Tras años apagado, el mercado inmobiliario argentino está experimentando un despertar. Las cifras son evidentes, y es que según la consultora económica Empiria, los bancos colocarán aproximadamente USD $3.000 millones en créditos hipotecarios durante 2025, representando un impresionante aumento del 260% respecto al año anterior. Re/Max Holdings Inc. pronostica una explosión en la demanda de viviendas tras la reintroducción efectiva de estos préstamos.
Las cifras mencionadas, aunque muy modestas en comparación con otros mercados más estables, como el chileno, son dignas de observar y de analizar, considerando el difícil momento que lleva pasando la nación vecina.
Pero, ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo cierto es que la política económica del presidente Javier Milei, donde ha establecido reglas claras y certidumbre, elementos fundamentales para cualquier mercado de capitales a largo plazo, está en proceso de saneamiento de la economía. Esta obsesión, está generando confianza tanto entre los argentinos como entre los inversores internacionales.
Hace apenas unos años, tener un crédito hipotecario en Argentina era impensado, dadas las tasas del 80% y 90% que manejaban los bancos, producto de una inflación constante, lo que hacía imposible poder proyectar el costo del dinero más allá de unos meses. La volatilidad extrema hacía inviable cualquier planificación a largo plazo.
Las restricciones en política monetaria implementadas por el gobierno actual, han logrado contener parcialmente la inflación con una tendencia positiva, aunque aún no a los niveles de estabilidad del vecindario. Eso sí, esta estabilización impulsa la llegada de desarrolladores inmobiliarios nuevamente al mercado argentino, así como también de otros inversores, propiciando un ecosistema virtuoso.
Es verdad que 5.000 ventas de viviendas hipotecarias en Buenos Aires durante 2024 -el triple respecto al año anterior- puede parecer una cifra pequeña, pero hay que verla en su justa medida, por lo que indicadores como ese, deben ser celebrados, como una señal del renacimiento inmobiliario que podría expandirse durante los próximos años, incluso, de manera exponencial.
El futuro del mercado inmobiliario argentino dependerá de la continuidad de estas políticas económicas. Si se mantiene el control inflacionario y se profundiza la certidumbre jurídica y económica, podríamos presenciar una transformación radical del panorama hipotecario, con tasas más amigables permitirían tanto a familias como a inversores endeudarse con confianza, generando simultáneamente mayor demanda y oferta inmobiliaria.
Argentina nos recuerda que la estabilidad macroeconómica y la certidumbre, son los cimientos fundamentales sobre los que se construye cualquier mercado inmobiliario saludable.
En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, quiero destacar el aporte que el edificio del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) de Santiago hace para la inversión en entornos laborales saludables, impactando directamente en la productividad, ahorro y satisfacción del talento, estableciendo un nuevo estándar en oficinas.
Este edificio no solo sobresale por su arquitectura y ubicación estratégica, sino también porque incorpora tecnología, monitorea en tiempo real factores como la temperatura ambiental, la calidad del aire y la iluminación, proporcionando condiciones laborales óptimas. Este tipo de adecuaciones pueden generar ahorros significativos, de hasta 149 UF por m² anualmente.
Más allá de la evidente reducción de costos y satisfacción de los colaboradores, estos espacios y condiciones forjan relaciones comerciales duraderas entre propietarios, arrendatarios y empleados.
Es más, estas adecuaciones ya no son exclusivas de grandes multinacionales, hoy empresas pequeñas y medianas, con equipos de 40 o 50 personas que operan en oficinas de alrededor de 500 m², también buscan beneficiarse de estas tecnologías innovadoras. La demanda por ambientes laborales saludables se ha generalizado, reconociendo los resultados que la calidad del entorno influye directamente en la productividad, el bienestar y la competitividad de la empresa.
De acuerdo a informes de JLL Chile, cerca de un 65% de los edificios actuales podría quedar obsoleto en cuanto a tecnología y sostenibilidad hacia 2030. En los últimos diez años, el mercado inmobiliario ha experimentado una transformación, antes eran las empresas quienes debían adaptarse a las condiciones existentes, pero hoy son los edificios quienes se ajustan a las necesidades del arrendatario. Factores como la calidad del aire interior, la iluminación controlada y el confort térmico han pasado a ser condiciones indispensables y altamente valoradas.
Un dato no menor es que la incorporación de la inteligencia artificial puede aumentar hasta en un 75% la eficiencia de los edificios, incrementando su valorización y rentabilidad. Soluciones inteligentes, desde sistemas lumínicos hasta controles ambientales avanzados, comienzan a llegar también a los hogares, mostrando una clara tendencia hacia la democratización de estas tecnologías sustentables.
