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Eliminación de contribuciones a la primera vivienda en adultos mayores reduciría hasta $33 mil millones la recaudación habitacional

Un estudio realizado por la proptech Propiteq y la consultora Transsa, analizó el impacto que tendría el proyecto de eliminación de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores en Chile, que actualmente representan cerca del 30% de la recaudación anual.

Por: Comunicado de Prensa

Actualmente, en Chile existen cerca de seis millones de viviendas, de las cuales más del 77% no paga contribuciones. Esto implica que la recaudación se concentra en un universo acotado de aproximadamente 1,38 millones de propiedades, que generan alrededor de $245 mil millones. De este total, cerca del 30% pertenecen a adultos mayores, las cuales contribuyen $73.892 millones.

Un estudio conjunto de la consultoría Transsa y la startup Propiteq detectó que una eliminación de contribuciones a la primera vivienda en mayores de 65 años, podría reducir en un 45% la recaudación habitacional, equivalente $33.020 millones, y por ende afectar uno de los pilares del financiamiento municipal.

De acuerdo a la data, de las 180.088 propiedades pertenecientes a adultos mayores que tienen una vivienda principal y pagan contribuciones, se concentran en comunas como Las Condes (18.799), Viña del Mar (9.929), Ñuñoa (8.884), Providencia (8.876) y La Florida (6.583), entre otras.

“Veinte de las 326 comunas a nivel nacional concentran el 58% de propiedades pertenecientes a mayores de 65 años. Estas son comunas urbanas consolidadas, donde las propiedades llevan décadas en manos de los mismos dueños; con personas que compraron su vivienda hace 30 o 40 años”, explicó el subgerente de Datos y Estudios Inmobiliarios de Transsa y Propiteq, Esteban Jara.

ComunasPropiedades Adultos MayoresParticipación (%)
Las Condes18.79936,8
Lo Barnechea3.93529,6
Vitacura5.97439,1
Ñuñoa8.88419,7
Providencia8.87632,5
Colina1.10710,2
Viña del Mar9.92941,4
La Reina3.97435,2
La Florida6.58322,9

Fuente: Transsa y Propiteq

“Este no es solo un debate técnico. Tiene un componente social importante, porque una parte relevante de quienes hoy pagan contribuciones son adultos mayores propietarios de su vivienda principal”, concluye Jara.

Un impacto a las comunas de menores recursos

Si bien la medida puede presentarse como un beneficio en las condiciones de vida de este sector etario, independiente del nivel socioeconómico del lugar donde se vive, el estudio advierte que la caída en la recaudación afectaría directamente al Fondo Común Municipal, mecanismo clave para la redistribución de recursos entre comunas. Una reducción no solo impacta a los municipios con mayor recaudación, sino que disminuye el tamaño total del fondo, afectando a comunas con menor base tributaria propia.

“El impacto del proyecto no es solo local. Al reducirse el Fondo Común Municipal, se afecta el financiamiento del sistema municipal completo, incluyendo comunas que dependen en mayor medida de estos recursos”, comenta Felipe Respaldiza, CEO de Propiteq.

Aunque el debate actual se ha centrado en adultos mayores, el estudio advierte que el mayor impacto fiscal se produciría en un escenario de extensión del beneficio.

Los efectos de ampliar a la “universalidad”

Tal como fue anunciado previamente, el proyecto pretende aumentar la cobertura del beneficio no solo a adultos mayores, sino que de forma gradual eliminar completamente el impuesto territorial a la primera vivienda, lo cual presentaría un mayor impacto fiscal. En este escenario ampliado el efecto deja de ser acotado y pasa a ser estructural.

“Según nuestros modelos, en escenarios más agresivos, la eliminación de contribuciones a la primera vivienda podría reducir hasta en un 57% la recaudación habitacional, lo que tendría un efecto directo en los recursos disponibles para los municipios”, explica Jara. En un escenario más conservador, con una reducción del 43%, el impacto sería equivalente a más de $106 mil millones.

El análisis además muestra que la mayor parte de la recaudación que se perdería no proviene de propiedades de alto valor. Más del 50% del impacto se concentra en viviendas que pagan menos de $300 mil trimestrales en contribuciones, tramo que agrupa a la mayor cantidad de propiedades del país. Se trata, en su mayoría, de casas y departamentos de valor medio, asociados a viviendas principales y no a activos inmobiliarios de alto estándar.

