Por: Lorenzo Reyes Bozo Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas
La transición hacia el hidrógeno verde se ha instalado en el debate público como una promesa de desarrollo sostenible, diversificación productiva y liderazgo climático para Chile. Sin embargo, bajo este escenario surge una pregunta ineludible y aún insuficientemente discutida: ¿quién paga realmente este cambio?.
El despliegue de la industria del hidrógeno verde requiere inversiones de magnitud excepcional. No solo se trata de electrolizadores y energías renovables, sino también de infraestructura habilitante: redes de transmisión, puertos especializados, plantas desalinizadoras y sistemas logísticos complejos. Este entramado supone costos iniciales elevados, largos periodos de maduración y una incertidumbre tecnológica y de mercado que el sector privado, por sí solo, difícilmente asumirá sin mecanismos de mitigación de riesgo.
En este contexto, el rol del Estado se vuelve decisivo. Subsidios, garantías, marcos regulatorios bien establecidos y financiamiento público emergen como instrumentos clave para catalizar la inversión. No obstante, esta intervención abre un dilema estructural: el uso de recursos fiscales para apalancar una industria en etapa temprana implica necesariamente priorización presupuestaria. En otras palabras, cada dólar destinado al hidrógeno verde compite con necesidades urgentes en salud, educación o seguridad social.
La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en cuánto cuesta la transición, sino en cómo se distribuyen sus costos y beneficios. Existe el riesgo de que el financiamiento público socialice las pérdidas iniciales, mientras que las rentabilidades futuras se concentren en actores privados o en mercados externos. Este escenario no es nuevo en economías basadas en recursos naturales y exige un diseño institucional cuidadoso que garantice retornos sociales efectivos.
Asimismo, resulta imperativo avanzar hacia esquemas de transparencia que permitan a la ciudadanía comprender el destino y la eficiencia del gasto público en esta materia. La legitimidad social de la transición energética dependerá, en gran medida, de la percepción de justicia en su financiamiento.
El hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para nuestro país, ya que representa una nueva industria basada en fuentes renovables. Pero su viabilidad no se jugará únicamente en la eficiencia tecnológica o en la competitividad de costos, sino en la capacidad de construir un pacto social y fiscal que defina, con claridad y equidad, quién paga hoy para que Chile obtenga frutos mañana.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad.
Hace unos 5 años atrás, quien firma esta columna de opinión, en conjunto con el entonces diputado Rodrigo González (QEPD), dos arquitectos y dos abogados, uno de ellos, ex subsecretario de Bienes Nacionales, redactamos un proyecto de ley que buscaba regular el uso de los inmuebles fiscales entregados gratuitamente por el Estado a las distintas ramas de las FFAA, Carabineros y PDI, para uso exclusivo de sus propias necesidades institucionales.
Se debe saber que una antigua legislación dio normas para la creación y administración de fondos para el cumplimiento de las finalidades de los servicios de bienestar de las FFAA. Para tal efecto, se facultó al Presidente de la República en orden a que dictara normas referidas al funcionamiento de los anteriores y con fecha 6 de abril de 1971 el Presidente de la República, Salvador Allende, dictó el DFL N°1 creando al efecto el denominado Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) para el cumplimiento de las finalidades de esas dependencias de las Fuerzas Armadas. Reguló la adquisición y administración de estos inmuebles, su desafectación, enajenación y destino de los recursos adquiridos.
Han transcurrido más de 55 años y esos inmuebles, básicamente terrenos, que permanecen en poder y son administrados por sus respectivos Comandos de Bienestar, con la denominación PAF, indicada en el párrafo anterior, los que, según sus disponibilidades de usos y con el acuerdo de sus altos mandos, acorde al sistema mercantilista en boga, desde hace algún tiempo son comercializados libremente por los mismos en el mercado inmobiliario. Obviamente el producto monetario de las ventas de esos terrenos queda en poder de esos Comandos de Bienestar, sin informarle al Ministerio de Hacienda.
