Por: Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño e Innovacion Sostenible
La propuesta del presidente Gabriel Boric de construir cárceles de máxima seguridad en el área de Rondizzoni en Santiago ha generado un intenso debate en la esfera pública y profesional, especialmente entre aquellos de nosotros en la arquitectura y la planificación urbana.
Como arquitecta especializada en permisología, reconozco la complejidad de este tema, que se encuentra en la intersección de la seguridad nacional, los derechos humanos y la planificación urbana. La referencia al artículo 5.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) es particularmente pertinente, ya que este artículo regula los permisos de edificación, un aspecto crucial en la realización de proyectos de infraestructura tan significativos.
La modificación de los planes reguladores para facilitar la construcción de estas instalaciones penitenciarias plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos humanos. La capacidad de actuar con rapidez para mejorar las condiciones carcelarias es, sin duda, imperativa para garantizar los derechos fundamentales de los internos y para reducir la reincidencia. Sin embargo, estas acciones no deben tomarse a expensas de una planificación urbana cuidadosa y considerada, que tenga en cuenta el bienestar a largo plazo de las comunidades y el desarrollo sostenible de la ciudad.
El congelamiento de terrenos y la alteración de los planes urbanísticos pueden tener consecuencias no deseadas, como el deterioro de la planificación a largo plazo y la posible estigmatización de las comunidades cercanas a estos centros penitenciarios. Es esencial que cualquier cambio en la planificación urbana se realice con una visión holística y participativa, que considere las voces de los ciudadanos y respete el tejido social y urbano existente.
Además, la expansión de las funciones de la Gendarmería de Chile para combatir el crimen organizado debe ser transparente y estar sujeta a rendición de cuentas. Es crucial que el fortalecimiento de la seguridad no se traduzca en una erosión de las libertades civiles. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza pública y asegurar que las medidas de seguridad no socaven los principios democráticos y de derechos humanos que son fundamentales para nuestra sociedad.
En este contexto, la ley 21.636, que permite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos proponer modificaciones a los planes reguladores para la construcción o ampliación de establecimientos penitenciarios, es un ejemplo de cómo la legislación puede facilitar respuestas rápidas a problemas urgentes de seguridad pública. Sin embargo, esta ley también subraya la importancia de proceder con cautela y consideración por los impactos a largo plazo en las comunidades y en la estructura urbana de nuestras ciudades.
La decisión de construir nuevas cárceles de máxima seguridad es, por lo tanto, más que una cuestión de política penitenciaria; es una cuestión de política urbana y social. Debe ser abordada con un enfoque integral que considere todas las implicancias y que busque el equilibrio entre la seguridad, la justicia y el desarrollo sostenible. Como profesionales dedicados a la configuración del espacio urbano, tenemos la responsabilidad de participar activamente en este debate y de abogar por soluciones que reflejen los valores de nuestra sociedad y que promuevan un futuro más justo y seguro para todos.
