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Electromovilidad en Chile: Uno de cada diez autos nuevos ya es híbrido o eléctrico

Hablamos de un mercado que acelera, pese a las brechas en infraestructura y precios

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado automotor chileno vive un punto de inflexión. Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), en lo que va de 2025 uno de cada diez vehículos nuevos vendidos corresponde a un modelo híbrido o 100% eléctrico.

Una proporción inédita que refleja cómo la electromovilidad comienza a dejar de ser un fenómeno de nicho para consolidarse como una alternativa real de transporte.

Las ventas acumuladas muestran un alza de más de 60% respecto al año pasado, con más de 28 mil unidades híbridas y eléctricas inscritas en el Registro Civil. Si bien estas cifras aún representan una fracción del parque automotor total, marcan un crecimiento sostenido y alineado con los compromisos medioambientales del país, que establecen que en 2035 solo se comercializarán autos cero emisiones.

El atractivo de los híbridos

El mayor dinamismo se observa en la categoría de híbridos convencionales y enchufables, que concentran más del 80% de las ventas. “Para muchos consumidores, los híbridos son la puerta de entrada a la electromovilidad, porque combinan la eficiencia de la batería con la seguridad de un motor a combustión”, explica Diego Mendoza, secretario general de ANAC.

Las marcas japonesas lideran este segmento, aprovechando su experiencia acumulada. No obstante, fabricantes chinos y europeos han comenzado a disputar cuota de mercado con modelos de menor costo y mayor autonomía.

Desafío de la infraestructura

El crecimiento acelerado abre, sin embargo, un desafío evidente: la red de carga. Hoy Chile cuenta con cerca de 1.400 electrolineras públicas, pero estas se concentran principalmente en la Región Metropolitana y en rutas interurbanas específicas.

“Uno de los principales frenos para quienes evalúan dar el salto a un eléctrico puro sigue siendo la autonomía y la falta de puntos de carga rápidos en regiones”, comenta Marcela Godoy, directora del Centro de Transporte Sustentable de la UDP.

El Ministerio de Energía reconoce el rezago. La meta es duplicar la infraestructura de carga a 2027 y asegurar estaciones en todas las capitales regionales. Además, se estudian incentivos tributarios y subsidios para ampliar la red en zonas alejadas.

El precio, por cierto, continúa siendo otro obstáculo. Mientras un automóvil a combustión interna nuevo parte en torno a los $13 millones, un modelo eléctrico difícilmente baja de los $22 millones.

Al respecto, desde el Gobierno se trabaja en un paquete de medidas que incluye exenciones arancelarias, menores impuestos de circulación y facilidades de financiamiento verde. “Si no abordamos la brecha de accesibilidad, la electromovilidad corre el riesgo de ser percibida como un lujo y no como un estándar de movilidad”, sostiene el subsecretario de Transportes, Rodrigo Oyarzún.

Proyecciones al 2035

Los analistas estiman que la curva de adopción seguirá acelerándose a medida que bajen los costos de las baterías y aumente la competencia entre fabricantes. En Europa y China, donde ya existen mercados más maduros, los eléctricos han superado el 25% de las ventas, un escenario que Chile busca replicar en la próxima década.

La meta no es menor: en 2035 el país debería estar vendiendo exclusivamente autos cero emisiones. Para cumplir con ello, se requerirá no solo más infraestructura y precios accesibles, sino también cambios culturales en los consumidores.

Las automotoras, por su parte, ven en esta transición una oportunidad. “La electromovilidad llegó para quedarse. Ya no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo alcanzará la masividad”, afirma Felipe Fuentes, gerente general de una de las principales redes de concesionarios en el país.

La carrera por conquistar este mercado ya está en marcha, y Chile, con su matriz energética cada vez más renovable, podría convertirse en un actor relevante en la región. Sin embargo, los próximos cinco años serán decisivos para definir si el país logra despegar hacia una movilidad más limpia o si quedará atrapado en la brecha entre el entusiasmo y la realidad.

