Manejar por las autopistas concesionadas de Chile se ha vuelto, para muchos conductores, una experiencia cada vez más frustrante. No solo por el alto costo de los peajes o por los cuellos de botella que aún persisten en sectores clave, sino por algo que, en teoría, debiera ser más fácil de resolver: la acumulación de basura en sus bordes, taludes y áreas de acceso.
En varias rutas de acceso a Santiago —y no solo en sectores periféricos— el paisaje que acompaña al conductor es indigno: neumáticos, bolsas plásticas, escombros, muebles viejos, botellas, restos de comida y hasta electrodomésticos deteriorados. La postal se repite desde la Ruta 5 hasta la Costanera Norte, desde la Autopista Central hasta Vespucio Sur. Una suciedad persistente que no solo daña el entorno visual y afecta la imagen país, sino que además representa un riesgo sanitario, medioambiental y vial.
¿Cómo es posible que rutas que se jactan de eficiencia tecnológica, telepeaje y monitoreo en tiempo real, convivan con escenarios propios de un vertedero ilegal?
La respuesta no puede seguir siendo el silencio compartido entre autoridades públicas, concesionarias y municipios. Porque este problema es precisamente eso: compartido. La basura no llega sola a las autopistas. Es arrojada por ciudadanos irresponsables, sí, pero también se mantiene ahí por inacción de quienes tienen el deber —y los contratos— para mantener estos espacios limpios, seguros y transitables.
La limpieza de las autopistas no es un favor. Es parte de los compromisos contractuales que las concesionarias deben cumplir. Y si no lo hacen, la Dirección General de Concesiones del MOP y los organismos fiscalizadores tienen la obligación de exigirlo. El argumento de que “no es basura domiciliaria” o que “no corresponde a nuestras zonas de competencia” ya no puede seguir sosteniéndose.
El país no puede naturalizar que, por las mismas autopistas donde circulan millones de personas, turistas y transporte de carga, proliferen microbasurales impunes. Tampoco podemos resignarnos a que la limpieza dependa de operativos esporádicos, voluntarios o campañas bienintencionadas pero insuficientes.
Es hora de exigirle al Estado y a las empresas concesionarias que se hagan cargo. Que asuman con rigor su rol fiscalizador, su deber contractual y, sobre todo, su responsabilidad con el entorno. Porque una autopista limpia no es solo una cuestión estética. Es una señal de respeto por el espacio público, por la ciudadanía y por el país que decimos construir.
Este editorial no es solo una denuncia. Es una invitación a actuar. Chile merece autopistas a la altura de su desarrollo, no caminos donde la basura tenga más presencia que la fiscalización.
