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Incremento del 30% en la demanda de Centros de Salud en la zona oriente de Santiago

Desde GPS Property comentan que clínicas están buscando oficinas de en promedio 2.000 m2.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La demanda por oficinas destinadas a centros de salud especializados en la zona oriente de la Región Metropolitana ha experimentado un crecimiento notable en los últimos meses.

Según datos proporcionados por la consultora GPS Property, en el último trimestre se ha registrado un aumento del 30% en las solicitudes de espacios de oficinas para clínicas y consultas médicas.

“Hemos identificado que las clínicas de especialidades privadas han estado activas en la búsqueda de inmuebles de hasta 2.000 m² en promedio”, explica Eduardo Escala, gerente comercial de GPS Property.

Este interés se concentra en áreas clave como la odontología, oftalmología, traumatología, estética y laboratorios, además de farmacias.

Escala señala que «hoy los usuarios están privilegiando atenderse en clínicas especializadas, que cubren necesidades de manera más inmediata», y que buscan ubicaciones estratégicas, cerca de avenidas con alto flujo vehicular y estaciones de metro.

Desde la consultora GPS Property destacan que este interés está vinculado a la reactivación del mercado de oficinas, especialmente en sectores como Apoquindo, Providencia, Lo Barnechea, El Bosque y Vitacura, donde se concentra gran parte de la demanda.

Nueva Ley de Parcelaciones: Impacto en el sector agrícola y habitacional en Chile

Este escenario ha llevado a la creación de parcelas en zonas carentes de infraestructura básica.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La nueva ley de parcelaciones en Chile, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, busca establecer directrices claras para el uso de terrenos rurales, diferenciando entre aquellos destinados a fines agrícolas y los que serán usados para desarrollos residenciales.

Esta normativa responde a la necesidad de regular un mercado que, por décadas, ha operado bajo un marco de excepciones que data de los años 80. Sin embargo, este nuevo enfoque trae consigo importantes desafíos y oportunidades tanto para el sector agrícola como habitacional.

Cecilia Fajardo, Gerente de Valoración y Consultoría de Transsa, explicó que durante años el proceso de subdivisión de terrenos rurales ha carecido de una planificación adecuada y de una regulación efectiva. «El proceso de subdivisión de terrenos rurales ha estado regulado por un marco normativo de excepciones que data de principios de los años 80, permitiendo la división de predios rústicos sin una planificación adecuada ni una regulación efectiva».

Este escenario ha llevado a la creación de parcelas en zonas carentes de infraestructura básica, como caminos, agua potable y electricidad, afectando negativamente tanto a los nuevos residentes como a las comunidades vecinas.

Con la entrada en vigor de esta nueva ley, es probable que los precios de parcelas y viviendas en áreas rurales aumenten. Según Fajardo, el establecimiento de estándares mínimos de infraestructura y habitabilidad incrementará los costos de desarrollo, pero al mismo tiempo elevará la calidad de los proyectos. «Esta mayor inversión también se traducirá en desarrollos más sostenibles y con mejores condiciones de vida, lo que podría atraer a compradores que busquen proyectos de mayor calidad y seguridad», comentó.

En términos del mercado inmobiliario, la normativa será una oportunidad para formalizar y clarificar los requisitos que deben cumplir los desarrolladores en zonas rurales. De acuerdo con Fajardo, «para el mercado inmobiliario formal, la ley es una oportunidad, ya que aporta claridad sobre los requisitos que deben cumplir los desarrolladores». Esto acercará al sector rural a la normativa urbana, promoviendo un desarrollo más ordenado y reduciendo la cantidad de proyectos irregulares.

Por otro lado, la ley también beneficiará a las comunidades agrícolas, protegiendo las actividades productivas en estas zonas. «La nueva ley protege las actividades productivas al restringir el uso de terrenos agrícolas únicamente para fines residenciales», afirmó Fajardo, lo que asegura un equilibrio entre las necesidades habitacionales y la preservación del uso agrícola de la tierra.

No obstante, la normativa presenta desafíos para pequeños productores, quienes deberán adaptarse a nuevas normativas para mantener sus actividades. Se espera que el gobierno implemente incentivo fiscales y apoyo adicional para garantizar que estos productores puedan operar de manera sostenible.

