan las trabajadoras, como brechas salariales, ausencia de infraestructura adecuada y la normalización del acoso. Frente a este escenario, muchas mujeres optan por estrategias de adaptación, como sobrecualificarse, masculinizar su comportamiento o generar redes de apoyo con referentes masculinos.

“Este estudio confirma lo que muchas trabajadoras han denunciado por años: la construcción sigue siendo un entorno hostil para las mujeres. Ahora tenemos datos concretos para impulsar cambios reales”, afirmó Carla Rojas, coordinadora de la investigación.

Deficiencias en infraestructura y protocolos ineficaces

Otro hallazgo relevante es la precariedad de las condiciones laborales para las mujeres. Un 63% de las trabajadoras indicó que no existen salas de lactancia, mientras que el 43% señaló la ausencia de salas cuna o convenios para el cuidado infantil. Además, se constató la falta de vestidores, baños y espacios seguros para las trabajadoras.

En cuanto a la violencia de género, los protocolos vigentes resultan insuficientes, el 50% de las trabajadoras no confía en los canales de denuncia. El 40% indica que, aunque se compruebe un caso de acoso, no se aplican sanciones adecuadas y un  33% afirma que no denunciaría por temor a represalias o falta de respuesta efectiva.

Un llamado a la acción

Los resultados del estudio fueron presentados en un evento que contó con la presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, así como de representantes del sector público y privado. Durante la instancia, se debatieron las estrategias necesarias para transformar la industria en un espacio más equitativo.

«No se trata solo de abrir cupos para mujeres en la construcción, sino de garantizar condiciones dignas y seguras. Sin baños, sin vestidores y con brechas salariales del 30%, no hay igualdad real», enfatizó la ministra Orellana.

Por su parte, Paulina Temer, presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción, destacó que la equidad de género no es un tema exclusivo de las mujeres, sino un desafío para toda la industria. En la misma línea, Guillermo Gajardo, gerente general de Pocuro, afirmó que «la equidad de género en la construcción no es solo una cuestión de justicia social, sino una necesidad para el crecimiento del sector».

Hacia una industria más inclusiva

El estudio plantea la urgencia de implementar políticas públicas y estrategias empresariales concretas para mejorar la equidad de género en la construcción. Entre las medidas prioritarias destacan la formación con enfoque de género, la fiscalización de las condiciones laborales y la aplicación de protocolos efectivos contra el acoso.

El diagnóstico está claro. La interrogante ahora es si la industria está dispuesta a transformar su cultura y garantizar espacios seguros y equitativos para las mujeres.

Baja natalidad impulsa cambios en demanda inmobiliaria

La drástica caída en la tasa de natalidad ha transformado las preferencias de compra y llegando al mercado inmobiliario. Con familias más pequeñas y un creciente interés por la conectividad y la funcionalidad.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La tasa de natalidad en Chile ha experimentado una caída sostenida en los últimos años, un fenómeno que está impactando directamente en el mercado inmobiliario. Con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) de apenas 1,5 hijos por mujer, Chile se encuentra entre los países con menores índices de natalidad en América Latina, junto a Costa Rica (1,5), Argentina (1,6) y Brasil (1,9).

Sin embargo, según datos de la ONG estadounidense More Births, en 2024 la natalidad en Chile se redujo drásticamente a solo 0,88 hijos por mujer, situándose al nivel de países como Corea del Sur, que enfrenta una crisis demográfica.

Las cifras reflejan esta tendencia a la baja: en el primer semestre de 2024, se registraron 70.336 nacimientos, lo que representa un 22,9% menos que en el mismo periodo de 2023. En junio del año pasado, los nacimientos llegaron a 10.561, una caída del 28,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta transformación demográfica está impactando de manera directa en la oferta y demanda inmobiliaria, con un cambio en los patrones de búsqueda de viviendas.

Viviendas más pequeñas y mejor conectadas

El promedio de personas por hogar en Chile es de tres integrantes, lo que ha llevado a que las propiedades de menor metraje y con mejor conectividad sean las más solicitadas. El auge del teletrabajo también ha cambiado los requerimientos de los compradores y arrendatarios, quienes buscan espacios con habitaciones que puedan adaptarse como oficina.