El proyecto de ley, ingresado el 31 de mayo de 2021, con boletín N° 14325-02 en la Cámara de Diputados, originado por aquellos particulares señalados en el primer párrafo, se refiere a la destinación y enajenación de estos inmuebles fiscales, para lo cual se deben modificar las leyes números 18.712, 18. 713 y 18.714 del año 1988, el que fue suscrito, entre otros, por los diputados Tomás Hirsch, Maya Fernández, Gonzalo Winter, Jorge Brito, Gabriel Ascencio y naturalmente por Rodrigo González. Ellos expresaban en un comunicado de prensa que había una sub utilización de muchos terrenos fiscales calificados como PAF que deberían destinarse a la edificación de viviendas sociales, deportes y recreación, lo que no está ocurriendo y que, por eso, se requería una moderna e indispensable ley acorde a las actuales necesidades del país.
Los diputados proponían que esos terrenos quedaran a disposición de los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, previo catastro de los mismos para que fueran conocidos públicamente. Por su parte, la diputada, Maya Fernández, quien posteriormente ejerció el cargo de ministra de Defensa, comentaba, con pleno convencimiento, que “es necesario y urgente que podamos regular lo que pasa con estos bienes inmuebles». (sic)
Pero como el proyecto de ley no se tramitaba, quien suscribe, con el arquitecto Miguel Lawner, nos entrevistamos con el Subsecretario de las FFAA, Galo Eidelstein, a quien le entregamos el texto del proyecto para que lo revisara con la ministra de Defensa, Maya Fernández, con el indispensable propósito de que el gobierno de Boric lo hiciera suyo. Lo anterior, por motivos incomprensibles, no aconteció, llamándonos poderosamente la atención la mudez de la entonces ministra Maya Fernández.
Pues bien, el primero de noviembre de 2021 se publicó en El Diario Financiero un completo reportaje titulado «El negocio inmobiliario de las FFAA bajo la lupa», el que se aprecia enlinkEL negocio inmobiliario de las FFAA bajo la lupa | Diario Financiero , en el cual se entrevistó al arquitecto Iván Poduje y a quien firma este necesario recordatorio, publicación reproducida el 2 de noviembre de 2021 en el sitio especializado en urbanismo Atisba, abrir link EL negocio inmobiliario de las FFAA bajo la lupa
Leyendo esas comunicaciones se constata que, en síntesis, Poduje reflexionaba públicamente en esa fecha en los siguientes términos: «No corresponde que las FFAA hagan negocios inmobiliarios con estos terrenos. No es su giro ni especialidad y ya reciben recursos para cubrir todos sus costos de inversión y operación. Por ello, no pueden seguir operando como inmobiliaria.». Más claro imposible y por tal razón de fondo, suponiendo que existe coherencia por parte del gobierno de Kast, urge un pronto llamado a la acción.
Hoy en día, como ministro de Vivienda y Urbanismo, él se ha caracterizado por decir las cosas por su nombre, lo que incomoda a muchos, motivo más que suficiente para que la fundación Defendamos la Ciudad, conforme a la ley de lobby, ya le haya solicitado una entrevista destinada a que, después de los análisis de rigor que efectúen sus técnicos, en un plazo prudente de tiempo, sea realidad este indispensable proyecto de ley que el gobierno anterior de Boric se negó a impulsar.
La UF ya está muy cerca de los $40 mil y su trayectoria depende del IPC. el Banco Centralentregó el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año y espera una inflación cercana al 4% anual, esto debido al alza de los combustibles; y las tasas de créditos hipotecarios se hanmantenido estables en torno al 4,1%.
El tiempo que dure la guerra, el choque energético y cuánto se traspasa al consumidor final son variables que también inciden en la presión inflacionaria. Si bien la rebaja por la eliminación del IVA en las viviendas podría ser menor a lo esperado, entre el 2% y 4%, el anuncio ya está congelando decisiones.
