Tras la reciente aprobación de su reglamento técnico, la normativa permitirá exigir a las empresas de telecomunicaciones el retiro del cableado en desuso, mejorando la seguridad y el entorno urbano.
Con el objetivo de avanzar en la recuperación del espacio público y mejorar la seguridad de la comunidad, el diputado por la Región del Maule, Jorge Guzmán, se reunió con el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y el concejal Cristofer Moller, para coordinar la implementación de la ley “Chao Cables”, normativa que regula el retiro de cables aéreos y subterráneos en desuso.
Aunque la ley fue publicada en 2019, su entrada en vigencia efectiva se había visto postergada por la falta de un reglamento técnico, el cual fue finalmente aprobado en marzo de este año por la Contraloría General de la República. Con ello, se habilita a las autoridades para exigir a las empresas de telecomunicaciones y energía el retiro de cables obsoletos, responsables de la llamada “basura aérea” que afecta a diversas ciudades del país.
“El año 2019 se dictó esta ley, pero quedó dormida por la ausencia de un reglamento. Por eso, hemos reclamado con fuerza su implementación, y hoy celebramos que ya es operativa. Sostuvimos una importante reunión con el alcalde Juan Carlos Díaz y el concejal Cristofer Moller para trazar una hoja de ruta que nos permita exigir el retiro del cableado en desuso. Esto no solo representa un riesgo para las personas, sino que también afecta la estética de nuestra ciudad”, afirmó el diputado Guzmán, quien en 2024 ofició tanto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) como al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para agilizar la puesta en marcha de esta normativa.
Por su parte, el alcalde Juan Carlos Díaz valoró el encuentro y enfatizó la necesidad de una acción coordinada: “Vamos a trabajar para resolver un problema que se arrastra hace años. El cableado en desuso no solo daña la imagen de nuestra ciudad, sino que representa un riesgo para la comunidad. El reglamento ya está vigente y vamos a reunirnos con Subtel y con las compañías para que esto se traduzca en acciones concretas”.
En la misma línea, el concejal Cristofer Moller expresó su compromiso con la iniciativa: “Queremos impulsar el retiro del cableado en desuso que entorpece la belleza de la ciudad y genera peligros. Trabajar en conjunto es clave para que esta ley se aplique de manera efectiva”.
La implementación de la ley “Chao Cables” representa un paso importante para las comunas de la región del Maule, no solo en términos de seguridad, sino también en la mejora del paisaje urbano. Las autoridades acordaron avanzar en una hoja de ruta conjunta con los operadores responsables del cableado, con miras a mejorar la calidad de vida de las y los maulinos.
Hace algunos días que es de público conocimiento el caso de una propiedad de 400 metros cuadrados construidos, que se encuentra en Vitacura donde hay personas que la tienen “tomada” con denuncias de fiestas swinger, alto volumen de música y presunto consumo de drogas.
La propiedad, avaluada en más de 2 mil millones, está ubicada en uno de los sectores más exclusivos de Santiago, en Lo Curro, sin que su dueño pueda recuperarla, que sería un empresario gastronómico que arrastra millonarias deudas y que se habría declarado en quiebra hace algunos años.
Actualmente, la propiedad pertenecería a un banco y sería rematada el próximo 23 de junio, lo que no garantiza la expulsión de quienes estén habitando allí. La casa está ocupada por Patricio Carrasco Lobos, un hombre de 52 años con antecedentes por amenazas, hurto, porte de drogas y consumo.
Un día después de su detención, hace una semana, Carrasco fue formalizado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de usurpación de inmueble y hurto de energía eléctrica. Según su abogado defensor, José Pailamilla, “él dice que está viviendo en el inmueble a tolerancia del dueño, que lo autoriza a subarrendar unas piezas, ya que él recibe parte de estos cánones de subarrendamiento. Que se conocen hace muchos años, en el contexto que él estaciona autos, y que le cuida la propiedad. Está sorprendido que ahora diga que se tomó la casa porque no es así”.
¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS?
Para el director regional de RE/MAX Chile, Yuval Ben Haym, en la toma ilícita de una propiedad, puede aplicar la Ley de Usurpaciones, promulgada el año 2023, 21.633, que se enfoca en sancionar y restituir inmuebles usurpados, estableciendo nuevas penas y mecanismos para facilitar la devolución a sus propietarios. Esta ley establece sanciones, formas comisivas y mecanismos de restitución por los delitos de ocupación ilegal de inmuebles.