Desde una perspectiva habitacional, Fajardo concluye que el aumento en los precios de los terrenos podría limitar el acceso a parcelas más asequibles. Sin embargo, este encarecimiento estaría justificado por la mejora en las condiciones de infraestructura y calidad de los proyectos, lo que a largo plazo beneficiará a quienes elijan establecerse en áreas rurales. «Se espera que este aumento de precios esté justificado por la mejora en las condiciones de los proyectos y la infraestructura disponible», añadió.

En definitiva, la nueva ley de parcelaciones promete ser un avance en la regulación del uso de terrenos rurales en Chile, buscando un desarrollo más ordenado y sostenible, que beneficie tanto al sector agrícola como al habitacional.

Ley Karin y el cambio cultural, no podemos dejar a las empresas solas 

Por: Paula García de los Ríos, Socia de Gestión Social

La Ley Karin, inspirada en el caso de la técnico en enfermería Karin Salgado, quien se suicidó producto de maltrato y acoso en el trabajo, ha generado cambios importantes en el entorno laboral chileno, exigiendo a las empresas implementar protocolos para prevenir el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

Busca reforzar la responsabilidad de los empleadores en la protección de sus trabajadores y en su primer mes de implementación ha dado lugar a más de dos mil denuncias, principalmente en el sector privado. Este incremento refleja una mayor visibilización de hechos que antes pasaban desapercibidos o que no se denunciaban por la falta de mecanismos.

Sin embargo, el impacto de esta ley no se limita a cambios normativos, la nueva legislación apunta a un cambio cultural profundo dentro de las organizaciones, donde los líderes deben adoptar el rol de facilitadores de entornos inclusivos y empáticos. Además, obliga a los empleadores a ser proactivos en la implementación de protocolos preventivos que eliminen conductas abusivas.

Sin embargo, el sector privado no puede ser el único responsable de implementar estas transformaciones. El Estado tiene un rol clave que va más allá de la creación de leyes y reglamentos. También debe dar el ejemplo, no solo aumentando las exigencias, sino también aplicándolas de manera efectiva. No olvidemos que en 2022, la Superintendencia de Seguridad Social reveló que la frecuencia de las licencias médicas en el sector público fue casi tres veces superior en comparación con el privado e independientes. ¿Las razones? Salud mental, incluyendo el estrés laboral derivado de la sobrecarga de trabajo, el acoso laboral y las malas condiciones en los entornos laborales.

En un contexto donde la crisis institucional y moral ocupa la agenda pública, es crucial reflexionar el papel del mundo empresarial en generar un cambio de conciencia en sus trabajadores, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado en acompañarlos. La cultura del abuso y la corrupción está presente en diversos estratos socioeconómicos, colores políticos y organizaciones sociales. El «Caso Audios» nos recordó que el tráfico de influencias y la corrupción están profundamente arraigados en las instituciones del país.

Si realmente queremos reducir las inequidades y frenar los abusos de poder, debemos fomentar una cultura de respeto y honestidad desde las bases de la sociedad. Esto requiere un compromiso firme de todos los actores sociales para educar y formar a las personas en valores que promuevan el respeto mutuo y la justicia.

Las empresas deben crear políticas transparentes y contar con canales efectivos de denuncia, pero no se les puede cargar todo el peso de la transformación cultural. Las familias, las instituciones educativas y el propio Estado tienen un rol fundamental en el desarrollo de estos valores, para forjar así, ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades. Solo un esfuerzo colectivo podrá generar los cambios necesarios para enfrentar los desafíos que enfrenta Chile en el largo plazo.

La Ley Karin es un paso importante, pero solo el primero de muchos que debemos dar para enfrentar la crisis moral que atraviesa el país. El verdadero cambio sólo ocurrirá cuando todos los sectores, incluidos el Estado, se comprometan activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Nuevo Crédito Hipotecario a 40 años: ¿Es un instrumento conveniente?

La nueva alternativa de Coopeuch está dirigida específicamente a profesionales entre 27 y 37 años, marcando una tendencia que podría ser seguida por más instituciones del mercado.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El crédito lanzado recientemente por Coopeuch ha generado diversas reacciones en el mundo del mercado inmobiliario, al ser una nueva alternativa que busca facilitar el acceso a la vivienda propia en un contexto de altos precios inmobiliarios y elevadas tasas de interés.

