Por: Cristián Arancibia, gerente general de MG Certifica
El accidente ocurrido en la comuna de Renca hace un mes, vinculado a un camión de Gasco, no solo generó alarma pública, sino que dejó al descubierto una brecha preocupante: Chile sabe gestionar riesgos extremos, pero no siempre aplica ese conocimiento cuando se trata de operaciones críticas en entornos urbanos.
La industria minera ofrece un contraste elocuente. Allí, el transporte de sustancias peligrosas se realiza en condiciones objetivamente más adversas —caminos de tierra, pendientes pronunciadas, riesgo de derrumbes, tránsito de maquinaria pesada— donde la posibilidad de un accidente grave es real y permanente. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra es baja. La razón; la aplicación sistemática de estándares rigurosos de control de riesgos.
Si esos mismos protocolos se aplicaran en las ciudades, el riesgo de un evento como el de Renca debería ser extraordinariamente bajo, cercano a cero.
La diferencia principal no es técnica, sino cultural. En minería, la prevención de riesgos es un valor intransable. Fuera de la faena, en cambio, ese valor suele diluirse bajo la presión por eficiencia, rapidez o reducción de costos. Se prioriza la capacidad de carga por sobre la integridad estructural de los equipos, se acortan procesos de verificación y, en ocasiones, se prescinde de operadores altamente especializados.
Las medidas necesarias para prevenir este tipo de incidentes son conocidas: inspección exhaustiva del equipo antes de operar, revisión de documentación, planificación detallada de rutas, conducción por personal certificado y acompañamiento de escoltas preparados para responder ante emergencias y resguardar a terceros. No se trata de soluciones experimentales, sino de prácticas estándar en operaciones de alto riesgo.
Otro elemento clave es la gestión por competencias. Asegurar que la persona adecuada, con la formación y habilidades correctas, esté a cargo de una tarea crítica reduce significativamente la probabilidad de error humano. La evaluación continua y la capacitación pertinente permiten cerrar brechas de conocimiento y adaptar a los trabajadores a nuevas exigencias tecnológicas y operacionales.
Todo converge en la cultura de seguridad. Cuando una organización sitúa la protección de la vida, la salud y el medio ambiente por encima de cualquier resultado productivo, las decisiones cambian. Detener una operación insegura deja de ser una pérdida y pasa a ser una obligación.
El desafío para Chile no es descubrir nuevas soluciones, sino decidir aplicarlas de manera consistente fuera del ámbito minero. Las herramientas existen, el conocimiento está disponible y su eficacia ha sido ampliamente probada.
Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
Dado que la caja fiscal, según el gobierno de Kast, dispone de pocos recursos monetarios, lo que fue desmentido a la ligera por la administración de Boric, teniéndose en cuenta que el ministro Quiroz es experto en cifras y el ministro Poduje es un conocido especialista en vivienda y urbanismo, a sabiendas que, como lo hemos publicado hasta la saciedad, el anterior gobierno, aceptando las peticiones de experimentados lobbystas, favoreció con diversas prebendas al sector económico de la construcción y a otros tantos, comportamiento que es absolutamente contrario al sistema económico de libre mercado, sería necesario que la actual administración permita en los hechos de que exista una sana competencia entre los actores privados que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía, pues de esta manera se asignan correctamente los recursos y si excepcionalmente, por motivos ocasionales, hay que asistir a algún sector, debe ser vía legal.
A modo de ejemplo, a través de la Circular ORD. N° 112 de la obsecuente División de Desarrollo Urbano (DDU) 533 del Minvu, del reciente 27 de febrero de 2026, se amplió discrecionalmente en un año y medio la vigencia de los permisos de edificación, materia contenida en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que fijaba la caducidad de los mismos en los 3 años si no se iniciaban las faenas de los proyectos.
Con esta amistosa práctica administrativa del gobierno de Boric, si un empresario tiene un permiso de edificación cursado por una dirección de obras municipales (DOM) para un proyecto de 2 torres de oficinas o de departamentos de 25 pisos cada una, adscribiéndose a las normas de un determinado Plan Regulador Comunal (PRC) y si ese municipio, por razones de bien público, modificó ese instrumento reduciendo la altura máxima a 12 pisos, ese feliz actor inmobiliario ahora podrá construir sus torres de 25 pisos sin ningún inconveniente, ya que las autoridades anteriores del Minvu fueron muy serviciales con ese influyente sector de la economía.
Recientemente se aprobó una expropiación del antiguo Club Hípico de Punta Arenas, equipamiento deportivo clasificado como área verde en el respectivo PRC, con el propósito de transformar sus 20 hectáreas en un proyecto denominado «Central Park», auspiciado por el saliente presidente Boric.
