Este litigio, iniciado en 2020, es un claro ejemplo de las conocidas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, más conocidas como SLAPPs (por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuits Against Public Participation).
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
El Juzgado de Letras y Garantías de Chanco ha resuelto un caso de gran relevancia, al condenar a la Inmobiliaria Costa Calán al pago de los costos judiciales tras desistir de una demanda contra el defensor ambiental Rodrigo de la O Guerrero.
Estas demandas buscan silenciar y amedrentar a quienes defienden intereses públicos, como es el caso de De la O, quien desde hace años ha sido un crítico de proyectos inmobiliarios en zonas de alto valor ambiental, como el humedal costero Arcos de Calán, ahora declarado Santuario de la Naturaleza.
La controversia surgió cuando la inmobiliaria adquirió un terreno en las inmediaciones del humedal para la construcción de un condominio con 48 parcelas. Rodrigo de la O, representante de la ONG Vigilante Costero, expresó públicamente su preocupación por el impacto ambiental del proyecto, abogando por una regulación más estricta y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos de este tipo.
La inmobiliaria respondió con una demanda por más de 200 millones de pesos, alegando daños económicos y perjuicios a su imagen. Sin embargo, a lo largo del juicio, la empresa no presentó pruebas que sustentaran su reclamo, y dos días antes del cierre del período probatorio, decidió desistir de la demanda.
La abogada Tamara Navia, de la ONG FIMA, que representó a De la O, calificó el desistimiento como una prueba del uso instrumental de la acción judicial con el fin de intimidar al defensor ambiental y disuadir el ejercicio de su libertad de expresión y defensa del territorio.
Asimismo, subrayó la importancia de la resolución del Juzgado de Chanco, la cual es un paso fundamental para desalentar estas demandas abusivas y subraya la necesidad de regular y prevenir el uso de SLAPPs en Chile.
Este fallo no solo refuerza el derecho a la participación pública, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de proteger a quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