Arriendo versus gastos comunes: estudio revela que estos últimos pesan cada vez más en el presupuesto mensual

Un informe de ComunidadFeliz y HousePricing mostró que entre 2023 y 2025 los gastos comunes subieron más de 30% en la Región Metropolitana.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Agosto 2025.– El bolsillo de los arrendatarios se está ajustando no solo por el valor del arriendo, sino también –y cada vez más– por los gastos comunes. Un estudio conjunto de ComunidadFeliz y HousePricing reveló que, en la Región Metropolitana, el costo promedio de los gastos comunes aumentó 33,3% en los últimos dos años, en contraste con los arriendos, que registraron una baja cercana al 23% en el mismo período.

El análisis, que incluyó comunas como Ñuñoa, Providencia, Santiago, Puente Alto, Vitacura, Las Condes y Maipú, mostró que en los departamentos medianos (35 a 80 m²) los arriendos se han moderado por mayor oferta, mientras que los gastos de administración y mantención siguen al alza.

Casos comunales

En Puente Alto, el arriendo promedio cayó de $499.883 en 2023 a $465.612 en 2025 (-7,05%), pero los gastos comunes subieron de $65.000 a $75.000 (15,3%). En La Cisterna, el arriendo bajó -9,1% en el mismo lapso, mientras que los gastos comunes aumentaron 16,7%.

En comunas de mayor nivel socioeconómico, la tendencia también es clara. En La Reina, los arriendos subieron levemente (2,8%), pero los gastos comunes treparon 22,2%. En Providencia, en tanto, el arriendo se mantuvo estable en torno a $702.000, mientras que los gastos comunes pasaron de $110.000 a $120.000.

Factores detrás del alza

De acuerdo con Matías Echeverría, CEO de HousePricing, parte del aumento responde a la incorporación de más servicios en los nuevos proyectos inmobiliarios. “Piscinas, gimnasios y quinchos son cada vez más valorados y las personas están dispuestas a pagar ese diferencial. Incluso si existe un edificio con gastos más bajos pero sin estas prestaciones, la mayoría opta por el bienestar asociado a los espacios comunes”, señala.

Por su parte, Valeria Morillo, vocera de ComunidadFeliz, apunta a un factor estructural: “Muchos contratos de mantención y de personal se fijan en UF. Cada vez que ésta sube, los gastos comunes también lo hacen”. Además, menciona el impacto de la ley de 40 horas, la alta rotación de personal y la ley de estabilización tarifaria eléctrica, que ha incrementado en algunos casos hasta en 30% las cuentas de luz de los edificios.

A esto se agregan costos estacionales: calefacción y agua caliente en invierno; piscinas y consumo de agua en verano.

Las comunas más caras y más baratas

En el periodo analizado, Vitacura lideró los gastos comunes con un promedio de $332.797, seguida de Lo Barnechea ($304.545), Las Condes ($196.015), Chicureo ($173.759) y Providencia ($164.928).

En el extremo opuesto, Pudahuel registró el valor más bajo ($47.506), seguida de San Bernardo ($51.276), Puente Alto ($53.413), La Cisterna ($71.526) y Maipú ($77.975).

Según Morillo, estas diferencias responden a la relación entre el número de unidades y los servicios disponibles: “Si un edificio tiene muchos espacios comunes, pero pocas unidades, el gasto se reparte entre menos residentes, encareciendo el monto final. En edificios más grandes, los costos se diluyen”.

Incidencia en compra y arriendo

El informe también revisó las transacciones inmobiliarias. En los últimos cinco años, comunas como Puente Alto, La Florida y La Cisterna lideraron el crecimiento en ventas (60% a 80%), mientras que San Miguel y Macul registraron caídas de hasta -46%, atribuibles a sobreoferta de departamentos en años previos.

Para Morillo, los gastos comunes se han convertido en un factor decisivo: “Muchas veces la gente se fija solo en el valor del arriendo o del dividendo, pero el gasto común puede significar entre un 10% y un 30% adicional mensual”.

Echeverría complementa que este ítem pesa más en los arriendos que en la compra: “El arrendatario suma arriendo más gasto común. Esto puede llevar a que el arrendador ajuste su canon de renta, sobre todo en comunas donde la oferta de arriendo multifamily ha aumentado la competencia”.