«Hoy en día hemos visto que los jóvenes ya no tienen hijos y muy pocos se casan. La mayoría tiene mascotas, por lo que los proyectos familiares son distintos. Mucha gente vive sola o solo con su pareja, lo que hace que ya no se busque como antiguamente la casa propia para toda la vida», explica América Mutis, agente de RE/MAX Central. «Hoy se privilegia el viajar, estar conectado y buscar lugares más pequeños en sectores más centrales, con buena conectividad y cercanos a servicios como metro, parques, centros comerciales y oficinas», agrega.

Según expertos del sector inmobiliario, ha aumentado la demanda por departamentos con uno o dos dormitorios, con énfasis en espacios comunes bien equipados y opciones flexibles para quienes trabajan desde casa. Esto también ha impulsado la inversión en el modelo multifamily, donde edificios enteros son administrados por empresas especializadas en arriendos temporales.

Inversionistas jóvenes y nuevas estrategias

Con la disminución de la natalidad, los jóvenes profesionales han modificado sus prioridades. En lugar de comprar una casa grande para formar familia, muchos prefieren invertir en departamentos para arriendo, generando ingresos pasivos mientras disfrutan de una mayor movilidad.

«Como los jóvenes ya no tienen hijos, hoy están pensando en invertir. Buscan departamentos de un dormitorio en zonas atractivas para el arriendo, como Providencia, Las Condes y Santiago Centro», señala Mutis. Esta tendencia también se refleja en la creciente demanda de propiedades en comunas con alta conectividad y calidad de vida, lo que ha generado alzas en los precios de ciertos sectores.

El futuro del mercado inmobiliario en Chile

Ante este nuevo escenario, las inmobiliarias han comenzado a adaptar su oferta, privilegiando proyectos con menos metros cuadrados, mayor eficiencia en diseño y con énfasis en el acceso a espacios compartidos. A la vez, la tendencia de arriendos por renta corta ha crecido significativamente, con un aumento del 40% en 2025 en comparación con el año anterior, según datos de Renta Days. Este modelo se ha convertido en una alternativa rentable tanto para propietarios como para arrendatarios, consolidándose como un nuevo estándar en el mercado inmobiliario chileno.

La baja natalidad en Chile está reconfigurando el mercado inmobiliario, impulsando una mayor demanda por espacios funcionales, conectados y pensados para estilos de vida individuales o en pareja. A medida que la tendencia continúa, las inmobiliarias y los inversionistas están ajustando sus estrategias para responder a una nueva realidad demográfica y económica en el país.

Colliers: Pérdidas por incendios alcanzan los USD 250 millones

La consultora estima que los incendios forestales que han afectado las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía han generado pérdidas cercanas a los USD 250 millones en sectores productivos.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Desde el pasado fin de semana, el fuego ha consumido vastas áreas en la zona centro-sur del país. Hasta la tarde del martes 12 de febrero, se registraban aproximadamente 14.770 hectáreas quemadas, con la siguiente distribución: 11.955 hectáreas en la Región de La Araucanía, 1.526 en la Región del Biobío, 1.024 en la Región de Ñuble y 265 en distintas comunas de las regiones de O’Higgins, Maule, Los Ríos y Los Lagos.

Además, los incendios han dejado un saldo de 44 personas damnificadas, un fallecido y la destrucción de 30 viviendas, según detalló Rodrigo Gil, gerente del Área de Campos Agrícolas de Colliers.

El sector forestal ha sido el más afectado, especialmente en zonas precordilleranas. También se han visto perjudicados los cultivos frutícolas, con daños en plantaciones de avellanos, arándanos y viñas, así como en grandes extensiones de siembras de trigo, avena, raps, lupino y cebada. A esto se suma el impacto en la industria turística, que atraviesa su período de mayor demanda debido a la temporada de verano, con pérdidas en alojamientos, parques nacionales, balnearios y restaurantes.

Además de los daños directos, se deben considerar los costos asociados al combate de incendios y la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas total o parcialmente por el fuego.

