La UF ya está muy cerca de los $40 mil y su trayectoria depende del IPC. el Banco Centralentregó el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año y espera una inflación cercana al 4% anual, esto debido al alza de los combustibles; y las tasas de créditos hipotecarios se hanmantenido estables en torno al 4,1%.
El tiempo que dure la guerra, el choque energético y cuánto se traspasa al consumidor final son variables que también inciden en la presión inflacionaria. Si bien la rebaja por la eliminación del IVA en las viviendas podría ser menor a lo esperado, entre el 2% y 4%, el anuncio ya está congelando decisiones.
El punto es generar más certezas que indecisiones. Si tienes financiamiento aprobado y necesitas vivienda hoy -no en seis meses más-, el riesgo operativo de esperar no es solo el precio: es la UF y la tasa. Si estás en etapa temprana y tu compra depende de la rebaja tributaria, entonces sí: espera la letra chica, pero es probable en que el descuento podría no ser del 19%.
Para los inversionistas los arriendos en UF protegen contra la inflación, pero la rentabilidad real depende de la ocupación y del mercado del arrendatario. En cuanto a costo de vida, tu mejor amigo no será la UF, sino una buena selección de activo (demanda sólida) y un análisis conservador de la vacancia.
Esta es una ventana para explicar por qué, con datos y condiciones. En 2026, el mercado ya no premia la certeza, premia la lucidez. Y esa lucidez hoy es: la UF no sube por nerviosismo, sube por IPC; y el IPC, por ahora, lo está manejando el petróleo.
En el marco de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción, el gremio escogió el proyecto Terrazas del Bicentenario que desarrolla el grupo para esta festividad.
La iniciativa de integración social Terrazas del Bicentenario, que levanta el grupo constructor-inmobiliario Boetsch- fue el escenario elegido este 2026 para saludar a los trabajadores de la construcción en su día.
La actividad, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), contó con la presencia de los recién asumidos ministros del Trabajo, Tomás Rau, y de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín; representantes de la asociación gremial, encabezados por su presidente, Alfredo Echavarria; otras autoridades sectoriales, y ejecutivos de la compañía.
Durante la ceremonia, realizada en el marco de los 75 años de existencia de la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó -en representación de los más de 720 mil trabajadores del sector- un reconocimiento a dos colaboradores de Boetsch, destacando su esfuerzo, compromiso y el aporte fundamental que realizan al desarrollo del país.
En ese sentido, el ministro Rau indicó que “en proyectos como este en Cerrillos, lo que ustedes hacen es muy significativo. Porque aquí, ladrillo a ladrillo, muro a muro, no se están construyendo solo departamentos. Aquí también se están encumbrando sueños y por supuesto también se construyen hogares. Hogares donde niños van a crecer y familias van a proyectarse”, mencionó.
El secretario de Estado valoró también -en su día- la labor de los trabajadores del sector y remarcó la importancia que tiene esta actividad para el país. “La construcción cumple un rol clave en nuestra economía. Representa cerca de un 7,6% del empleo total del país y es un motor fundamental para la creación de puestos de trabajo”.
En tanto, la ministra Marín aprovechó la instancia para hablar de la importancia que ha tenido este rubro en la incorporación femenina en empleos históricamente masculinizados, relevando el empleo femenino como un eje gubernamental.
Terrazas del Bicentenario
Corresponde a una iniciativa de integración social que se emplaza en un terreno de 1,7 hectáreas, de los cuales cerca de 2.350 metros cuadrados son áreas verdes.
Terrazas del Bicentenario considera 1.008 viviendas distribuidas en siete edificios de hasta 16 pisos. Todo esto, acompañado de amenidades tales como espacios co-work, quinchos, juegos infantiles, zona fitness al aire libre, gimnasio y bicicleteros.
“Proyectos como éste, impulsado por el Serviu Metropolitano, debiesen ser el estándar que guíe la política habitacional. Viviendas de alta calidad, con áreas verdes y con espacios donde se pueda hacer familia, comunidad y recrearse sanamente. Con excelentes accesos, ubicación inigualable y equipamientos públicos y privados bien planificados e incorporador. Somos una empresa que trabajamos para cumplir sueños que trasciendan vidas”, asegura Rodrigo Boetsch, Gerente General Corporativo de la empresa.
