Este proyecto no solo aborda la venta ilegal de suelos inapropiados para la construcción, sino que también garantiza el acceso a servicios esenciales como agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley trascendental para la “Protección del territorio y la vida rural”. Esta propuesta establece medidas claras para proteger a las personas de estafas y ventas de terrenos inadecuados, asegurando además la preservación de suelos agrícolas vitales para la seguridad alimentaria.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, destacó el trabajo prelegislativo exhaustivo realizado para alcanzar un amplio consenso. “Es hora de enfrentar las consecuencias del crecimiento descontrolado de las parcelaciones y proporcionar certezas a quienes desean habitar el territorio rural. Este proyecto es esencial para ordenar y planificar el crecimiento rural, reduciendo los riesgos asociados a un desarrollo no planificado, como los incendios forestales,” afirmó Montes.
Respecto a las medidas clave del proyecto, se informó la protección de suelos agrícolas, indicando que se prohíbe la venta de terrenos sin acceso a servicios básicos, garantizando su uso agrícola sostenible.
Asimismo, la fiscalización y regulación, fortaleciendo la fiscalización incorporando nuevos actores en el proceso y se limitarán las parcelas de media hectárea exclusivamente para uso agrícola, evitando su conversión en proyectos inmobiliarios.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, expresó su satisfacción por la presentación del proyecto. “Es fundamental terminar con los abusos del decreto de parcelaciones que ha resultado en loteos irregulares, afectando suelos agrícolas y ecosistemas. Este proyecto establecerá límites claros y una fiscalización robusta,” agregó Valenzuela.
Importancia del Diálogo y Consenso: Este proyecto ha sido el resultado de un diálogo inclusivo con diversos actores de la sociedad civil y comisiones sectoriales del Congreso. El objetivo es alcanzar el mayor consenso posible antes de iniciar su discusión legislativa.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, enfatizó la relevancia del proyecto en el contexto del cambio climático. “Proteger a las personas, el medioambiente y los suelos agrícolas es crucial. Este proyecto refleja ese compromiso y llamamos a un debate fructífero que permita su aprobación con apoyo transversal,” subrayó Elizalde.
Origen del problema
En el ámbito rural, la normativa actual no contempla viviendas secundarias o principales, salvo en pocas excepciones bien definidas. La falta de regulación ha permitido un sistema de parcelaciones residenciales basado en normativas no diseñadas para ese fin:
Una de ellas es la facultad de subdividir en hasta 0,5 hectáreas sin cambiar el destino silvoagropecuario de los predios, según el DL. N°3.516. La segunda, es la prerrogativa del dueño de una propiedad agrícola para levantar viviendas para el propietario y sus trabajadores, según el Art. 55 de la LGUC.
Privados han ajustado sus proyectos para vulnerar este decreto, lotificando terrenos rurales con fines habitacionales. Históricamente, las subdivisiones prediales del DL N°3.516 han bordeado las 10.000 solicitudes, incrementándose a más de 19.000 en 2021 y sobre 20.000 en 2022.
Estimaciones del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu indican que existen más de 350.195 predios no agrícolas de entre 0,5 y 1 hectárea, equivalente a una superficie de entre 175 mil y 300 mil hectáreas. Para comparar, la superficie construida de todas las áreas urbanas del país suma 208.688 hectáreas.