El punto es generar más certezas que indecisiones. Si tienes financiamiento aprobado y necesitas vivienda hoy -no en seis meses más-, el riesgo operativo de esperar no es solo el precio: es la UF y la tasa. Si estás en etapa temprana y tu compra depende de la rebaja tributaria, entonces sí: espera la letra chica, pero es probable en que el descuento podría no ser del 19%.
Para los inversionistas los arriendos en UF protegen contra la inflación, pero la rentabilidad real depende de la ocupación y del mercado del arrendatario. En cuanto a costo de vida, tu mejor amigo no será la UF, sino una buena selección de activo (demanda sólida) y un análisis conservador de la vacancia.
Esta es una ventana para explicar por qué, con datos y condiciones. En 2026, el mercado ya no premia la certeza, premia la lucidez. Y esa lucidez hoy es: la UF no sube por nerviosismo, sube por IPC; y el IPC, por ahora, lo está manejando el petróleo.
En el marco de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción, el gremio escogió el proyecto Terrazas del Bicentenario que desarrolla el grupo para esta festividad.
La iniciativa de integración social Terrazas del Bicentenario, que levanta el grupo constructor-inmobiliario Boetsch- fue el escenario elegido este 2026 para saludar a los trabajadores de la construcción en su día.
La actividad, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), contó con la presencia de los recién asumidos ministros del Trabajo, Tomás Rau, y de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín; representantes de la asociación gremial, encabezados por su presidente, Alfredo Echavarria; otras autoridades sectoriales, y ejecutivos de la compañía.
Durante la ceremonia, realizada en el marco de los 75 años de existencia de la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó -en representación de los más de 720 mil trabajadores del sector- un reconocimiento a dos colaboradores de Boetsch, destacando su esfuerzo, compromiso y el aporte fundamental que realizan al desarrollo del país.
En ese sentido, el ministro Rau indicó que “en proyectos como este en Cerrillos, lo que ustedes hacen es muy significativo. Porque aquí, ladrillo a ladrillo, muro a muro, no se están construyendo solo departamentos. Aquí también se están encumbrando sueños y por supuesto también se construyen hogares. Hogares donde niños van a crecer y familias van a proyectarse”, mencionó.
El secretario de Estado valoró también -en su día- la labor de los trabajadores del sector y remarcó la importancia que tiene esta actividad para el país. “La construcción cumple un rol clave en nuestra economía. Representa cerca de un 7,6% del empleo total del país y es un motor fundamental para la creación de puestos de trabajo”.
En tanto, la ministra Marín aprovechó la instancia para hablar de la importancia que ha tenido este rubro en la incorporación femenina en empleos históricamente masculinizados, relevando el empleo femenino como un eje gubernamental.
Terrazas del Bicentenario
Corresponde a una iniciativa de integración social que se emplaza en un terreno de 1,7 hectáreas, de los cuales cerca de 2.350 metros cuadrados son áreas verdes.
Terrazas del Bicentenario considera 1.008 viviendas distribuidas en siete edificios de hasta 16 pisos. Todo esto, acompañado de amenidades tales como espacios co-work, quinchos, juegos infantiles, zona fitness al aire libre, gimnasio y bicicleteros.
“Proyectos como éste, impulsado por el Serviu Metropolitano, debiesen ser el estándar que guíe la política habitacional. Viviendas de alta calidad, con áreas verdes y con espacios donde se pueda hacer familia, comunidad y recrearse sanamente. Con excelentes accesos, ubicación inigualable y equipamientos públicos y privados bien planificados e incorporador. Somos una empresa que trabajamos para cumplir sueños que trasciendan vidas”, asegura Rodrigo Boetsch, Gerente General Corporativo de la empresa.
Por: Rudighert Schalchli, Business Owner de ICONSTRUYE.
La industria de la construcción ha avanzado con fuerza en digitalizar el control de obra, el abastecimiento y la planificación de proyectos. Sin embargo, la gestión financiera sigue operando, en muchos casos, con lógicas manuales que contrastan con la complejidad y el volumen de recursos que mueve el sector. En una industria intensiva en capital, este rezago no es solo operativo, es estratégico.