Por: Patricio Hernan PAcheco, Fundación Defendamos la Ciudad..
Recientemente el Concejo Municipal de Peñalolén, presidido por el alcalde del Frente Amplio, Miguel Concha, indebidamente presionado por las amenazas de cobro de indemnizaciones por parte del privado interesado, se equivocó al aprobar una conciliación entre dicha entidad y la Inmobiliaria Universa SpA, actual dueña del megaproyecto «Hijuelas Quilín», que contempla la construcción de 38 edificios de 9 pisos c/u, con 2.314 viviendas en dicha comuna, sin percatarse que este negocio inmobiliario tramitado con infinidad de errores, como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA), fue anulado el 19/07/2023 por el Segundo Tribunal Ambiental,
Se debe destacar que el Plan Regulador Comunal (PRC) de Peñalolén fija para el terreno de la inmobiliaria una altura máxima de 4 pisos, empresa que tiene a su favor un curioso fallo de la Corte de Apelaciones, materia actualmente radicada en la Corte Suprema por presentación de un recurso de casación de la anterior administración municipal. Se debe destacar que el concejal independiente, Claudio Hernández, fue el único que votó en contra de este libertino negociado y con el propósito de que los lectores de Mercados Inmobiliarios conozcan los términos de la improcedente conciliación pueden verla en link
Como conocedores de este episodio, tenemos el deber de reconocer el correcto comportamiento de la ex alcaldesa, Carolina Leitao, quien como competente abogada, siempre hizo valer la ley. En su período, conforme lo ordena el artículo 53° de la Ley del Procedimiento Administrativo, con fecha 11/09/2019, se invalidaron la Aprobación de Loteo con Construcción Simultánea N° 1536 y el Permiso de Edificación N° 31/18, ambos emitidos el 23/02/2018, así como la Resolución de Aprobación de División Predial N° 1523 del 06/12/2017.
Debido a que esa amañada conciliación, autorizada en el Concejo Municipal, sin un debate democrático, no puede producir efectos, en la cual el alcalde del Frente Amplio impidió la intervención de las dirigentes del Movimiento de Pobladores en Lucha, lo cual es un contrasentido con el discurso oficial de ese juvenil partido político, a continuación damos a conocer cierta información relacionada con la normativa urbana aplicable. Sería deseable que el alcalde y la mayoría de los concejales que la aprobaron recapacitaran a tiempo, pues en nuestro país tenemos que acostumbrarnos a respetar los marcos regulatorios y por ende combatir la corrupción que siempre ha favorecido a los apitutados dentro del sistema.
En el año 2020 expresábamos que la DOM de Peñalolén alegremente le otorgó al doctor en Filosofía, Jorge Peña Vial, decano de la facultad de Filosofía de la Universidad de Los Andes, el permiso de edificación antes indicado conjuntamente con la resolución exenta Nº 1.536 de loteo con construcción simultánea de la misma fecha, para que en su extenso predio, conocido como ex fundo Quebrada de Macul, localizado en la avenida Consistorial Nº 5.900 de esa comuna precordillerana, levantara 18 edificios con alturas de entre 11 y 15 pisos, un centro comercial y más de 4.000 estacionamientos.
Para que la DOM cursara, tanto el permiso de edificación como la resolución exenta de loteo con construcción simultánea, se tuvieron a la vista desde el año 2014 unos cuantos certificados de informaciones previas (CIP) y otros tantos permisos de anteproyectos, los que tienen una vigencia de 6 meses y un año, dependiendo de la constructibilidad del proyecto. En este caso, por lo voluminoso del proyecto, los anteproyectos caducaban al año de otorgado y los CIP tienen vigencia mientras no cambien las reglas del juego, ya que para la obtención de permisos siempre rige la norma fijada en el Plan Regulador Comunal (PRC).
Para contextualizar, señalamos que con fecha 19/10/2016, se publicó en el Diario oficial el Decreto Alcaldicio N° 4.721, mediante el cual se postergó el otorgamiento de permisos, por parte de la DOM, por el plazo fijo de un año, es decir, hasta el 19/10/2017, teniéndose presente que el terreno rural de Peña Vial se transformó en urbano con la modificación al PRC de Peñalolén, vigente desde el 25/08/2017, dejándose en claro que el negocio inmobiliario lo ejecutaría la empresa Universa SpA, la cual debía comprar el terreno a su dueño.