La iniciativa, que comenzó a operar desde el pasado 30 de septiembre y establece requisitos específicos para sus beneficiarios, quienes deben ser profesionales con carreras de al menos ocho semestres y encontrarse en el rango etario entre 27 y 37 años, cuenta con un formato que, según expertos, no es una novedad.

Para Rodrigo Vásquez, asesor inmobiliario en Bet4Home, en lo relativo en qué debe fijarse la gente que opte a este crédito. El profesional plantea que “Se debe fijar principalmente en los años de apalancamiento (financiamiento) que la da la identidad financiera y la tasa de crédito otorgada para así entender si la cuota del dividendo la puede pagar o no, es importante recalcar que la carga financiera no debe superar el 25% del sueldo que se gane.

Ante la manera como debemos mirar este tipo de alternativas el mercado inmobiliario, Vásquez señala que, “Como una excelente alternativa que se suma a todas las posibilidades ya existentes, mientras más opciones de financiamiento tiene la demanda, ésta se estimula y actúa”, señala el profesional de Bet4Home.

«Este tipo de crédito no es completamente nuevo en el mercado chileno. De hecho, fue inicialmente introducido por BBVA aproximadamente en 2005, y actualmente está siendo ofrecido también por Santander. Ahora bien, este producto financiero, si bien representa una alternativa atractiva para quienes buscan acceder a su primera vivienda, conlleva importantes consideraciones que deben ser evaluadas cuidadosamente por los interesados», explica Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario.

La duda ante la pregunta si ¿es realmente conveniente?, los especialistas indican que los requisitos para acceder a este tipo de financiamiento son particularmente exigentes, considerando el extenso plazo de pago. Las instituciones financieras requieren que los solicitantes demuestren una sólida capacidad de pago y cumplan con estrictos criterios de evaluación, incluyendo aspectos relacionados con la salud, dado que las compañías aseguradoras establecen límites de edad para sus coberturas, generalmente hasta los 79 años.

“Se analiza caso a caso, no todos pueden optar al financiamiento a 40 años y se deben cumplir con lo que exige la entidad bancaria o mutuaria, además de la tasa de interés y el CAE, son datos que se deben analizar, pero sin duda mientras más plazo de pago se tiene, la cuota es más baja, el inmueble aumenta su plusvalía en el tiempo y como la cuota de dividendo es menor tiene mayor liquidez para destinarla al consumo u ahorro”, advierte Vásquez.

En esa línea, el experto recomienda evaluar cuidadosamente la conveniencia de optar por un plazo tan extenso, es decir, realizar un análisis comparativo que revela que, por ejemplo, para un crédito de 3.000 UF con un 15% de pie y una tasa del 5%, la extensión del plazo de 30 a 40 años implica un encarecimiento aproximado de 30 millones de pesos en el costo total del crédito. “Mientras que la reducción en el dividendo mensual es de solo 48 mil pesos, en comparación con uno a 30 años», indica Cristián Martínez.

A pesar de lo anterior, el experto valora esta nueva alternativa de financiamiento representa una opción adicional en el mercado hipotecario, especialmente relevante para inversionistas que busquen calzar el pago del dividendo con los ingresos por arriendo.

“En la medida de lo posible, es mejor preferir créditos a 30 años y, en caso de optar por el plazo de 40 años, considerar la posibilidad de refinanciar en el futuro para reducir el plazo y, consecuentemente, el costo total del crédito. Lo bueno, es que este producto podría marcar el inicio de una tendencia entre las instituciones financieras para desarrollar alternativas que faciliten el acceso a la vivienda propia”, esgrime el ejecutivo de Crece Inmobiliario.

Cabe señalar que los requisitos para optar a este tipo de crédito, se debe cumplir con lo siguiente; jóvenes entre los 27 y 37 años, contar con un título profesional, no ser propietario de ninguna propiedad, no estar en DICOM y tener 12 meses de continuidad laboral.

Proyectan que parque de autos eléctricos llegaría a 93.000 unidades en Chile al 2030

El estudio de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) destaca que al primer semestre 2024 nuestro país es el quinto con más vehículos de este tipo en América Latina con 6.184 unidades.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El parque de automóviles eléctricos en Chile podría llegar a 93.000 unidades en el año 2030, de acuerdo con proyecciones de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). La cifra significa dar un salto considerable en seis años, considerando que al primer semestre el total de vehículos livianos de este tipo llega a un poco más de 6.000.