Pero como el monto de dinero que se le pretende pagar a la sociedad comercial que tiene el dominio de ese predio es sumamente elevado, algunos consejeros regionales que conocen los precios en que se transan los terrenos, más aún, cuando son áreas verdes, tuvieron que denunciar ese injustificado regalo en la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que todavía no se pronuncia. Este «Central Park» chilensis, a diferencia del parque público de verdad situado en Manhattan, Nueva York, EEUU, considera en una de sus partes, la ejecución de edificios de viviendas.
Como las dadivosas autoridades regionales estaban muy apuradas para pagarle a la empresa Sociedad Club Hípico de Punta Arenas S.A. los desmesurados $ 21.832.000.000, esta suma ya está consignada en un tribunal y los transparentes y responsables denunciantes magallánicos, liderados por el consejero regional, Max Salas, acusaron graves inconsistencias en la alegre tasación elaborada por 3 arquitectos de la zona. Quienes financian la enorme indemnización al privado es el Minvu y el Gobierno Regional de Magallanes, destacándose que 2 de los llamados peritos tasadores son socios de una empresa de corretaje de propiedades.
En lo que respecta a los terrenos considerados áreas verdes en los instrumentos de planificación urbana, el actual gobierno, habida cuenta lo sucedido con el caso del Club de Tenis Tarapacá de Iquique, debería revisar la exención de las contribuciones de bienes raíces que tienen tales terrenos.
Los avispados directores del club, menos uno, Manuel Palacios, compraron el terreno en $ 500 millones y enseguida lo vendieron en $ 3.500 millones a un inversionista libanés para que desarrolle en ese terreno un lucrativo proyecto inmobiliario. Ello sucedió porque tales directores hábilmente renunciaron a la franquicia tributaria de las contribuciones que entrega el Servicio de Impuestos Internos (SII) a los terrenos clasificados como áreas verdes, expresándose que este impúdico asunto está radicado en la Justicia y es muy conocido por la ex Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, actual ministra de Seguridad Pública.
Otra situación impropia que deberá revisar la dupla Quiroz-Poduje es la mantención de la figura conocida como «viviendas económicas DFL2» creada en el año 1959, cuando la realidad del país era muy diferente a la actual, pues las así clasificadas están exentas de pagar las contribuciones de bienes raíces por un cierto período de tiempo, según los m2 que tienen y otras regalías.
Las viviendas de hasta 140 m2 se acogen a esta disposición y el 80% de las casi 8.000.000 viviendas que hay en el país disfrutan de este beneficio tributario, a pesar de que infinidad de ellas superan ese metraje por ampliaciones que se ejecutan después de las recepciones finales municipales. Y aunque los lectores no lo crean, existen en el mercado este tipo de «viviendas económicas» que se transan entre los $ 500.000.000 y los $ 1.000.000.000, pues hasta la fecha ningún gobierno a tomado el toro por las astas para derogar esa tramposa forma de evadir el pago de impuestos.
En conclusión, esperamos que ambos ministros, cuidando las disminuidas arcas fiscales, revisen la cuantiosa suma de la expropiación del terreno en Punta Arenas que le pertenece a la mencionada sociedad anónima y que, después de analizar las millonarias sumas de dinero que deja de percibir el Estado, por la libertina política señalada en el párrafo anterior, promuevan una ley para suprimir la mentira institucionaliza de las «viviendas económicas DFL2».
Tampoco podemos perder de vista que, durante varias decenas de años, todos aquellos que arrendaban viviendas acogidas al DFL2 nunca pagaron el impuesto a la renta por los ingresos mensuales que recibían, práctica procaz recién terminada hace 2 años. Si Quiroz desea revisar este asunto puntual con sus técnicos, este columnista tiene la mejor voluntad para entregarle, en sus manos, la documentación respectiva emanada del SII.
La comuna proyecta corredores ecológicos, nuevas ciclovías y mejoras urbanas que buscan fortalecer la calidad de vida de los vecinos y consolidar el desarrollo residencial del sector.
Más de 50 proyectos contempla el Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público de la comuna de Independencia, iniciativa recientemente publicada en el Diario Oficial y que busca fortalecer la vida de barrio, mejorar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de los vecinos.
Las iniciativas consideran la construcción de corredores ecológicos, nuevas áreas verdes, equipamientos de movilidad y cuatro ciclovías, intervenciones que apuntan a modernizar la infraestructura urbana de la comuna y promover entornos más seguros, sustentables y accesibles.