Pero fue muy gracioso cuando conocimos la documentación respectiva, ya que los arquitectos de la inmobiliaria que la tramitaron en esa municipalidad, muy sueltos de cuerpo, afirmaban que el proyecto no se acogía a las normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal (PRC), sino que al artículo 3º transitorio del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) del año 1994, referido a subsectores, ardid mercantil con el cual buscaban mejoras sustanciales en la rentabilidad del negocio. Los profesionales anteriores, suponemos que, con el acuerdo de Peña Vial, menospreciaron la inteligencia y el conocimiento de los vecinos que se verían perjudicados con esta intervención. Todos quienes intervenían en el proyecto sabían o debían saber que esa disposición del PRMS solo estaba vigente «hasta que se aprueben los nuevos PRC».
Así fue como, diversas agrupaciones ciudadanas, con sólidos argumentos, se opusieron a los reseñados 2 actos administrativos en la propia municipalidad, la que trasladó los antecedentes ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, la fundación Defendamos la Ciudad, con la firma de este columnista y con la del vecino Patricio González, de profesión constructor, denunciaron este intento de burlar el marco regulatorio en la Contraloría General de la República ya que los 18 edificios habitacionales y el centro comercial, aprobados por el Permiso de Edificación N° 31, del 23 de febrero de 2018, se emplazarían en 8 predios resultantes del loteo con construcción simultánea, los cuales, a su vez, se generan a partir del Lote 1 de la División Afecta, que dividió el terreno original en 4 lotes.
Tal como le dijimos a la Contraloría, ello era erróneo pues se seguía presentando el mismo CIP N° 793 de 2015 para el predio originario, Rol 9095-11, el cual no correspondía a los lotes donde se emplazarían los edificios, pues lo correcto era obtener CIP,s de cada uno de los lotes resultantes, tal como lo ha señalado la jurisprudencia del ente fiscalizador. Entonces, los nuevos CIP,s debían reflejar las normas urbanísticas vigentes al momento de que éstos se emiten, lo cual implicaba reconocer la limitada norma de 4 niveles de altura de edificación, para el terreno contenida en el respectivo PRC de Peñalolén de agosto de 2017. Pero para hacerle el quite a esta disposición urbanística, el titular del proyecto apeló sin razón legal alguna, a la norma del artículo 3° transitorio del PRMS, lo que era improcedente.
En resumen, la empresa actual propietaria del terreno tiene todo el derecho para construir edificios de 4 pisos, obviamente respetando la densidad habitacional contenida en el PRC de Peñalolén, pero si se llegara a validar la inmoral conciliación en la Corte Suprema, una vez más el poder económico, en este caso liderado por un filósofo, saldrá ganancioso a través de ingeniosas prácticas aceptadas por autoridades municipales débiles de carácter, quedando como perjudicado directo el candidato presidencial, Gonzalo Winter, por pertenecer al mismo partido político del alcalde Miguel Concha.
Finalmente le proponemos al distinguido doctor en filosofía y académico de la Universidad de Los Andes, numerario del Opus Dei, Jorge Peña Vial, miembro de la élite, que le evite una decisión complicada en esta conciliación a la abogada integrante de la 3a Sala de la Corte Suprema, María Angélica Benavides Casals, sometiendo motu proprio su negocio inmobiliario a las reglas del juego urbano, aunque ello le signifique reducir en un cierto porcentaje la utilidad del mismo.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
Recientemente el diario La Tercera publicó la noticia «La incómoda herencia de Lavín: TC rechaza recurso y Las Condes deberá pagar $10 mil millones a inmobiliaria por paralizar obras en 2016» comunicando que el Tribunal Constitucional (TC), con fecha 12 de marzo del año en curso, rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Municipalidad de Las Condes para revertir un fallo judicial que la obligó a pagar una indemnización de US$ 10 millones a la inmobiliaria El Golf SpA por una falta de servicio.
¿ De qué estamos hablando ?
La Inmobiliaria Nueva El Golf SpA compró a la Universidad Mayor varias antiguas casas que se emplazaban en terrenos que enfrentaban la Av. Américo Vespucio Sur por el oriente, la calle Renato Sánchez por el norte y la calle Asturias por el occidente, con el propósito de demolerlas, fusionar los predios, y construir un par de torres habitacionales, equipamientos y estacionamientos.
Tan pronto se inscribió la fusión predial en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) la inmobiliaria ingresó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes una solicitud de permiso de edificación acogido a los beneficios urbanísticos de los Conjuntos Armónicos pues, según la empresa, el terreno tenía una superficie de 7.505,21 m2, medida superior a los 7.500 m2, fijados para exceder en un 50% el coeficiente de constructibilidad y en un 25% la altura máxima de 15 pisos fijada para la zona en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes.
