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23/04/2026 09:18

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Autor: mercadosinmobiliarios

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¿Cómo se está automatizando la limpieza doméstica en Chile? 

Por: Carlos Schilling, gerente de comunicaciones de Tineco & Ecovacs Chile

El uso de la tecnología en los hogares está transformando las tareas cotidianas como la limpieza. De hecho, surgen fenómenos como el “Smart Home”, el cual, según estimaciones de la plataforma de datos, Statista, en Chile se espera que tenga un fuerte crecimiento del 85% entre 2024 y 2029.

En los hogares chilenos, cada vez es más común ver la integración de dispositivos inteligentes que permiten mantener los espacios limpios sin necesidad de dedicar grandes bloques de tiempo al aseo

Asimismo, gracias a la conectividad y a la automatización, hoy es posible programar rutinas de limpieza, monitorear los dispositivos desde el celular y mantener los pisos en buen estado de manera continua, incluso cuando no hay nadie en casa.

Además, existen ciertas ventajas al automatizar el aseo mediante dispositivos que operan de forma autónoma y se controlan desde el celular. Entre las principales destacan ahorro de tiempo y programación remota, permitiendo iniciar o detener el proceso desde el celular o limpiar constantemente, lo que evita que la suciedad se acumule.

Con la incorporación de tecnologías, la limpieza está cambiando hacia aseos más frecuentes pero automáticos. Esto genera un cambio importante en los hábitos, ya que, en lugar de limpiar cuando la suciedad ya es visible, los dispositivos inteligentes permiten mantener un nivel constante de limpieza, evitando acumulaciones de polvo, migas o pelos de mascotas. 

Para personas con poco tiempo, este tipo de limpieza representa una solución práctica, porque los dispositivos funcionan de forma autónoma una vez configurados. En el caso de adultos mayores, muchos equipos también incluyen botones físicos o configuraciones simples, lo que permite utilizarlos sin necesidad de interactuar constantemente con aplicaciones. 

El futuro de la limpieza inteligente apunta a dispositivos cada vez más autónomos, eficientes y conectados con el ecosistema del hogar automatizado. Entre las principales innovaciones destacan los sistemas de navegación con inteligencia artificial para identificar obstáculos y optimizar las rutas de limpieza; equipos que combinan aspirado y lavado de pisos en un solo dispositivo; integración con asistentes de voz y otros dispositivos del hogar inteligente, entre otros. 

Al momento de integrar estos dispositivos al hogar, las familias deben considerar aspectos como el tamaño y distribución de la vivienda; el tipo de pisos o alfombras presentes en el hogar; la conectividad Wi-Fi disponible y las necesidades específicas del hogar, como presencia de mascotas o niños. 

A medida que la tendencia de hogar inteligente continúa expandiéndose, el aseo doméstico también evoluciona hacia modelos más automatizados y eficientes. La incorporación de dispositivos conectados no solo permite optimizar el tiempo destinado al aseo, sino que también facilita mantener los espacios limpios de forma constante, adaptándose a los nuevos estilos de vida y a las rutinas cada vez más dinámicas de las familias.

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Maratué: la ciudad que se aprueba en el papel y se discute en el territorio

El Comité de Ministros dio luz verde a uno de los mayores proyectos habitacionales del país. Pero, como suele ocurrir en Chile, la aprobación técnica no cierra el debate político, social ni ambiental.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Hay proyectos que se construyen en el tiempo. Y otros que, antes de levantar un solo muro, ya dividen a una comunidad. Maratué pertenece a esa segunda categoría.

Esta semana, el Comité de Ministros despejó el último gran obstáculo administrativo y ratificó la viabilidad ambiental del proyecto habitacional que busca levantar más de 14 mil viviendas en Puchuncaví. Una decisión que, en términos formales, pone fin a años de tramitación. Pero que, en la práctica, abre una nueva etapa: la del conflicto en terreno.

Porque si algo demuestra la historia reciente de la planificación urbana en Chile es que aprobar no es lo mismo que legitimar.

Maratué no es un proyecto menor. Se trata de una intervención a gran escala, pensada a 45 años, que proyecta la construcción de hasta 14.180 viviendas, con un desarrollo gradual de unas 300 unidades por año . En el papel, la iniciativa promete equilibrio: un 50% de áreas verdes, integración urbana y un porcentaje relevante de viviendas destinadas a primera residencia .

También promete respuesta. En una región tensionada por el déficit habitacional, la idea de sumar miles de soluciones —incluyendo al menos 2.000 viviendas subsidiadas— aparece como una oportunidad concreta .

Pero el problema nunca ha sido solo la cantidad.

En Puchuncaví, una zona históricamente marcada por conflictos ambientales, la llegada de una “ciudad nueva” no se mide únicamente en viviendas, sino en su impacto acumulado: agua, suelo, ecosistemas, identidad local.