Por: Rudighert Schalchli, Business Owner de ICONSTRUYE.
La industria de la construcción ha avanzado con fuerza en digitalizar el control de obra, el abastecimiento y la planificación de proyectos. Sin embargo, la gestión financiera sigue operando, en muchos casos, con lógicas manuales que contrastan con la complejidad y el volumen de recursos que mueve el sector. En una industria intensiva en capital, este rezago no es solo operativo, es estratégico.
El Open Banking no debe entenderse como una tecnología disruptiva, sino como un cambio de paradigma. Y es que parte de una premisa simple: los datos financieros pertenecen al usuario y este debe poder compartirlos, de forma segura y autorizada, con los sistemas que estime convenientes. Aplicado a la construcción, esto permite conectar directamente bancos con plataformas de gestión, eliminando procesos mecánicos y reduciendo riesgos.
Hoy, muchas constructoras aún destinan equipos completos a descargar saldos bancarios, consolidarlos en Excel y generar reportes que, cuando llegan a gerencia, ya están desactualizados. Lo mismo ocurre con los pagos de nómina y proveedores, que suelen gestionarse mediante archivos o planillas cargadas manualmente al banco. Estos procesos no solo son ineficientes, sino que abren brechas relevantes de seguridad y fraude por alteraciones de último minuto.
El modelo Open Banking permite revertir este escenario. La visibilidad inmediata de saldos y flujos facilita la planificación de liquidez, la inversión de excedentes de corto plazo y la priorización de pagos críticos cuya demora puede paralizar una obra. También fortalece la seguridad transaccional al eliminar la intervención humana en la carga de datos y mejora la gestión de cobranza e ingresos inmobiliarios.
Pero las barreras existen. Hay resistencias institucionales, falta de estándares técnicos y temores laborales asociados a la automatización. Lo cierto es que confundir optimización operativa con perder control es un error, se trata de liberar a los equipos de tareas repetitivas para enfocarlos en análisis, planificación y control.
La construcción ya entendió el valor de digitalizar la obra. El desafío pendiente es hacer lo mismo con la caja. En un sector donde cada día cuenta, la información financiera en tiempo real dejó de ser un lujo y pasó a ser una necesidad.
Una nueva controversia se abrió en medio del proceso de reconstrucción en el sector El Olivar, en Viña del Mar, luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunciara una investigación por el lento avance de las obras y eventuales irregularidades.
La autoridad, tras realizar visitas a terreno, aseguró haber detectado faenas con escaso movimiento, presencia reducida de trabajadores y posibles incumplimientos por parte de las empresas a cargo. En ese contexto, advirtió que se evaluarán sanciones e incluso la posibilidad de impulsar una comisión investigadora en el Congreso.
“Vamos a tomar las medidas más duras que sean necesarias”, afirmó el titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que el proceso será revisado por instancias internas de la cartera.
Vecinos descartan irregularidades
Sin embargo, desde el propio sector surgieron versiones que contradicen el diagnóstico del Ejecutivo. Vecinos de El Olivar aseguraron que la empresa cuestionada fue elegida por ellos mismos, descartando que haya existido una imposición.
“Nosotros elegimos a esta constructora”, indicaron, destacando mejoras en las viviendas proyectadas en comparación con las anteriores.
En esa línea, atribuyeron la polémica a un “malentendido” y señalaron que intentaron explicar su postura directamente a la autoridad durante su visita.
Empresa apunta a confusión
Desde la firma a cargo de las obras también descartaron irregularidades y señalaron que la situación responde a una confusión. Según indicaron, han cumplido con los procedimientos establecidos y participaron en instancias de revisión junto a equipos técnicos.
Estas reuniones, detallaron desde el ámbito técnico, abordaron aspectos como el avance de obras, contratos, marcos financieros y garantías.
Pese a la controversia, hasta ahora no se han entregado cifras oficiales detalladas sobre el estado de avance de la reconstrucción ni sobre eventuales sanciones, lo que mantiene abiertas las dudas respecto del proceso.