Con una población, de acuerdo con el Censo 2024, de 116.943 habitantes, Independencia es una de las comunas más pequeñas de las 52 que integran la Región Metropolitana. Sin embargo, su ubicación estratégica, patrimonio histórico y conectividad con el centro de Santiago la han convertido en un territorio atractivo tanto para vivir como para invertir.
En sus calles se combinan barrios tradicionales con sectores en desarrollo, lo que ha permitido atraer a una diversidad de residentes, desde vecinos históricos hasta profesionales jóvenes y familias que buscan su primera vivienda cerca del centro de la capital.
Durante 2025, el mercado de departamentos nuevos en Independencia registró un repunte relevante, consolidándose como un polo de inversión inmobiliaria dentro del Gran Santiago.
Su cercanía con el centro de la ciudad y la conectividad que ofrece la Línea 3 del Metro han sido factores clave para este crecimiento.
“Según distintos informes de mercado y estudios de perfil de comprador publicados entre 2025 y comienzos de este año, la mayor parte de la oferta se concentró en departamentos de un dormitorio y un baño, que representaron cerca del 55% de las ventas. Se trata de unidades que han atraído principalmente a compradores jóvenes, ya sea como primera vivienda o como inversión destinada al arriendo”, explica Jocelyn Meneses, gerente comercial de inmobiliaria Echeverría Izquierdo, desarrolladora del proyecto Play, ubicado en calle Isidoro Errázuriz de esta comuna, cerca de la estación Plaza Chacabuco del Metro.
Inversión urbana y patrimonio
Independencia se caracteriza por su activo comercio local en la avenida principal, la presencia de iniciativas comunitarias y una constante puesta en valor de su patrimonio arquitectónico y cultural. Por ejemplo, desde principios del siglo XX alberga hitos relevantes de la historia deportiva nacional, como el Hipódromo Chile, inaugurado en 1906, y el estadio Santa Laura, construido en 1926.
En el ámbito patrimonial, la comuna cuenta con diversos monumentos nacionales y edificaciones históricas, entre ellos la Iglesia del Carmen Bajo de San Rafael, la Iglesia y Convento del Buen Pastor, el antiguo Hospital San José y la Antigua Cervecería Andrés Ebner. A ello se suma una importante infraestructura educacional, con 40 establecimientos entre colegios, escuelas y liceos, de los cuales 15 cuentan con nivel de excelencia académica.
Como parte del proceso de modernización urbana que impulsa la comuna, la municipalidad implementó recientemente un recambio del sistema de cámaras de televigilancia en distintos sectores del territorio, iniciativa que contempla la instalación de 99 dispositivos en 19 zonas estratégicas, con una inversión cercana a los $100 millones, y financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Municipal.
Corredores ecológicos y movilidad
El nuevo plan de inversiones urbanas incorpora, además, la creación de corredores ecológicos, infraestructura que busca integrar áreas verdes y mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.
“En planificación urbana, un corredor ecológico es una franja de vegetación que conecta áreas fragmentadas dentro de una ciudad, promoviendo la biodiversidad y generando nuevos espacios de recreación para las personas. Además, contribuyen a reducir las islas de calor y a mejorar la gestión de aguas lluvias en entornos urbanos”, explica Meneses. La ejecutiva agrega que este tipo de iniciativas tendrá un impacto directo en el entorno urbano del sector donde se ubican nuevos desarrollos inmobiliarios.
“El anuncio de la municipalidad permitirá, por ejemplo, que los residentes de nuestro edificio Play estén rodeados por tres nuevos corredores ecológicos, ubicados en las calles Nueva de Matte, Coronel Alvarado y Luis Galdames. Además, contarán con acceso a dos nuevas ciclovías que se desarrollarán en Reina María e Hipódromo Chile”, señala la ejecutiva de inmobiliaria Echeverría Izquierdo.
El desarrollo urbano de la comuna coincide con un escenario de mayor dinamismo en el mercado inmobiliario, impulsado en parte por medidas que buscan facilitar el acceso a la vivienda.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) informó recientemente que el subsidio de 60 puntos base a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas de hasta UF 4.000 continúa generando un importante interés entre quienes buscan comprar una propiedad.
Según cifras de la industria, a febrero de este año la banca había recibido 61.894 solicitudes elegibles para acceder al beneficio; de ellas, 33.783 ya se encuentran aprobadas, mientras que otras 20.633 continúan en proceso de evaluación.