“Existe la percepción de que las contribuciones afectan principalmente a propietarios de alto patrimonio, pero los datos muestran que la mayor pérdida de recaudación proviene de viviendas de valor medio, donde vive la familia propietaria”, explica Respaldiza.

Si bien la Región Metropolitana concentra el 68,5% de la pérdida de recaudación ($72.892 millones) en el caso de que el proyecto llegue a la universalidad, la caída de recaudación en regiones se concentra especialmente en capitales regionales y comunas urbanas consolidadas, donde se localiza gran parte del stock habitacional. El efecto, por tanto, es transversal al sistema urbano y no exclusivo de un segmento específico del territorio.

Aunque la medida puede tener un componente social relevante en el caso de adultos mayores, su extensión a otros grupos podría transformar de manera estructural el sistema de financiamiento municipal.

Inteligencia Artificial redefine la gestión de oficinas: eficiencia operativa, ahorro energético y nuevos estándares laborales

Un análisis advierte que la incorporación de inteligencia artificial en edificios corporativos está transformando la administración de espacios, reduciendo costos y alineando las oficinas con nuevas formas de trabajo más flexibles y colaborativas.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La inteligencia artificial (IA) está acelerando su incorporación en el mundo corporativo, dejando de ser una herramienta experimental para convertirse en un componente central en la gestión de oficinas. Así lo plantea un informe del área de Project Management de Colliers, que identifica un uso creciente de sistemas inteligentes orientados a optimizar el funcionamiento de los espacios laborales.

Uno de los principales avances se observa en la gestión del uso de oficinas. A través de sensores y software especializado, las empresas pueden monitorear en tiempo real la ocupación de escritorios, salas de reuniones y áreas comunes. Esta información permite rediseñar los espacios en función de la demanda efectiva, evitando subutilización y mejorando la eficiencia operativa.

“Los sistemas permiten entender cómo se usan realmente los espacios y, con esos datos, reorganizar la oficina para aprovecharla mejor”, explica Francisca Guerra, consultora del área.

A ello se suma la automatización en la reserva de salas, donde plataformas digitales gestionan agendas, evitan conflictos de horarios y reducen la existencia de espacios vacíos, uno de los problemas recurrentes en oficinas híbridas.

Ahorro energético y sostenibilidad

Otro eje relevante es la eficiencia energética. El uso de sistemas inteligentes integrados permite ajustar automáticamente variables como iluminación, calefacción o aire acondicionado en función de la ocupación real de los espacios.

Este tipo de soluciones no solo reduce costos operativos, sino que también responde a una creciente presión por cumplir estándares ambientales. En esa línea, la implementación de IA facilita el acceso a certificaciones como LEED o WELL, cada vez más valoradas por el mercado corporativo.

Mantenimiento predictivo y continuidad operativa

El informe también destaca avances en mantenimiento y seguridad. Sistemas basados en IA pueden detectar anomalías en ascensores, equipos eléctricos o sistemas de climatización antes de que se conviertan en fallas críticas, permitiendo intervenciones preventivas.

En este ámbito, los sistemas de gestión de edificios —conocidos como BMS (Building Management System)— han evolucionado hacia plataformas inteligentes que integran múltiples variables operativas, mejorando la resiliencia de la infraestructura, especialmente en activos industriales o de alta complejidad.

Desde la consultora señalan que las empresas están priorizando soluciones concretas y de rápida implementación, como sistemas de agendamiento de salas, instalación de cabinas acústicas (booth) para trabajo individual y sensores de movimiento para optimizar el uso de iluminación.

Sin embargo, el avance de estas tecnologías también implica desafíos. La inversión inicial en infraestructura y la gestión de datos —particularmente en materia de privacidad— son factores críticos que las organizaciones deben abordar.

Con todo, la tendencia es clara. La inteligencia artificial no solo está modificando la forma en que se trabaja, sino también cómo se diseñan, administran y proyectan los espacios laborales. En ese proceso, la oficina deja de ser un espacio estático para transformarse en un entorno dinámico, adaptable y cada vez más eficiente.