En cuanto a la flota de buses de transporte público eléctricos, se estima que alcanzarían, también al 2030, del orden de 10.000 unidades, considerando Santiago y algunas regiones. Hoy circulan algo más de 5.000.

Para cubrir esta demanda -tanto en autos como buses- se requerirá una nueva capacidad instalada de energía renovable de 332 MW y una inversión que alcanzaría los US$ 300 millones.

En su nota técnica “Movilidad eléctrica en América Latina y El Caribe”, OLADE analiza la realidad de la región en materia de electromovilidad, destacando que entre enero y junio de 2024, Chile cuenta con un total de 3,2 vehículos livianos eléctricos por cada 10.000 habitantes registra Chile, ubicándose en el quinto lugar en América Latina. El ranking lo encabeza Costa Rica con 3,3, seguido de Uruguay con 17,4, Brasil y Panamá con 3,4.

“Para el caso de ALC como región, el indicador de número de automóviles eléctricos per cápita es de 3,8 unidades por cada 10.000 habitantes, lo que es un valor todavía bastante bajo comparado con el correspondiente a China (241,4), Europa (183) y EE.UU. (72,4)”, señala el secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo.

El primer semestre de 2024, en América Latina y el Caribe, circulaban 249.079 vehículos eléctricos livianos. Si bien en términos absolutos este es un parque vehicular todavía insignificante (0,3% respecto al total), con el incremento de la oferta, la baja de precios y los incentivos tributarios, ALC se perfila con gran potencial para el crecimiento en las ventas de autos 100% eléctricos.

Brasil lidera con 152.493 unidades, escoltado por México (36.887), Costa Rica (17.903), Colombia (14.407) y Chile (6.184).

“El parque de vehículos livianos que operan con electricidad ha crecido en los últimos 4 años (2020-2024) más de 14 veces y desde 2023 al primer semestre del 2024, se ha incrementado en un 60%, por lo que es probable que al terminar el año se haya duplicado”, afirma Rebolledo.

Las proyecciones más optimistas, indican que si se mantiene esa tendencia, en 2030 el total de automóviles de este tipo alcanzaría las 20 millones de unidades.

Chile, líder en buses y sus desafíos de la electromovilidad

Donde sí nuestro país anota un liderazgo incluso mundial es en el parque eléctrico de buses de transporte público. Después de China es el mercado donde mayor cantidad de estos vehículos circulan.

“En 2023, circulaban 5.084 buses eléctricos en América Latina. El ranking lo lidera Chile con 1.849 unidades, seguido de cerca por Colombia con 1.590. En el indicador per cápita (unidades/millón de habitantes), también lideran Chile y Colombia, seguido en tercer lugar por Uruguay”, detalla el informe.  

Aunque las ventajas de la electromovilidad como mecanismo de mitigación del cambio climático y mejora de las condiciones ambientales locales son evidentes, todavía existen barreras o desafíos de tipo tecnológico, logístico, financiero y regulatorio que es necesario superar para lograr un avance significativo y la masificación del uso de vehículos eléctricos en nuestra región.

En el caso de Chile, por ejemplo, cuenta con algunos mecanismos para promover la compra de este tipo de automóviles: exención de la restricción vehicular; incentivos en eficiencia energética, regulación de centros de carga y una estrategia nacional de movilidad eléctrica.

Sin embargo, a diferencia de otros países -como Costa Rica, México o Colombia- que han logrado una mayor penetración de la electromovilidad, no dispone de subsidio al valor de la compra; o exención del impuesto de importación y de pago en estacionamientos.

Inauguración de la primera casa impresa en 3D de Latinoamérica en Chile

La Casa Semilla estará abierta al público durante un año, brindando la oportunidad de conocer más sobre esta revolucionaria tecnología.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El pasado viernes, Chile celebró la inauguración de “Casa Semilla”, la primera vivienda impresa en 3D de Latinoamérica, ubicada en Concepción. Este innovador proyecto fue desarrollado por el grupo de manufactura aditiva de la Universidad del Bío-Bío (UBB) en un terreno de Inmobiliaria Aconcagua, en el barrio Torreones.

El Dr. Rodrigo García, codirector de esta iniciativa, destacó que la construcción de los muros de la casa se completó en un tiempo récord de 29 horas, y su instalación requirió únicamente dos mañanas de trabajo.