De mantenerse esta tendencia, se proyecta que las aprobaciones del Subsidio a la Tasa alcancen las 50.000 durante el tercer trimestre de este año, mientras que las ejecuciones podrían llegar a esa cifra hacia el cuarto trimestre de 2026.
En este contexto, el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios y las inversiones en espacio público posicionan a Independencia como una de las comunas con mayor proyección dentro del mercado residencial del Gran Santiago, especialmente para quienes buscan vivir o invertir cerca del centro de la ciudad en barrios con identidad y vida comunitaria.
El mercado de renta residencial o multifamily en la Región Metropolitana continúa expandiéndose. Al cierre del segundo semestre de 2025, el inventario total alcanzó 48.911 departamentos distribuidos en 208 edificios en operación, según el último reporte de la consultora inmobiliaria CBRE.
Durante la última mitad del año se incorporaron 12 nuevos proyectos, sumando 2.767 unidades adicionales al mercado. Con ello, 2025 cerró con 27 nuevos edificios, consolidando el crecimiento sostenido de este formato de arriendo institucional.
En línea con este dinamismo, la absorción del mercado se ubicó un 13% por sobre el promedio de los últimos cinco años, reflejando una demanda que ha sido capaz de ir incorporando esta nueva oferta.
La solidez de este sector inmobiliario se ve reflejada principalmente en sus niveles de uso, con una tasa de ocupación en proyectos estabilizados que alcanzó el 94,3% al término del año, lo que representa un crecimiento de 2,45% respecto al año anterior.
“Estas cifras demuestran un mercado en crecimiento y cada vez más consolidado, en el que miles de personas han encontrado un modelo de vivienda que se ajustan más a sus necesidades que el arriendo tradicional. la comodidad que las personas han encontrado en este modelo explica, en parte, su auge”, explicó la senior research manager de CBRE, Ingrid Hartmann.
Santiago Centro lidera la oferta
A nivel territorial, Santiago Centro mantiene el liderazgo en la oferta de multifamily, concentrando el 30,5% del total de departamentos de la región, con 60 edificios en operación. Le sigue el sector de Centro Poniente, que abarca las comunas de Estación Central y Quinta Normal, con un 16% de participación y 7.859 departamentos.
Por su parte, el submercado Oriente ha mantenido un crecimiento sostenido al incorporar 10 edificios en el último año, alcanzando las 7.673 unidades, donde Ñuñoa destaca como el principal polo de desarrollo de esta zona al concentrar el 53% de su stock.
El período también estuvo marcado por la expansión territorial hacia una nueva comuna. En ese contexto, Renca debutó en el mercado multifamily con su primer proyecto de 162 unidades, ubicado en el submercado Centro Norte.
Evolución de precios y proyecciones
En el análisis de rentas, el precio promedio ponderado de la Región Metropolitana cerró en 0,274 UF/m², lo que representa un ligero ajuste semestral a la baja del 2,3%, pero un incremento anual consolidado del 1,2%.
“En varias zonas, este formato no solo destaca por las características de los edificios y los servicios que ofrecen, sino que también ha logrado competir en precio frente a otras alternativas de arriendo. Eso explica su éxito en sectores céntricos y abre oportunidades para su expansión hacia otras comunas”, añade Hartmann.
En tanto, las proyecciones para el corto y mediano plazo indican que la oferta continuará expandiéndose bajo un pipeline controlado, con 21 proyectos actualmente en etapa de construcción que aportarán más de 6.000 nuevas unidades entre 2026 y 2027.
Se estima que el 87% de estos desarrollos concluirá sus obras durante el próximo año, con una concentración importante de la actividad en la Zona Oriente, que agrupa el 38% de las unidades en desarrollo. A
demás, CBRE mantiene en seguimiento al menos 30 proyectos adicionales que aún no han iniciado obras, los cuales, de materializarse, podrían integrar aproximadamente 9.000 unidades adicionales al inventario futuro de la Región Metropolitana.
Por: Francisco Vergara, Director Centro Producción del Espacio – Universidad de Las Américas
José Antonio Kast ha anunciado que vivirá en el Palacio de La Moneda, gesto que no ocurre desde Carlos Ibañez del Campo. La decisión, más allá de su dimensión doméstica, inscribe al nuevo Presidente en una genealogía simbólica que merece atención: fue precisamente Manuel Bulnes quien, a mediados del siglo XIX, convirtió a La Moneda en residencia de los gobernantes de Chile.
El eje cívico que lleva su nombre existe, en parte, por ese acto fundacional. Ahora que un mandatario vuelve a dormir donde Bulnes inauguró una costumbre, se activa una pregunta que la ciudad de Santiago arrastra desde hace casi un siglo: ¿se terminará alguna vez de construir el espacio cívico de la nación?