Las objeciones que acompañaron el proyecto —y que llegaron hasta el Comité de Ministros— no eran meramente formales. Hablaban de escasez hídrica, de suelos complejos y de una comunidad que ha aprendido, a la fuerza, a desconfiar de las promesas de desarrollo.

La aprobación, en ese sentido, no borra esas tensiones. Solo las reubica.

Desde el Gobierno, la señal es clara: destrabar inversiones, acelerar decisiones y entregar certezas regulatorias. Maratué, con una inversión cercana a los US$ 2.000 millones, se convierte así en una pieza clave de esa estrategia .

En tiempos donde el crecimiento económico vuelve a instalarse como urgencia, proyectos de esta magnitud son vistos como motores más que como interrogantes.

Pero toda política de aceleración tiene su costo.

El urbanismo —como la política— no ocurre en abstracto. Ocurre en territorios concretos, con memorias, conflictos y límites. Y en lugares como Puchuncaví, esos límites no son teóricos: son visibles, tangibles, acumulativos.

Quizás por eso Maratué genera incomodidad. Porque encarna una tensión más profunda: la que existe entre la necesidad urgente de vivienda y la capacidad real de los territorios para absorber ese crecimiento sin repetir errores del pasado.

Al final, la pregunta no es si Chile necesita proyectos como este. La respuesta parece evidente. La pregunta es otra: bajo qué condiciones, con qué ritmos y con qué grado de participación real.

Porque construir ciudad no es solo sumar casas. Es definir cómo —y para quién— se habita el futuro.

Y eso, ningún comité lo puede resolver por sí solo.

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El Olivar: la reconstrucción que no llega y la paciencia que se agota

Entre promesas, cambios de equipos y una institucionalidad tensionada, los damnificados del megaincendio en Viña del Mar vuelven a levantar la voz. No piden explicaciones técnicas: piden certezas.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En El Olivar el tiempo no avanza igual que en el resto de la ciudad. Allí, donde el fuego arrasó con casas, historias y rutinas, la reconstrucción no solo se mide en metros cuadrados levantados, sino en la capacidad del Estado de cumplir su palabra. Y, según denuncian los propios vecinos, esa deuda sigue abierta.

Ha pasado más de un año desde el megaincendio que marcó a Viña del Mar y Quilpué. Las imágenes de cerros ennegrecidos y familias que lo perdieron todo dieron paso a otra escena, menos visible pero igual de persistente: la espera. Una espera que hoy se transforma en molestia, frustración y desconfianza.

Los damnificados apuntan directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje. No desde la consigna fácil, sino desde la experiencia cotidiana de trámites que no avanzan, obras que no parten y decisiones que, aseguran, cambian sobre la marcha.

“Necesitamos ordenar el Serviu en Valparaíso, no tenemos cabeza en la región”, dicen desde la organización de vecinos. La frase no es solo una crítica administrativa: es el síntoma de una institucionalidad que, a ojos de quienes esperan una solución, no logra coordinarse.

En procesos de reconstrucción, la técnica es clave, pero la confianza lo es aún más. Y ahí es donde, según relatan los afectados, se ha producido una fractura. Cambios en los equipos, salida de profesionales que conocían el terreno y decisiones poco claras han ido erosionando esa relación.

“Sacaron a personas que conocían el proceso de reconstrucción”, acusan. La consecuencia —dicen— no es menor: cada ajuste implica retrocesos, nuevas curvas de aprendizaje y, sobre todo, más tiempo.

El problema no es solo la demora. Es la expectativa generada. Cuando una autoridad anuncia medidas para destrabar procesos, lo que instala no es solo un plan de acción, sino una promesa. Y cuando esa promesa no se concreta, el costo es doble: material y simbólico.

En El Olivar, ese costo se vive en lo cotidiano. En familias que aún no saben cuándo podrán reconstruir, en vecinos que ven cómo los plazos se diluyen y en una comunidad que comienza a mirar con escepticismo cada nuevo anuncio.

El escenario, además, se ha tensionado. Las discusiones entre autoridades y residentes —algunas de ellas públicas— reflejan un vínculo deteriorado. La reconstrucción, que debería ser un proceso de colaboración, se ha convertido en un espacio de fricción.

Pero quizás lo más complejo es que el tiempo, en estos casos, no es neutro. Cada día que pasa sin soluciones concretas no solo retrasa obras: profundiza la sensación de abandono.

Porque reconstruir no es solo levantar viviendas. Es reconstruir confianzas, certezas y vínculos. Y en El Olivar, hoy, eso parece ser lo más difícil de recuperar.

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IA chilena gana terreno en el sector inmobiliario y se expande a nuevos mercados

Entrenador.ai, desarrollada por Inteliventa, ya es utilizada por más de 30 inmobiliarias en Chile para entrenar equipos comerciales y comienza su despliegue internacional en Europa.

