Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad
El dinero per se no es malo, pero en este mundo mercantilista en donde hay todo tipo de excesos, no nos sorprende que Donald Trump, como buen oportunista hombre de negocios, creó la tarjeta «Golden Visa» dirigida a todos aquellos extranjeros millonarios que, pagando 5 millones de dólares por ella, podrán tener una residencia permanente y trabajar en EEUU, siendo hasta gracioso que esa refinada cartulina tendrá la imagen de él mismo.
Lo anterior porque Trump desea potenciar la producción en su país, que tiene una abultada deuda pública que sobrepasa el 100% del producto, lo que motivó la creación de aranceles mínimos del 10% y máximos del 34% para todos los países que exportan bienes a EEUU, medida muy criticada por muchos, pues colisiona con el discurso del libre comercio en todos los mercados. Los aranceles para Chile son los más bajos, quedando excluidos el cobre y, según dicen, también la madera. Con estos radicales cambios en las reglas del juego, en teoría, se permitirá obtener mayores impuestos para equilibrar las cuentas fiscales.
En el ámbito nacional, apenas se supo que el actual gobierno había decidido comprar la casa del presidente Salvador Allende, en el precio de $ 933.000.000, donde vive su hija, senadora Isabel Allende, inmueble que tenía un avalúo fiscal de $ 512.832.711, a partir de enero pasado, decíamos públicamente que lo prudente y obligatorio, para no cometer errores, era que la anterior, con la ministra de Defensa, Maya Fernández, dueñas del inmueble, se lo entregaran en comodato al Estado, representado por el ministerio de Bienes Nacionales, pues así el Estado se evitaría pagar y ambas conservarían el dominio de esa casa-habitación, transformada en museo en honor del presidente mártir.
Se debe recordar que el precio inicial de mercado de la casa, decidido por el gobierno, era del orden de los $ 800.000.000, suma objetada por el abogado y pariente de las vendedoras, Felipe Vio, razón más que suficiente para poner en una razonable duda si ellas no buscaban ganar dinero con esa transacción. Dicho abogado y la infinidad de otros funcionarios públicos que visaron este negocio inmobiliario cometieron un garrafal error al intentar la operación comercial, pues lo impedía la Constitución, lo que significó que la senadora ya no lo será, por sentencia del Tribunal Constitucional (TC), cuyo texto a esta fecha se desconoce, y la ministra fue removida de su cargo por decisión del propio presidente Boric.
Sobre este engorroso asunto no puede admitirse que el Partido Socialista fustigue al Frente Amplio por la resolución, 8 contra 2, del TC, pues esta máxima instancia jurisdiccional colegiada y además autónoma, cumplió con su deber y por lo tanto Isabel Allende continuará residiendo en la vivienda de su papá, pero sin protección patrimonial, localizada en la calle Guardia Vieja de la comuna de Providencia.
En otro orden de materias, desde hace tiempo estamos denunciando que el proyecto inmobiliario de 4 torres habitaciones de 32 pisos c/u, llamado engañosa y pomposamente «Egaña-Comunidad Sustentable», ejecutándose en la comuna de Ñuñoa, con una inversión de US$ 300 millones, tiene una ilegalidad de origen, pues su permiso de edificación fue otorgado por un director de obras municipales (DOM) interino, sin que la empresa haya elaborado correctamente el respectivo Estudio de los Conos de Sombra, asunto que, en su oportunidad, le representamos en una reunión a 2 funcionarios de confianza de la ex alcaldesa Emilia Ríos. Lo mismo le expresamos telefónicamente a Frontal Trust, inversionista del megaproyecto.
Cabe recordar que, por este invasivo proyecto, hubo una contundente reclamación interpuesta por organizaciones ciudadanas de Ñuñoa, en contra de la «favorable» (sic) Resolución de Calificación Ambiental (RCA), dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debido a que en esa instancia no se consideraron debidamente sus serias observaciones planteadas durante la evaluación del proyecto. Pero, haciendo valer la ley, con fecha 26 de noviembre de 2021, el 2° Tribunal Ambiental, por unanimidad de sus ministros, acogió parcialmente la reclamación presentada posteriormente por la comunidad afectada.
¿Qué dijo esa superior instancia ambiental en su sentencia? : “Se resuelve anular parcialmente, en consecuencia, la RCA N° 222/2019, solo en lo referido a la evaluación de la luminosidad (efecto sombra) y refractación, debiendo el SEA completar la evaluación en este aspecto, disponiendo la realización de los estudios -en particular de aquel referido a las sombras- a fin de recabar los antecedentes necesarios para hacerse cargo debidamente de la observación referida a los efectos que la luminosidad (sombra) y refractación pueden generar en la calidad de vida de las personas”, ordenando esa máxima autoridad ambiental que se debe retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental y reclamación, para luego dictar los actos administrativos complementarios que aborden adecuadamente los aspectos reprochados. Es decir, dicho tribunal puso en su lugar al díscolo Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Debido a que después de la contundente sentencia del 2° tribunal ambiental, la municipalidad de Ñuñoa no exigió lo resuelto por este tribunal, la fundación Defendamos la Ciudad, con el ingeniero Rodolfo Acha, vecino de esa comuna y ex funcionario de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, con el apoyo del arquitecto Víctor Manuel González, ex Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Minvu, entregaron los antecedentes de rigor a la arquitecta y abogada, Carolina Casanova, actual Seremi del Minvu, para que su función pública corrobore que el Estudio de los Conos de Sombra de este proyecto inmobiliario vulnera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Este asunto está administrativamente prescripto, pero se demostrará que el negocio se ejecuta perjudicando a los vecinos colindantes del mismo, práctica habitual en nuestro querido país que tiene negligentes autoridades, dejándose en evidencia que los dueños de este proyecto fueron los que activaron, con sibilinas mentiras, la remoción del juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema.