Ambos expertos coinciden en que el gasto común debe ser considerado como un costo fijo y creciente. “Planificarlo desde el inicio evita sorpresas y permite tomar decisiones responsables”, concluye Echeverría.

En definitiva, el arriendo puede estar bajando, pero los gastos comunes ya se consolidaron como un factor clave que puede definir la accesibilidad real de una vivienda en Santiago.

IDOK se incorpora a la Agencia Nacional de Ciberseguridad

En este escenario, diversas compañías ya comenzaron a adaptarse, incorporándose voluntariamente al registro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) como una señal de compromiso con los más altos estándares de seguridad y transparencia.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La Ley de Ciberseguridad (n.º 21.663) ha definido el panorama regulatorio para las organizaciones en Chile. La normativa señala que tanto empresas de sectores críticos, como transporte, agua y electricidad, como las compañías de importancia vital, entre ellas tecnológicas, deben cumplir con estándares más altos de gestión de riesgos, prevención y respuesta a incidentes.

Una compañía que comenzó a realizar este proceso es IDOK, que se incorporó a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) para entregar una señal a sus clientes de que están comprometidos a realizar sus funciones con los más altos estándares de seguridad y transparencia. 

“Nos inscribimos voluntariamente en el registro de la ANCI como una señal clara de compromiso. Queremos que nuestros clientes tengan certeza de que operamos con los más altos estándares de seguridad y transparencia, alineados con certificaciones internacionales como la ISO 27001”, afirmó Marcelo Mora, CEO de IDOK.

La seguridad digital como ventaja competitiva 

La ley exige a las empresas reportar incidentes relevantes, contar con protocolos internos robustos y someterse a la supervisión directa de la ANCI. Según Mora, el gran desafío está en que ya no basta con la buena voluntad: se requiere evidencia tangible de gestión, registros de incidentes y capacidad de reacción inmediata, lo que representa un proceso complejo para muchas organizaciones que no cuentan con sistemas maduros. 

Frente a este escenario, soluciones tecnológicas como las que desarrolla IDOK, entre ellas la identificación digital o la firma electrónica, surgen como aliados clave para las empresas. Según el ejecutivo, estos servicios no solo optimizan procesos administrativos, sino que garantizan trazabilidad, seguridad de datos y cumplimiento normativo.

“El fortalecimiento de la ciberseguridad no es solo una obligación legal, también es un factor de confianza y competitividad. En el corto plazo, organismos públicos exigirán la acreditación otorgada por la ANCI a sus proveedores, lo que transformará a la seguridad digital en un requisito indispensable para acceder a licitaciones estratégicas”, advirtió el experto. 

Finalmente, Mora destacó que la ciberseguridad debe asumirse como un compromiso transversal: “Hoy la continuidad operativa de las empresas depende directamente de la protección digital. No se trata únicamente de resguardar datos, sino de sostener la confianza de los usuarios y la estabilidad de servicios que impactan en la vida cotidiana de las personas”, concluyó el CEO de IDOK.

Expertos advierten que instalaciones defectuosas son la principal causa de incendios eléctricos en Chile

Un uso inadecuado de la energía y materiales no certificados aumenta el riesgo de siniestros en viviendas y recintos industriales. Desde COVISA entregan claves para reforzar la seguridad y evitar emergencias.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Los incendios de origen eléctrico siguen siendo una de las principales amenazas tanto en hogares como en la industria chilena. Instalaciones defectuosas, materiales no certificados y sobrecarga de circuitos son factores que elevan significativamente el riesgo.

“Un cortocircuito es una falla común en instalaciones no reguladas, antiguas o sobreexigidas. Incluso el mejor cable pierde efectividad si se instala mal o se somete a condiciones para las que no fue diseñado. Un trabajo mal ejecutado o el uso de materiales de baja calidad incrementa la probabilidad de sobrecalentamiento e incendios”, advierte Luis Clavería, jefe de Calidad de COVISA.

El especialista recuerda que en Chile la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) regula y certifica tanto instalaciones como materiales. Sin embargo, muchas viviendas y oficinas no fueron diseñadas para soportar el consumo eléctrico actual, marcado por la proliferación de aparatos electrónicos y sistemas de climatización.