El Open Banking no debe entenderse como una tecnología disruptiva, sino como un cambio de paradigma. Y es que parte de una premisa simple: los datos financieros pertenecen al usuario y este debe poder compartirlos, de forma segura y autorizada, con los sistemas que estime convenientes. Aplicado a la construcción, esto permite conectar directamente bancos con plataformas de gestión, eliminando procesos mecánicos y reduciendo riesgos.
Hoy, muchas constructoras aún destinan equipos completos a descargar saldos bancarios, consolidarlos en Excel y generar reportes que, cuando llegan a gerencia, ya están desactualizados. Lo mismo ocurre con los pagos de nómina y proveedores, que suelen gestionarse mediante archivos o planillas cargadas manualmente al banco. Estos procesos no solo son ineficientes, sino que abren brechas relevantes de seguridad y fraude por alteraciones de último minuto.
El modelo Open Banking permite revertir este escenario. La visibilidad inmediata de saldos y flujos facilita la planificación de liquidez, la inversión de excedentes de corto plazo y la priorización de pagos críticos cuya demora puede paralizar una obra. También fortalece la seguridad transaccional al eliminar la intervención humana en la carga de datos y mejora la gestión de cobranza e ingresos inmobiliarios.
Pero las barreras existen. Hay resistencias institucionales, falta de estándares técnicos y temores laborales asociados a la automatización. Lo cierto es que confundir optimización operativa con perder control es un error, se trata de liberar a los equipos de tareas repetitivas para enfocarlos en análisis, planificación y control.
La construcción ya entendió el valor de digitalizar la obra. El desafío pendiente es hacer lo mismo con la caja. En un sector donde cada día cuenta, la información financiera en tiempo real dejó de ser un lujo y pasó a ser una necesidad.
Una nueva controversia se abrió en medio del proceso de reconstrucción en el sector El Olivar, en Viña del Mar, luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunciara una investigación por el lento avance de las obras y eventuales irregularidades.
La autoridad, tras realizar visitas a terreno, aseguró haber detectado faenas con escaso movimiento, presencia reducida de trabajadores y posibles incumplimientos por parte de las empresas a cargo. En ese contexto, advirtió que se evaluarán sanciones e incluso la posibilidad de impulsar una comisión investigadora en el Congreso.
“Vamos a tomar las medidas más duras que sean necesarias”, afirmó el titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando que el proceso será revisado por instancias internas de la cartera.
Vecinos descartan irregularidades
Sin embargo, desde el propio sector surgieron versiones que contradicen el diagnóstico del Ejecutivo. Vecinos de El Olivar aseguraron que la empresa cuestionada fue elegida por ellos mismos, descartando que haya existido una imposición.
“Nosotros elegimos a esta constructora”, indicaron, destacando mejoras en las viviendas proyectadas en comparación con las anteriores.
En esa línea, atribuyeron la polémica a un “malentendido” y señalaron que intentaron explicar su postura directamente a la autoridad durante su visita.
Empresa apunta a confusión
Desde la firma a cargo de las obras también descartaron irregularidades y señalaron que la situación responde a una confusión. Según indicaron, han cumplido con los procedimientos establecidos y participaron en instancias de revisión junto a equipos técnicos.
Estas reuniones, detallaron desde el ámbito técnico, abordaron aspectos como el avance de obras, contratos, marcos financieros y garantías.
Pese a la controversia, hasta ahora no se han entregado cifras oficiales detalladas sobre el estado de avance de la reconstrucción ni sobre eventuales sanciones, lo que mantiene abiertas las dudas respecto del proceso.
El caso se da en el contexto de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la zona, uno de los procesos habitacionales más relevantes en la región.
De esta forma, mientras el Gobierno apunta a eventuales responsabilidades, desde el territorio defienden el proceso, en un escenario marcado por versiones contrapuestas y a la espera de los resultados de la investigación anunciada.