Por: Comunicado de Prensa

En un escenario donde la industria inmobiliaria enfrenta cambios regulatorios que generan incertidumbres y procesos de decisión más complejos, la capacitación de los equipos comerciales se ha transformado en un factor crítico. En este contexto, la inteligencia artificial comienza a abrirse paso como una herramienta clave para mejorar el desempeño en ventas.

Una de las soluciones que está marcando esta tendencia es Entrenador.ai, tecnología desarrollada por la startup chilena Inteliventa, que permite entrenar vendedores mediante simulaciones de conversaciones con clientes virtuales directamente desde WhatsApp.

La plataforma, creada en 2024 por Andrés Pardo y Alfredo Sara, surge desde la experiencia en ventas inmobiliarias en Latinoamérica y apunta a resolver uno de los principales desafíos del sector: mantener equipos comerciales entrenados de manera continua, sin incurrir en altos costos ni procesos poco eficientes.

Capacitación continua y en tiempo real

A diferencia de los modelos tradicionales —basados en capacitaciones esporádicas y de alto costo logístico—, Entrenador.ai propone un sistema de entrenamiento continuo, con sesiones breves y seguimiento individual del desempeño.

A través de simulaciones realistas, los ejecutivos pueden practicar habilidades clave como la escucha activa, el manejo de objeciones y la detección de necesidades del cliente, recibiendo retroalimentación inmediata.

“La industria necesita ejecutivos capaces de explicar con claridad el impacto de medidas pro-inversión, distinguir beneficios según el perfil del comprador y responder con seguridad frente a escenarios cambiantes. Hoy, esa claridad muchas veces no existe. La inteligencia artificial puede ser el puente para cerrar esa brecha”, señala Pardo.

Adopción en el mercado inmobiliario

Actualmente, la herramienta es utilizada por 32 inmobiliarias en Chile, entre ellas Echeverría Izquierdo, Grupo Coloso, RVC, Fundamenta, Ingevec, Aitue y Grupo Activa, consolidándose como una solución tecnológica para profesionalizar la gestión comercial en el rubro.

El sistema opera directamente desde el teléfono móvil, a través de WhatsApp, lo que facilita su adopción y uso frecuente por parte de los equipos de venta. La inteligencia artificial analiza las respuestas de los usuarios, entrega feedback en tiempo real y genera reportes de avance, permitiendo a las empresas monitorear el desempeño de sus equipos.

Salto internacional y diversificación

Tras su consolidación en el sector inmobiliario, Inteliventa inició la expansión de Entrenador.ai hacia nuevas industrias y mercados. Como parte de este proceso, la compañía concretó un acuerdo con la multinacional suiza Nobel Biocare, especializada en soluciones odontológicas.

La herramienta comenzará a implementarse en los próximos meses en equipos comerciales de 15 países europeos, operando simultáneamente en nueve idiomas, con proyección de expansión hacia China y otros mercados internacionales.

Este paso marca un hito para la tecnología desarrollada en Chile, que comienza a posicionarse como una solución exportable en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a ventas.

Entrenamiento práctico para una venta más consultiva

El modelo se basa en la práctica constante. A través de chatbots y avatares interactivos, los vendedores entrenan en escenarios que simulan conversaciones reales con clientes, lo que permite mejorar su capacidad de formular preguntas, comprender necesidades y cerrar negocios de manera más efectiva.

“La mayoría de los vendedores habla demasiado y pregunta poco. La venta consultiva parte por escuchar, y eso se puede entrenar. La IA permite practicar esas habilidades en un entorno seguro y medible”, explica Pardo.

En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, donde la experiencia del cliente es determinante, la incorporación de herramientas como Entrenador.ai refleja una tendencia creciente: el uso de inteligencia artificial no solo para automatizar procesos, sino para potenciar el desempeño humano en la venta.

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El camión que desafía al diésel en el desierto: cuando la minería empieza a electrificarse

Un camión eléctrico recorrió 680 kilómetros cargado con cobre en pleno desierto de Atacama. No es solo un hito tecnológico: es una señal de hacia dónde podría moverse la industria más estratégica de Chile.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En el norte de Chile, donde el polvo, la pendiente y las distancias parecen diseñadas para poner a prueba cualquier máquina, ocurrió algo que hace pocos años habría parecido improbable: un camión sin diésel, sin ruido de combustión, sin emisiones visibles, recorrió 680 kilómetros transportando cobre.

No fue una simulación. No fue una prueba en laboratorio. Fue en ruta real, entre la División Radomiro Tomic de Codelco y el Puerto Angamos, con 27 toneladas de carga y condiciones que no admiten margen de error.

Porque durante décadas, la minería —y especialmente su logística— ha sido uno de los últimos bastiones del diésel. No por falta de alternativas, sino por exigencia: largas distancias, cargas pesadas, continuidad operativa. Electrificar ese mundo no era solo difícil. Era, en muchos casos, inviable.