«Este es un proyecto de gran relevancia, que incluye la colaboración de la Universidad del Bío-Bío y el sector privado en pro de fortalecer el desarrollo de la industria de la construcción en Chile», agregó García.

La Casa Semilla no solo representa un avance en la construcción aditiva en el país, sino que también se plantea como una solución innovadora para abordar la creciente demanda de vivienda de forma rápida, sostenible y versátil.

La Dra. Angélica Caro Gutiérrez, vicerrectora de Investigación y Posgrado, subrayó que «es un aporte significativo para abordar el déficit habitacional, a través de una apuesta innovadora como lo es la construcción usando impresión 3D».

Este prototipo de vivienda se desarrolló gracias a varios proyectos financiados por ANID, incluyendo Fondequip EQM 210225, Exploratorio 13220156 y Fondecyt 1221730, con la participación activa de estudiantes de pre y posgrado. La iniciativa cuenta con el apoyo de empresas como Cementos Bío Bío, SIKA-Chile, Tienda MK, Ventanas Tehmco y Revestimientos Isolcork.

La Casa Semilla estará abierta al público durante un año, brindando la oportunidad de conocer más sobre esta revolucionaria tecnología que promete transformar las tendencias en el sector de la construcción.

Ximena Crestá, Consultora del Área de Project Management de Colliers: «Mercado de Coworks retoma su expansión»

“La arquitectura de los espacios de cowork destaca por los espacios multiuso y colaborativos, con instalaciones acogedoras, modernas, bien iluminadas y prácticas”, advierte la ejecutiva.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El auge de los espacios de coworking en América Latina ha sido notable en los últimos años, impulsado por el crecimiento de startups, la flexibilización del trabajo y la necesidad de espacios más dinámicos y colaborativos.

Países como México, Chile, Colombia y Perú han fomentado esta tendencia a través de políticas que apoyan a las empresas emergentes, combinando espacios de coworking con financiamiento y nuevas tecnologías. Las empresas como WeWork y Regus (IWG) lideran este mercado, representando el 54% y el 17% del espacio de trabajo flexible, respectivamente, pero también hay actores locales importantes como Hot Cowork e Impact Hub.

En México, por ejemplo, se espera que el coworking siga creciendo en 2024, debido a su capacidad para impulsar la innovación y la colaboración entre emprendedores y profesionales. La pandemia aceleró esta tendencia, con muchas empresas optando por arrendamientos más flexibles y la posibilidad de optimizar sus espacios de oficina, lo que ha aumentado la demanda de coworking en toda la región.

Esta evolución no solo responde a las necesidades de las startups, sino también a grandes corporaciones que buscan reducir costos y adaptarse a un entorno laboral más flexible y cambiante. Esto hace del coworking una opción atractiva tanto para pequeñas empresas como para grandes organizaciones que valoran la flexibilidad y la colaboración en un espacio compartido.

En junio de 2019, meses antes de la pandemia, la superficie total existente en la Región Metropolitana de Co Works -espacios de trabajo compartido que cuenta con diferentes servicios y amenidades- era de 66 mil m2.

En ese entonces se trataba de un mercado relativamente nuevo en el país, pero que se expandía con gran rapidez y tenía muy buenas proyecciones, pero llegó la pandemia. Los proyectos nuevos se cancelaron y las superficies ocupadas comenzaron a quedar vacantes.

Actualmente, con la pandemia totalmente superada, el mercado ha comenzado a tomar fuerzas nuevamente. De acuerdo a un reporte realizado por la consultora Colliers, la superficie de coworks se ha incrementado en 30% desde 2019, llegando a 86.379 m2, y las perspectivas de crecimiento son altas.

«Hoy existen más de 50 ubicaciones distribuidas en distintas comunas de la RM, siendo Las Condes quien lidera con un 50% de participación de mercado, le siguen Santiago Centro con 17%, Vitacura con 14% y Providencia con 6%», detalla el estudio.

De acuerdo a Ximena Crestá, Consultora del Área de Project Management de Colliers, “se trata de un mercado con excelentes proyecciones debido a que brinda un servicio que se adapta muy bien a la forma actual de trabajo, donde existe un alto número de emprendedores, trabajadores y freelancers que requieren un espacio cómodo para su labor diaria.