Así mismo, si la propiedad fue arrendada anteriormente, la Ley 21.461, más conocida como “Devuélveme mi casa”, refuerza los derechos de los arrendadores, con esto se busca agilizar el proceso de desalojo, devolviendo los bienes inmuebles a sus dueños, además de establecer un procedimiento monitorio de cobro de rentas.
En el caso de solicitar la restitución de una propiedad tomada, primero se debe confirmar si la propiedad está efectivamente abandonada. Si se trata de una propiedad privada, se debe iniciar un proceso legal para reclamar la posesión, como un proceso reivindicatorio.
Los pasos a seguir, según la recomendación del experto son:
1- El proceso legal busca que el juez ordene al poseedor actual de la propiedad, que la restituya al propietario legítimo.
2- Evaluar si la propiedad efectivamente está tomada o deshabitada y sin mantenimiento durante un período prolongado. Buscar indicios de abandono, como destrozos, vidrios rotos, destrucción o falta de mantención de instalaciones. Verificar si se han pagado los impuestos territoriales o contribuciones y servicios básicos como luz y agua.
3- Siempre es recomendable asesorarse por expertos legales e inmobiliarios, que puedan recopilar todos los antecedentes de la ocupación ilícita del inmueble y buscar su restitución al o los propietarios.
4- En el caso de que sea una propiedad arrendada, y que los arrendatarios son morosos o están haciendo mal uso del inmueble, en el contrato de arrendamiento deben quedar establecidas cláusulas claras respecto del goce y uso del bien inmueble y, también, las prohibiciones, por ejemplo, subarrendar habitaciones, habitar un local comercial, o al contrario hacer un uso comercial de un bien inmueble residencial, para el ejercicio de actividades ilícitas o que sólo sea habitado por quienes suscriben el contrato.
5- También se puede establecer acuerdos de reparación o restitución en caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento, y el posible desalojo en caso de no pago de la renta establecida.
6- El propietario debe asesorarse por un experto que pueda entablar la demanda de restitución del inmueble y dejar en manos de un agente inmobiliario o administrador, los destinos de uso de la propiedad.
Con su clima cálido, su ritmo cosmopolita y su creciente atractivo para el talento global, Miami se ha transformado en uno de los destinos predilectos para inversionistas inmobiliarios de todo el mundo. Los chilenos no son la excepción.
Pero ante un mercado tan dinámico, surgen preguntas clave: ¿conviene comprar una propiedad ya construida?, ¿arriesgarse a desarrollar desde cero?, ¿o es más prudente arrendar mientras se estudia el terreno?
La respuesta no es única ni sencilla. Y no debería serlo. Tal como afirma Matías Daroch, managing director de AGD Developers —firma liderada por chilenos con presencia en el segmento de lujo en Florida—, “cada estrategia debe nacer del perfil del inversionista y de cuánto está dispuesto a comprometerse con el proceso”.
Para quienes buscan seguridad y estabilidad, la compra de propiedades destinadas al arriendo sigue siendo una jugada clásica. Genera ingresos constantes y representa, en líneas generales, un menor nivel de exposición al riesgo. Pero no se trata de una inversión pasiva: hay que lidiar con mantenciones, remodelaciones, gestión de arrendatarios y eventuales vacancias. Según estimaciones de AGD, el retorno puede alcanzar hasta un 2% del patrimonio invertido.
Un camino intermedio —cada vez más popular— es el modelo de comprar, remodelar y revender. Ideal para quienes buscan velocidad y dinamismo, esta opción permite mover el capital con agilidad y escalar rápidamente con varios proyectos en paralelo.
Requiere estar atento a oportunidades en el mercado, saber negociar con proveedores, y tener la capacidad de tomar decisiones con rapidez. “Es un trabajo de alto involucramiento, pero también con retornos más acelerados”, explica Daroch.
Ahora bien, quienes buscan rendimientos significativamente mayores suelen optar por desarrollar desde cero. Aunque la barrera de entrada es más alta —por el capital necesario y la complejidad del proceso—, la rentabilidad puede ser considerable. “Por cada mes que logramos acortar en la etapa de desarrollo, incrementamos la Tasa Interna de Retorno en un 1,8%. En proyectos bien ejecutados, es posible superar el 25% de rentabilidad”, sostiene Daroch.
Además, el estado de muchas propiedades antiguas en Miami, especialmente aquellas construidas en los años 50, ha generado un terreno fértil para el desarrollo inmobiliario. En muchos casos, cumplir con los estándares actuales exige remodelaciones profundas, lo que ha llevado a que la demolición y construcción desde cero gane terreno. No solo por eficiencia económica, sino por el potencial de valorización en zonas emergentes.