La UF sobre los $40 mil: el nuevo umbral que tensiona el bolsillo de los chilenos

El indicador clave del sistema financiero chileno alcanzó por primera vez en su historia la barrera de los $40.000, impulsado por la inflación. Más que un hito simbólico, su impacto se proyecta directamente en créditos, arriendos y el costo de la vida.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El alza de la Unidad de Fomento no es una noticia nueva, pero sí lo es el umbral que acaba de cruzar. Por primera vez desde su creación, este indicador superó la barrera de los $40.000, marcando un punto de inflexión en la economía cotidiana de los chilenos.

El fenómeno responde directamente a la inflación. El último Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una variación mensual de 1,0%, empujó el valor de la UF a niveles históricos, en un contexto donde factores como el alza de combustibles y alimentos han presionado el costo de vida.

Más allá de lo técnico, el impacto es concreto. La UF no es solo un número de referencia: es la base sobre la cual se calculan dividendos hipotecarios, contratos de arriendo, colegiaturas, seguros y una serie de servicios indexados. Cuando sube, lo hace de manera simultánea en distintos frentes del gasto familiar.

Ese efecto acumulativo es el que hoy comienza a sentirse con mayor fuerza. Distintos análisis advierten que el cruce de este umbral marca un antes y un después, ya que la presión deja de ser gradual y pasa a impactar de forma paralela en múltiples compromisos financieros.

El problema no es solo el aumento en sí, sino su sincronía. A diferencia de otros indicadores, la UF actúa como un amplificador: traduce la inflación en alzas concretas y casi inmediatas en obligaciones mensuales, reduciendo el margen de maniobra de los hogares.

En el mercado inmobiliario, por ejemplo, el efecto es doble. No solo suben los dividendos de quienes ya tienen un crédito hipotecario, sino que también se encarece el acceso a nuevas viviendas, en un escenario donde el financiamiento ya es una de las principales barreras de entrada.

Pero el impacto va más allá. Educación, salud y consumo también se ven arrastrados por este indicador, configurando un escenario donde las familias deben priorizar gastos y ajustar sus presupuestos.

La Unidad de Fomento, creada en 1967 como un mecanismo para proteger el valor del dinero frente a la inflación, se ha convertido en uno de los pilares del sistema económico chileno. Su fortaleza —mantener el poder adquisitivo— es también su principal tensión en contextos inflacionarios: todo se ajusta, pero todo se encarece al mismo tiempo.

Así, más que un hito estadístico, el paso sobre los $40.000 refleja una realidad más profunda: una economía donde la inflación no solo se mide, sino que se vive mes a mes en cada pago.

El desafío, hacia adelante, no estará solo en contener el alza, sino en cómo amortiguar su impacto en los hogares, en un escenario donde el costo de vida sigue estrechando los márgenes.

Oficinas en Santiago reduce vacancia y muestra señales de reactivación en el inicio de 2026

La absorción neta superó los 22 mil m² en el primer trimestre, impulsada principalmente por oficinas de menor costo.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

El mercado de oficinas en Santiago inició 2026 con señales de ajuste, en un escenario marcado por una mayor demanda por espacios más eficientes y una reducción sostenida de la vacancia.

Durante el primer trimestre, la absorción neta alcanzó los 22.538 m², superando los niveles observados a inicios de 2025, lo que refleja una reactivación en la ocupación de espacios corporativos.

Uno de los principales cambios del periodo fue el mayor peso de las oficinas Clase B, que concentraron el 73% de la absorción total, impulsadas por valores de renta más competitivos. Esto da cuenta de una mayor preocupación por los costos por parte de las empresas, sin dejar de lado ubicación o funcionalidad.

En paralelo, la vacancia se redujo a 7,7%, marcando su segundo trimestre consecutivo a la baja y mejorando frente al 9,2% registrado en el mismo periodo del año anterior, en línea con un menor ingreso de nueva oferta.

“Se observa un mayor dinamismo en la ocupación de espacios, con empresas priorizando eficiencia y ajustes en sus decisiones inmobiliarias”, señala Alessandro Piffardi, analista de Research & Valuation de JLL Chile.

En términos de precios, las oficinas Clase A mantuvieron una tendencia al alza, alcanzando 0,55 UF/m², mientras que las Clase B se estabilizaron en 0,41 UF/m², evidenciando una diferencia en el comportamiento entre segmentos.