La DOM de Las Condes, dando crédito a lo informado por la inmobiliaria, con fecha 21 de marzo de 2016 otorga el permiso de edificación Nº 31 para construir una torre habitacional de 18 pisos de altura y un edificio de 3 pisos de altura para oficinas. El 14 de noviembre del mismo año, DOM le dio curso a una modificación del aludido permiso de edificación, mediante la cual se aumentó la altura del edificio de oficinas de 3 pisos a 11 pisos.
Los vecinos del sector, afectados por el impacto que iba a generar en el barrio este proyecto, objetaron al municipio que la superficie del terreno no era la indicada por la inmobiliaria y por lo tanto el proyecto no podía contener los privilegios constructivos de los Conjuntos Armónicos y la controversia se dilucidó con un levantamiento topográfico del IDIEM (Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile que, en su correspondiente informe técnico, concluye que el terreno tiene solo 7.371,54 m2.
A la luz de la resolución del TC en contra de la municipalidad de Las Condes, en nuestra calidad de conocedor de primera fuente y denunciante, con otros, de este caso de corrupción, con el único objetivo de evitar un nuevo hecho de impunidad, expresamos públicamente nuestra desazón por el desinterés de los distintos alcaldes en proteger el interés patrimonial de dicha municipalidad, ya que ninguno de ellos recurrió ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que cautelara en la Justicia el interés fiscal comprometido, preguntándonos si el adusto TC conoció el informe del IDIEM, referido a la superficie del terreno.
Se debe tener presente que la Seremi Minvu había ordenado a la directora de obras municipales (DOM) que procediera a dejar sin efecto el permiso de edificación mal cursado, funcionaria que desobedeció (sic) a su superiora jerárquica, motivo por el cual, el alcalde Joaquín Lavín, sin tener atribuciones para ello, procedió a firmar el acto de invalidación, dudoso e incomprensible error que significó un fallo de la 3a Sala de la Corte Suprema que favoreció a esa inmobiliaria.
En esta antigua polémica los abogados municipales cometieron diversas y extrañas equivocaciones, propias de estudiantes, en sus presentaciones ante los tribunales de justicia, las que eran de conocimiento de los alcaldes UDI, Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza, e incluso, con posterioridad, de la actual alcaldesa independiente de derecha, Catalina San Martín, motivo por el cual, con la exconcejala del Frente Amplio, Isidora Alcalde, fuimos al CDE para que interviniera en la Justicia, servicio público descentralizado que nos respondió que lo haría, solo si se lo solicitaba formalmente el alcalde de Las Condes o la Contraloría General de la República.
En razón a que, a esta fecha, los 2 exalcaldes y la alcaldesa en funciones, no se han dado por aludidos con esta gigantesca pérdida patrimonial, la fundación Defendamos la Ciudad, le está solicitando al ente contralor que traslade todos los antecedentes al CDE y al Ministerio Público, ello con el necesario propósito de que el fiscal asignado interrogue, no solo a los exalcaldes y actual alcaldesa de Las Condes, sino a todos los funcionarios municipales que tenían relación con el asunto. Se deduce entonces que la inmobiliaria ha tenido una doble ganancia al margen de la ley: una, por construir mayor cantidad de m2 por considerarse que el proyectoera ConjuntoArmónico y la otra, por la indemnización resuelta por la Justicia.
Está claro que la inconducta de los 3 alcaldes, quienes no quisieron ir al CDE para que protegiera los intereses municipales, es irreconciliable con la probidad exigida a los funcionarios públicos y por ello en este vergonzoso acontecimiento, se justifica el título de esta columna.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
El dinero per se no es malo, pero en este mundo mercantilista en donde hay todo tipo de excesos, no nos sorprende que Donald Trump, como buen oportunista hombre de negocios, creó la tarjeta «Golden Visa» dirigida a todos aquellos extranjeros millonarios que, pagando 5 millones de dólares por ella, podrán tener una residencia permanente y trabajar en EEUU, siendo hasta gracioso que esa refinada cartulina tendrá la imagen de él mismo.
Lo anterior porque Trump desea potenciar la producción en su país, que tiene una abultada deuda pública que sobrepasa el 100% del producto, lo que motivó la creación de aranceles mínimos del 10% y máximos del 34% para todos los países que exportan bienes a EEUU, medida muy criticada por muchos, pues colisiona con el discurso del libre comercio en todos los mercados. Los aranceles para Chile son los más bajos, quedando excluidos el cobre y, según dicen, también la madera. Con estos radicales cambios en las reglas del juego, en teoría, se permitirá obtener mayores impuestos para equilibrar las cuentas fiscales.