Este fenómeno también tiene un componente urbano y social. Los nuevos desarrollos no solo rentabilizan: transforman. “La llegada de viviendas modernas eleva el estándar de barrios completos, atrae a familias con alto poder adquisitivo y estimula mejoras en servicios, educación y espacios públicos”, comenta el ejecutivo. Así, la inversión privada comienza a moldear el futuro de la ciudad.
Con un flujo constante de empresas, talentos y capital migrando al sur de Florida, las proyecciones son claras: el crecimiento de Miami está lejos de agotarse. Pero más allá de la promesa de cifras atractivas, Daroch entrega una recomendación que vale oro: “Antes de tomar cualquier decisión, el inversionista debe preguntarse cuánto quiere involucrarse, cuál es su horizonte y qué nivel de riesgo está dispuesto a tolerar. Desde ahí, todo lo demás empieza a calzar”.
Porque al final, invertir en Miami no es solo una apuesta financiera: es una decisión estratégica que puede redefinir no solo un portafolio, sino una manera de ver y habitar el mundo.
Por: Patricio Hernan PAcheco, Fundación Defendamos la Ciudad..
Recientemente el Concejo Municipal de Peñalolén, presidido por el alcalde del Frente Amplio, Miguel Concha, indebidamente presionado por las amenazas de cobro de indemnizaciones por parte del privado interesado, se equivocó al aprobar una conciliación entre dicha entidad y la Inmobiliaria Universa SpA, actual dueña del megaproyecto «Hijuelas Quilín», que contempla la construcción de 38 edificios de 9 pisos c/u, con 2.314 viviendas en dicha comuna, sin percatarse que este negocio inmobiliario tramitado con infinidad de errores, como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA), fue anulado el 19/07/2023 por el Segundo Tribunal Ambiental,
Se debe destacar que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Peñalolén fija para el terreno de la inmobiliaria una altura máxima de 4 pisos, empresa que tiene a su favor un curioso fallo de la Corte de Apelaciones, materia actualmente radicada en la Corte Suprema por presentación de un recurso de casación de la anterior administración municipal. Se debe destacar que el concejal independiente, Claudio Hernández, fue el único que votó en contra de este libertino negociado y con el propósito de que los lectores de Mercados Inmobiliarios conozcan los términos de la improcedente conciliación pueden verla en link
Como conocedores de este episodio, tenemos el deber de reconocer el correcto comportamiento de la ex alcaldesa, Carolina Leitao, quien como competente abogada, siempre hizo valer la ley. En su período, conforme lo ordena el artículo 53° de la Ley del Procedimiento Administrativo, con fecha 11/09/2019, se invalidaron la Aprobación de Loteo con Construcción Simultánea N° 1536 y el Permiso de Edificación N° 31/18, ambos emitidos el 23/02/2018, así como la Resolución de Aprobación de División Predial N° 1523 del 06/12/2017.
Debido a que esa amañada conciliación, autorizada en el Concejo Municipal, sin un debate democrático, no puede producir efectos, en la cual el alcalde del Frente Amplio impidió la intervención de las dirigentes del Movimiento de Pobladores en Lucha, lo cual es un contrasentido con el discurso oficial de ese juvenil partido político, a continuación damos a conocer cierta información relacionada con la normativa urbana aplicable. Sería deseable que el alcalde y la mayoría de los concejales que la aprobaron recapacitaran a tiempo, pues en nuestro país tenemos que acostumbrarnos a respetar los marcos regulatorios y por ende combatir la corrupción que siempre ha favorecido a los apitutados dentro del sistema.
En el año 2020 expresábamos que la DOM de Peñalolén alegremente le otorgó al doctor en Filosofía, Jorge Peña Vial, decano de la facultad de Filosofía de la Universidad de Los Andes, el permiso de edificación antes indicado conjuntamente con la resolución exenta Nº 1.536 de loteo con construcción simultánea de la misma fecha, para que en su extenso predio, conocido como ex fundo Quebrada de Macul, localizado en la avenida Consistorial Nº 5.900 de esa comuna precordillerana, levantara 18 edificios con alturas de entre 11 y 15 pisos, un centro comercial y más de 4.000 estacionamientos.
Para que la DOM cursara, tanto el permiso de edificación como la resolución exenta de loteo con construcción simultánea, se tuvieron a la vista desde el año 2014 unos cuantos certificados de informaciones previas (CIP) y otros tantos permisos de anteproyectos, los que tienen una vigencia de 6 meses y un año, dependiendo de la constructibilidad del proyecto. En este caso, por lo voluminoso del proyecto, los anteproyectos caducaban al año de otorgado y los CIP tienen vigencia mientras no cambien las reglas del juego, ya que para la obtención de permisos siempre rige la norma fijada en el Plan Regulador Comunal (PRC).