El Paseo Bulnes es una obra históricamente inconclusa. Desde el incipiente proyecto de José Luis Mosquera en 1918, pasando por las propuestas de Karl Brunner, Carlos Vera Mandujano, Juan Martínez, Mario Pérez de Arce y Undurraga Devés Arquitectos, al menos siete proyectos mayores intentaron configurar este eje monumental sin lograrlo. Cada intento quedó truncado.
Algunas crisis económicas, cambios de gobierno o desajustes normativos, impidieron su finalización. A mi interpretación, esta inconclusión es un registro simbólico de los procesos políticos del país.
El Paseo Bulnes y la democracia chilena viven procesos paralelos. Ambos son proyectos que ambicionan un futuro próspero, pero que se instalan desde intenciones políticamente frágiles o tambaleantes. El extremo norte del eje —La Moneda— concentra el poder ejecutivo con solidez arquitectónica; el extremo sur se diluye en abandono, indeterminación y hoy también por el crimen.
Nunca se construyó el contrapeso ciudadano que los proyectos originales contemplaban: ni el Congreso que imaginó Vera Mandujano, ni el Altar de la Patria de Martínez, ni el Ministerio de Educación de Pérez de Arce, ni el Conservatorio de Música de Brunner. El presidencialismo prevaleció en el espacio como prevalece en el régimen político, pero su contrapeso no corrió la misma suerte.
Que el Presidente vuelva a habitar La Moneda subraya esta condición histórica. Un mandatario durmiendo en el palacio refuerza el polo norte del eje, pero nada cambia al sur, donde la ciudad cívica se disuelve. La pregunta que detona la decisión presidencial es si esto llevará consigo la anhelada finalización del eje cívico o si seguirá inconcluso.
De momento, su condición actual es que el Paseo Bulnes habla de un proyecto de Estado que, como enseña su propia historia, requiere que arquitectos, políticos y ciudadanos converjan en una voluntad común que trascienda los gobiernos de turno. Esto, aún, no ha pasado. Y mientras no ocurra, el espacio cívico seguirá siendo lo que siempre ha sido: una promesa inconclusa, tan elocuente en lo que falta como en lo que existe.
Con edificios bellos y sólidos, junto a vacíos ensordecedores.
La escalada del conflicto en Medio Oriente, no es una noticia más, se configura como un verdadero terremoto económico y cuyas esquirlas están llegando directamente a nuestras carteras de inversión y, más específicamente, al mercado inmobiliario que tanto nos ocupa.
Lo más obvio es el tema del petróleo. Irán controla el Estrecho de Ormuz, espacio por el cual transita una parte más que significativa del crudo mundial, por lo que este tipo de escenarios son realmente devastadores para la economía, al incrementar el valor del barril.
¿Qué significa esto? El aumento del precio del petróleo dispara inmediatamente los costos de transporte, tanto nacional como internacional, ya que todos los bienes que se movilizan, desde materiales de construcción hasta productos básicos, se encarece. Y cuando los precios suben de manera generalizada, la inflación aparece.
Frente a esto, la única herramienta efectiva que tienen los bancos centrales para combatirla, es subir las tasas de interés. Paradójicamente, justo cuando la economía local mostraba señales de estabilización a niveles de tasas.
Otro punto importante, es la incertidumbre financiera que genera un conflicto de esta magnitud, provocando un comportamiento predecible en los inversionistas: la búsqueda desesperada de refugio. Y ese refugio tiene nombre y apellido: activos líquidos. El dólar y los bonos del tesoro estadounidense se vuelven los destinos favoritos del capital que huye del riesgo y, a su vez, este movimiento masivo de capitales tiene una consecuencia directa: el dólar se fortalece y nuestras monedas locales se devalúan.
Si hablamos del mercado inmobiliario chileno, podemos vaticinar alzas en los combustibles, aumento de la inflación, fortalecimiento del dólar y, por supuesto, un impacto directo en nuestro sector.
La tormenta es perfecta: al aumentar el precio del dólar, implica que necesitamos más pesos para comprar esta moneda, con la que se adquieren los barriles de petróleo. O sea, encarecimiento del combustible, lo que dispara la inflación y, cuando esto ocurre, sube la UF. ¿El resultado de esto? Dividendos más caros para quienes ya tienen créditos y condiciones más restrictivas para quienes buscan postular a ellos.