En el ámbito nacional, apenas se supo que el actual gobierno había decidido comprar la casa del presidente Salvador Allende, en el precio de $ 933.000.000, donde vive su hija, senadora Isabel Allende, inmueble que tenía un avalúo fiscal de $ 512.832.711, a partir de enero pasado, decíamos públicamente que lo prudente y obligatorio, para no cometer errores, era que la anterior, con la ministra de Defensa, Maya Fernández, dueñas del inmueble, se lo entregaran en comodato al Estado, representado por el ministerio de Bienes Nacionales, pues así el Estado se evitaría pagar y ambas conservarían el dominio de esa casa-habitación, transformada en museo en honor del presidente mártir.
Se debe recordar que el precio inicial de mercado de la casa, decidido por el gobierno, era del orden de los $ 800.000.000, suma objetada por el abogado y pariente de las vendedoras, Felipe Vio, razón más que suficiente para poner en una razonable duda si ellas no buscaban ganar dinero con esa transacción. Dicho abogado y la infinidad de otros funcionarios públicos que visaron este negocio inmobiliario cometieron un garrafal error al intentar la operación comercial, pues lo impedía la Constitución, lo que significó que la senadora ya no lo será, por sentencia del Tribunal Constitucional (TC), cuyo texto a esta fecha se desconoce, y la ministra fue removida de su cargo por decisión del propio presidente Boric.
Sobre este engorroso asunto no puede admitirse que el Partido Socialista fustigue al Frente Amplio por la resolución, 8 contra 2, del TC, pues esta máxima instancia jurisdiccional colegiada y además autónoma, cumplió con su deber y por lo tanto Isabel Allende continuará residiendo en la vivienda de su papá, pero sin protección patrimonial, localizada en la calle Guardia Vieja de la comuna de Providencia.
En otro orden de materias, desde hace tiempo estamos denunciando que el proyecto inmobiliario de 4 torres habitaciones de 32 pisos c/u, llamado engañosa y pomposamente «Egaña-Comunidad Sustentable», ejecutándose en la comuna de Ñuñoa, con una inversión de US$ 300 millones,tiene una ilegalidad de origen, pues su permiso de edificación fue otorgado por un director de obras municipales (DOM) interino, sin que la empresa haya elaborado correctamente el respectivo Estudio de los Conos de Sombra, asunto que, en su oportunidad, le representamos en una reunión a 2 funcionarios de confianza de la ex alcaldesa Emilia Ríos. Lo mismo le expresamos telefónicamente a Frontal Trust, inversionista del megaproyecto.
Cabe recordar que, por este invasivo proyecto, hubo una contundente reclamación interpuesta por organizaciones ciudadanas de Ñuñoa, en contra de la «favorable» (sic) Resolución de Calificación Ambiental (RCA), dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debido a que en esa instancia no se consideraron debidamente sus serias observaciones planteadas durante la evaluación del proyecto. Pero, haciendo valer la ley, con fecha 26 de noviembre de 2021, el 2° Tribunal Ambiental, por unanimidad de sus ministros, acogió parcialmente la reclamación presentada posteriormente por la comunidad afectada.
¿Qué dijo esa superior instancia ambiental en su sentencia? : “Se resuelve anular parcialmente, en consecuencia, la RCA N° 222/2019, solo en lo referido a la evaluación de la luminosidad (efecto sombra) y refractación, debiendo el SEA completar la evaluación en este aspecto, disponiendo la realización de los estudios -en particular de aquel referido a las sombras- a fin de recabar los antecedentes necesarios para hacerse cargo debidamente de la observación referida a los efectos que la luminosidad (sombra) y refractación pueden generar en la calidad de vida de las personas”, ordenando esa máxima autoridad ambiental que se debe retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental y reclamación, para luego dictar los actos administrativos complementarios que aborden adecuadamente los aspectos reprochados. Es decir, dicho tribunal puso en su lugar al díscolo Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Debido a que después de la contundente sentencia del 2° tribunal ambiental, la municipalidad de Ñuñoa no exigió lo resuelto por este tribunal, la fundación Defendamos la Ciudad, con el ingeniero Rodolfo Acha, vecino de esa comuna y ex funcionario de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, con el apoyo del arquitecto Víctor Manuel González, ex Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Minvu, entregaron los antecedentes de rigor a la arquitecta y abogada, Carolina Casanova, actual Seremi del Minvu, para que su función pública corrobore que el Estudio de los Conos de Sombra de este proyecto inmobiliario vulnera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Este asunto está administrativamente prescripto, pero se demostrará que el negocio se ejecuta perjudicando a los vecinos colindantes del mismo, práctica habitual en nuestro querido país que tiene negligentes autoridades, dejándose en evidencia que los dueños de este proyecto fueron los que activaron, con sibilinas mentiras, la remoción del juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema.
Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS
Según el reportaje del diario El Mercurio del día viernes recién pasado, el mercado inmobiliario en la Región Metropolitana de Chile ha registrado una caída del 18% en la venta de viviendas nuevas durante el primer trimestre de 2025.
Este descenso se suma a un preocupante aumento en los desistimientos, especialmente en propiedades sobre las 9.000 UF, lo que refleja un contexto de incertidumbre y dificultades económicas para compradores y desarrolladores.
Asimismo, se señala una importante tasa global de desistimientos de promesas de compraventa de viviendas nuevas, llegando a ser casi el doble que previo al estallido social y a la pandemia.
Esto no es nuevo. Somos varios quienes lo venimos diciendo desde hace ya un buen tiempo, pero todavía no se aprecian esfuerzos reales por revertirlos.
Los factores clave de esta crisis anunciada son básicamente tres. Primeramente, las condiciones crediticias más estrictas, pues las tasas de interés elevadas y las restricciones bancarias dificultan la obtención de financiamiento hipotecario; en segundo lugar, el impacto de la inflación y el estancamiento económico, ya que los ingresos de las familias no han crecido al mismo ritmo que los costos de la vivienda, reduciendo la capacidad de compra; y, por último, los altos niveles de desistimientos, dado que las promesas de compraventa firmadas en años anteriores ahora enfrentan condiciones de crédito más restrictivas, lo que provoca que muchos compradores renuncien a sus adquisiciones por serles más caras de afrontar con este nuevo escenario económico.
De esta forma, y con un interés de proponer soluciones creativas para lograr la reactivación del mercado y del negocio inmobiliario, se sugieren las siguientes:
1. Flexibilización financiera con modelos alternativos, tales como por ejemplo, hipotecas escalonadas en la que los bancos y desarrolladores pueden ofrecer pagos iniciales reducidos con tasas progresivas en los primeros años, permitiendo a los compradores adaptarse mejor; y arriendos con opción de compra, permitiendo este modelo a los interesados vivir en la propiedad mientras acumulan parte del arriendo como abono a la futura compra.
2. Incentivos para la compra, como por ejemplo, la creación de subsidios compartidos a través de la generación de alianzas entre el Estado y las inmobiliarias para ofrecer beneficios a quienes accedan a viviendas bajo cierto umbral de precio; y ofrecer descuentos por pago anticipado, es decir, ofrecer rebajas a quienes puedan adelantar parte del pago, incentivando con esto la liquidez en el mercado.
3. Uso de tecnología y Big Data para personalizar ofertas, mediante la aplicación de inteligencia artificial para perfilar compradores potenciales y ofrecer productos adecuados a sus capacidades económicas; e implementar recorridos virtuales y realidad aumentada para captar compradores internacionales o de otras regiones.
4. Revisión regulatoria para facilitar el acceso de posibles compradores, mediante la evaluación real y efectiva de la posibiloidad de flexibilización de restricciones hipotecarias sin comprometer la estabilidad financiera y el fomento de la densificación equilibrada en comunas con buena conectividad para reducir costos de construcción.
Así las cosas, el mercado inmobiliario chileno y en especial en la Región Metropolitana enfrenta un escenario desafiante debido a las acuales tasas de interés, la inflación, y la incertidumbre económica. Sin embargo, este contexto también abre una ventana para implementar soluciones innovadoras que no solo mitiguen los efectos de la crisis, sino que también aporten valor al sector a largo plazo; por lo que las soluciones que se propongan requieren creatividad, colaboración y visión a largo plazo.
Si bien el panorama actual presenta desafíos, la combinación de estrategias financieras innovadoras, incentivos de compra y herramientas tecnológicas puede ayudar a recuperar la confianza del mercado. La clave estará en la adaptación y colaboración entre el sector público y privado para generar soluciones efectivas y sostenibles.
La tokenización inmobiliaria surge como una solución innovadora ante los desafíos del mercado, impulsada por la baja sostenida en la venta de viviendas y la necesidad de atraer nuevos inversionistas.
Esta tendencia utiliza la tecnología blockchain para dividir propiedades en “tokens” digitales, que representan las fracciones que componen a la propiedad. Así, los inversionistas pueden adquirir pequeñas participaciones de propiedades sin necesidad de un gran capital inicial, permitiendo el acceso al mercado inmobiliario.