«Estos incendios sorprendieron a los agricultores en plena temporada de cosecha de granos, especialmente desde Malleco hacia el sur. En zonas como Collipulli y Los Sauces, más al norte, ya se había completado la cosecha, pero en otras localidades el fuego tiene dificultado el tránsito de camiones cargados con producción. Para mitigar este problema, las autoridades han implementado salvoconductos que facilitan la circulación de estos transportes en medio de los incendios y los toques de queda», explicó Rodrigo Gil.

Asimismo, destacó el esfuerzo del sector agrícola privado, que ha colaborado con camiones aljibe y maquinaria de diversa índole para apoyar el trabajo de bomberos y brigadistas en el control de los incendios.

Data Centers: Chile se posiciona como el segundo mercado más grande en América del Sur

Chile se consolida como un destino clave para la expansión de la infraestructura tecnológica en la región, impulsado por su enfoque en sostenibilidad energética y crecimiento en la demanda de servicios en la nube.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado de data centers en América del Sur ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidándose como un mercado emergente atractivo para la industria global de la tecnología.

Según el estudio “Mercados Emergentes: Oportunidades y Desafíos para el Sector de los Centros de Datos” realizado por JLL, el crecimiento anual compuesto (CAGR) del sector en la región ha sido del 20% desde 2018, y se espera que la capacidad instalada de los data centers alcance los 654 MW hasta 2024, con más de 596 MW en construcción.

Entre los países que lideran este auge, Chile se ha destacado como el segundo mercado más grande de la región, después de Brasil, con un volumen de inversiones en expansión para satisfacer la creciente demanda de soluciones en la nube y sostenibilidad energética. Se proyecta que la capacidad instalada en el país continúe en aumento, alcanzando los 258 MW en construcción, lo que reafirma su atractivo como destino para grandes inversiones de hiperescaladores como Google, AWS y Microsoft.

Chile se beneficia de una combinación única de recursos naturales, que lo posicionan como un destino estratégico para los data centers. Su enfoque en la sostenibilidad energética ha sido clave para atraer a las principales empresas tecnológicas. La matriz energética chilena, con un 35% de generación solar, es uno de los aspectos diferenciadores que convierte al país en un mercado de interés para los inversionistas, especialmente frente a la creciente presión mundial por reducir las emisiones de carbono.

El país ha logrado reducir drásticamente su dependencia del carbón, bajando su producción en un 80% durante las últimas dos décadas. Esto, combinado con la abundante energía solar y la transición hacia fuentes renovables, hace que Chile sea una opción destacada para las empresas que buscan no solo optimizar sus operaciones, sino también minimizar su huella ecológica.

Por otro lado, la inteligencia artificial (IA), uno de los motores de transformación de la industria global, también está influyendo en el crecimiento de los data centers en Chile y América del Sur. La demanda de infraestructura para soportar la IA ha aumentado considerablemente, representando aproximadamente el 20% de la nueva demanda de centros de datos en la región. Con inversiones globales que superan los 300 mil millones de dólares, la necesidad de espacios de almacenamiento y procesamiento de datos sigue en aumento.

Empresas como Google y AWS ya han identificado a Chile como un punto de expansión estratégico en Sudamérica para sus operaciones relacionadas con IA. La creciente inversión en IA está impulsando la demanda por mayor capacidad de procesamiento de datos, lo que refuerza aún más la relevancia de Chile dentro de la ecuación regional.

Los incentivos fiscales son otro de los factores que han impulsado el crecimiento del sector en Chile. Las políticas gubernamentales que incluyen reducciones fiscales y exenciones impositivas para los desarrolladores de centros de datos han sido clave para atraer a importantes jugadores globales. Sin embargo, es crucial que el país mantenga un entorno regulatorio claro y estable, garantizando la continuidad de las inversiones, especialmente en áreas críticas como la infraestructura de conectividad y energía.

A pesar de las ventajas que ofrece, Chile también enfrenta desafíos relacionados con la capacidad energética y la infraestructura urbana. La creciente demanda por data centers podría superar las capacidades actuales si no se realizan nuevas inversiones para mejorar la infraestructura y la conectividad.