Para contextualizar, señalamos que con fecha 19/10/2016, se publicó en el Diario oficial el Decreto Alcaldicio N° 4.721, mediante el cual se postergó el otorgamiento de permisos, por parte de la DOM, por el plazo fijo de un año, es decir, hasta el 19/10/2017, teniéndose presente que el terreno rural de Peña Vial se transformó en urbano con la modificación al PRC de Peñalolén, vigente desde el 25/08/2017, dejándose en claro que el negocio inmobiliario lo ejecutaría la empresa Universa SpA, la cual debía comprar el terreno a su dueño.
Pero fue muy gracioso cuando conocimos la documentación respectiva, ya que los arquitectos de la inmobiliaria que la tramitaron en esa municipalidad, muy sueltos de cuerpo, afirmaban que el proyecto no se acogía a las normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal (PRC), sino que al artículo 3º transitorio del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) del año 1994, referido a subsectores, ardid mercantil con el cual buscaban mejoras sustanciales en la rentabilidad del negocio. Los profesionales anteriores, suponemos que, con el acuerdo de Peña Vial, menospreciaron la inteligencia y el conocimiento de los vecinos que se verían perjudicados con esta intervención. Todos quienes intervenían en el proyecto sabían o debían saber que esa disposición del PRMS solo estaba vigente «hasta que se aprueben los nuevos PRC».
Así fue como, diversas agrupaciones ciudadanas, con sólidos argumentos, se opusieron a los reseñados 2 actos administrativos en la propia municipalidad, la que trasladó los antecedentes ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, la fundación Defendamos la Ciudad, con la firma de este columnista y con la del vecino Patricio González, de profesión constructor, denunciaron este intento de burlar el marco regulatorio en la Contraloría General de la República ya que los 18 edificios habitacionales y el centro comercial, aprobados por el Permiso de Edificación N° 31, del 23 de febrero de 2018, se emplazarían en 8 predios resultantes del loteo con construcción simultánea, los cuales, a su vez, se generan a partir del Lote 1 de la División Afecta, que dividió el terreno original en 4 lotes.
Tal como le dijimos a la Contraloría, ello era erróneo pues se seguía presentando el mismo CIP N° 793 de 2015 para el predio originario, Rol 9095-11, el cual no correspondía a los lotes donde se emplazarían los edificios, pues lo correcto era obtener CIP,s de cada uno de los lotes resultantes, tal como lo ha señalado la jurisprudencia del ente fiscalizador. Entonces, los nuevos CIP,s debían reflejar las normas urbanísticas vigentes al momento de que éstos se emiten, lo cual implicaba reconocer la limitada norma de 4 niveles de altura de edificación, para el terreno contenida en el respectivo PRC de Peñalolén de agosto de 2017. Pero para hacerle el quite a esta disposición urbanística, el titular del proyecto apeló sin razón legal alguna, a la norma del artículo 3° transitorio del PRMS, lo que era improcedente.
En resumen, la empresa actual propietaria del terreno tiene todo el derecho para construir edificios de 4 pisos, obviamente respetando la densidad habitacional contenida en el PRC de Peñalolén, pero si se llegara a validar la inmoral conciliación en la Corte Suprema, una vez más el poder económico, en este caso liderado por un filósofo, saldrá ganancioso a través de ingeniosas prácticas aceptadas por autoridades municipales débiles de carácter, quedando como perjudicado directo el candidato presidencial, Gonzalo Winter, por pertenecer al mismo partido político del alcalde Miguel Concha.
Finalmente le proponemos al distinguido doctor en filosofía y académico de la Universidad de Los Andes, numerario del Opus Dei, Jorge Peña Vial, miembro de la élite, que le evite una decisión complicada en esta conciliación a la abogada integrante de la 3a Sala de la Corte Suprema, María Angélica Benavides Casals, sometiendo motu proprio su negocio inmobiliario a las reglas del juego urbano, aunque ello le signifique reducir en un cierto porcentaje la utilidad del mismo.
Las grandes ciudades no solo se construyen con edificios y carreteras, sino también con espacios donde sus habitantes puedan desarrollarse plenamente. En este sentido, el impulso de actividades deportivas en distintas comunas es una muestra clara de cómo el deporte contribuye al bienestar social, la salud y la integración comunitaria.