El piloto desarrollado entre Codelco y la empresa china SANY no pretende vender una revolución inmediata, pero sí instalar una posibilidad concreta: que la electromovilidad pesada deje de ser una promesa y empiece a convertirse en una opción real para rutas estratégicas del país.

“Es una alternativa técnicamente viable”, señalaron desde la estatal. La frase, en este contexto, no es menor. Es el tipo de validación que la industria necesita antes de mover miles de millones de dólares en infraestructura y reconversión.

Pero más allá del rendimiento técnico, lo que está en juego es otra cosa: el modelo energético de la minería.

Hoy, el transporte de carga sigue dependiendo fuertemente de combustibles fósiles, con costos variables y una huella ambiental creciente. En ese escenario, un camión eléctrico no solo compite en emisiones, sino también en estabilidad de costos, especialmente en un mundo donde el precio del petróleo se mueve con la geopolítica.

Y sin embargo, el desafío no está solo en el vehículo.

El verdadero test —y quizás el más complejo— es el ecosistema que lo sostiene: infraestructura de carga, coordinación logística, regulación, redes energéticas. El propio piloto dejó en evidencia que el éxito no depende de una máquina, sino de una red completa de actores funcionando en sincronía.

Ahí es donde la historia se vuelve interesante.

Porque Chile, que ha construido su desarrollo sobre el cobre, podría ahora convertirse en un laboratorio de algo más: la transición hacia una minería de bajas emisiones. No por convicción únicamente, sino por necesidad. La presión internacional, los compromisos ambientales y la competitividad futura empujan en la misma dirección.

El camión eléctrico no resuelve todo. No reemplaza de inmediato al diésel. No redefine por sí solo la industria. Pero sí abre una grieta en lo que parecía inamovible.

Y en sectores como la minería, las transformaciones no ocurren de golpe. Ocurren así: primero como piloto, luego como excepción, y finalmente como estándar.

En el desierto de Atacama, esa transición ya empezó a moverse. Silenciosamente. Sin humo. Pero con una señal clara.

La pregunta ahora no es si ocurrirá, sino qué tan rápido.

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Proyecto busca recuperar y preservar sitios de memoria vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas en Viña del Mar

Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales recabarán información in situ sobre sus características y estado de conservación.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Recuperar, preservar, visibilizar y difundir los sitios de memoria vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas en la comuna de Viña del Mar durante la dictadura, entre 1973 y 1990, es el propósito fundamental de un proyecto de investigación que inició la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad de Valparaíso.

Se trata de una novedosa iniciativa de reconstrucción histórica que incluye procesos participativos destinados a recabar información in situ sobre las características y el estado de conservación de esos lugares, recopilar testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y actores clave locales, y reunir la diversa documentación que hoy se encuentra dispersa.

Este material será posteriormente sistematizado y alojado en un archivo digital de acceso público, al tiempo que servirá de base para la creación de cápsulas audiovisuales, una guía cartográfica con la ubicación detallada de estos espacios y la edición de un libro.

En paralelo, la propuesta también busca resaltar la labor que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) de Viña del Mar ha desempeñado, desde hace cuarenta y ocho años, en favor de la promoción y protección de estos sitios de memoria y del reconocimiento oficial de su valor patrimonial.

El proyecto fue presentado a la comunidad en un acto académico que tuvo lugar en el auditorio de la Escuela de Trabajo Social de la UV, al cual asistieron la vicerrectora de Vinculación con el Medio de esta casa de estudios, Paulina Gundelach; el decano de la Facso, Gonzalo Lira; el director de la Escuela de Trabajo Social, Mauricio Ureta, y la presidenta de la CCHDH de Viña del Mar, Graciela Jiménez, entre otras autoridades, dirigentes y representantes de agrupaciones ciudadanas, políticas y sociales.

Justicia social y educación

La profesora Violeta Flores, investigadora principal y directora del proyecto, explicó que —más que un trabajo académico— esta iniciativa es una intervención urgente en defensa de los derechos humanos, que pone en valor la importancia de recuperar la memoria, como parte de un proceso de justicia social, de reparación simbólica para la comunidad y de educación en contra del negacionismo y a favor de la dignidad de las personas.

En ese sentido, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social de la UV precisó que la propuesta se enfoca tanto en rescatar aquellos lugares que la historia oficial ha negado o se ha tardado en incorporar al patrimonio asociado a violaciones a derechos humanos cometidas en Chile, como en destacar el rol de quienes sostuvieron y sostienen una lucha por la defensa de esos derechos, la democracia y la libertad de expresión.

Por lo anterior, la docente valoró de manera especial que la investigación cuente con el respaldo de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso.

Desarrollo del proyecto

El proyecto de recuperación de los sitios de memoria de Viña del Mar —que se adjudicó fondos del programa de financiamiento institucional UVA 2495 para el fortalecimiento de la vinculación con la comunidad en el territorio— dispone de un plazo de ejecución de cuatro meses y su estructura se sustenta sobre cuatro pilares de desarrollo.