“Existe un reglamento eléctrico que define qué materiales están permitidos y bajo qué normas deben fabricarse y ensayarse. Cumplirlo es fundamental para asegurar la calidad y reducir riesgos”, añade Clavería.

Al momento de prevenir incendios eléctricos, existen señales de alerta que no deben pasarse por alto, como el olor a plástico quemado en enchufes o tableros, disyuntores que se disparan con frecuencia, enchufes que se calientan en exceso o luces que parpadean sin causa aparente.

Frente a estas situaciones, los expertos recomiendan verificar que todos los artefactos y materiales cuenten con certificación SEC, realizar mantenciones periódicas con profesionales autorizados y optar siempre por productos de calidad y marcas reconocidas. Asimismo, es clave no sobrecargar enchufes ni abusar de extensiones, mantener los espacios libres de materiales combustibles y contar con extintores y planes de evacuación tanto en hogares como en empresas.

Clavería recalca que la seguridad eléctrica no depende solo de reguladores o fabricantes: “Cada conexión improvisada que evitamos, cada conductor certificado que instalamos y cada instalador autorizado que contratamos es una vida protegida. La prevención empieza con educación técnica y materiales de calidad”.

Chillán: la capital regional que se perfila como nuevo polo inmobiliario del país

En medio de un mercado inmobiliario nacional que experimenta ajustes, Chillán destaca silenciosamente como uno de los destinos más prometedores para la inversión en propiedades.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La capital de la Región de Ñuble avanza en su consolidación como ciudad-región, con crecimiento urbano sostenido, fuerte inversión pública y una explosiva expansión del turismo que la posicionan como una oportunidad estratégica para los inversionistas inmobiliarios.

La Región de Ñuble fue oficialmente creada en 2018, y desde entonces Chillán ha experimentado una transformación profunda en su rol urbano y económico. Al convertirse en capital regional, se multiplicaron los servicios públicos, universidades, clínicas, proyectos habitacionales y obras de conectividad, posicionando a la ciudad como un eje articulador del sur centro del país.

En el primer semestre de 2025, según datos del Servicio de Evaluación Ambiental, se ingresaron seis proyectos inmobiliarios por un total de US$112,8 millones, equivalente al 18 % de toda la inversión registrada en la región de Ñuble.

“La ciudad no solo está creciendo, está siendo reconfigurada por actores públicos y privados que reconocen su nuevo rol estratégico. Chillán es una de las pocas capitales regionales donde el precio promedio de los departamentos se mantiene aún bajo, permitiendo a los inversionistas entrar a un mercado en expansión”, comentó Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital.

Según el informe de mercado de enero 2025 de la empresa de servicios inmobiliarios BMl, en la zona de Chillán se presentaron los siguientes números. El valor promedio de los departamentos vendidos fue de 3.249 UF, con un aumento de 3,14 % en 12 meses. El tiempo de absorción del inventario disminuyó, pasando de 16,5 meses a 13 meses en departamentos, y de 12,4 a 8,7 meses en casas.

Desde Rabbitts Capital manifiestan que, a pesar de las altas tasas de interés, se establece una demanda estable especialmente en la zona centro de la ciudad. Esto se explica por la existencia de señales claras de recuperación del dinamismo inmobiliario, impulsadas por el cambio estructural de la ciudad, la mejora en las expectativas de plusvalía, y un mercado que pasó de estar en sobreoferta a mostrar indicios de escasez de oferta atractiva para inversión.

Una señal clara del atractivo de Chillán es la reciente apertura del hotel Hampton by Hilton, ubicado en pleno centro de la ciudad. La llegada de esta cadena internacional marca un hito en el desarrollo urbano de Chillán, posicionándose dentro del mapa de ciudades de interés para el turismo corporativo, médico y recreacional.

En la región del Ñuble el turismo ha crecido significativamente en los últimos años, convirtiéndose en uno de los motores de su economía local. Según cifras del INE y Sernatur, en 2024 Ñuble superó las 424.000 pernoctaciones turísticas, con un incremento de 9,5 % respecto al año anterior.

Solo en mayo de 2025, la zona de Chillán–Chillán Viejo registró un crecimiento del 30,3 % en pernoctaciones respecto a mayo 2024, impulsado por el turismo invernal en Valle Las Trancas y las Termas de Chillán.

