Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
Hemos tomado conocimiento, por parte del destacado arquitecto Alejandro Cantillana y por organizaciones sociales de Pudahuel, que en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se está tramitando el proyecto de ampliación de la planta de residuos peligrosos de la empresa Hidronor, localizado en dicha comuna del sector occidente de Santiago.
El proyecto se denomina «Continuidad Operativa de Planta de Tratamiento, Disposición y Valorización de Residuos Industriales» y después de haber conocido sus características podemos concluir que, si se llegara a aprobar, significaría una grave amenaza, tanto para el medio ambiente como para la operatividad futura del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB).
Esta iniciativa comercial intenta prolongar por 40 años más la vida útil de su planta existente desde el año 1996, habilitando 13 nuevas celdas de seguridad en un terreno de unas 30 hectáreas adquirido a Cemento Melón.
Pero más allá de su escala, lo crítico es que contraviene normas sanitarias y urbanísticas fundamentales, conocidas sobradamente por la institucionalidad local, regional y nacional.
Se debe saber que el Decreto Supremo (DS) N°148/2003 del Ministerio de Salud estableció de manera inequívoca que las instalaciones de eliminación de residuos peligrosos deben localizarse fuera de los perímetros de restricción de aeropuertos. El emplazamiento de Hidronor, dentro del área de protección del mencionado AMB vulnera esa norma.
No es una formalidad: el DS N° 148/2003 es una disposición vinculante creada con buen criterio para evitar escenarios de riesgo inaceptables. La historia reciente ya registró incendios y explosiones en tal planta en los años 2008, 2015 y 2016. Su proximidad a la principal terminal aérea del país multiplica las consecuencias de un eventual accidente y es por ello que existe una prohibición expresa en el reglamento sanitario que lo regula.
A estos riesgos se suman otras situaciones ignoradas por su titular y por otros: la atracción de aves que eleva la probabilidad de impactos aviarios por parte de los aviones, las emisiones de polvo y gases que podrían reducir la visibilidad durante sus despegues y aterrizajes, y la superposición directa con áreas contempladas en el Plan Maestro del aeropuerto. El propio Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha advertido que el polígono del proyecto se superpone con terrenos para la expansión del aeropuerto AMB, en abierta contradicción con la planificación territorial vigente.
Desde el punto de vista urbanístico, la ilegalidad es igualmente evidente. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) define el área en donde se pretende su ampliación como de Interés Silvoagropecuario Mixto (ISAM-1), es decir, suelo rural donde las actividades industriales peligrosas o contaminantes están prohibidas.
Si se revisa dicho instrumento normativo se verá que se trata de un Área de Riesgo de Origen Natural, por afloramiento de napas freáticas. En este sentido, se puede concluir que el uso de suelo de esta posible ampliación de la planta es incompatible con el terreno donde se emplazaría, considerando su condición de zona de riesgo de origen natural y antrópico por tratarse de una zona de riesgo de afloramiento de napas freáticas y zona inundable, lo cual pondría en riesgo las aguas subterráneas por contaminación.
Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidronor describe erróneamente ese sector como un “área industrial consolidada” (sic), afirmación desmentida por la propia municipalidad de Pudahuel.
Esta vulgar falsedad busca disfrazar una incompatibilidad normativa insalvable y por ello, desde esta tribuna, le aclaramos a esa empresa que, por el contrario, según los lugareños, se trata de un «área residencial consolidada» por lo cual el Gobierno Regional (GORE) está estudiando una modificación para regularizar miles de viviendas existentes.
No menos grave es la omisión de la calificación industrial, un trámite obligatorio que permitiría a la autoridad sanitaria determinar el nivel de peligrosidad de la actividad, función sectorial que ha brillado por su ausencia y hasta ha omitido su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria de su tuición.
Todo indica que, por la magnitud de la expansión y los antecedentes de eventuales futuros accidentes, la planta debiera ser calificada además como insalubre. Por lo tanto, la solicitada ampliación quedaría automáticamente prohibida.
Este proyecto de Hidronor no puede analizarse como una inversión más. Es un caso de evidente incumplimiento legal que amenaza la seguridad aérea, la salud de la población, burlando el PRMS.
El Aeropuerto Internacional de Santiago es una infraestructura estratégica para Chile, y su futuro desarrollo no puede ser hipotecado por la instalación de una planta de alto riesgo en su entorno inmediato, teniéndose presente que, como lo hemos dicho en nuestras miles de columnas de opinión, si hay normas, se deben obedecer pues resguardan el interés público.
Hasta ahora desconocemos la opinión que tiene al respecto el concesionario del aeropuerto AMB, más todavía si su proyectada ampliación hacia el occidente colisionaría con esta posible planta si se llegara a autorizar, pero haciendo abstracción de ello, lo esencial para que se respete nuestro Estado de Derecho, es cumplir a cabalidad el DS
N° 148/2003 y obedecer la restricción territorial contenida en el PRMS, razón por la cual los antecedentes reseñados y otros, ya le fueron informados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
En conclusión, los propietarios de Hidronor, tienen el legítimo derecho para continuar con su negocio, pero para ello, tendrán que respetar el DS N° 148/2003 y encontrar un predio que sea compatible con dicha actividad.