Perspectivas de Futuro: Chile como motor de crecimiento regional

El mercado chileno sigue posicionándose como uno de los principales motores del sector de los data centers en América del Sur. Con una sólida infraestructura en la región metropolitana de Santiago y un entorno favorable para el desarrollo de energías renovables, Chile está listo para ser un líder regional en la industria. Empresas globales, como AWS y Microsoft, ya han realizado fuertes inversiones en el país, apuntando a satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube y soluciones digitales avanzadas.

En comparación con otros mercados de la región, Brasil sigue siendo el líder en términos de volumen de inversiones, representando aproximadamente el 75% de las nuevas inversiones en el sector. Sin embargo, el fuerte crecimiento de Chile y su enfoque en sostenibilidad, combinado con un marco fiscal atractivo y una infraestructura de energía renovable en expansión, lo consolidan como el segundo mercado más grande de América del Sur.

Por otro lado, Colombia también ha mostrado un notable interés en el desarrollo de data centers, con proyecciones que indican que alcanzará los 356 MW en planificación, lo que ubica al país como un mercado emergente con un gran potencial.

Venta fallida de casa del expresidente Allende: una polémica marcada por historia, patrimonio y conflictos de interés

La fallida transacción de la propiedad histórica de Salvador Allende, marcada por conflictos de intereses, cuestionamientos políticos y su alto valor patrimonial, pone en debate la conservación de inmuebles con significado histórico en Chile.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La reciente intención del Estado chileno de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende para transformarla en museo ha generado una amplia controversia. La propiedad, ubicada en calle Guardia Vieja en la comuna de Providencia, no solo es un testimonio del legado del exmandatario, sino también el centro de un debate que involucra aspectos históricos, legales y políticos.

La idea inicial era adquirir tanto la casa de Allende como la del expresidente Patricio Aylwin, ambas en Providencia, con el fin de resguardar su valor histórico y convertirlas en museos. Sin embargo, mientras la compra de la casa de Aylwin avanzó sin contratiempos, la de Allende se vio envuelta en una serie de complicaciones que terminaron por hacerla inviable.

La propiedad de Salvador Allende pertenece actualmente a sus descendientes: su hija, la senadora Isabel Allende Bussi, y sus nietos, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y Alejandro Fernández. Esta situación planteó un conflicto de interés, ya que la Constitución chilena establece en el artículo 37 bis que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”. La ministra Fernández, al ser copropietaria de la vivienda, se encontraba directamente afectada por esta disposición.

En declaraciones a la prensa, Maya Fernández enfatizó: “Siempre he actuado con total transparencia y me he abstenido de participar en cualquier decisión relacionada con este tema”. Por su parte, el presidente Gabriel Boric sostuvo: “Nadie está buscando enriquecerse a costa del Estado”, en un intento por disipar las dudas sobre la legitimidad de la operación.

El Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, confirmó que la estructura de copropiedad de la vivienda imposibilitó la adquisición, dejando fuera del plan patrimonial al inmueble conocido como “La Moneda chica”.

Críticas desde la oposición

La oposición no tardó en manifestar su rechazo a la iniciativa. La diputada Camila Flores (RN) calificó la propuesta como “irregular” y cuestionó la prioridad de la compra: “No hay plata para salud, para subir la PGU a nuestros pensionados, pero sí hay mil millones de pesos para comprarle la casa a Salvador Allende, el líder espiritual del actual gobierno”. Asimismo, Flores expresó su preocupación por el posible conflicto de interés: “Uno de los propietarios es precisamente una ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric”.

En tanto, el diputado Gustavo Benavente (UDI) calificó la situación como “vergonzosa e inaceptable”: “No puede ser que se compre, por parte del Estado, el inmueble a una ministra. Esto es totalmente incompatible y genera una inhabilidad establecida en la Constitución”. Además, anunció acciones legales para revisar el procedimiento.

El valor patrimonial y la tasación de la casa

Más allá del debate político, la casa de Allende posee un valor histórico innegable, aunque su valor comercial ha sido motivo de análisis por expertos inmobiliarios. Eduardo Hola, broker de RE/MAX Premier, explicó que el precio de mercado de propiedades en Providencia depende de factores como la ubicación, el estado de conservación y las características específicas del inmueble.