Este flujo constante y diverso (turismo de nieve, turismo médico, estudios, congresos, deporte y naturaleza) favorece fuertemente el modelo de inversión orientado a arriendo por día (renta corta), especialmente en zonas céntricas de la ciudad que hoy no cuentan con oferta pensada desde cero para ese segmento.

“No existen aún edificios diseñados para renta corta, con administración incluida, amenities como piscina temperada, espacios cowork y servicio hotelero, que respondan a la demanda actual de estadías flexibles. El espacio de oportunidad es evidente: quien desarrolle el primer edificio diseñado para inversión con uso mixto (renta por día o mensual), estará liderando un nuevo segmento en la ciudad”, confirma Conejeros.

En los últimos 3 años, el valor del metro cuadrado en Chillán ha aumentado entre 15 % y 20 %, según reportes de portales inmobiliarios y tasadoras locales. Lo que proyecta una plusvalía acumulada de hasta 30 % en los próximos 3 a 5 años, especialmente en zonas céntricas, dado el crecimiento institucional, la llegada de marcas internacionales y la escasez futura de suelos bien ubicados.

Evolución del negocio inmobiliario y de la construcción en el Chile preelectoral.

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios en COHLERS & PARTNERS

En la antesala de las próximas elecciones presidenciales de noviembre de este año, el negocio inmobiliario y el sector de la construcción muestran en nuestro país una dinámica dual marcada por desafíos prolongados y bosquejos de recuperación, todo en un contexto económico y político cargado de incertidumbre.

El mercado residencial ha mostrado señales de debilidad: en 2024, se registró una caída de hasta un 15% en las ventas de viviendas nuevas en la Región Metropolitana, replicándose con mayor fuerza en regiones. El sobrestock todavía resulta evidente, a pesar del impulso legislativo puntual dado hasta ahora, pues existen alrededor de 105.000 viviendas sin vender, con una demanda que se retrasa ante la creciente distancia entre precios y remuneraciones.

En ese contexto, los desarrolladores han lanzado importantes descuentos y promociones, en un mercado donde se extiende el tiempo que un hogar demanda ahorrar para comprar vivienda, siendo aproximadamente cerca de 11,4 años de ingresos. Las cifras de precios confirman esta tensión: en la Región Metropolitana, los departamentos nuevos bajaron en promedio un 4,3 % y en comunas como Vitacura, la caída fue del 14,5 %.

Pese a estos frenos estructurales, algunos indicadores apuntan hacia una recuperación gradual en lo que queda de este año 2025. Se proyecta un repunte en ventas de viviendas entre 5% y 10% con apoyo de mejores condiciones de financiamiento y subsidios estatales. Asimismo, las tasas hipotecarias han descendido moderadamente a niveles que en algo más facilitan el crédito, aunque continúa la exigencia bancaria.

Los actores del mercado, apuntan a cierta estabilización para este año, acompañada de una diversificación del desarrollo hacia zonas emergentes y periféricas, con oportunidades de inversión en plusvalía.

Por otro lado, algunas tendencias estructurales invitan al optimismo para segmentos específicos, tales como por ejemplo el sector multifamily (viviendas para arriendo masivo) ha proyectado un crecimiento de hasta el 22%, impulsado por la preferencia por el arriendo frente a la compra. Hay un fuerte impulso hacia construcción sostenible, en donde en Santiago, alrededor del 30% de los nuevos proyectos incorpora certificaciones verdes, tendencia respaldada por nuevas regulaciones y demanda ciudadana y la digitalización es una realidad irreversible, pues más del 85% de los procesos inmobiliarios ya son digitales, con análisis predictivos y cierre de operaciones en línea.

Más allá de Santiago, zonas como la Región de Valparaíso se posicionan como polos atractivos existiendo más de 2.400 unidades en oferta, con rentabilidad bruta superior al 4%, sobre todo en comunas costeras como Viña del Mar y Concón.

En otro orden de cosas, la coyuntura electoral agrava la precaución: según el economista Sergio Urzúa, el país enfrenta una crisis estructural, con contracción en sectores clave como la construcción y necesidad urgente de reactivar inversión para evitar un deterioro económico más grave.