Eventos como la Maratón de Santiago, el Premier Pádel en San Carlos de Apoquindo y el Puma Medio Maratón de Viña del Mar no son solo competiciones de alto nivel; representan instancias en las que la ciudad se convierte en un espacio de encuentro para sus ciudadanos, fomentando la vida activa y el sentido de pertenencia.
La Maratón de Santiago es un claro ejemplo de cómo el deporte se integra a la ciudad. Miles de corredores, desde aficionados hasta atletas de élite, recorren sus calles en un evento que no solo promueve la actividad física, sino que también dinamiza la economía local y fortalece la identidad urbana. La imagen de corredores atravesando hitos icónicos de la capital refuerza la conexión entre el deporte y la ciudad.
Por otro lado, el Premier Pádel en San Carlos de Apoquindo pone a Chile en el mapa de los eventos deportivos internacionales, demostrando que Santiago tiene la infraestructura para albergar torneos de primer nivel. Esta disciplina, en franco crecimiento, ha encontrado en el país una afición cada vez más comprometida, lo que abre oportunidades para el desarrollo de nuevos talentos y para consolidar a Chile como un destino deportivo relevante.
El Puma Medio Maratón de Viña del Mar, en tanto, ofrece un espectáculo que combina el deporte con el paisaje costero, brindando una experiencia única para corredores y espectadores. Su impacto va más allá de la competencia, ya que incentiva el turismo deportivo y promueve el uso de los espacios urbanos en beneficio de la comunidad.
Más allá de la competencia, estas iniciativas demuestran que el deporte es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida en las ciudades. La masificación del acceso a la actividad física reduce problemas de salud pública, refuerza la cohesión social y convierte a los espacios urbanos en lugares de encuentro y disfrute colectivo.
El desafío ahora es seguir potenciando políticas públicas que fomenten el acceso a la práctica deportiva, generando más y mejores oportunidades para que los ciudadanos puedan hacer del deporte una parte fundamental de su vida. La ciudad y sus habitantes lo merecen.
A través de una serie de propuestas concretas, desde la modernización del procedimiento administrativo hasta la creación de un registro unificado de la propiedad, el experto plantea la necesidad de eliminar barreras burocráticas que frenan el desarrollo económico.
La inversión en Chile enfrenta una sombra persistente: la inseguridad jurídica. Eduardo Díaz Zeballos, CEO de Associa Servicios Inmobiliarios, levanta la voz sobre la necesidad urgente de generar un marco legal moderno que brinde certeza a los agentes económicos, en especial en el sector inmobiliario. En entrevista con este medio, Díaz Zeballos desglosa las medidas clave para destrabar la burocracia y fomentar la inversión en el país, señalando cómo su ausencia ha frenado la reactivación económica y desalentado proyectos de gran envergadura.
«Un ecosistema basado en la seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo económico y la superación de crisis. Cuando los inversores tienen garantías claras, las transacciones fluyen con mayor rapidez, lo que contribuye al crecimiento y genera empleos de calidad», explica el experto. Según él, esta falta de garantías se ha convertido en un «escollo invisible» que ha estancado la economía, afectando no solo a grandes desarrolladores sino también a pequeños emprendedores y familias que buscan estabilidad en sus inversiones.
Entre las propuestas planteadas, destaca la urgencia de una nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, que sea «moderna y práctica». «El actual sistema administrativo es obsoleto. Alarga los plazos, enreda a los actores económicos y genera vacíos legales que permiten decisiones arbitrarias de algunas autoridades», critica Díaz Zeballos. La solución, según él, pasa por implementar mecanismos como el silencio administrativo positivo y negativo, la fusión de procedimientos y la eliminación de requisitos innecesarios que ya obran en poder de las autoridades. «No podemos seguir sometidos a trámites eternos que desincentivan la inversión. Cada retraso en la aprobación de un proyecto significa pérdidas económicas y una menor generación de empleo», agrega.
Uno de los aspectos que más preocupa al CEO de Associa es la situación del Certificado de Informes Previos (CIP), documento emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) que establece los criterios constructivos aplicables a un inmueble. «Hoy, su vigencia depende de modificaciones al Plan Regulador Comunal. Esto impide la planificación y genera un alto nivel de incertidumbre. Un CIP debería tener una validez mínima de 24 a 36 meses para garantizar estabilidad a los proyectos, y mientras se mantengan vigente, debe respetarse los criterios constructivos que ahí se establecen, al margen de las modificaciones al Plan Regulador «, subraya. Explica que muchas inversiones quedan en suspenso o se encarecen porque un cambio abrupto en la normativa puede hacer inviable un proyecto ya en fase de diseño.