Por: Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp, empresa chilena con 50 años de experiencia en climatización.
El mundo avanza rápidamente hacia la electrificación de múltiples sectores: transporte, calefacción y producción de calor industrial. Este cambio no es casual. La electrificación trae una serie de beneficios estructurales para las economías modernas.
En primer lugar, permite reducir el consumo de combustibles fósiles, disminuyendo la contaminación y las emisiones. En segundo lugar, genera un suministro energético más estable, menos expuesto a la volatilidad internacional de precios. Finalmente, permite a los países reducir su dependencia de fuentes externas de energía, como el gas o el petróleo importado.
Tecnologías como los vehículos eléctricos o las bombas de calor dependen directamente de contar con electricidad competitiva para desplegarse de forma masiva.
Chile, al menos desde el punto de vista de recursos naturales, tiene condiciones excepcionales para lograrlo.
Chile: potencia renovable, pero con tarifas altas
Chile cuenta hoy con algunas de las mejores condiciones del mundo para producir energía renovable. La radiación solar del desierto de Atacama y el potencial eólico de diversas zonas del país han permitido una rápida expansión de estas tecnologías.
Esto ha reducido de forma significativa el costo de generar electricidad. Sin embargo, ese beneficio no siempre se refleja en las cuentas finales que pagan hogares y empresas.
De hecho, el debate sobre el precio de la electricidad sigue plenamente vigente. Durante 2026 el país enfrenta nuevos ajustes tarifarios asociados al proceso de normalización de precios eléctricos iniciado tras el congelamiento aplicado durante la pandemia. Entre los cambios considerados para este año se contempla un nuevo aumento promedio cercano al 2% en las cuentas residenciales, lo que para un hogar promedio equivale aproximadamente aunos $800 adicionales mensuales, dependiendo del nivel de consumo.
A esto se suma la discusión sobre un cargo fijo adicional cercano a $1.450 mensuales por hogar durante los próximos cuatro años, destinado a cubrir parte de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras durante el periodo de congelamiento tarifario.
El desafío pendiente es asegurar que ese potencial se traduzca en tarifas accesibles, permitiendo que la transición energética beneficie realmente a los consumidores.
La pregunta entonces es inevitable: ¿Por qué Chile sigue rezagado en tarifas eléctricas?
Un sistema tarifario diseñado para otra realidad
Chile ha logrado desarrollar uno de los sistemas más competitivos del mundo en generación renovable. Sin embargo, la estructura tarifaria heredada de décadas anteriores no siempre permite que esas reducciones de costo se transmitan completamente al consumidor final.
La cuenta eléctrica incluye varios componentes, no solo el costo de generar electricidad.
Componente
Peso aproximado
Energía
35–45%
Transmisión
15–20%
Distribución
30–40%
Cargos varios
5–10%
Esto significa que aunque el costo de producir electricidad baje, la tarifa final puede seguir aumentando si los costos de redes o cargos regulados crecen.
Mientras tanto, algunos países con matrices energéticas comparables —o incluso con menor penetración renovable— han logrado tarifas finales más bajas, en parte gracias a estructuras tarifarias diferentes o a sistemas de redes con menores cargos.
¿Es posible reducir las tarifas eléctricas?
Modificar un sistema eléctrico es complejo. Las redes requieren inversiones de largo plazo y los contratos regulatorios deben ofrecer estabilidad para atraer capital.
Aún así, diversos expertos coinciden en que existen oportunidades de mejora, entre ellas:
Revisar los mecanismos de remuneración de redes eléctricas para reforzar incentivos de eficiencia;
Mejorar la planificación de transmisión para reducir congestiones y vertimientos de energía renovable;
Avanzar hacia señales tarifarias más dinámicas que reflejen mejor la disponibilidad de energía barata en ciertas horas del día.
Por último una idea más disruptiva sería eliminar parte del IVA o cargos regulatorios a la cuenta de luz, los cuales comprenden hasta un 29% de la cuenta de la luz.