En el primer debate entre presidenciables, hubo consenso en agilizar permisos de construcción y mejorar subsidios a la vivienda, aunque con diferencias claras en el enfoque sobre gasto público y exclusión de las contribuciones. Además, el gobierno analiza medidas como extender permisos de edificación, apoyo al crédito hipotecario y compra estatal de viviendas terminadas para fomentar su entrega a subsidios habitacionales.

El negocio inmobiliario y la construcción en Chile atraviesan un complejo punto de inflexión en el período preelectoral. Si bien persiste sobreoferta, caída de precios y restricciones de financiamiento, hay destellos de dinamismo, vislumbrándose una recuperación moderada, crecimiento del multifamily, impulso a la sostenibilidad, digitalización irreversible y oportunidades regionales.

Sin embargo, el resultado de la elección presidencial de noviembre 2025 y las políticas concretas definidas por el próximo gobierno serán clave para determinar si estas señales se transforman en un ciclo sostenido de reactivación o en un estancamiento prolongado.

Nace el Claro Arena de la UC y ¿qué pasa con el Monumental de Colo Colo?

El club más popular de Chile presentó en abril la maqueta del nuevo estadio. Aún falta definir financiamiento, plazos y modelo de ejecución, mientras la UC ya disfruta del Claro Arena.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Durante el centenario de Colo Colo, el club presentó la maqueta del futuro Estadio Monumental. La propuesta contempla un estadio con capacidad para 60 mil personas, diseño inspirado en la cultura mapuche y la construcción de un polideportivo multipropósito.

“Queremos que el Monumental sea un estadio seguro, moderno y con identidad propia, que refleje la historia del club y su conexión con la cultura chilena”, señaló Carlos de la Barrera, arquitecto a cargo del proyecto.

El diseño incluye tres bandejas diferenciadas, eliminación de los codos, cerca de 100 palcos VIP y espacios que evocan el nguillatún y el kultrún. Además, se proyecta un polideportivo con capacidad para 4 mil personas.

Blanco y Negro analiza dos caminos: cerrar completamente el estadio para terminar la obra en dos años y medio, o mantenerlo operativo durante la remodelación, al estilo del Santiago Bernabéu, lo que extendería la construcción a tres o cuatro años.

Según el arquitecto, solo la etapa de detalle técnico exigirá alrededor de un año antes de comenzar las obras.

El costo total del proyecto podría superar los US$ 150 millones, incluso llegando a US$ 180 millones considerando la inversión por asiento. La principal vía de financiamiento es la venta del naming rights del estadio.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, afirmó: “No se ha podido avanzar, pero hay buena disposición para retomar las reuniones”.

La inauguración reciente del Claro Arena de Universidad Católica aumenta la presión sobre Colo Colo. Mientras la UC ya disfruta de un estadio moderno, en Macul el Monumental sigue en planificación, sin cronograma definido ni financiamiento confirmado.

La remodelación apunta a equiparar al Monumental con estadios emblemáticos de Sudamérica, como la Bombonera de Buenos Aires o el renovado Monumental de River Plate.

Por ahora, la dirigencia concentra sus esfuerzos en lo deportivo: definir un nuevo técnico y cerrar la temporada. La remodelación del Monumental dependerá de la conformación de comisiones de gestión, asegurar inversiones y avanzar en planificación técnica.

Si todo avanza según lo planeado, el Monumental se transformará en uno de los recintos más modernos de la región y en un símbolo de la identidad deportiva y cultural de Colo Colo.

Auge de arriendos turísticos por habitaciones abre debate regulatorio en España

Propietarios fragmentan viviendas para sortear restricciones; expertos advierten vacíos legales y posibles fraudes de ley.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El endurecimiento de los controles a las viviendas de uso turístico en España ha impulsado nuevas fórmulas para mantener este tipo de actividad, particularmente a través del alquiler por habitaciones, estrategia que estaría permitiendo a propietarios esquivar las limitaciones introducidas por la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Desde abril, la normativa faculta a las comunidades de vecinos a prohibir o autorizar, mediante acuerdo, el establecimiento de pisos turísticos en un edificio. Sin embargo, el texto legal solo regula la cesión completa de la vivienda, lo que abre un margen de interpretación respecto de los arrendamientos parciales.

