Los costos asociados con el robo de cables son múltiples. Las empresas de servicios públicos deben invertir en la reposición de cables y en la implementación de medidas de seguridad adicionales.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
El robo de cables se ha convertido en una problemática grave en Chile, afectando tanto a la infraestructura crítica como a la calidad de vida de sus ciudadanos. Este delito no solo implica la sustracción de material valioso, sino que también provoca interrupciones en servicios esenciales como la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte, generando costos significativos y riesgos para la seguridad pública.
En los últimos años, el robo de cables ha mostrado un alarmante aumento en diversas regiones de Chile. Las cifras varían, pero informes indican que, en 2022, los robos de cables eléctricos y de telecomunicaciones costaron a las empresas y al estado chileno varios millones de dólares. Este delito es impulsado por el alto valor del cobre en el mercado negro, donde es vendido a recicladores ilegales.
Para abordar este problema, la legislación chilena está en proceso de adaptarse y fortalecer las sanciones. Actualmente, se han presentado dos iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados para tipificar específicamente el robo de cables de cobre. El Boletín N° 16600-07 propone modificar el Código Penal para agregar un nuevo capítulo que tipifique y sancione este delito, eliminando menciones genéricas del hurto en relación con electricidad y telefonía, y ofreciendo una mayor especificidad en la persecución de estos actos. Además, se plantean penas accesorias significativas para quienes sean encontrados en posesión de cobre robado, destinando estas penas a disuadir este tipo de crímenes.
El robo de cables eléctricos puede dejar a comunidades enteras sin suministro de energía por horas o incluso días, afectando hogares, negocios y servicios esenciales como hospitales y escuelas. En el sector de telecomunicaciones, la sustracción de cables de fibra óptica y cobre provoca cortes en los servicios de internet y telefonía, perjudicando la conectividad de miles de usuarios.
En el sector del transporte, los robos de cables pueden causar la paralización de trenes y el mal funcionamiento de semáforos, lo que incrementa el riesgo de accidentes y genera congestión vehicular.
Los costos asociados con el robo de cables son múltiples. Las empresas de servicios públicos deben invertir en la reposición de cables y en la implementación de medidas de seguridad adicionales. Además, las interrupciones de servicio generan pérdidas económicas para los negocios afectados y disminuyen la productividad. El estado también incurre en gastos adicionales debido a la necesidad de desplegar fuerzas de seguridad para combatir este tipo de delito.
Ante esta problemática, las autoridades chilenas han intensificado sus esfuerzos para combatir el robo de cables. Entre las medidas implementadas se incluyen mayores controles y fiscalización de los puntos de reciclaje, campañas de concientización y la aplicación de penas más severas para los delincuentes. Asimismo, se están promoviendo iniciativas tecnológicas, como la instalación de sistemas de monitoreo y detección temprana en las infraestructuras vulnerables.
Las empresas afectadas están adoptando diversas estrategias para prevenir el robo de cables, como el uso de materiales alternativos menos atractivos para los delincuentes, el refuerzo de la seguridad física en los sitios críticos y la colaboración estrecha con las autoridades para identificar y desmantelar las redes de reciclaje ilegal.
Más allá del impacto económico, el robo de cables representa un serio problema de seguridad pública. Las interrupciones en el suministro eléctrico y de comunicaciones pueden poner en riesgo la vida de personas dependientes de equipos médicos, dificultar las comunicaciones de emergencia y generar un clima de inseguridad en las comunidades afectadas.
El robo de cables en Chile es una problemática compleja que requiere un enfoque integral para su solución. La cooperación entre el gobierno, las empresas afectadas y la sociedad civil es crucial para implementar medidas efectivas que mitiguen este delito y sus consecuencias. Solo a través de esfuerzos coordinados y sostenidos se podrá garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la seguridad de las comunidades.
Para obtener más información sobre el impacto del robo de cables en Chile y las iniciativas en curso para combatirlo, se pueden consultar fuentes adicionales y reportes de entidades oficiales y medios de comunicación especializados en la materia.
Diputado Pino denuncia robo de cables en la región de Coquimbo
Su profunda preocupación por el creciente problema del robo de cables que afecta por igual a todo el país, manifestó el diputado por la región de Coquimbo, Víctor Pino, para quien “este flagelo, además de causar importantes pérdidas económicas, genera prolongados cortes eléctricos, afectando especialmente a las localidades rurales donde la reposición del servicio es más lenta”, comentó.
“El robo de cables afecta a gran parte de las regiones de nuestro país y una de las regiones emblemáticas en esta materia es la Región de Coquimbo, a la que yo represento. Por eso he propuesto realizar una comisión especial investigadora para analizar este caso, el que ya está disponible en la oficina virtual y que hoy día de manera transversal afecta a muchas localidades, muchas de ellas rurales en donde no están llegando las policías ni tampoco el Ministerio Público, para continuar la investigación”, expresó el parlamentario Víctor Pino.