El primero de ellos corresponde al rescate de las narrativas asociadas a esos espacios, acción que implica la realización de entrevistas en profundidad a actores clave locales, sobrevivientes y familiares de víctimas. Estas conversaciones serán grabadas en formato audiovisual y difundidas, más tarde, como cápsulas testimoniales.

“Esta es una manera de preservar los relatos orales y transformar la memoria individual en patrimonio colectivo”, sostuvo Violeta Flores.

El segundo pilar considera la recopilación y digitalización de actas, registros personales, fotografías y audios, entre otras fuentes asociadas a los hechos ocurridos en dichos espacios, ejercicio que culminará en la creación de un archivo de acceso público que será habilitado en la página web de la CCHDH de Viña del Mar.

“Con esto buscamos democratizar el acceso a la verdad y proteger el patrimonio documental frente a la degradación que produce el paso del tiempo”, acotó la directora del proyecto.

El tercero, en tanto, refiere a la tarea de visibilizar los sitios de memoria y convertirlos en espacios urbanos cotidianos, que además sirvan de aulas abiertas. Su objetivo es recabar información in situ sobre las características y el estado de conservación de esos lugares (de sus placas, memoriales o murales), georreferenciarlos y finalmente incorporarlos en una cartografía cuyo diseño incluirá una ruta o recorrido por la ciudad que estará asociado a otros sitios de memoria existentes en Quillota, Puchuncaví y San Antonio.

El cuarto y último pilar del proyecto comprende la edición de un libro que reunirá los testimonios, documentos y hallazgos de la investigación que constituyan evidencia significativa. Su propósito es servir de legado tangible de esos sitios y de la labor de la CCHDH de Viña del Mar.

“Se imprimirán mil ejemplares de este texto, que distribuiremos gratuitamente en escuelas y bibliotecas públicas, también en organizaciones comunitarias, para asegurarnos de que su contenido tenga un profundo impacto social e intergeneracional”, concluyó Violeta Flores.

Compromiso con la verdad

En el proyecto también participan la profesora y doctora en Estudios Latinoamericanos, Elena Salum, en calidad de coinvestigadora; la destacada archivista nacional María Elena Iduarte, quien tiene a su cargo el manejo de la documentación y la creación de repositorio digital; el licenciado en Trabajo Social de la UV Felipe Saldía, como coordinador de la gestión operativa y logística, y las estudiantes Mikaela Verdejo (Trabajo Social) y Emilia Olivares (Gestión en Turismo y Cultura), quienes colaboran en las tareas y acciones relacionadas con el despliegue en terreno y la sistematización de la información obtenida.

Para la presidenta de la CCHDH de Viña del Mar, Graciela Jiménez, el trabajo de recuperación de los sitios de memoria ubicados en esa comuna que ejecutará la Universidad de Valparaíso está arraigado en el compromiso ético con la verdad y la defensa de los derechos humanos de sus gestoras y, por ello, se erige como un puente sólido entre la academia y el territorio.

Durante el acto de presentación, la dirigenta agradeció a la Facultad de Ciencias Sociales UV y al equipo de investigación que encabezan las profesoras Violeta Flores y Elena Salum por haber impulsado esta propuesta.

“Su experiencia y actuar en estos temas nos brinda confianza en cuanto a que nuestros actos y documentos históricos serán rescatados y difundidos con el cuidado que merecen. Porque estos sitios guardan una riqueza muy grande, que tiene que aprovecharse antes de que sea demasiado tarde. Y gracias a esta iniciativa, ahora tenemos la esperanza y confiamos en que esta historia no se perderá en el olvido, al igual que sus protagonistas, muchos de los cuales ya no están. Este trabajo, y todo lo que pretende hacer, contribuirá decididamente a visibilizar esa geografía del dolor que representan estos lugares”, sentenció Graciela Jiménez.

Su parecer fue compartido por la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Paulina Gundelach, y por el decano de la Facso, Gonzalo Lira, quienes coincidieron al afirmar que esta iniciativa es expresión genuina de una política institucional que favorece que las aulas universitarias se abran a la comunidad, para que estudiantes y docentes entren en contacto con la gente, sobre todo en asuntos relacionados con la democracia y los derechos humanos, como ejes del desarrollo y la paz social.

Sitios identificados

En Viña del Mar se han identificado, al menos, trece sitios de memoria vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. Entre estos espacios destacan el excuartel de la DINA, ubicado en avenida Agua Santa 980; el excuartel de la CNI, situado en Álvarez 132; la casa de calle Habana 476, que fue utilizada como centro de detención clandestino; la plazoleta de Gómez Carreño, donde operó un retén policial asociado a detenciones; la plaza José Francisco Vergara, como epicentro de manifestaciones históricas en pro de los derechos humanos, y el cementerio de Santa Inés, donde se instaló un memorial de Salvador Allende.