En este escenario, el Banco Central responderá al aumento inflacionario haciendo lo que sabe hacer: 1) mantener la tasa, si estaba pensando en bajarla o 2) subir la tasa de política monetaria para controlar la inflación, lo que se traducirá directamente en tasas de crédito hipotecario más elevadas, enfriando aún más un mercado que apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación.
Las guerras de este tipo, por muy lejanas que parezcan, al estar en un mundo globalizado, nos impactan sí o sí. Desde el costo de los materiales de construcción hasta el valor de nuestros dividendos mensuales, pasando por la capacidad de acceso al crédito de potenciales compradores.
Un estudio de la Universidad San Sebastián basado en la Encuesta Casen revela que cerca del 30% de los hogares que arriendan en el país lo hacen sin contrato.
La informalidad en el mercado de arriendos sigue siendo una realidad significativa en Chile, especialmente entre los sectores más vulnerables. Así lo revela un estudio de la Universidad San Sebastián (USS), elaborado a partir de datos de la Encuesta Casen, que muestra que a nivel nacional solo cerca del 70% de los hogares que arriendan cuentan con un contrato formal.
La situación se vuelve más crítica al observar a los hogares en situación de pobreza. En ese segmento, apenas el 53,8% de las familias tiene un contrato de arriendo, cifra que baja aún más en los hogares en pobreza extrema, donde solo el 50,1% cuenta con un acuerdo formal con el propietario.
El informe también evidencia que el porcentaje de hogares que arriendan ha crecido de manera sostenida entre 2013 y 2020. Sin embargo, las últimas tres mediciones de la Encuesta Casen muestran cierta estabilidad en el mercado del arriendo a nivel general. Esta tendencia no se replica en todos los segmentos de la población. Entre los hogares en situación de pobreza, por ejemplo, la proporción de familias que viven en arriendo aumentó entre 2022 y 2024, alcanzando el 52,9%. En el caso de la pobreza extrema, el arriendo supera el 60% de los hogares en las tres últimas mediciones.
Especialistas de la firma inmobiliaria RE/MAX Chile sostienen que varios factores explican esta alta informalidad. Entre ellos destacan los requisitos cada vez más exigentes para firmar un contrato de arriendo, como acreditar ingresos suficientes, no registrar deudas en el boletín comercial o presentar un codeudor solidario. Muchas familias no pueden cumplir con estas condiciones, por lo que terminan arrendando a conocidos o a través de subarriendos informales, lo que aumenta la vulnerabilidad habitacional.
A nivel territorial, el estudio señala que la Región Metropolitana concentra tanto el mayor número de hogares que viven en arriendo como el mayor volumen de contratos informales. Las regiones de Tarapacá, Metropolitana y Antofagasta registran además una alta incidencia de viviendas arrendadas, aunque con distintos niveles de informalidad.
Desde RE/MAX advierten que este fenómeno está estrechamente vinculado con la informalidad del mercado laboral. La falta de contratos de trabajo formales o de antecedentes financieros dificulta demostrar capacidad de pago ante los propietarios. A esto se suma el peso creciente del arriendo en los presupuestos familiares: el estudio muestra que uno de cada dos hogares destina más de un cuarto de sus ingresos al pago de la renta. El 40% paga más del 30% de sus ingresos y uno de cada tres supera el 35%.
La ausencia de contratos formales también puede generar conflictos posteriores, ya que dificulta establecer con claridad derechos y obligaciones entre arrendador y arrendatario, así como condiciones de uso y mantenimiento de la propiedad.
En ese contexto, agentes inmobiliarios recomiendan formalizar siempre el arriendo mediante un contrato firmado ante notario. Este documento permite establecer cláusulas claras sobre el valor del arriendo, reajustes, garantía, mantenimiento de la propiedad o prohibición de subarrendamiento, entre otros aspectos.
Además, contar con un contrato formal permite acogerse a la ley conocida como “Devuélveme mi Casa” (Ley N.º 21.461), que agiliza los procesos de desalojo de arrendatarios morosos o que dañen la propiedad, permitiendo recuperar el inmueble en plazos más acotados y facilitando el cobro de arriendos y gastos adeudados mediante un procedimiento monitorio.
En el primer capítulo del podcast “Cómo se viene la cosa: termómetro del mercado inmobiliario”, el ex ministro de Hacienda analizó el impacto de los retiros previsionales en el acceso al crédito hipotecario y planteó la necesidad de una agenda de largo plazo para reactivar el sector.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Santiago, marzo de 2026. En un contexto marcado por el debilitamiento del acceso al financiamiento y el ajuste del mercado inmobiliario, el economista y ex ministro de Hacienda Ignacio Briones abordó los principales desafíos que enfrenta el nuevo Gobierno en materia de vivienda y mercado inmobiliario, durante el episodio inaugural del podcast “Cómo se viene la cosa: termómetro del mercado inmobiliario”, conducido por Francisco Klein y Sandra Jerez.
