La Generalitat destinará 5,9 millones de euros para ampliar su capacidad de control en el mercado de alquileres. El sector inmobiliario advierte que la presión regulatoria podría reducir la oferta disponible y tensionar aún más el acceso a vivienda.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Con el objetivo de garantizar la aplicación del régimen de contención de rentas, la Generalitat de Catalunya anunció la creación de 100 nuevas plazas de inspectores de vivienda, que estarán operativos antes de fin de año. La medida contempla una inversión de 5,9 millones de euros y se suma a la ampliación de 19 cargos en la Agencia Catalana de Consumo.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, aseguró que la decisión busca “dotar al Govern de los recursos necesarios para fiscalizar el cumplimiento de la normativa”, en línea con la Ley de Vivienda y los acuerdos alcanzados con Catalunya en Comú.
La distribución de inspectores se concentrará en la veguería de Barcelona, que recibirá 50, seguida de Girona (13), Camp de Tarragona (12), Alt Pirineu (4), Aran (1) y otras zonas (5).
Impacto en el mercado
El Ejecutivo catalán enfatizó que la medida “no tiene un afán recaudatorio, sino de asegurar la aplicación efectiva de la contención de rentas”.
Sin embargo, fuentes del sector inmobiliario han manifestado preocupación por los efectos de la mayor fiscalización, advirtiendo que la presión regulatoria podría desincentivar la oferta de viviendas en arriendo, encarecer el mercado informal y aumentar la incertidumbre de los propietarios.
“Cuando el control de precios se intensifica, parte de los arrendadores opta por retirar sus propiedades o traspasarlas al mercado de compraventa, reduciendo la oferta disponible”, señalan agentes del sector consultados.
El acuerdo vigente contempla multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves, entre ellas cobrar más de 30% sobre el Índice de Precios de Referencia o traspasar gastos de gestión al arrendatario. También se establecen sanciones graves de entre 9.001 y 30.000 euros para incumplimientos como omitir el índice de referencia en los contratos.
Adicionalmente, la modificación al Código de Consumo de Catalunya tipifica como infracción grave —con sanciones de hasta 100.000 euros— la simulación de contratos temporales con fines de uso permanente.