La mayoría de estos espacios carecen de señaléticas o hitos visibles que los hagan identificables y varios han sufrido intervenciones o vandalización. A lo anterior se suma el hecho de que muchos de los documentos e imágenes sobre estos sitios son físicos y están dispersos, en archivos o colecciones privadas.

Esto conlleva el riesgo de que con el paso del tiempo este material se pierda, sobre todo considerando que muchos de los protagonistas y testigos directos de la época han fallecido o ya no se encuentran en condiciones de recordar sucesos que —en algunos casos— ocurrieron hace más de cincuenta años.

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Dónde comprar casa en EE.UU: las 10 ciudades que abren la puerta a los primerizos en 2026

Un nuevo informe de Zillow revela que, pese a tasas altas y precios exigentes, ciertos mercados ofrecen mejores condiciones para dar el salto a la vivienda propia por primera vez.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En un escenario marcado por el encarecimiento del crédito y la presión sobre los precios, acceder a la vivienda en Estados Unidos parece, para muchos, una meta cada vez más lejana. Sin embargo, no todo el mapa inmobiliario se comporta igual. Un reciente análisis de Zillow identifica diez ciudades donde las condiciones actuales —más inventario, menor competencia y precios relativamente estables— abren oportunidades concretas para compradores primerizos.

El ranking está liderado por Indianápolis, seguido por Atlanta, Charlotte y Jacksonville, entre otros mercados donde el equilibrio entre ingresos y valor de la vivienda resulta más favorable que el promedio nacional.

Menos competencia, más opciones

El estudio pone el foco en tres variables clave: asequibilidad, disponibilidad de propiedades y nivel de competencia. Bajo esos criterios, ciudades como Oklahoma City, Memphis y Detroit destacan por ofrecer precios más contenidos y una mayor proporción de viviendas dentro del rango accesible.

“La combinación de ingresos en crecimiento, precios estables y una oferta en recuperación está generando oportunidades reales para los compradores”, explica Orphe Divounguy, economista senior de la compañía.

Incluso mercados tradicionalmente más tensionados como Miami y Tampa logran entrar en el listado gracias al repunte en la construcción y la ampliación del stock disponible.

El sur y el medio oeste toman ventaja

Una de las conclusiones más claras del informe es el protagonismo del sur y el medio oeste estadounidense. Factores como menor costo de vida, mayor disponibilidad de suelo y políticas urbanas más flexibles han permitido sostener una oferta más dinámica frente a otras regiones.

Ciudades como Pittsburgh, por ejemplo, combinan estabilidad de precios con una oferta suficiente para evitar guerras de ofertas entre compradores, un fenómeno frecuente en mercados más saturados.

El peso de las tasas sigue marcando el ritmo

A pesar de estas oportunidades, el acceso al crédito sigue siendo el principal filtro. Las tasas hipotecarias bordean el 6,5% anual para préstamos a 30 años, un nivel que eleva significativamente el costo final de adquisición.

Aun así, desde Zillow advierten una mejora respecto a años anteriores: “Los compradores primerizos finalmente están comenzando a ver opciones reales de entrada al mercado”, sostiene Divounguy.

Un mapa más diverso para decidir: El listado 2026 lo completan:

  • Indianápolis
  • Atlanta
  • Charlotte
  • Jacksonville
  • Oklahoma City
  • Memphis
  • Detroit
  • Miami
  • Tampa
  • Pittsburgh

En un mercado que sigue siendo desafiante, el informe ofrece una hoja de ruta clara: no se trata solo de comprar, sino de saber dónde hacerlo. Porque, incluso en tiempos complejos, hay ciudades donde la primera vivienda aún es una posibilidad tangible.

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Costos, subsidios y financiamiento: ¿quién paga la transición energética?

Por: Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas

La transición hacia el hidrógeno verde se ha instalado en el debate público como una promesa de desarrollo sostenible, diversificación productiva y liderazgo climático para Chile. Sin embargo, bajo este escenario surge una pregunta ineludible y aún insuficientemente discutida: ¿quién paga realmente este cambio?.

El despliegue de la industria del hidrógeno verde requiere inversiones de magnitud excepcional. No solo se trata de electrolizadores y energías renovables, sino también de infraestructura habilitante: redes de transmisión, puertos especializados, plantas desalinizadoras y sistemas logísticos complejos. Este entramado supone costos iniciales elevados, largos periodos de maduración y una incertidumbre tecnológica y de mercado que el sector privado, por sí solo, difícilmente asumirá sin mecanismos de mitigación de riesgo.

En este contexto, el rol del Estado se vuelve decisivo. Subsidios, garantías, marcos regulatorios bien establecidos y financiamiento público emergen como instrumentos clave para catalizar la inversión. No obstante, esta intervención abre un dilema estructural: el uso de recursos fiscales para apalancar una industria en etapa temprana implica necesariamente priorización presupuestaria. En otras palabras, cada dólar destinado al hidrógeno verde compite con necesidades urgentes en salud, educación o seguridad social.