Para la industria inmobiliaria en 2025, los cambios podrían ser significativos. La tokenización promete agilizar los procesos de compraventa, eliminando intermediarios y reduciendo costos.
Además, brinda transparencia, ya que los registros en la blockchain son inmutables y accesibles. Esto resulta especialmente atractivo para los inversionistas jóvenes y tecnológicos, quienes buscan flexibilidad y seguridad en sus operaciones.
En Chile, la regulación será clave para el desarrollo de esta tecnología. Aunque el marco normativo actual es incipiente, se espera que las autoridades avancen en adaptar leyes para garantizar la seguridad de las transacciones digitales. Iniciativas como la discusión de regulaciones específicas para activos digitales reflejan el interés por fomentar este tipo de innovaciones, manteniendo la protección del inversionista.
La tokenización abre una serie de oportunidades. Permite a pequeños ahorradores invertir en propiedades con montos reducidos, diversificando riesgos. También facilita la internacionalización del mercado inmobiliario, atrayendo capital extranjero al simplificar la adquisición de propiedades en distintos países.
Además, los desarrolladores pueden financiar proyectos más rápidamente mediante la preventa de tokens, sin recurrir a complejos mecanismos de crédito.
En resumen, 2025 será un punto de inflexión para la tokenización inmobiliaria, marcando el inicio de una nueva era en la inversión inmobiliaria, más inclusiva, ágil y global.
Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS
En el sector de la construcción en Chile, la digitalización ha traído consigo grandes beneficios: optimización de procesos, reducción de costos y mayor transparencia en la gestión de proyectos. Sin embargo, también ha expuesto a las empresas constructoras a nuevas amenazas, especialmente en materia de protección de datos personales y ciberseguridad.
La Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la aparición reciente de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, en línea con el RGPD europeo, colocan a las empresas bajo un escrutinio creciente respecto al manejo de información sensible.
En el caso de las constructoras, la información recopilada en sus diversos procesos puede incluir datos de clientes, empleados, proveedores y proyectos, lo que las convierte en un objetivo interesante, sino atractivo para ciberataques diversos como ransomware o robo de información.
Uno de los principales desafíos en esta actividad es la falta de una cultura sólida de ciberseguridad, pues todavía en muchas empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas constructoras, las medidas de protección no están integradas en las operaciones diarias, dejando brechas que pueden ser explotadas por terceros mal intesionados. Además, la implementación de tecnologías emergentes como el IoT y el BIM incrementa la superficie de ataque, ya que estas soluciones requieren conexiones constantes a la red y manejo de grandes volúmenes de datos.
Para enfrentar estos retos, se estima que las constructoras pueden adoptar diversas soluciones innovadoras. Entre ellas, se pueden mencionar por ejemplo, la capacitación periódica y específica, al establecer programas de formación para empleados y subcontratistas, con el fin de prevenir errores humanos, que son una de las principales causas de incidentes en esta materia, las que, por lo demás, no son necesariamente tan costosas de implementar.
Por otro lado, se sugiere una ciberseguridad integrada en el BIM, mediante la incorporación de protocolos de seguridad directamente en estas plataformas, como autenticación multifactor, encriptación de datos y segmentación de redes, entre otras medidas necesarias y aconsejables.
Adicionalmente, la colaboración público-privada es vital con tales propósitos, pues crear alianzas con el gobierno, startups tecnológicas y universidades para la investigación y desarrollo de herramientas personalizadas es crucial para mantenerse atentos y al día con las amenazas emergentes cada vez más nocvedosas, intrincadas y peligrosas.
A lo anterior, cabe destacar las simulaciones y análisis predictivo que cobra cada día mayor relevancia, pues utilizar inteligencia artificial para simular posibles ataques y reforzar los sistemas antes de que ocurra un incidente es primordial como un buen mecanismo de defenas anticipada.
Además, es crucial que las constructoras realicen auditorías periódicas de ciberseguridad y adopten estándares internacionales, ya que ello no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también fortalece la confianza con clientes e inversionistas.
De esta manera, y para concluir, se puede señalar que en un sector tan dinámico como el de la construcción, invertir en ciberseguridad no es solo una obligación legal, sino una estrategia clave para garantizar la continuidad operativa y la reputación corporativa en el competitivo mercado chileno.
Por: Rolando Cáceres, Fundador y creador de IBUILDER
La industria de la construcción en Chile atraviesa uno de sus periodos más desafiantes. La caída del 11,1% en su producto y el retroceso del empleo en el sector reflejan un panorama complejo, donde la volatilidad de costos y la escasez de mano de obra amenazan la sostenibilidad de muchas empresas. En este contexto, la rentabilidad de los proyectos no es solo una cuestión de buenos presupuestos, sino de estrategias de gestión eficaces y del uso inteligente de la tecnología.