En la conversación, Briones fue crítico respecto de los efectos de los retiros de fondos previsionales impulsados durante la anterior legislatura. “Quienes hoy día nos gobiernan impulsaron cuatro retiros exitosos en la Cámara. El cuarto fue en plena segunda vuelta presidencial, cuando el Presidente Boric era diputado. Después hacen el mea culpa, pero fueron unos irresponsables”, sostuvo.
A juicio del ex secretario de Estado, dichas decisiones tuvieron consecuencias directas en variables clave para el sector inmobiliario. “Nunca se ha explicado a las personas que esto se tradujo en cuestiones concretas de su día a día: en su crédito de consumo y en su acceso a crédito hipotecario al momento de comprar una vivienda”, afirmó.
Según planteó, el aumento de la inflación y el alza de tasas de interés impactaron de manera significativa a las familias. “Comprar una casa es probablemente la decisión financiera más importante que toma una familia. Si al momento de hacerlo las tasas están en niveles muy elevados, el acceso se restringe y el sueño de la vivienda propia se posterga”, enfatizó.
Briones sostuvo que la discusión política en torno a los retiros evidenció una falta de visión de largo plazo. “La buena política no es solo intermediar lo que las personas quieren en el corto plazo. Si fuera así, tendríamos todo tipo de populismos. El deber de quienes gobiernan es mirar más allá”, señaló.
Reforma estructural y acceso focalizado al crédito
De cara al cambio de administración, el economista subrayó que el desafío excede la contingencia. “El gran desafío que tiene el próximo Gobierno no es solo abordar la emergencia en el corto plazo, sino trazar un camino hacia el largo plazo. Y el largo plazo se llama reforma”, advirtió.
En materia de política habitacional, Briones se manifestó crítico de los subsidios generalizados a las tasas hipotecarias y planteó la necesidad de focalizar mejor los instrumentos. “Es necesario apuntalar a los compradores que no tienen acceso, no de manera indiscriminada, sino hasta cierto umbral de ingreso”, explicó.
En esa línea, propuso avanzar en mecanismos de garantía estatal similares al FOGAPE, orientados a sectores vulnerables sin acceso a financiamiento. “Se podría facilitar, por ejemplo, un crédito hipotecario de hasta mil UF con garantías estatales, con un dividendo que mejore su calidad de vida, aumente su ingreso disponible, los convierta en propietarios y, al mismo tiempo, movilice a la industria”, indicó.
Un espacio de análisis sectorial
El capítulo marca el debut del podcast “Cómo se viene la cosa: termómetro del mercado inmobiliario”, una plataforma que busca analizar las variables estructurales que inciden en el sector: tasas de interés, regulación, subsidios, demografía y tendencias urbanas.
“El mercado se mueve por ciclos, incentivos y decisiones estructurales que muchas veces pasan desapercibidas. Anticipar tendencias y leer correctamente las señales es clave para quienes participan en la industria”, señaló Francisco Klein.
En los próximos episodios participarán invitados como Óscar Landerretche; Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI); y Sergio Correa, gerente inmobiliario senior en Colliers Chile, entre otros actores relevantes del ecosistema.
El primer capítulo estará disponible desde mañana jueves 5 de marzo en Spotify, YouTube y las principales plataformas de audio.
El sector opera a la mitad del nivel prepandemia, sin embargo, la inversión en maquinaria e impulso de infraestructura podrían marcar el inicio de la recuperación.
Las expectativas para 2026 son moderadamente positivas, con una recuperación que debiera comenzar a visualizarse a partir de marzo. asegura Ignacio Vila, gerente general de ICONSTRUYE. “En la industria se percibe una mejora en el ánimo de los actores, influida por las definiciones políticas recientes y las señales de las nuevas autoridades respecto de una mayor prioridad a la reactivación económica y del sector construcción”.
Indica que un elemento clave será el avance en permisología. “La prórroga de más de 50 mil permisos de edificación que están próximos a vencer es una medida crítica. Sin esa extensión, muchos proyectos tendrían que reiniciar completamente su tramitación municipal, lo que generaría un fuerte cuello de botella”, sostiene.