“La arquitectura de los espacios de cowork destaca por los espacios multiuso y colaborativos, con instalaciones acogedoras, modernas, bien iluminadas y prácticas”.

El análisis de Colliers detalla que el crecimiento de este mercado para los próximos meses debería seguir aumentando, incluso con mayor fuerza que lo ya registrado. “Hemos visto gran presencia de coworks en proyectos de oficinas próximos a ser recepcionados, lo que respalda y responde a la demanda actual.

Entre los principales operadores de cowork en Chile destacan WeWork, IF, Regus, Cowork Latam y Spaces, quienes han sabido adaptarse a la creciente demanda”, detalla Matías Bucci, Subgerente del Área de Estudios de Colliers.

MOP invierte más de 5 mil millones de pesos en obras de seguridad vial en la Región de Valparaíso

El seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme González destacó que se trata de una inversión que beneficia directamente a las comunidades rurales.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Una inversión que supera los 5 mil millones de pesos ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en la región de Valparaíso en obras de seguridad vial.

Se trata de obras en rutas aledañas a zonas de escuela y sectores poblados donde se ejecutan diversos trabajos de protección para automovilistas y peatones, como bandas reductoras de velocidad, resaltos, señalética y paraderos.

El seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme González destacó que se trata de una inversión que beneficia directamente a las comunidades rurales.

“Estas obras impactan directamente a las personas que viven en los sectores rurales de nuestra zona; a través de nuestra Dirección de Vialidad hemos avanzado en el mejoramiento de caminos en toda la Región de Valparaíso y ya tenemos el 94% de nuestros caminos con algún tipo de solución de pavimentación. Por ello, es necesario que estas rurales que han sido mejoradas tengan también elementos que permitan un transitar seguro de peatones y automovilistas”

“Estuvimos junto al subsecretario MOP, José Andrés Herrera en la Escuela La Frontera de Alicahue, en la comuna de Cabildo donde ejecutamos obras en la ruta E-445 para que los niños y niñas del establecimiento puedan transitar con seguridad; también estuvimos en la comuna de Quillota en el Colegio Cumbres de Boco, en la Ruta F364 donde también realizaremos obras de seguridad vial. En total estamos invirtiendo 5 mil 200 millones de pesos en las provincias de San Felipe, Petorca, San Antonio, Marga Marga, Quillota y Los Andes”, informó la autoridad de Estado.

Por su parte, Felipe Iturrieta Lazo, profesor encargado de la escuela La Frontera de Alicahue, destacó el desarrollo de los trabajos de seguridad vial, que, a su juicio, eran muy necesarios

“Ahora, con mucha felicidad, nosotros estamos celebrando que tenemos un paradero nuevo, que va a haber rejas de contención, reductores de velocidad, y con los mismos niños ya hemos notado el cambio de cómo pasan los vehículos. La comunidad entera celebra que se esté haciendo esta obra y estamos muy contentos y agradecidos, porque nos permite a nosotros resguardar la seguridad de nuestros niños, que son el tesoro más grande que tenemos”, explicó el profesor.

La Dirección de Vialidad ejecuta 10 contratos en las provincias de la Región que superan los 5 mil millones de inversión para seguridad en zonas de escuelas y poblaciones aledañas a las rutas.

La nueva configuración de la Planificación Territorial: Un enfoque desde la Permisología

Por: Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño en Innovación Sostenible

La reciente reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), promulgada el 10 de septiembre de 2024, y la entrada en vigencia del Decreto 33, que modifica el Decreto Supremo Nº 47 de 1992 en materia de caducidad de permisos de construcción, representan hitos relevantes para la normativa que regula el uso del suelo y el desarrollo territorial en Chile.

Estas modificaciones, en conjunto con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el plan regulador metropolitano, así como también los sectoriales, implican una reconfiguración significativa en los procedimientos de planificación territorial, especialmente en relación con la gestión de expropiaciones, servidumbres y permisos de construcción.

Desde la permisología, disciplina que optimiza la obtención de permisos en proyectos de desarrollo, es fundamental analizar cómo estos cambios normativos impactan los procesos de gestión y qué soluciones pueden ser implementadas para garantizar un desarrollo territorial eficiente, en conformidad con las disposiciones legales.