El caso se da en el contexto de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la zona, uno de los procesos habitacionales más relevantes en la región.
De esta forma, mientras el Gobierno apunta a eventuales responsabilidades, desde el territorio defienden el proceso, en un escenario marcado por versiones contrapuestas y a la espera de los resultados de la investigación anunciada.
Por: Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp, empresa chilena con 50 años de experiencia en climatización.
El mundo avanza rápidamente hacia la electrificación de múltiples sectores: transporte, calefacción y producción de calor industrial. Este cambio no es casual. La electrificación trae una serie de beneficios estructurales para las economías modernas.
En primer lugar, permite reducir el consumo de combustibles fósiles, disminuyendo la contaminación y las emisiones. En segundo lugar, genera un suministro energético más estable, menos expuesto a la volatilidad internacional de precios. Finalmente, permite a los países reducir su dependencia de fuentes externas de energía, como el gas o el petróleo importado.
Tecnologías como los vehículos eléctricos o las bombas de calor dependen directamente de contar con electricidad competitiva para desplegarse de forma masiva.
Chile, al menos desde el punto de vista de recursos naturales, tiene condiciones excepcionales para lograrlo.
Chile: potencia renovable, pero con tarifas altas
Chile cuenta hoy con algunas de las mejores condiciones del mundo para producir energía renovable. La radiación solar del desierto de Atacama y el potencial eólico de diversas zonas del país han permitido una rápida expansión de estas tecnologías.
Esto ha reducido de forma significativa el costo de generar electricidad. Sin embargo, ese beneficio no siempre se refleja en las cuentas finales que pagan hogares y empresas.
De hecho, el debate sobre el precio de la electricidad sigue plenamente vigente. Durante 2026 el país enfrenta nuevos ajustes tarifarios asociados al proceso de normalización de precios eléctricos iniciado tras el congelamiento aplicado durante la pandemia. Entre los cambios considerados para este año se contempla un nuevo aumento promedio cercano al 2% en las cuentas residenciales, lo que para un hogar promedio equivale aproximadamente aunos $800 adicionales mensuales, dependiendo del nivel de consumo.
A esto se suma la discusión sobre un cargo fijo adicional cercano a $1.450 mensuales por hogar durante los próximos cuatro años, destinado a cubrir parte de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras durante el periodo de congelamiento tarifario.
El desafío pendiente es asegurar que ese potencial se traduzca en tarifas accesibles, permitiendo que la transición energética beneficie realmente a los consumidores.
La pregunta entonces es inevitable: ¿Por qué Chile sigue rezagado en tarifas eléctricas?
Un sistema tarifario diseñado para otra realidad
Chile ha logrado desarrollar uno de los sistemas más competitivos del mundo en generación renovable. Sin embargo, la estructura tarifaria heredada de décadas anteriores no siempre permite que esas reducciones de costo se transmitan completamente al consumidor final.
La cuenta eléctrica incluye varios componentes, no solo el costo de generar electricidad.
Componente
Peso aproximado
Energía
35–45%
Transmisión
15–20%
Distribución
30–40%
Cargos varios
5–10%
Esto significa que aunque el costo de producir electricidad baje, la tarifa final puede seguir aumentando si los costos de redes o cargos regulados crecen.
Mientras tanto, algunos países con matrices energéticas comparables —o incluso con menor penetración renovable— han logrado tarifas finales más bajas, en parte gracias a estructuras tarifarias diferentes o a sistemas de redes con menores cargos.
¿Es posible reducir las tarifas eléctricas?
Modificar un sistema eléctrico es complejo. Las redes requieren inversiones de largo plazo y los contratos regulatorios deben ofrecer estabilidad para atraer capital.
Aún así, diversos expertos coinciden en que existen oportunidades de mejora, entre ellas:
Revisar los mecanismos de remuneración de redes eléctricas para reforzar incentivos de eficiencia;
Mejorar la planificación de transmisión para reducir congestiones y vertimientos de energía renovable;
Avanzar hacia señales tarifarias más dinámicas que reflejen mejor la disponibilidad de energía barata en ciertas horas del día.
Por último una idea más disruptiva sería eliminar parte del IVA o cargos regulatorios a la cuenta de luz, los cuales comprenden hasta un 29% de la cuenta de la luz.