“Nos encontramos ante un vacío legal. La LPH se refiere exclusivamente al arriendo de la vivienda en su totalidad. En el caso de cesiones por habitaciones, la aplicación de la norma no es clara y podría requerir un acuerdo expreso de prohibición”, explicó el abogado Alejandro Fuentes-Lojo.

Riesgos de fraude de ley

La práctica de anunciar “habitaciones vacacionales” cuando en realidad se ofrece un piso completo plantea riesgos jurídicos. De acuerdo con especialistas, podría encuadrarse en el artículo 7.2 del Código Civil, que sanciona el abuso de derecho y el ejercicio antisocial del mismo.

“Estamos ante una picaresca que, si bien explota vacíos normativos, puede ser considerada un fraude de ley”, sostiene la abogada Patricia Briones, experta en propiedad horizontal.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro advierte que la reforma genera una asimetría regulatoria: se limita específicamente el alquiler turístico, pero no otras actividades económicas en edificios residenciales –como clínicas, oficinas o restaurantes– que pueden ser igualmente disruptivas para los vecinos.

Debate sobre el acceso a la vivienda

Más allá del aspecto legal, los expertos coinciden en que la reforma responde a una presión política por frenar el impacto de los pisos turísticos en el mercado residencial. “Se ha querido estigmatizar esta actividad como responsable de la crisis de acceso a la vivienda, sin considerar que otras modalidades de arriendo temporal pueden generar las mismas externalidades negativas”, señaló Fuentes-Lojo.

Actualmente, el alquiler de temporada está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contrato de uso distinto de vivienda, lo que deja un amplio margen de interpretación. Briones plantea que este vacío exige una regulación más detallada:

Definir la finalidad temporal (por ejemplo, traslado laboral), solicitar documentación o declaración jurada del arrendatario y establecer derechos y obligaciones claras para ambas partes.

El auge del alquiler por habitaciones revela la capacidad de adaptación del mercado frente a restricciones normativas, pero también subraya la urgencia de un marco regulatorio más integral. De lo contrario, advierten los juristas, la tensión entre propietarios, comunidades y autoridades seguirá creciendo, en paralelo a la presión social por el acceso a vivienda asequible.

Subsidio a la tasa de interés dinamiza mercado inmobiliario: más de 8.400 familias acceden a viviendas nuevas

En menos de tres meses, la iniciativa ha movilizado créditos por US$ 898 millones, con foco en unidades de hasta 3.000 UF.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

A nueve semanas de su entrada en vigor, el subsidio a la tasa de interés para la compra de viviendas nuevas comienza a mostrar impactos significativos en la industria inmobiliaria y en la demanda por créditos hipotecarios.

De acuerdo con cifras de la banca, ya se han ingresado casi 15.000 solicitudes, con 8.421 operaciones aprobadas, equivalentes a US$ 898 millones en financiamiento.

El 69% de las aprobaciones corresponde a viviendas de hasta 3.000 UF, segmento en el cual más de 2.100 familias califican adicionalmente al subsidio habitacional DS15 del Minvu, lo que amplifica el alcance del beneficio. El 31% restante se concentra en propiedades entre 3.000 y 4.000 UF.

“El subsidio está cumpliendo su objetivo, apoyando a las familias en el camino hacia la vivienda propia y, al mismo tiempo, fortaleciendo al sector inmobiliario”, afirmó Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos (ABIF). El ejecutivo subrayó que el programa no implica trámites adicionales para los beneficiarios, ya que la gestión es realizada directamente por las entidades financieras.

Características del beneficio

El esquema contempla una rebaja de 60 puntos base en la tasa de interés para créditos hipotecarios de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. A ello se suma una garantía estatal del FOGAES, que cubre hasta el 50% del saldo insoluto durante la primera mitad del crédito.

Con 50.000 cupos disponibles y una vigencia de 24 meses o hasta agotar stock, la medida se ha transformado en una de las políticas más atractivas de los últimos años para el acceso a financiamiento habitacional, superando en tasa de aceptación a programas como FOGAPE y FOGAES.