El desafío es encontrar un equilibrio entre estabilidad regulatoria, eficiencia económica y acceso a electricidad competitiva para los consumidores.
Electrificación eficiente: una oportunidad concreta para los hogares
A pesar de los desafíos estructurales del sistema eléctrico, la electrificación ya está generando beneficios concretos para los usuarios que adoptan tecnologías eficientes.
Según expertos del sector de climatización eléctrica eficiente como Kaltemp, la clave no está sólo en el precio de la electricidad, sino también en cómo se utiliza esa energía. La electrificación eficiente permite consumir menos energía para lograr el mismo resultado. Incluso con tarifas más altas, muchas tecnologías eléctricas modernas generan ahorros significativos frente a sistemas tradicionales.
Un ejemplo claro son las bombas de calor para agua caliente sanitaria. Aunque el precio de la electricidad haya aumentado en los últimos años, estos equipos pueden ser hasta un 50% más eficientes que un calefón a gas, lo que permite recuperar la inversión en muchos casos en menos de dos años.
Algo similar ocurre con los calefactores inverter, que pueden reducir el consumo eléctrico en torno a un 30% frente a equipos tradicionales on/off, ofreciendo además calefacción limpia y sin emisiones locales dentro del hogar.
También existen tecnologías como las estufa far infrared, capaces de calefaccionar superficies mayores utilizando la misma potencia eléctrica que estufas convencionales.
Mirando hacia adelante
Construir un sistema eléctrico competitivo que permita masificar la electrificación en Chile no es sencillo. Requiere ajustes regulatorios, planificación de infraestructura y estabilidad para atraer inversión. Sin embargo, existen señales positivas.
La expansión de paneles fotovoltaicos domiciliarios, programas de subsidios para tecnologías eficientes, y el avance constante de nuevas soluciones eléctricas cada vez más accesibles pueden acelerar esta transición.
Experiencias internacionales —como los programas de incentivos a bombas de calor en países como Australia o Europa— muestran que es posible avanzar hacia sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes.
Chile tiene el potencial para hacerlo. El desafío ahora es alinear el sistema eléctrico, la regulación y la tecnología para que la electrificación beneficie realmente a los consumidores.
El estudio advierte la magnitud de las ocupaciones irregulares en el país, donde la mayoría de los terrenos corresponde al Estado, evidenciando desafíos urgentes en materia de gestión territorial, control y recuperación de suelos fiscales.
Un reciente estudio de la oficina de urbanismo Atisba Monitor reveló la magnitud de las megatomas en Chile, evidenciando un escenario complejo para la gestión territorial del Estado. Según la investigación, las 34 mayores ocupaciones irregulares del país abarcan más de 200 mil hectáreas, de las cuales un 75% corresponde a terrenos fiscales.
El informe adquiere especial relevancia en un contexto donde el Gobierno ha manifestado la urgencia de recuperar estos espacios y darles un uso legal y público. En esa línea, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, aseguró que actualmente se está desarrollando un catastro actualizado de los inmuebles fiscales con ocupación irregular.
“Estamos actualizando los antecedentes sobre terrenos e inmuebles fiscales con ocupación irregular, para determinar su situación jurídica y el grado de control efectivo del Estado”, señaló la autoridad. Asimismo, indicó que ya se han iniciado reuniones con distintas organizaciones y actores territoriales con el objetivo de abordar el problema y avanzar en soluciones concretas.
Una vez finalizada esta etapa, el Ministerio proyecta iniciar acciones judiciales para recuperar los terrenos, en coordinación con los organismos correspondientes.
Desde Atisba Monitor, su directora ejecutiva, Caroline Iribarne, explicó que la alta proporción de terrenos fiscales en estas ocupaciones responde, en parte, a la amplia disponibilidad de suelo estatal.
“En su minuto, el déficit habitacional y la presión migratoria llevaron a que muchas personas buscaran soluciones informales vía usurpaciones”, afirmó.