El legislador del Partido Demócratas destacó la vulnerabilidad de las comunidades rurales que, debido a su lejanía, enfrentan largos periodos sin electricidad cuando ocurre el robo de cables. “Durante horas se quedan sectores sin electricidad, afectando la calidad de vida de los habitantes de localidades como La Higuera, Punitaqui, Río Hurtado por nombrar algunas de mi región de Coquimbo. Se trata de un delito transversal, que no reviste color político, y que nos afecta a todos por igual”, señaló Pino.
Además, Víctor Pino subrayó la importancia de crear una comisión para abordar este problema de manera más efectiva. “Espero que podamos avanzar también en mi propuesta de crear una Comisión Especial Investigadora, por el robo de cables, y trabajarlo con las autoridades desde el nivel central. Llevo meses buscando apoyo para generar esta instancia sin respuesta alguna y lamentablemente ya se han detectado verdaderos carteles que funcionan en torno al robo de cables, y que incluso en el mes de septiembre del año pasado se pudo descubrir una operación de 33 individuos que transportaban el alambre de cobre procesado, a partes de Asia a través de los puertos de Chile”, explicó el parlamentario.
El diputado Víctor Pino hizo un llamado a la acción inmediata para enfrentar esta problemática y garantizar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos. “Es fundamental que el Estado esté presente y no haga la vista gorda. Pese a que los afectados por estos robos son empresas privadas, son las personas las que terminan pagando las consecuencias con un deterioro en su calidad de vida, al igual que los efectos negativos para las economías locales. Por eso, se necesita que las policías, la fiscalía y el Ministerio del Interior trabajen de manera coordinada en la búsqueda, desmantelamiento y detención de estas bandas organizadas”.
Este delito es un problema creciente que afecta significativamente a la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del país, causando interrupciones en los servicios y pérdidas económicas considerables. Esta problemática no es exclusiva de Chile, sino que se presenta en numerosos países alrededor del mundo, cada uno de los cuales ha adoptado diversas estrategias para abordarla.
Algunos casos de éxito a nivel mundial
En Estados Unidos, por ejemplo, se ha implementado legislación estricta que obliga a los recicladores de metales a mantener registros detallados de las transacciones y verificar la identidad de quienes venden cables, además de prohibir el pago en efectivo para estas transacciones. Asimismo, las autoridades estadounidenses colaboran estrechamente con recicladores legales para identificar y denunciar operaciones sospechosas, complementando estas medidas con campañas de concientización pública sobre los efectos negativos del robo de cables y la importancia de denunciar actividades sospechosas.
En el Reino Unido, se ha introducido tecnología de marcado de metales, como SmartWater y RedWeb, que aplica una solución rastreable a los metales, lo que ha demostrado ser efectivo para disuadir el robo, permitiendo a la policía rastrear el origen del metal robado. Adicionalmente, la policía británica ha incrementado las inspecciones en los centros de reciclaje de metales para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y ha aumentado las sanciones para quienes roben, posean o vendan metal robado, incluyendo multas sustanciales y penas de cárcel.
En Sudáfrica, se han formado unidades policiales especializadas para responder rápidamente a los incidentes de robo de cables, se ha cooperado internacionalmente para compartir información y técnicas de prevención, y se ha invertido en infraestructura más resistente al robo, como el enterramiento de cables y el uso de materiales alternativos.
Australia ha implementado programas de compra responsable que obligan a los compradores de chatarra a verificar la procedencia de los metales que compran y a mantener registros detallados, además de instalar cámaras de seguridad en áreas vulnerables y monitorear remotamente las redes eléctricas y de telecomunicaciones para detectar robos en tiempo real, trabajando también en iniciativas comunitarias para vigilar y reportar actividades sospechosas.
En España, se ha prohibido el pago en efectivo en las transacciones de metales para rastrear más fácilmente las ventas y reducir el mercado negro, se han implementado sanciones administrativas para los recicladores que no cumplan con las regulaciones y se han lanzado campañas educativas dirigidas tanto al público general como a los trabajadores de reciclaje para sensibilizar sobre las consecuencias del robo de cables y la importancia de la legalidad en la compra y venta de metales.
Estas medidas han demostrado ser efectivas para combatir el robo de cables y ofrecen valiosas lecciones que Chile puede considerar e implementar. Además, enfrentar el robo de cables conlleva múltiples beneficios, como la mejora de la seguridad pública al reducir las interrupciones en servicios críticos, el ahorro económico al evitar costos significativos en la reparación y reemplazo de infraestructuras dañadas, la mayor confiabilidad en los servicios al garantizar la integridad de las infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, y la protección del medio ambiente al promover un reciclaje más responsable y proteger el medio ambiente de prácticas de reciclaje ilegales y dañinas.
La experiencia de otros países muestra que un enfoque multifacético que combine medidas legislativas, tecnológicas, colaborativas y comunitarias es esencial para enfrentar eficazmente el problema del robo de cables en Chile.