El desafío es encontrar un equilibrio entre estabilidad regulatoria, eficiencia económica y acceso a electricidad competitiva para los consumidores.
Electrificación eficiente: una oportunidad concreta para los hogares
A pesar de los desafíos estructurales del sistema eléctrico, la electrificación ya está generando beneficios concretos para los usuarios que adoptan tecnologías eficientes.
Según expertos del sector de climatización eléctrica eficiente como Kaltemp, la clave no está sólo en el precio de la electricidad, sino también en cómo se utiliza esa energía. La electrificación eficiente permite consumir menos energía para lograr el mismo resultado. Incluso con tarifas más altas, muchas tecnologías eléctricas modernas generan ahorros significativos frente a sistemas tradicionales.
Un ejemplo claro son las bombas de calor para agua caliente sanitaria. Aunque el precio de la electricidad haya aumentado en los últimos años, estos equipos pueden ser hasta un 50% más eficientes que un calefón a gas, lo que permite recuperar la inversión en muchos casos en menos de dos años.
Algo similar ocurre con los calefactores inverter, que pueden reducir el consumo eléctrico en torno a un 30% frente a equipos tradicionales on/off, ofreciendo además calefacción limpia y sin emisiones locales dentro del hogar.
También existen tecnologías como las estufa far infrared, capaces de calefaccionar superficies mayores utilizando la misma potencia eléctrica que estufas convencionales.
Mirando hacia adelante
Construir un sistema eléctrico competitivo que permita masificar la electrificación en Chile no es sencillo. Requiere ajustes regulatorios, planificación de infraestructura y estabilidad para atraer inversión. Sin embargo, existen señales positivas.
La expansión de paneles fotovoltaicos domiciliarios, programas de subsidios para tecnologías eficientes, y el avance constante de nuevas soluciones eléctricas cada vez más accesibles pueden acelerar esta transición.
Experiencias internacionales —como los programas de incentivos a bombas de calor en países como Australia o Europa— muestran que es posible avanzar hacia sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.
Chile tiene el potencial para hacerlo. El desafío ahora es alinear el sistema eléctrico, la regulación y la tecnología para que la electrificación beneficie realmente a los consumidores.
El estudio advierte la magnitud de las ocupaciones irregulares en el país, donde la mayoría de los terrenos corresponde al Estado, evidenciando desafíos urgentes en materia de gestión territorial, control y recuperación de suelos fiscales.
Un reciente estudio de la oficina de urbanismo Atisba Monitor reveló la magnitud de las megatomas en Chile, evidenciando un escenario complejo para la gestión territorial del Estado. Según la investigación, las 34 mayores ocupaciones irregulares del país abarcan más de 200 mil hectáreas, de las cuales un 75% corresponde a terrenos fiscales.
El informe adquiere especial relevancia en un contexto donde el Gobierno ha manifestado la urgencia de recuperar estos espacios y darles un uso legal y público. En esa línea, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, aseguró que actualmente se está desarrollando un catastro actualizado de los inmuebles fiscales con ocupación irregular.
“Estamos actualizando los antecedentes sobre terrenos e inmuebles fiscales con ocupación irregular, para determinar su situación jurídica y el grado de control efectivo del Estado”, señaló la autoridad. Asimismo, indicó que ya se han iniciado reuniones con distintas organizaciones y actores territoriales con el objetivo de abordar el problema y avanzar en soluciones concretas.
Una vez finalizada esta etapa, el Ministerio proyecta iniciar acciones judiciales para recuperar los terrenos, en coordinación con los organismos correspondientes.
Desde Atisba Monitor, su directora ejecutiva, Caroline Iribarne, explicó que la alta proporción de terrenos fiscales en estas ocupaciones responde, en parte, a la amplia disponibilidad de suelo estatal.
“En su minuto, el déficit habitacional y la presión migratoria llevaron a que muchas personas buscaran soluciones informales vía usurpaciones”, afirmó.
En cuanto a los desafíos que enfrenta el Estado, Iribarne advirtió que no se trata únicamente de atribuciones legales, sino de capacidades operativas y tecnológicas. En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar catastros georreferenciados apoyados en imágenes satelitales, que permitan monitorear en tiempo real las modificaciones en el uso del suelo.