La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en cuánto cuesta la transición, sino en cómo se distribuyen sus costos y beneficios. Existe el riesgo de que el financiamiento público socialice las pérdidas iniciales, mientras que las rentabilidades futuras se concentren en actores privados o en mercados externos. Este escenario no es nuevo en economías basadas en recursos naturales y exige un diseño institucional cuidadoso que garantice retornos sociales efectivos.

Asimismo, resulta imperativo avanzar hacia esquemas de transparencia que permitan a la ciudadanía comprender el destino y la eficiencia del gasto público en esta materia. La legitimidad social de la transición energética dependerá, en gran medida, de la percepción de justicia en su financiamiento.

El hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para nuestro país, ya que representa una nueva industria basada en fuentes renovables. Pero su viabilidad no se jugará únicamente en la eficiencia tecnológica o en la competitividad de costos, sino en la capacidad de construir un pacto social y fiscal que defina, con claridad y equidad, quién paga hoy para que Chile obtenga frutos mañana.

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El ministro Poduje y las ramas de las FFAA  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.

Hace unos 5 años atrás, quien firma esta columna de opinión, en conjunto con el entonces diputado Rodrigo González (QEPD), dos arquitectos y dos abogados, uno de ellos, ex subsecretario de Bienes Nacionales, redactamos un proyecto de ley que buscaba regular el uso de los inmuebles fiscales entregados gratuitamente por el Estado a las distintas ramas de las FFAA, Carabineros y PDI, para uso exclusivo de sus propias necesidades institucionales.

Se debe saber que una antigua legislación dio normas para la creación y administración de fondos para el cumplimiento de las finalidades de los servicios de bienestar de las FFAA. Para tal efecto, se facultó al Presidente de la República en orden a que dictara normas referidas al funcionamiento de los anteriores y con fecha 6 de abril de 1971 el Presidente de la República, Salvador Allende, dictó el DFL N°1 creando al efecto el denominado Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) para el cumplimiento de las finalidades de esas dependencias de las Fuerzas Armadas. Reguló la adquisición y administración de estos inmuebles, su desafectación, enajenación y destino de los recursos adquiridos. 

Han transcurrido más de 55 años y esos inmuebles, básicamente terrenos, que permanecen en poder y son administrados por sus respectivos Comandos de Bienestar, con la denominación PAF, indicada en el párrafo anterior, los que, según sus disponibilidades de usos y con el acuerdo de sus altos mandos, acorde al sistema mercantilista en boga, desde hace algún tiempo son comercializados libremente por los mismos en el mercado inmobiliario. Obviamente el producto monetario de las ventas de esos terrenos queda en poder de esos Comandos de Bienestar, sin informarle al Ministerio de Hacienda.   

El proyecto de ley, ingresado el 31 de mayo de 2021, con boletín N° 14325-02 en la Cámara de Diputados, originado por aquellos particulares señalados en el primer párrafo, se refiere a la destinación y enajenación de estos inmuebles fiscales, para lo cual se deben modificar las leyes números 18.712, 18. 713 y 18.714 del año 1988, el que fue suscrito, entre otros, por los diputados Tomás Hirsch, Maya Fernández, Gonzalo Winter, Jorge Brito, Gabriel Ascencio y naturalmente por Rodrigo González. Ellos expresaban en un comunicado de prensa que había una sub utilización de muchos terrenos fiscales calificados como PAF que deberían destinarse a la edificación de viviendas sociales, deportes y recreación, lo que no está ocurriendo y que, por eso, se requería una moderna e indispensable ley acorde a las actuales necesidades del país. 

Los diputados proponían que esos terrenos quedaran a disposición de los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, previo catastro de los mismos para que fueran conocidos públicamente. Por su parte, la diputada, Maya Fernández, quien posteriormente ejerció el cargo de ministra de Defensa, comentaba, con pleno convencimiento, que “es necesario y urgente que podamos regular lo que pasa con estos bienes inmuebles». (sic)

Pero como el proyecto de ley no se tramitaba, quien suscribe, con el arquitecto Miguel Lawner, nos entrevistamos con el Subsecretario de las FFAA, Galo Eidelstein, a quien le entregamos el texto del proyecto para que lo revisara con la ministra de Defensa, Maya Fernández, con el indispensable propósito de que el gobierno de Boric lo hiciera suyo. Lo anterior, por motivos incomprensibles, no aconteció, llamándonos poderosamente la atención la mudez de la entonces ministra Maya Fernández.