Otro punto crítico es la excesiva discrecionalidad en los requisitos administrativos. «No puede seguir existiendo frases como ‘todo aquello que requiera o solicite la autoridad según su juicio’. Esto abre espacio para exigencias arbitrarias y corrupción. Los requisitos deben ser claros y seguir criterios de razonabilidad y pertinencia», enfatiza.
Asimismo, cuestiona la solicitud de documentos que ya están en poder del Estado. «Si una entidad tiene acceso a un documento en sus registros, no debería pedírselo nuevamente a los ciudadanos o empresas. Esto no solo es absurdo, sino que demuestra una falta de integración institucional que urge corregir», afirma. Según Díaz Zeballos, esta falta de coordinación se traduce en un desgaste innecesario para los administrados, que deben presentar múltiples veces la misma documentación.
La modernización del sistema de registro de propiedad es otra de sus prioridades. «Los distintos Conservadores de Bienes Raíces operan con criterios dispares, lo que complica y encarece las transacciones. Necesitamos una entidad estatal única, digitalizada, descentralizada y con mecanismos de bloqueo registral automático para garantizar la transparencia y seguridad en la compraventa de inmuebles», sostiene. Argumenta que este cambio es imprescindible para evitar fraudes y simplificar los procesos de compraventa, que hoy pueden tardar meses en concretarse.
Díaz Zeballos pone como ejemplo a seguir la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi en Perú. «Es una institución clave para fiscalizar procedimientos, requisitos y disposiciones contrarias a la ley o la razonabilidad. Sus resoluciones son vinculantes y pueden sancionar directamente a los funcionarios responsables. En Chile, una entidad similar podría corregir muchas distorsiones burocráticas», argumenta. Explica que esta institución ha logrado desmantelar trabas innecesarias en distintos sectores económicos peruanos, favoreciendo el dinamismo empresarial.
Finalmente, enfatiza la importancia de establecer la Acción Constitucional de Cumplimiento en la legislación chilena. «Es una herramienta fundamental para garantizar que las autoridades cumplan la ley y no actúen de manera arbitraria, protegiendo a los ciudadanos y a los agentes económicos de decisiones injustificadas», concluye.
Para Eduardo Díaz Zeballos, eliminar las barreras burocráticas y dotar al sistema de mayor seguridad jurídica es una tarea impostergable. «El sector inmobiliario y la economía chilena en su conjunto necesitan reglas claras y estables. Es momento de modernizar el sistema y permitir que la inversión fluya sin trabas innecesarias», sentencia. Agrega que este no es un tema exclusivo del sector inmobiliario, sino una necesidad transversal que permitiría el crecimiento económico sostenido de Chile en los próximos años..
Por: Marianne Küpfer Cauty, vicepresidenta de AICE, Ingeniera civil estructural de la Universidad de Chile, ssocia directora de proyectos en Rene Lagos Engineer.
Los 15 años transcurridos desde el acontecimiento del terremoto del 27F nos invitan a recordar que nuestro país no está exento de volver a vivir un fenómeno como aquel, o de enfrentar eventos de similar impacto, que ponen a prueba la capacidad de prevenir, actuar y reparar.
Así como en el área de la salud la prevención ha pasado de ser un abordaje específico para una cierta enfermedad a ser un foco central en la organización de los sistemas de salud, con una visión más amplia, es importante observar los posibles eventos críticos para la ingeniería estructural desde todas sus dimensiones. Si bien se ha avanzado mucho en esta dirección en los últimos años, como Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, resulta interesante reflexionar acerca de dos aspectos que hemos estado observando con cierta preocupación.
Por una parte, los ingenieros estructurales tenemos la voluntad de poner todo nuestro conocimiento al servicio de la sociedad, buscando edificaciones, infraestructura e instalaciones más seguras y con un desempeño cada vez mejor, que nos permitan mantener el reconocimiento del resto del mundo hacia nuestra labor, tal como ocurrió para el 27F.
Pero vemos con pesar cómo el aumento de viviendas irregulares, sobre todo en campamentos, genera una exposición permanente a la amenaza de fenómenos naturales como inundaciones, derrumbes e incendios. Nada podremos hacer para evitar el impacto que pueda generar sobre sus ocupantes el deterioro, colapso o inhabitabilidad de sus hogares cuando ocurra un nuevo gran terremoto, lo que se vuelve más notorio con lo recientemente mencionado por el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, en relación con las más de “65% de probabilidades de que ocurra un sismo (de magnitud) 8 o superior en el año que viene”.