Por el lado de la oferta, el ingreso de un nuevo proyecto en Las Condes, de cerca de 7.000 m², fue parcialmente prearrendado, lo que limitó su impacto en la vacancia en un contexto de baja actividad constructiva.

De cara a los próximos años, el mercado proyecta un pipeline cercano a 120.000 m², con alrededor de 40.000 m² previstos para 2026, lo que anticipa un crecimiento moderado y un ajuste gradual de los niveles de ocupación.

Corretaje digital: el nuevo escenario donde se juegan las oportunidades inmobiliarias

Con más del 90% de los compradores iniciando su búsqueda de vivienda en internet, el corretaje de propiedades enfrenta una transformación estructural que obliga a los agentes a redefinir su rol, incorporando herramientas digitales y nuevas formas de gestión para mantenerse competitivos.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

La forma de buscar vivienda en Chile cambió, y con ello también lo hizo el rol de los corredores de propiedades. Hoy, más del 90% de los compradores inicia su proceso en internet, según datos del Diario Inmobiliario, marcando un giro profundo en la manera en que se conecta la oferta con la demanda.

Este cambio no es menor. Durante años, el corretaje estuvo anclado a la presencia física: oficinas bien ubicadas, redes de contacto tradicionales y un alcance territorial acotado. Sin embargo, ese modelo ha ido cediendo terreno frente a un ecosistema digital que redefine las reglas del negocio.

Para Pablo Quappe, el punto de inflexión ya ocurrió. “Hoy un corredor puede ampliar su presencia en el mercado, acceder a nuevos clientes y ordenar su gestión comercial a través de herramientas digitales. Ya no basta con publicar propiedades: se requiere una presencia constante y estratégica”, señala.

En este nuevo escenario, escalar un negocio inmobiliario no depende necesariamente de una ubicación privilegiada, sino de la capacidad de gestionar información, optimizar tiempos y construir redes de trabajo más amplias. La digitalización ha permitido, en ese sentido, que los agentes operen con mayor flexibilidad y alcance.

Uno de los cambios más relevantes ha sido la incorporación de herramientas basadas en datos. La intuición, que históricamente guiaba muchas decisiones del rubro, hoy convive con tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de comportamiento de usuarios. Estas permiten identificar qué propiedades generan mayor interés, qué canales son más efectivos y cuáles son los tiempos de respuesta que inciden en una venta.

“Esto no reemplaza el criterio del corredor, pero sí lo fortalece. Entrega información que permite anticiparse y tomar decisiones con mayor claridad”, explica Quappe.

En paralelo, la llamada “vitrina virtual” se ha transformado en un elemento central del negocio. Más allá de exhibir propiedades, hoy funciona como un espacio donde se construye reputación. Portales inmobiliarios, redes sociales, sitios web y buscadores se han convertido en los nuevos puntos de contacto, donde la primera impresión ya no ocurre en terreno, sino en pantalla.

Esta transformación también ha impactado la captación de clientes. No solo compradores, sino también propietarios, tienden a preferir corredores con presencia digital sólida y consistente. En un mercado cada vez más competitivo, esa visibilidad dejó de ser una ventaja para convertirse en un requisito.

El desafío, sin embargo, no pasa únicamente por estar en plataformas digitales. Implica un cambio más profundo en la forma de operar. Planificación, seguimiento de oportunidades y uso estratégico de herramientas son hoy parte de un nuevo estándar en la gestión inmobiliaria.

En ese contexto, el corretaje enfrenta una transición que exige equilibrio: mantener la cercanía y la confianza propias del oficio, pero integrando capacidades digitales que permitan responder a un mercado más informado, más exigente y cada vez más conectado.

Quienes logren adaptarse a este nuevo entorno no solo ampliarán su alcance, sino que también estarán mejor preparados para enfrentar un negocio que, más que nunca, se juega en el terreno de lo digital.