“Hay un desafío tecnológico importante en el resguardo de estos terrenos”, puntualizó.
Respecto a los plazos, la experta estimó que un catastro completo podría realizarse en aproximadamente seis meses. Sin embargo, advirtió que los procesos de recuperación serán más extensos, debido a la consolidación de algunas tomas y a la presencia de redes delictuales en ciertos sectores.
Casos como los registrados en Antofagasta, Cerrillos o en el camino a Melipilla evidencian la complejidad del fenómeno. “Intervenir estos territorios requiere desactivar redes delictuales, de lo contrario pueden generarse situaciones de violencia, como ya ocurrió en San Antonio”, concluyó.
Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la humedad, especialistas advierten sobre la necesidad de ajustar las rutinas de aseo en el hogar para prevenir alergias y mejorar la calidad del aire en espacios interiores.
El otoño no solo marca un cambio en el clima, sino también en la forma en que habitamos nuestros espacios. A partir del 20 de marzo, la disminución de las temperaturas y la tendencia a mantener puertas y ventanas cerradas generan un escenario propicio para la acumulación de polvo, humedad y otros agentes que pueden afectar la salud respiratoria.
De hecho, según un estudio realizado por Cadem y Aramark en 2025, uno de cada cinco chilenos declara padecer algún tipo de alergia, una cifra que se vuelve especialmente relevante en esta época del año.
El problema no es menor. Durante el otoño, el aumento de la humedad ambiental favorece la proliferación de ácaros y microorganismos, especialmente en superficies textiles como alfombras, cortinas o tapices. A esto se suma la suciedad que ingresa desde el exterior, como hojas, tierra o polvo, transportados a través de zapatos, ropa o mascotas.
“Los hogares requieren una mayor frecuencia de limpieza y ventilación para evitar la acumulación de partículas que pueden afectar tanto la higiene del ambiente como la salud respiratoria”, explica Carlos Schilling.
Zonas críticas dentro del hogar
No todos los espacios se ven afectados de la misma manera. Según el especialista, existen puntos clave donde la suciedad tiende a concentrarse con mayor facilidad. Por ejemplo, entradas y pasillos, donde se deposita la suciedad proveniente del exterior, alfombras y tapetes, que retienen polvo fino, hojas y pelos. Sectores cercanos a ventanas o balcones, expuestos al ingreso de tierra por el viento y espacios bajo muebles, donde el polvo se acumula cuando la limpieza es menos frecuente.
La falta de mantención en estas áreas no solo deteriora las superficies, sino que también favorece la presencia de ácaros, bacterias y malos olores.
Ajustar la rutina: una necesidad estacional
A diferencia del verano, donde la ventilación natural es constante, en otoño las dinámicas cambian. Las familias pasan más tiempo en interiores, lo que obliga a replantear las rutinas de limpieza.
Entre las recomendaciones más relevantes destacan aumentar la frecuencia de aspirado, especialmente en alfombras y pisos. Ventilar diariamente los espacios, aunque sea por breves periodos. Priorizar la limpieza en zonas de alto tránsito como living, cocina y accesos. Controlar la humedad para evitar la proliferación de microorganismos.
En este contexto, el uso de tecnologías como aspiradoras inteligentes o robots de limpieza ha ganado terreno, ya que permiten eliminar partículas finas de manera más eficiente que métodos tradicionales.
“Estos equipos cuentan con sistemas de succión de alta potencia y filtros avanzados que capturan polvo fino, pelos de mascotas y otras partículas microscópicas”, añade Schilling.
Errores frecuentes
Uno de los principales problemas, advierten los expertos, es mantener las mismas rutinas de limpieza que en verano. Reducir la ventilación, no aumentar la frecuencia de aseo o ignorar zonas críticas son prácticas comunes que pueden agravar la acumulación de alérgenos.
La clave, entonces, está en adaptarse. Porque más allá del orden, la limpieza en otoño se transforma en una herramienta esencial para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida dentro del hogar.
La Reforma Previsional ya mejora las pensiones, pero expertos advierten que la falta de planificación con APV, seguros y edad de jubilación limita su impacto.