Por otra parte, el decaimiento sostenido de nuestra actividad en los últimos años ha implicado, entre otras cosas, un desincentivo para las nuevas generaciones de profesionales en especializarse en ingeniería estructural, afectando el natural recambio y el traspaso de conocimiento. Es ese traspaso, que se da únicamente en la práctica diaria de la profesión, el que nos ha permitido transferir la experiencia de nuestros grandes próceres de la ingeniería hasta hoy. Esa capacidad de tomar decisiones acertadas y muchas veces difíciles, de asumir responsabilidades significativas y muchas veces sin la justa retribución, sólo se forja a través de la motivación personal, del vibrar interior que se transmite de maestro a aprendiz, y que solo puede vivirse desde la propia patria.
Pero como en todo ámbito de la vida, siempre en la adversidad es posible encontrar una oportunidad. Por ello debemos permanecer atentos y con nuestro corazón abierto para percibir aquellos instantes en que a través de una conversación fraterna, de una acción oportuna o de la observación de nuestro entorno, podemos sutilmente entregar nuestro conocimiento y compartir nuestra experiencia profesional, enriqueciendo nuestra herencia de cultura sísmica, la que nos enorgullece como país y que hoy celebramos en esta nueva conmemoración del 27F.
Por: María de los Ángeles Kassis, Country Manager ALTO Chile.
El verano es una temporada esperada con entusiasmo por muchos, ya que ofrece la oportunidad de desconectarse y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, esta misma estacionalidad representa un reto para muchas empresas, particularmente en el sector del retail, supermercados y farmacias. En esta época del año, las empresas tienen el desafío y necesidad de reforzar sus estrategias de seguridad y prevenir riesgos, garantizando tanto la tranquilidad de sus clientes como la protección de sus activos.
Como líder de una empresa especializada en seguridad para estos sectores, he observado cómo la alta demanda estacional, junto con la contratación de personal temporal, puede generar vulnerabilidades si no se gestiona de manera adecuada. La clave está en implementar estrategias y protocolos preventivos con sistemas de seguridad robustos que se adapten a las particularidades de cada negocio. Este enfoque proactivo no sólo protege los activos de la empresa, sino que también fortalece la confianza de los trabajadores y clientes.
Durante el verano, el dinamismo del retail incrementa el riesgo de actividades delictivas, como hurtos internos y robos externos. Los supermercados y farmacias, debido a su alto flujo de clientes y constante rotación de inventarios, suelen ser un blanco atractivo para quienes buscan aprovechar cualquier descuido. Por ello, contar con capacitación adecuada para el personal y tecnología avanzada, como el análisis de datos en tiempo real, se convierte en una herramienta fundamental para anticiparse a posibles amenazas y disuadir actividades delictivas.
Por ello, el 2025 presenta nuevos desafíos para las empresas en materia de seguridad que deben ser vistas como una oportunidad para accionar medidas preventivas. La sofisticación de los modus operandi criminales, como el «carrazo» y otros métodos que involucran una alta violencia, la utilización de armas blancas y herramientas improvisadas como amedrentamiento, entre ellas extintores, piedras o incluso los mismos artículos en los locales, exige que las organizaciones refuercen sus planes de acción. Estas situaciones también destacan la necesidad de adaptarse a nuevas normativas y regulaciones que buscan fortalecer la seguridad en el comercio.
Hoy, más que nunca, la seguridad debe ser vista como una inversión estratégica. Proteger los activos de la empresa, garantizar la tranquilidad de los colaboradores y clientes, y asegurar la continuidad del negocio es prioridad. Este verano, y a lo largo de todo el año, las empresas tienen la oportunidad de ser proactivas, anticipándose a las amenazas y demostrando un compromiso con la seguridad. La preparación y la prevención no sólo generan un impacto positivo en los resultados, sino que también consolidan la confianza de los consumidores finales.
Las ventas de casas y departamentos continúan a la baja, mientras que el número de nuevos desarrollos registra su menor nivel desde 2009, según un informe de NielsenIQ powered by GfK Intelligence.
Al cierre de 2024, el estudio inmobiliario elaborado por NielsenIQ powered by GfK Intelligence reveló un panorama desafiante para el mercado de viviendas en el Gran Santiago. El informe analiza el comportamiento del sector en el cuarto trimestre del año y presenta un balance anual, evidenciando una importante contracción en el número de nuevos proyectos y ventas.