Efecto en el mercado

El programa se inserta en un contexto de desaceleración en la venta de viviendas nuevas, golpeada por tasas hipotecarias altas, restricciones de acceso al crédito y un escenario económico menos dinámico. La banca y el sector inmobiliario coinciden en que el subsidio no solo facilita el acceso de las familias, sino que también inyecta liquidez al mercado y ayuda a reducir el stock acumulado de viviendas.

“El llamado es claro: informarse, cotizar y aprovechar la oportunidad de transformar el arriendo en patrimonio propio”, recalcó la ABIF.

5 datos clave del subsidio hipotecario

  • 15.000 solicitudes recibidas en 9 semanas.
  • 8.421 aprobadas, por US$ 898 millones.
  • 69% de las operaciones corresponden a viviendas de hasta 3.000 UF.
  • 60 puntos base menos en la tasa de interés y cobertura estatal de hasta 50%.
  • 50.000 cupos disponibles y vigencia de hasta 24 meses.

Minvu admite debilidades en coordinación y capacidad operativa tras lenta reconstrucción postincendios

Informe interno reconoce vínculos frágiles con gobiernos regionales y municipios, además de limitaciones en gestión técnica y tiempos prolongados en licitaciones.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó un diagnóstico crítico sobre el avance de la reconstrucción tras el megaincendio que en febrero de 2024 afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El documento reconoce que la institucionalidad desplegada ha mostrado “relaciones débiles” con delegaciones, seremis y gobiernos regionales, además de una coordinación con municipios que “carece de institucionalidad clara”.

El análisis surge luego de que la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados aprobara el informe general sobre la reconstrucción, aunque desestimara señalar negligencias institucionales. En este contexto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que el Ejecutivo tomará en consideración las recomendaciones de la instancia, con el fin de fortalecer los mecanismos para enfrentar catástrofes.

“Si no tomamos los datos reales y entendemos las razones de los tiempos que ha tomado este proceso, difícilmente vamos a superar estas debilidades”, afirmó la autoridad.

Limitaciones estructurales

El Minvu detalló que la reconstrucción enfrenta dificultades propias de la magnitud del daño, que varía según condiciones sociales, legales y patrimoniales de las familias, así como por las distintas modalidades de apoyo. Sin embargo, el ministerio subrayó que no existe un modelo único ni estandarizado para procesos de esta naturaleza, lo que complejiza la gestión.

En el plano institucional, el informe cuestiona la falta de claridad en la coordinación operativa del Consejo de Ministros, liderado por la cartera de Desarrollo Social, que elaboró el plan de reconstrucción. También identificó problemas derivados de cambios en los equipos encargados durante los primeros meses del proceso.

Restricciones operativas y dependencia de terceros

El componente operativo aparece como otro de los factores determinantes del retraso. El ministerio admitió que la modalidad predominante –licitaciones externas– demora en promedio diez meses antes de iniciar obras, debido a la preparación de bases, adjudicaciones y aprobaciones técnicas.

Además, la organización carece de capacidades propias en áreas clave como loteos, muros de contención, estudios de suelo y apoyo jurídico, por lo que debe recurrir a contratación externa, ampliando los plazos. A ello se suma una coordinación municipal menor a la esperada, lo que ha limitado la rapidez en la gestión territorial.

Otro elemento relevante ha sido la interacción con organismos técnicos como Conaf, Sernageomin y sanitarias, cuyos requerimientos han introducido nuevos tiempos de revisión y ajustes a los proyectos.

Perspectivas y plazos

El ministerio insistió en que el horizonte para completar la reconstrucción es de dos años, plazo que –según recalcó Montes– “responde a la responsabilidad del Estado de cumplir etapas técnicas antes de materializar obras”.

En esa línea, la cartera destacó que ya existen cambios normativos para destrabar procesos, aunque reconoció que la ejecución depende de múltiples actores externos y que el rol del Serviu se limita principalmente a la supervisión, ya que los contratos son firmados directamente entre familias y constructoras.

“Entendemos la urgencia de las familias, pero también que este es un proceso que exige institucionalidad y seriedad para entregar soluciones habitacionales sostenibles en el tiempo”, concluyó el ministerio.

24/04/2026 22:54