Uno de los principales errores que enfrentan las constructoras es la falta de control y planificación, ya que la ejecución sin supervisión adecuada conlleva sobrecostos y atrasos que pueden hacer inviable un proyecto.
Para evitar esto, se deben considerar tres pilares fundamentales: la gestión de la mano de obra, el control y seguimiento y la alineación de funciones con incentivos claros.
La selección y el monitoreo de colaboradores no son un detalle menor, sino una pieza clave en la eficiencia de un proyecto. Un equipo bien gestionado permite corregir desviaciones a tiempo y evitar errores caros.
De igual manera, un control riguroso de las obras permite mantener la disciplina operacional y reducir imprevistos. Finalmente, eliminar la burocracia excesiva en el trabajo en terreno y motivar a los equipos con incentivos alineados a resultados concretos puede marcar la diferencia entre una obra rentable y un fracaso financiero.
La tecnología juega un rol crucial en este proceso. La automatización y el análisis de datos en tiempo real permiten tomar decisiones oportunas, optimizando los recursos y reduciendo costos innecesarios. La digitalización no es un lujo, sino una necesidad para mantenerse a flote en un sector que exige rapidez, precisión y eficiencia.
Las constructoras que no implementen estas estrategias están destinadas a enfrentar dificultades crecientes. La industria debe avanzar hacia un modelo más actualizado y resiliente, donde la planificación, la tecnología y la optimización de recursos sean la base de la rentabilidad. Solo así podrá superar la crisis y transformarse en un sector más sostenible y competitivo a largo plazo.
La sostenibilidad ha pasado de ser un concepto aspiracional a una necesidad imperativa para el desarrollo empresarial en Chile. En un país donde los efectos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes, la regulación y la demanda social están empujando a las empresas a integrar la sostenibilidad en el corazón de su gestión. No se trata solo de un compromiso ético, sino de una estrategia clave para la competitividad y la supervivencia en el mercado.
El contexto chileno: entre avances y brechas
Chile ha sido pionero en América Latina en la adopción de estrategias de sostenibilidad, con iniciativas como la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) y los compromisos de energía renovable. Sin embargo, aún existen desafíos importantes: el sector inmobiliario y corporativo, responsable de una parte significativa de las emisiones de carbono, enfrenta presiones crecientes para acelerar su transición hacia modelos más sostenibles.
El dilema para muchas empresas es cómo equilibrar la necesidad de sostenibilidad con la rentabilidad. La respuesta está en la innovación y la integración de estrategias sostenibles desde la base del negocio. Aquellas empresas que han comprendido esto están logrando transformar la sostenibilidad en una ventaja competitiva.
El rol estratégico de la sostenibilidad en la gestión inmobiliaria
La gestión de espacios corporativos y proyectos inmobiliarios está en el centro del debate sobre sostenibilidad. La eficiencia energética, la reducción de huella de carbono y el diseño sustentable no solo son necesarios para cumplir con regulaciones, sino que también impactan positivamente en la rentabilidad y en la percepción de marca.
En este contexto, la gestión integral de programas de sostenibilidad se ha convertido en un factor diferenciador clave. La incorporación de prácticas sostenibles en toda la cadena de valor inmobiliaria permite a las empresas mejorar su eficiencia operativa, reducir costos y acceder a financiamiento preferente.
Liderar el cambio: una oportunidad para las empresas chilenas
El sector privado en Chile tiene la oportunidad de liderar el cambio hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Implementar estrategias de sostenibilidad no es solo una respuesta a la regulación, sino una decisión de negocio que impacta en la rentabilidad, la reputación y la atracción de talento.
La clave está en la planificación estratégica, la identificación de oportunidades de mejora y la integración de la sostenibilidad en la cultura organizacional.
JLL, como referente en la gestión sostenible de activos inmobiliarios, ha demostrado que la sostenibilidad puede ser una ventaja competitiva. A través de su enfoque integral, acompaña a las empresas en la transición hacia modelos de negocio más responsables y eficientes. Con estrategias personalizadas y tecnología de punta, facilita la transformación sostenible en todas las etapas del ciclo inmobiliario.
El futuro de la sostenibilidad en Chile dependerá de la capacidad del sector privado para adaptarse y liderar este cambio. No basta con cumplir regulaciones; las empresas que tomen la delantera en sostenibilidad estarán un paso adelante en la construcción del Chile del mañana.