En cuanto a los desafíos que enfrenta el Estado, Iribarne advirtió que no se trata únicamente de atribuciones legales, sino de capacidades operativas y tecnológicas. En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar catastros georreferenciados apoyados en imágenes satelitales, que permitan monitorear en tiempo real las modificaciones en el uso del suelo.
“Hay un desafío tecnológico importante en el resguardo de estos terrenos”, puntualizó.
Respecto a los plazos, la experta estimó que un catastro completo podría realizarse en aproximadamente seis meses. Sin embargo, advirtió que los procesos de recuperación serán más extensos, debido a la consolidación de algunas tomas y a la presencia de redes delictuales en ciertos sectores.
Casos como los registrados en Antofagasta, Cerrillos o en el camino a Melipilla evidencian la complejidad del fenómeno. “Intervenir estos territorios requiere desactivar redes delictuales, de lo contrario pueden generarse situaciones de violencia, como ya ocurrió en San Antonio”, concluyó.
Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la humedad, especialistas advierten sobre la necesidad de ajustar las rutinas de aseo en el hogar para prevenir alergias y mejorar la calidad del aire en espacios interiores.
El otoño no solo marca un cambio en el clima, sino también en la forma en que habitamos nuestros espacios. A partir del 20 de marzo, la disminución de las temperaturas y la tendencia a mantener puertas y ventanas cerradas generan un escenario propicio para la acumulación de polvo, humedad y otros agentes que pueden afectar la salud respiratoria.
De hecho, según un estudio realizado por Cadem y Aramark en 2025, uno de cada cinco chilenos declara padecer algún tipo de alergia, una cifra que se vuelve especialmente relevante en esta época del año.
El problema no es menor. Durante el otoño, el aumento de la humedad ambiental favorece la proliferación de ácaros y microorganismos, especialmente en superficies textiles como alfombras, cortinas o tapices. A esto se suma la suciedad que ingresa desde el exterior, como hojas, tierra o polvo, transportados a través de zapatos, ropa o mascotas.
“Los hogares requieren una mayor frecuencia de limpieza y ventilación para evitar la acumulación de partículas que pueden afectar tanto la higiene del ambiente como la salud respiratoria”, explica Carlos Schilling.
Zonas críticas dentro del hogar
No todos los espacios se ven afectados de la misma manera. Según el especialista, existen puntos clave donde la suciedad tiende a concentrarse con mayor facilidad. Por ejemplo, entradas y pasillos, donde se deposita la suciedad proveniente del exterior, alfombras y tapetes, que retienen polvo fino, hojas y pelos. Sectores cercanos a ventanas o balcones, expuestos al ingreso de tierra por el viento y espacios bajo muebles, donde el polvo se acumula cuando la limpieza es menos frecuente.
La falta de mantención en estas áreas no solo deteriora las superficies, sino que también favorece la presencia de ácaros, bacterias y malos olores.
Ajustar la rutina: una necesidad estacional
A diferencia del verano, donde la ventilación natural es constante, en otoño las dinámicas cambian. Las familias pasan más tiempo en interiores, lo que obliga a replantear las rutinas de limpieza.
Entre las recomendaciones más relevantes destacan aumentar la frecuencia de aspirado, especialmente en alfombras y pisos. Ventilar diariamente los espacios, aunque sea por breves periodos. Priorizar la limpieza en zonas de alto tránsito como living, cocina y accesos. Controlar la humedad para evitar la proliferación de microorganismos.
En este contexto, el uso de tecnologías como aspiradoras inteligentes o robots de limpieza ha ganado terreno, ya que permiten eliminar partículas finas de manera más eficiente que métodos tradicionales.
“Estos equipos cuentan con sistemas de succión de alta potencia y filtros avanzados que capturan polvo fino, pelos de mascotas y otras partículas microscópicas”, añade Schilling.
Errores frecuentes
Uno de los principales problemas, advierten los expertos, es mantener las mismas rutinas de limpieza que en verano. Reducir la ventilación, no aumentar la frecuencia de aseo o ignorar zonas críticas son prácticas comunes que pueden agravar la acumulación de alérgenos.