En cuanto a los sectores con mayor potencial de crecimiento, Vila señala que “principalmente minería, energía y obras públicas”. De hecho, según la Comisión de Bienes de Capital, la inversión proyectada se concentrará en infraestructura y obras civiles vinculadas a estos rubros, con foco en regiones como Antofagasta, Atacama, Coquimbo y la Región Metropolitana.
Análisis 2025: mínimos históricos
La industria de la construcción cerró 2025 con 321 nuevas faenas habitacionales, comerciales y de infraestructura, lo que representa una caída de 3,9% respecto de 2024 (334 obras) y una disminución de 55,5% frente a 2019 (721 proyectos). Incluso en 2020, en plena pandemia, se registraron 323 inicios, superando levemente la cifra del último año.
“La menor cantidad de obras iniciadas en 2025 responde principalmente a la prolongada debilidad del sector de edificación habitacional, que concentra una parte relevante de la actividad de la construcción en Chile y donde se ubica gran parte de nuestra comunidad. Este segmento viene a la baja desde el inicio de la pandemia y no ha logrado una recuperación sostenida en los últimos cuatro años”, señala Vila.
Efectivamente, la caída durante el año pasado se concentró principalmente en la edificación habitacional, tanto en departamentos como en casas, además de una baja relevante en el segmento comercial, como oficinas y centros comerciales.
“En el sector comercial inciden factores como la menor confianza empresarial, mayores dificultades en los procesos de permisos y un cambio estructural en los modelos de negocio. Hoy se construyen menos sucursales bancarias y menos malls, en parte por el avance de la digitalización y el comercio electrónico”.
En vivienda, el ajuste está directamente relacionado con un elevado stock acumulado, cercano a 3,8 años, lo que ha retrasado el inicio de nuevos proyectos. En este contexto, la industria enfrenta aún un escenario complejo en edificación habitacional, pero con señales tempranas que podrían marcar un punto de inflexión durante 2026.
Señales desde la inversión
En paralelo, el monto total transado en órdenes de compra durante 2025 alcanzó $3.951.655 millones, equivalente a cerca de US$4.200 millones, lo que representa un crecimiento de 16% frente a 2024.
“Es una señal positiva. El mayor monto transado refleja inversión en vehículos, maquinaria y equipos, lo que suele anticipar el inicio de nuevos proyectos. Este comportamiento está alineado con las expectativas de mayor actividad en sectores como minería y energía”, sostiene Vila.
Agrega que cuando las empresas invierten en renovar o ampliar su parque de equipos es porque proyectan un aumento en su nivel de operación y carga de trabajo.
El Informe sobre el estado global de la gestión de instalaciones 2025 de JLL revela que el 81% de las compañías enfocará sus esfuerzos en optimizar presupuestos este año.
En un contexto marcado por la volatilidad económica y la aceleración tecnológica, la gestión de instalaciones (Facility Management, FM) está evolucionando desde una función operativa hacia un rol estratégico dentro de las organizaciones. Así lo concluye el más reciente informe global de JLL, basado en una encuesta aplicada a 248 organizaciones con presencia en más de 20 países.
El estudio muestra que el 84% de los líderes identifica el aumento de los costos operativos y las restricciones presupuestarias como su principal preocupación, mientras que el 81% sitúa la optimización del presupuesto como prioridad para el próximo año. En este escenario, las compañías están adoptando estrategias que combinan consolidación de proveedores, automatización y análisis de datos en tiempo real para generar eficiencias sostenibles.
El reporte identifica cuatro megatendencias que están transformando el panorama inmobiliario comercial y las operaciones empresariales a nivel global: la volatilidad geopolítica y económica; los cambios demográficos y de urbanización; las crecientes exigencias en energía y sostenibilidad; y la expansión de la inteligencia artificial y la automatización en la gestión de portafolios.
“Estas fuerzas estructurales están empujando a la gestión de instalaciones a evolucionar desde un rol operativo hacia una función estratégica con impacto directo en la continuidad del negocio y la competitividad”, señaló Javiera Basso, Head of Advisory & Valuation de JLL Chile.
En materia de transformación digital, el 28% de las organizaciones ya implementa activamente soluciones de inteligencia artificial en sus operaciones de FM, mientras que un 32% proyecta aumentar su inversión en software especializado durante el próximo año. Sin embargo, el 54% identifica como principales obstáculos las restricciones presupuestarias y la compatibilidad con infraestructura heredada, junto con brechas en gobernanza y seguridad de datos.
El informe concluye que las organizaciones que logren integrar tecnología, automatización y datos en tiempo real estarán mejor posicionadas para optimizar costos, fortalecer su resiliencia y mejorar su desempeño en un entorno cada vez más exigente.