Desde enero 2026 entraron en vigencia tres beneficios fundamentales de la Reforma Previsional que transforman el sistema de pensiones chileno: el Beneficio por Años Cotizados (0,1 UF por año con tope 2,5 UF para hombres con 20 o más años y mujeres con 10 o más años cotizados), la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para mujeres 65+ años (mínimo 0,25 UF mensual), y el aumento gradual de la PGU a $250.000 (desde septiembre 2026 para mayores 75 años).
Sin embargo, Alfredo Cruz & Cía. advierte que es importante que los cotizantes puedan comprender cómo estos beneficios se articulan con su ahorro previsional obligatorio, APV, seguros de invalidez, y estrategia de jubilación, generando decisiones descoordinadas que reducen el impacto patrimonial acumulado.
La Reforma no reemplaza la planificación individual: la potencia cuando se integra estratégicamente con las decisiones de ahorro, protección e inversión que cada persona debe tomar para maximizar su patrimonio previsional.
La consultora previsional de Alfredo Cruz & Cia, Bernardita Infante, explica que existen beneficios directos e indirectos dentro de esta reforma. Los beneficios directos son los que mejoran directamente las pensiones de manera automática como el beneficio por años cotizados y la compensación por Diferencias de Expectativa de vida, los cuales se pagan a partir de los 65 años desde enero pasado.
En cuanto a los beneficios indirectos se encuentra el pago de cotizaciones previsionales para las personas que están recibiendo seguro de cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
“La gente en general no tiene conocimiento absoluto sobre el sistema previsional. Se ha hecho un buen trabajo en informar los beneficios que tiene esta reforma (…) hay muchas personas que están cobrando sus beneficios previsionales, pero falta información en cómo sacarle mejor partido al sistema”, recalca Bernardita Infante.
Si bien resalta que estos beneficios generan un aumento importante en las pensiones, si advierte ciertos riesgos.
“Podría ocurrir que, al recibir los beneficios, se desincentive la cotización obligatoria o hacer cotización voluntaria para tener un mejor fondo, ya que ahora este incremento en la pensión será financiado por el Estado. También hace ruido que, en la medida que el Estado le entregue fondos a una persona a través del bono por años cotizados o bono por diferencia de expectativas de vida, esto signifique una disminución en la PGU”, explica la experta.
En ese sentido puntualiza que no se informó que incorporar estos beneficios previsionales en la pensión base iba a significar una disminución de la PGU.
Agrega que, en cuanto al beneficio por años cotizados y el APV, “tal vez la persona que está pensando en cotizar como afiliado voluntario, puede ser que a futuro piense que le conviene cotizar asi por un monto menor, y la diferencia como cotización voluntaria o APV, ya que así mantiene la pensión base (pensión que se usa para determinar el requisito de la PGU) más baja”.
Respecto a integrar la compensación por expectativas de vida con la elección de la modalidad de pensión, Bernardita Infante resalta que actualmente no existe ninguna certeza de cuáles serán las tablas de mortalidad y cuáles van a ser las pensiones comparativas entre hombres y mujeres, y si van a ser equitativas o diferenciadas.
“No se sabe si la mujer que solicite el beneficio va a recibir el bono por diferencia de expectativa de vida y cuánto va a ser ese monto, por tanto, quizás las mujeres prefieran pensionarse a los 60 años y no a los 65, y tener liquidez sobre sus fondos desde ahí en adelante, porque el pensionarse cinco años antes permite liquidar hasta el 20% de su cuenta obligatoria y seguir trabajando. Eso lo pueden evaluar en el momento en que vayan a tomar la decisión”, dice la experta.
Tras el fallo judicial que acreditó irregularidades en la administración del club, la Fundación Defendamos la Ciudad planteó que las canchas sean gestionadas por el municipio de Iquique y que el recinto rinda homenaje al socio que impulsó la denuncia.
El caso del Club de Tenis Tarapacá continúa generando repercusiones a nivel nacional, luego de que la justicia dictara un veredicto condenatorio contra seis integrantes de su directorio, en un proceso marcado por la gravedad de los hechos investigados.
