La crisis de vivienda en Chile ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, con un déficit habitacional que supera las 600.000 unidades y con miles de familias recurriendo a tomas de terreno como última alternativa ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.
La reciente situación en San Antonio, donde más de 10.000 personas han ocupado el cerro Centinela desde 2019, expone nuevamente la compleja interacción entre el derecho a la propiedad privada, la necesidad de vivienda y la capacidad del Estado para gestionar soluciones efectivas y sostenibles.
El caso de San Antonio es solo un reflejo de una realidad que se replica en distintas regiones del país. El acceso a la vivienda ha sido históricamente difícil para los sectores más vulnerables, y la falta de políticas habitacionales eficaces ha llevado a que la ocupación de terrenos se convierta en una alternativa forzada para miles de chilenos.
Las tomas de terreno han sido tratadas tradicionalmente con desalojos forzosos, una medida que, si bien responde al resguardo de la propiedad privada, genera graves conflictos sociales y humanitarios.
El acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno, los dueños de los terrenos y la municipalidad de San Antonio, que contempla la creación de una comisión técnica para negociar la venta de los terrenos a los actuales ocupantes, representa un intento de solución que prioriza el diálogo sobre el conflicto.
La suspensión temporal del desalojo, originalmente programado para el 27 de febrero, evita una crisis humanitaria inminente, pero también deja en evidencia la falta de una estrategia gubernamental clara para abordar el fenómeno de las tomas de terreno en el país.
Más allá de la crisis inmediata, es crucial analizar las razones estructurales detrás de este fenómeno. Los altos costos del suelo urbano, la especulación inmobiliaria y las barreras de acceso al crédito hipotecario han excluido a miles de familias del mercado formal de la vivienda.
Mientras tanto, el Estado no ha logrado implementar políticas que ofrezcan soluciones habitacionales suficientes, y cuando lo hace, estas suelen tardar años en concretarse. Las políticas actuales, centradas en subsidios y proyectos de integración social, han demostrado ser insuficientes ante la velocidad con la que aumenta la demanda.
Asimismo, el modelo de desalojos forzosos ha demostrado ser una estrategia limitada y, en muchas ocasiones, contraproducente. Si bien la restitución del derecho de propiedad es legítima, desalojar a miles de personas sin una solución alternativa solo perpetúa el problema.
La conformación de cooperativas de vivienda, como se está promoviendo en San Antonio, puede ser una vía para regularizar la tenencia del suelo y avanzar hacia modelos más justos de acceso a la vivienda, pero requiere del respaldo decidido del Estado y de un marco normativo que facilite su desarrollo.
El desafío es claro: Chile necesita un enfoque más integral para enfrentar su crisis habitacional, uno que combine regulación del suelo, financiamiento accesible, incentivos a la construcción de viviendas sociales y una política clara para la regularización de asentamientos.
Mientras esto no ocurra, seguiremos viendo nuevas tomas de terreno y enfrentando conflictos en los que, una vez más, las familias más vulnerables terminan siendo las principales perjudicadas.