Modificación de la LGUC y su impacto en la Planificación Territorial

La LGUC es la normativa que establece los criterios para el uso del suelo y el desarrollo urbano y rural en Chile. La modificación de septiembre de 2024 busca mejorar la coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados, optimizando los procesos de planificación. No obstante, este marco legal plantea nuevos desafíos en lo que respecta a las expropiaciones y servidumbres, herramientas necesarias para viabilizar proyectos, pero que pueden generar conflictos entre los diferentes actores involucrados, incluyendo comunidades locales y propietarios de terrenos.

En este sentido, la modificación de la LGUC ha intentado hacer más transparentes los criterios y procedimientos en estos ámbitos, promoviendo la seguridad jurídica y el equilibrio entre el interés público y los derechos de los propietarios. Sin embargo, su implementación eficaz depende de una gestión estratégica de los permisos que considere no solo los aspectos normativos, sino también las dinámicas sociales y territoriales de los proyectos.

Decreto 33 y la caducidad de los Permisos de Construcción: Nuevas responsabilidades para los proyectos

Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Decreto 33 es la modificación a la OGUC en materia de caducidad de los permisos de construcción. El Decreto ajusta los plazos y condiciones bajo las cuales los permisos caducan si no se han iniciado las obras o si se interrumpe su ejecución por más de un cierto período. Este cambio introduce una mayor rigurosidad en el control del cumplimiento de los permisos otorgados, lo que impone nuevas responsabilidades tanto para las autoridades como para los titulares de los proyectos.

Desde la permisología, estos cambios implican la necesidad de una planificación más rigurosa y estratégica. La caducidad de los permisos puede impactar severamente en la viabilidad de los proyectos, especialmente en aquellos que dependen de largas fases de preparación y financiamiento. Por tanto, se hace indispensable gestionar los tiempos de manera óptima, asegurando que los proyectos avancen dentro de los plazos establecidos para evitar la pérdida de derechos adquiridos.

Además, el Decreto 33 refuerza la importancia de monitorear de manera continua el cumplimiento de las condiciones de los permisos, lo que exige una colaboración más estrecha entre las autoridades competentes y los titulares de los proyectos. Este monitoreo también contribuye a una planificación territorial más eficiente, permitiendo la adecuada utilización del suelo y evitando que terrenos permanezcan inactivos por extensos períodos, generando externalidades negativas para el entorno urbano o rural.

El rol estratégico de la permisología en lospProcesos de expropiación, servidumbre y caducidad de permisos

La permisología juega un papel clave en la articulación entre las normativas urbanísticas y las necesidades de los proyectos, especialmente en lo relacionado con las expropiaciones, servidumbres y la gestión de los permisos de construcción. Un enfoque integral y estratégico en esta disciplina permite anticipar desafíos y mitigar posibles conflictos mediante una gestión eficiente de los tiempos y procedimientos.

La entrada en vigor del Decreto 33 subraya la necesidad de adoptar una gestión proactiva y flexible. En este sentido, la permisología debe incorporar mecanismos de planificación anticipada, como el uso de tecnologías avanzadas de análisis territorial, las que aun se encuentran incorporadas a un nivel micro, tales como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la cual permite identificar con mayor precisión las áreas críticas para el desarrollo de los proyectos, minimizando los riesgos asociados a la caducidad de los permisos y a las expropiaciones.

Asimismo, es fundamental que la permisología promueva la colaboración efectiva entre las autoridades urbanísticas y los desarrolladores. Esto incluye no solo la correcta gestión de los plazos y las condiciones de los permisos, sino también la creación de mecanismos de participación ciudadana que permitan a las comunidades afectadas ser parte del proceso desde sus etapas iniciales. De esta manera, se fortalece la legitimidad de los proyectos y se facilita su implementación en los términos establecidos.

La planificación territorial y su articulación con los planes reguladores y sectoriales

Los planes reguladores, tanto metropolitano como comunales, y los planes sectoriales, siguen siendo herramientas esenciales para la ordenación territorial. Estos planes definen las directrices que deben seguir los proyectos de infraestructura y construcción, asegurando la coherencia con los objetivos de desarrollo urbano y rural del país.

La permisología debe articularse estrechamente con estos instrumentos, asegurando que los proyectos cumplan con las disposiciones establecidas en los planes reguladores y sectoriales. En este contexto, es clave gestionar de manera eficiente los permisos para que los proyectos puedan avanzar sin contratiempos y dentro de los plazos definidos por la normativa vigente, evitando así la caducidad de los permisos.