En ese contexto, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, propuso que, una vez recuperadas las canchas del recinto deportivo, estas sean administradas por la Municipalidad de Iquique.
La iniciativa no solo apunta a garantizar un uso público y transparente del espacio, sino que también incorpora un gesto simbólico: renombrar el club como “Manuel Palacios”, en reconocimiento al socio que impulsó la querella que permitió destapar el caso.
“El proceso se judicializó exclusivamente gracias a la iniciativa del tenista Manuel Palacios”, sostuvo Herman, destacando el rol clave que tuvo en la entrega de antecedentes y en la persistencia de la investigación.
El fallo judicial, según se indicó, logró acreditar una “administración desleal” por parte de los directivos involucrados, quienes habrían actuado con fines alejados del espíritu deportivo de la institución.
Desde la fundación recalcaron que esta propuesta busca no solo reparar el daño institucional, sino también reivindicar el valor del deporte como espacio comunitario, donde la transparencia y el acceso público sean principios fundamentales.
Herman, quien ha seguido de cerca el caso y ha visitado en diversas ocasiones la ciudad de Iquique, insistió en que la recuperación del recinto representa una oportunidad para devolver el club a la comunidad, bajo un modelo de gestión que priorice el interés colectivo.
Desde la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG), explican los principales cambios de la normativa que busca garantizar un estándar mínimo de protección para las comunidades.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio un paso clave en la regulación de los seguros para condominios al establecer criterios claros sobre cómo deben contratarse estas pólizas. La nueva normativa refuerza la obligación de contar con seguros colectivos contra incendio, diferenciando entre bienes comunes y unidades individuales.
El objetivo es proteger el patrimonio de los copropietarios, evitar vacíos de cobertura y asegurar que, ante un siniestro, la recuperación tanto de las viviendas como de los espacios comunes sea una prioridad.
Desde la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG) detallan los principales alcances de esta regulación y sus implicancias para los distintos actores de la comunidad.
¿Qué deben saber los copropietarios?
Uno de los cambios más relevantes es que los condominios deberán contar obligatoriamente con un seguro colectivo contra incendio que cubra los bienes comunes. Es decir, ya no basta con seguros individuales, sino que se establece una base mínima de protección compartida.
“Hoy la normativa exige una protección mínima para todos, lo que reduce riesgos financieros y conflictos posteriores entre vecinos”, explica María José Ibarra, vicepresidenta de ACOSEG.
Además, se busca eliminar las coberturas duplicadas. Esto significa que los residentes no deberán pagar dos veces por un mismo riesgo, especialmente en casos donde existe un crédito hipotecario. En este contexto, cada propietario podrá presentar su propio seguro, siempre que cubra el 100% del valor de reconstrucción y cumpla con la normativa vigente, para reemplazar el exigido por su entidad financiera.
Otro cambio relevante apunta al destino de las indemnizaciones. En caso de daños parciales por incendio, los recursos deberán destinarse prioritariamente a la reparación del inmueble y no al pago del crédito hipotecario.
“Este cambio pone el foco en la recuperación de la vivienda y la continuidad de la vida en comunidad, lo que es clave desde el punto de vista social y patrimonial”, agrega la especialista.
La normativa también redefine el rol de los administradores de condominios, quienes asumen una responsabilidad más activa. Entre sus funciones estará asegurar que el seguro colectivo esté vigente, correctamente contratado y que cumpla con todas las coberturas exigidas.
El rol de los Comités de Administración
Asimismo, deberán mantener informados a los copropietarios y coordinar la gestión del seguro en caso de siniestros. “La contratación del seguro deja de ser un trámite y pasa a ser una obligación legal con impacto directo en toda la comunidad”, enfatiza Ibarra.
Por su parte, los Comités de Administración tendrán un rol estratégico en la supervisión de la contratación del seguro colectivo. Su tarea será revisar coberturas, deducibles y montos asegurados, asegurando que la póliza se ajuste a las características reales del condominio y evitando escenarios de infraseguro.
Desde ACOSEG recomiendan que tanto comités como administradores cuenten con la asesoría de un corredor de seguros, quien pueda traducir la normativa en decisiones prácticas y garantizar una contratación adecuada.