La clave, entonces, está en adaptarse. Porque más allá del orden, la limpieza en otoño se transforma en una herramienta esencial para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida dentro del hogar.
La Reforma Previsional ya mejora las pensiones, pero expertos advierten que la falta de planificación con APV, seguros y edad de jubilación limita su impacto.
Desde enero 2026 entraron en vigencia tres beneficios fundamentales de la Reforma Previsional que transforman el sistema de pensiones chileno: el Beneficio por Años Cotizados (0,1 UF por año con tope 2,5 UF para hombres con 20 o más años y mujeres con 10 o más años cotizados), la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para mujeres 65+ años (mínimo 0,25 UF mensual), y el aumento gradual de la PGU a $250.000 (desde septiembre 2026 para mayores 75 años).
Sin embargo, Alfredo Cruz & Cía. advierte que es importante que los cotizantes puedan comprender cómo estos beneficios se articulan con su ahorro previsional obligatorio, APV, seguros de invalidez, y estrategia de jubilación, generando decisiones descoordinadas que reducen el impacto patrimonial acumulado.
La Reforma no reemplaza la planificación individual: la potencia cuando se integra estratégicamente con las decisiones de ahorro, protección e inversión que cada persona debe tomar para maximizar su patrimonio previsional.
La consultora previsional de Alfredo Cruz & Cia, Bernardita Infante, explica que existen beneficios directos e indirectos dentro de esta reforma. Los beneficios directos son los que mejoran directamente las pensiones de manera automática como el beneficio por años cotizados y la compensación por Diferencias de Expectativa de vida, los cuales se pagan a partir de los 65 años desde enero pasado.
En cuanto a los beneficios indirectos se encuentra el pago de cotizaciones previsionales para las personas que están recibiendo seguro de cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
“La gente en general no tiene conocimiento absoluto sobre el sistema previsional. Se ha hecho un buen trabajo en informar los beneficios que tiene esta reforma (…) hay muchas personas que están cobrando sus beneficios previsionales, pero falta información en cómo sacarle mejor partido al sistema”, recalca Bernardita Infante.
Si bien resalta que estos beneficios generan un aumento importante en las pensiones, si advierte ciertos riesgos.
“Podría ocurrir que, al recibir los beneficios, se desincentive la cotización obligatoria o hacer cotización voluntaria para tener un mejor fondo, ya que ahora este incremento en la pensión será financiado por el Estado. También hace ruido que, en la medida que el Estado le entregue fondos a una persona a través del bono por años cotizados o bono por diferencia de expectativas de vida, esto signifique una disminución en la PGU”, explica la experta.
En ese sentido puntualiza que no se informó que incorporar estos beneficios previsionales en la pensión base iba a significar una disminución de la PGU.
Agrega que, en cuanto al beneficio por años cotizados y el APV, “tal vez la persona que está pensando en cotizar como afiliado voluntario, puede ser que a futuro piense que le conviene cotizar asi por un monto menor, y la diferencia como cotización voluntaria o APV, ya que así mantiene la pensión base (pensión que se usa para determinar el requisito de la PGU) más baja”.
Respecto a integrar la compensación por expectativas de vida con la elección de la modalidad de pensión, Bernardita Infante resalta que actualmente no existe ninguna certeza de cuáles serán las tablas de mortalidad y cuáles van a ser las pensiones comparativas entre hombres y mujeres, y si van a ser equitativas o diferenciadas.
“No se sabe si la mujer que solicite el beneficio va a recibir el bono por diferencia de expectativa de vida y cuánto va a ser ese monto, por tanto, quizás las mujeres prefieran pensionarse a los 60 años y no a los 65, y tener liquidez sobre sus fondos desde ahí en adelante, porque el pensionarse cinco años antes permite liquidar hasta el 20% de su cuenta obligatoria y seguir trabajando. Eso lo pueden evaluar en el momento en que vayan a tomar la decisión”, dice la experta.