Como reflexión final defino la Permisología como un pilar fundamental en la Planificación Territorial, toda vez que mediante la modificación a la LGUC y el Decreto 33, introduce cambios en la OGUC en materia de caducidad de permisos, suponen una oportunidad para reestructurar los procesos de planificación territorial y la gestión de permisos en Chile. Desde mi visión, se puede contribuir de manera significativa a este proceso, mediante la implementación de herramientas tecnológicas, la planificación anticipada y la gestión eficiente de los tiempos de ejecución de los proyectos.

La permisología, en su rol de eje articulador, debe velar por que los proyectos de infraestructura y construcción se implementen en consonancia con las normativas territoriales y urbanísticas, promoviendo un desarrollo sostenible, eficiente y equitativo. Este enfoque permitirá no solo un avance armónico del desarrollo territorial, sino también la consolidación de un sistema urbano y rural que responda a las necesidades actuales y futuras del país.

Jóvenes inversores menores de 35 años caen drásticamente en los últimos 15 años, con una baja del 53%

La fuerte caída se debe a factores como el aumento desproporcionado de los precios de las propiedades frente a los salarios, mayores tasas hipotecarias y cambios culturales en la población joven, que prioriza experiencias personales sobre la adquisición de vivienda.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La proporción de propietarios de vivienda menores de 35 años ha sufrido un declive alarmante en los últimos 15 años, según un análisis reciente de la consultora Colliers. El estudio reveló que solo el 25% de los jóvenes bajo esa edad en 2024 ha logrado acceder a una vivienda propia, cifra que contrasta fuertemente con el 53% registrado en 2009.

Esta disminución del 53% en el acceso a la vivienda es atribuida a una serie de factores, entre ellos el aumento desmesurado de los precios de los inmuebles, el endurecimiento de las condiciones para los créditos hipotecarios y el crecimiento de las tasas de interés.

Jaime Ugarte, Director Ejecutivo de Colliers, explicó que el precio de las viviendas ha crecido en términos reales cuatro veces más rápido que los ingresos, lo que ha creado una barrera significativa para los más jóvenes que buscan ser propietarios.

«A esto se le suman el aumento de las tasas hipotecarias, mayores restricciones para acceder a un crédito hipotecario y una economía débil, donde la percepción es de una disminución de los empleos y clara inestabilidad», señaló.

Además de estos factores económicos, Ugarte destacó un cambio cultural en la población más joven, que ha postergado importantes hitos como el matrimonio y la formación de una familia. «Las personas han retrasado en casi tres años la edad para casarse, priorizando el desarrollo laboral, viajar y vivir nuevas experiencias por sobre dar el paso a endeudarse a largo plazo para comprar una vivienda», afirmó.

Esta tendencia también ha influido en la disminución del deseo de tener hijos, lo que ha derivado en familias más pequeñas.

Otro aspecto que afecta el acceso a la vivienda es el aumento de la inmigración. En los últimos 15 años, Chile ha experimentado un incremento de más de un millón de inmigrantes, un grupo que tiene una baja proporción de propietarios de vivienda.

El estudio de Colliers también revela que el fenómeno no solo afecta a los jóvenes. Entre la población de 35 a 55 años, la tasa de propietarios cayó de un 70% en 2009 a un 62% en 2024, mientras que entre los mayores de 55 años la disminución fue del 8%, pasando del 80% al 74%.

La diferencia en los porcentajes entre grupos etarios se explica en parte por las bajas tasas de interés y la mayor estabilidad económica que predominó en Chile durante años anteriores, lo que benefició a los compradores más maduros.

Mirando hacia el futuro, Ugarte anticipa que la situación podría empeorar. «Además de las restricciones para poder acceder a un crédito hipotecario, existe una escasez importante de terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios, lo que encarecerá en más de 20% el valor de las viviendas en comparación a los precios de 2020», advirtió.

A esto se suma el aumento de los costos de los materiales de construcción y la demora en la obtención de permisos de edificación, factores que continúan encareciendo el acceso a la vivienda para los compradores.

Este panorama apunta a que los jóvenes no solo enfrentan dificultades crecientes para comprar una vivienda, sino que la tendencia también podría repercutir en la creación de una clase arrendataria más consolidada en los próximos años.

17/03/2026 05:31
Martes 17 de Marzo de 2026
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