Según Hola, la vivienda de calle Guardia Vieja tendría una tasación comercial entre 23.000 y 24.000 UF. “Para garantizar que el precio sea justo, siempre es mejor consultar con un experto del sector inmobiliario, un agente o tasador certificado”, puntualizó.

Por otro lado, Cristián Ruiz, broker de RE/MAX Central, destacó que el terreno en sí podría valer cerca de 20.000 UF, dependiendo del estado de la construcción. “Si suponemos que la casa está tal cual desde que se construyó en 1948, el valor no debería superar las 1.000 UF adicionales. Pero si tiene mejoras, el valor podría acercarse a las 23.000 UF”, agregó.

Un desenlace inconcluso

Aunque la compra de la casa de Salvador Allende quedó descartada, el debate sobre su preservación patrimonial sigue abierto. La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: “Lo que se anunció es la adquisición de las casas de los expresidentes Aylwin y Allende como parte de un ejercicio de conservación patrimonial. Estas son casas que tienen un valor histórico y el objetivo es que se transformen en casas museo”.

Sin embargo, por ahora, la casa del expresidente Allende continuará en manos de su familia, mientras el Gobierno avanza con la adquisición de la propiedad de Patricio Aylwin, también en Providencia, para convertirla en un espacio de memoria y reflexión. El futuro de “La Moneda chica”, en tanto, permanece incierto, pero su simbolismo histórico asegura que seguirá siendo un punto de interés y debate para las generaciones venideras.

Tribunal ordena reparación del Humedal Puente Negro por daño ambiental de Inve

El Segundo Tribunal Ambiental condenó a Inversiones Lampa a reparar daño generado en humedal Puente Negro hábitat único del ave Becacina pintada clasificada “en peligro” de extinción.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El Segundo Tribunal Ambiental determinó que las obras de ejecución del proyecto inmobiliario Loteo Inversiones Lampa causaron daño ambiental significativo a los componentes suelo, agua, vegetación y avifauna del Humedal Puente Negro y condenó a dicha empresa y dos de sus ejecutivos a repararlo bajo apercibimiento de arresto, en caso de incumplimiento.

Tras analizar los testimonios y los antecedentes expuestos en la demanda, el Tribunal estableció que las demandadas incurrieron en acciones y omisiones, que causaron el daño indicado, por lo que les ordenó a presentar para su aprobación, dentro del plazo de 60 días contados desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada, un “Plan de Reparación, que considere acciones clasificadas como medidas a realizar en el interior del predio del loteo (in situ) y fuera de este (ex situ), bajo apercibimiento de arresto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 20.600, en relación con el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil”, puntualiza la sentencia.

El Tribunal estuvo integrado por los ministros Marcela Godoy Flores, presidenta, Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos. La sentencia fue redactada por el ministro López. La demanda fue presentada por el Estado de Chile a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra de Inversiones Lampa SpA, Elena Oteiza Valdés, socia, y Daniel Oteiza Aguirre, administrador, por la responsabilidad solidaria en el daño ambiental del humedal.

Análisis del daño ambiental

Tras revisar los antecedentes expuestos en la demanda y la prueba testimonial, el Tribunal determinó que se produjo una afectación significativa del componente suelo del humedal Puente Negro, debido a la intervención del loteo, consistente en el transporte y descarga de material de relleno con tierra y escombros compactación de terreno y nivelación de los rellenos de escombros y basura depositados, la construcción de caminos y zanjas de drenaje en el perímetro del loteo. Esto, dice la sentencia, modificó de manera permanente atributos intrínsecos del componente ambiental suelo.

El fallo también concluyó que existió afectación significativa al componente agua, en lo que respecta al régimen de flujo hídrico del humedal. La habilitación de terrenos para el desarrollo del proyecto inmobiliario –explica el fallo-, la construcción de nuevos caminos y de obras de abastecimiento para extraer agua de pozo, junto a la construcción de zanjas que canalizan el agua, con el consecuente secado y disminución del espejo de agua a un zona muy reducida del humedal, han ocasionado una interrupción del flujo hídrico necesario para sostener las características del humedal, produciéndose en definitiva un impacto irreversible y de muy baja capacidad de recuperación en el funcionamiento del ecosistema de esa parte afectada del Humedal Puente Negro.