Pues bien, el primero de noviembre de 2021 se publicó en El Diario Financiero un completo reportaje titulado «El negocio inmobiliario de las FFAA bajo la lupa», el que se aprecia enlink EL negocio inmobiliario de las FFAA bajo la lupa | Diario Financiero , en el cual se entrevistó al arquitecto Iván Poduje y a quien firma este necesario recordatorio, publicación reproducida el 2 de noviembre de 2021 en el sitio especializado en urbanismo Atisba, abrir link EL negocio inmobiliario de las FFAA bajo la lupa

Leyendo esas comunicaciones se constata que, en síntesis, Poduje reflexionaba públicamente en esa fecha en los siguientes términos: «No corresponde que las FFAA hagan negocios inmobiliarios con estos terrenos. No es su giro ni especialidad y ya reciben recursos para cubrir todos sus costos de inversión y operación. Por ello, no pueden seguir operando como inmobiliaria.». Más claro imposible y por tal razón de fondo, suponiendo que existe coherencia por parte del gobierno de Kast, urge un pronto llamado a la acción.  

Hoy en día, como ministro de Vivienda y Urbanismo, él se ha caracterizado por decir las cosas por su nombre, lo que incomoda a muchos, motivo más que suficiente para que la fundación Defendamos la Ciudad, conforme a la ley de lobby, ya le haya solicitado una entrevista destinada a que, después de los análisis de rigor que efectúen sus técnicos, en un plazo prudente de tiempo, sea realidad este indispensable proyecto de ley que el gobierno anterior de Boric se negó a impulsar. 

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Ampliar el DFL2: el incentivo que busca reactivar la inversión y aliviar el mercado de arriendos

Según Colliers, extender los beneficios tributarios a más de dos viviendas podría dinamizar la inversión privada, aumentar la oferta de arriendo y responder a un cambio estructural en la forma de habitar en Chile.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Chile enfrenta un escenario habitacional complejo, marcado por un déficit creciente, condiciones de financiamiento más restrictivas y una transformación profunda en la composición de los hogares. En ese contexto, la propuesta de ampliar los beneficios del DFL2 —permitiendo su aplicación a más de dos propiedades por persona— aparece como una medida con efectos potencialmente estructurales en el mercado inmobiliario.

De acuerdo con el análisis de Colliers, uno de los principales impactos sería la reactivación de la inversión privada en vivienda. Al ampliar los incentivos tributarios —como la exención de impuestos sobre ingresos por arriendo y beneficios en herencias—, la propiedad inmobiliaria se vuelve más competitiva frente a otros instrumentos financieros, especialmente en un escenario de menor liquidez y mayores restricciones crediticias.

En esa línea, Reinaldo Gleisner, vicepresidente de la consultora, advierte que el mercado necesita nuevas fuentes de financiamiento. La salida de capitales, sumada al impacto de los retiros previsionales, ha reducido significativamente la disponibilidad de recursos para créditos hipotecarios de largo plazo. “Incentivar la inversión individual en vivienda es clave para sostener el dinamismo del sector”, sostiene.

Más oferta y presión a la baja en arriendos

Uno de los efectos más inmediatos de la medida sería el aumento en la oferta de viviendas destinadas al arriendo. Esto, según el informe, podría generar un efecto estabilizador —e incluso de contención— en los precios, en un contexto donde cada vez más personas optan por arrendar en lugar de comprar.

Este cambio no es menor. Entre 2002 y 2024, el tamaño promedio de los hogares en Chile disminuyó de 4,0 a 2,8 personas, llegando incluso a promedios cercanos a 2 en comunas densamente urbanas como Santiago. Como resultado, el número de hogares creció un 59%, muy por encima del aumento poblacional (22,2%), lo que ha intensificado la demanda por viviendas más pequeñas, bien ubicadas y con buena conectividad.

En ese escenario, la promoción de unidades de hasta 90 m² —típicamente de 1 o 2 dormitorios— se alinea con una demanda real, donde los hogares destinan en promedio un 25% de sus ingresos al arriendo.

Un nuevo rol para el inversionista minorista

La ampliación del DFL2 también redefine el rol del pequeño inversionista. En un mercado donde la rentabilidad anual por arriendo se sitúa entre 4% y 4,5%, sumada a la plusvalía de largo plazo, la vivienda se consolida como una reserva de valor atractiva.

Este escenario abre la puerta a que más personas —especialmente jóvenes profesionales— ingresen tempranamente al mercado inmobiliario, no necesariamente como propietarios de su vivienda principal, sino como inversionistas. Según Colliers, esto puede transformarse en un “puente financiero” hacia la adquisición futura de una vivienda propia. En síntesis, la ampliación del DFL2 podría tener múltiples efectos:

  • Reactivar la inversión privada en vivienda
  • Compensar la menor participación del financiamiento institucional
  • Aumentar la oferta de arriendos
  • Contribuir a estabilizar precios
  • Facilitar el acceso temprano al mercado inmobiliario

Más allá del incentivo tributario, la medida se perfila como una herramienta de política pública orientada a enfrentar un problema estructural: cómo financiar, construir y distribuir vivienda en un país donde la demanda crece más rápido que la oferta.

Como concluye el informe, no se trata solo de un beneficio, sino de una estrategia para movilizar capital hacia un sector clave para el desarrollo social y urbano del país.

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23/04/2026 09:18