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, se sumaron 26 nuevos proyectos inmobiliarios, reflejando una leve recuperación respecto a los trimestres anteriores (25 en el segundo trimestre y 19 en el tercero). Sin embargo, estos tres periodos marcan los niveles más bajos de nuevos desarrollos desde 2009.
A nivel anual, 2024 cerró con solo 109 proyectos nuevos en el mercado, una disminución del 22% en comparación con 2023, cuando se contabilizaron 140. Este es el registro más bajo en 15 años, acercándose al mínimo de 105 proyectos en 2009 y muy lejos del peak de 428 proyectos alcanzado en 2015.
Caída en la oferta y las ventas
En el último trimestre de 2024, la oferta total de viviendas disponibles (en entrega inmediata, en verde y en blanco) alcanzó las 41.744 unidades, un 2,3% menos que en el trimestre anterior y una baja del 8,8% en comparación con el mismo periodo de 2023.
Del total de unidades en oferta, 37.766 correspondieron a departamentos, con un 52% concentrado en Santiago, La Florida y Ñuñoa. En cuanto a las casas, se registraron 3.752 unidades, con la mitad ubicadas en Colina, Puente Alto y Lampa.
Las ventas también mostraron una tendencia a la baja. Durante el cuarto trimestre se comercializaron 4.368 unidades, equivalentes a 20.586 MUF. Aunque esta cifra representa un leve repunte del 5,7% frente al trimestre anterior, sigue marcando una caída del 13,6% respecto al mismo trimestre de 2023. En el acumulado anual, las ventas de viviendas descendieron un 18% en comparación con 2023.
El segmento de casas registró solo 333 ventas en el cuarto trimestre, con una caída del 8,5% respecto al trimestre previo y una drástica baja del 31% en comparación con el mismo periodo de 2023. En el acumulado anual, las ventas de casas se redujeron en un 29,1% frente al año anterior.
Por su parte, los departamentos totalizaron 4.035 unidades vendidas en el último trimestre de 2024, con una baja del 7,1% frente al trimestre anterior y una caída del 11,8% en relación con el mismo periodo del año anterior. A nivel anual, las ventas de departamentos disminuyeron un 16,7% en comparación con 2023.
Tendencia en los precios
En términos de precios, tanto casas como departamentos mostraron una leve tendencia a la baja en el último trimestre del año. El valor promedio de los departamentos se situó en 83,6 UF/m², mientras que el de las casas alcanzó las 78,7 UF/m².
Con estos resultados, el mercado inmobiliario del Gran Santiago enfrenta un escenario desafiante, con una baja sostenida en las ventas y un retroceso en la incorporación de nuevos proyectos, marcando así un nuevo hito en la desaceleración del sector.
En un contexto urbano donde el crecimiento de la infraestructura ha reducido la disponibilidad de espacios naturales, los microparques emergen como una solución innovadora para mejorar la calidad de vida en las ciudades. E
stos pequeños pulmones verdes no solo contribuyen a la estética del entorno, sino que también generan impactos positivos en la salud, la sustentabilidad y la cohesión social.
¿Qué son los Microparques?
Los microparques son pequeñas áreas verdes, ubicadas en espacios urbanos residuales como esquinas en desuso, terrenos baldíos o zonas de antiguas infraestructuras. A pesar de su tamaño reducido, su implementación ha demostrado ser altamente beneficiosa para el entorno y la comunidad.
Respecto a los beneficios concretos de los microparques, se señala que mejoran la salud mental de las personas. Diversos estudios han demostrado que la presencia de áreas verdes en entornos urbanos reduce el estrés y la ansiedad, proporcionando a los ciudadanos un espacio de descanso y desconexión.
Otro importante beneficio radica en fomentar la Vida Sana, ya que estos espacios incentivan la actividad física al ofrecer lugares adecuados para caminar, ejercitarse o simplemente relajarse al aire libre.
Los microparques ayudan a reducir el efecto «isla de calor» en las ciudades, mejoran la calidad del aire y contribuyen a la mitigación del cambio climático a través de la absorción de CO2 y la generación de oxígeno
Y finalmente estos espacios funcionan como puntos de encuentro accesibles para personas de todas las edades y condiciones sociales, fortaleciendo la interacción comunitaria y promoviendo la cohesión en barrios densamente poblados.
La implementación de microparques representa una estrategia clave para la construcción de ciudades más sostenibles y habitables. Con un diseño adecuado y la incorporación de mobiliario urbano funcional, estos espacios pueden maximizar su impacto y consolidarse como elementos esenciales en el desarrollo urbano del futuro.