Biodiversidad

El Tribunal concluyó, además, que la construcción y extensión del proyecto inmobiliario de Inversiones Lampa SpA, no sólo generó una pérdida de superficie del humedal, sino que en conjunto con la urbanización irregular y el uso residencial que se le ha dado al área intervenida, ha provocado una perturbación del hábitat para la avifauna, que resulta crítico en el caso de especies vulnerables como la Becacina pintada clasificada “en peligro”, cuya presencia es particularmente relevante en el sector del humedal Puente Negro, toda vez que se ha disminuido y se ha degradado su hábitat al eliminar vegetación hidrófita, lo que redunda en una pérdida de las condiciones para nidificación, refugio y alimentación.

“Atendido lo razonado en los considerandos anteriores, el Tribunal concluye que se produjo una pérdida del substrato del humedal, en la zona afectada, alcanzado una superficie de 40 hectáreas, las que fueron intervenidas a través de la ejecución de diversas actividades ejecutadas ilegalmente (…). Todas las modificaciones ocasionadas en el humedal involucran las complejas interacciones de las componentes suelo, agua, vegetación y avifauna, generando una desaparición y fragmentación de las funciones ecosistémicas en la parte del humedal que ha sido afectado, todo lo cual ha ocasionado daño ambiental en el Humedal Puente Negro, ubicado en la comuna de Lampa, Región Metropolitana”.

Finalmente, el fallo puntualiza que “tanto Inversiones Lampa SpA, como sus representantes y administradores, han tenido una total indiferencia con las fiscalizaciones y medidas decretadas, las cuales fueron sistemáticamente desobedecidas, persistiendo con las acciones tendientes a ejecutar el proyecto inmobiliario. (…) Por lo tanto, la prueba rendida en autos, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, resulta suficiente para este Tribunal para dar por acreditada la culpa de Inversiones Lampa SpA, al haber infringido normas urbanísticas y de protección del suelo rural, (…) y demás normativa pertinente, al haber procedido a efectuar un loteo y subdivisión en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, la cual constituye una zona declarada latente y saturada, emplazado en un área rural, que conforme al PRMSR corresponde a una zona de interés agropecuario exclusivo, restringida o excluida de desarrollo urbano, sin contar con ningún tipo de permiso o autorización de los organismos competentes”

Plan de reparación

En relación con el plan de reparación al interior del loteo, la sentencia entrega un marco de las acciones que debe ejecutar la empresa, tales como la demolición, eliminación y retiro progresivo de edificaciones, obras y construcciones que fueron levantadas al margen de la normativa urbanística y de protección de suelo rural, sin contar con los permisos respectivos, sobre toda el área que conforma el proyecto.

En forma previa, los demandados deberán “presentar un plan de compensación para las personas afectadas que habitan actualmente en la zona intervenida ilegalmente y/o un plan de reasentamiento de dichas personas que, a modo de ejemplo, pueda comprender la cesión o adquisición de otro terreno que se encuentre regularizado para fines residenciales”.

Asimismo, deberán restituir las características del humedal en toda el área que fue intervenida, previa elaboración y presentación de un estudio de restauración de las dinámicas ecosistémicas de la parte afectada del humedal Puente Negro; y generar un plan de reinserción, recuperación de la biodiversidad y creación de un área destinada a un observatorio de aves.

Finalmente, el Tribunal determinó oficiar al SAG y a la Municipalidad de Lampa para que no entreguen al proyecto inmobiliario autorizaciones o regularizaciones, que no cumplan con la normativa ambiental vigente; y a la DGA y a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región Metropolitana para que ejerzan las atribuciones de supervigilancia, seguimiento y resguardo de la zona. También se informará al Ministerio Público para que “determine si instruye las investigaciones que correspondan por la eventual configuración de delitos ambientales, conforme a las modificaciones introducidas en el Código Penal por la Ley Nº 21.595, o de cualquier otro tipo o naturaleza de ilícitos”.

junio 14, 2025 5:35 pm
Sábado 14 de Junio de 2025
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