De ciudades dormitorio a polos de desarrollo: la transformación que redefine la Cuenca del Llanquihue

El auge inmobiliario, la migración interna y la búsqueda de calidad de vida están impulsando un cambio estructural en la Región de Los Lagos, donde comunas como Puerto Varas, Frutillar y Llanquihue evolucionan hacia ciudades intermedias con creciente autonomía económica y urbana.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Durante la última década, la Región de Los Lagos ha experimentado un profundo cambio en su configuración urbana. Localidades que históricamente operaban como ciudades dormitorio o destinos turísticos estacionales comienzan a consolidarse como centros intermedios con actividad económica propia, mayor autonomía y creciente plusvalía.

El caso más evidente es Puerto Varas. La ciudad dejó atrás su rol de satélite residencial de Puerto Montt para transformarse en un polo urbano donde sus habitantes no solo residen, sino también trabajan. Factores como su entorno natural, la búsqueda de una mejor calidad de vida —acentuada tras la pandemia— y la llegada de nuevos perfiles socioeconómicos han dinamizado su desarrollo.

“Las bondades geográficas, el efecto pandemia y la búsqueda de una vida más tranquila y segura atrajeron a personas de distintos niveles de ingreso, lo que impulsó la llegada de comercio, servicios y empresas que antes no existían en la zona”, explica Vivian Pinilla, socia y gerenta general de Inmobisur.

Desde el sector inmobiliario coinciden en que esta consolidación ha tenido efectos en toda la cuenca. Enrique Loeser Prieto, gerente comercial de Inmobiliaria Altas Cumbres, sostiene que Puerto Varas se posicionó como una ciudad intermedia autónoma, impulsada por oportunidades laborales en áreas de alta especialización y una calidad de vida que continúa atrayendo nuevos residentes.

Este fenómeno ha comenzado a irradiarse hacia comunas cercanas como Frutillar y Llanquihue, que avanzan en distintas etapas de transformación. En el caso de Frutillar, si bien aún mantiene características de ciudad dormitorio, expertos proyectan que podría consolidarse como un centro urbano con vida propia en un plazo cercano a cinco años.

“La comuna está recibiendo un perfil de residentes e inversionistas similar al de sectores de altos ingresos de Santiago, dispuestos a pagar valores por metro cuadrado comparables a comunas como Las Condes o Vitacura. Esto ha elevado el estándar de los proyectos, pero también ha encarecido la oferta para los habitantes locales”, advierte Pinilla.

Según datos de Inmobisur, el valor del metro cuadrado en Puerto Varas bordea las 90 UF, mientras que en Frutillar alcanza aproximadamente las 110 UF. Más atrás aparece Llanquihue, con un promedio cercano a las 66 UF, posicionándose como el nuevo polo emergente de la zona.

“Se trata de una comuna en una etapa incipiente, pero con alto potencial. Representa una oportunidad para inversionistas que anticipan su desarrollo como futura ciudad dormitorio, especialmente para quienes buscan cercanía con Puerto Varas y Puerto Montt a precios más accesibles”, señala la ejecutiva.

Las proyecciones también apuntan a un fortalecimiento de Llanquihue en el mediano plazo, impulsado por inversiones en infraestructura y conectividad, como el mejoramiento de su costanera, el tren que la conectará con Puerto Montt y la futura Ruta Interlagos.

En paralelo, este proceso ha modificado las expectativas de los habitantes. Hoy, la demanda no solo se centra en ubicación o precio, sino también en proyectos que aporten valor al entorno y resguarden el patrimonio natural.

“Los nuevos residentes buscan desarrollos que integren sostenibilidad como eje central. La industria ha comenzado a responder a esa demanda con propuestas que priorizan el respeto por el entorno y la calidad de vida”, concluye Loeser.

La Derecha se ordena: el respaldo de Chile Vamos y Republicanos que redefine el tablero de la Reconstrucción

El apoyo al Plan de Reconstrucción Nacional no es solo un gesto político. Es una señal de alineamiento en un sector que, hasta hace poco, competía más de lo que cooperaba.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Durante años, la derecha chilena ha sido más un espacio en disputa que un bloque cohesionado. Las diferencias entre Chile Vamos y el Partido Republicano de Chile no solo fueron programáticas, sino también estratégicas: competir o converger, marcar identidad propia o construir mayoría.

Por eso, el respaldo conjunto al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast no es un dato menor. Es, en el fondo, una señal de reconfiguración.

Porque en política, los apoyos no siempre hablan del contenido. Muchas veces hablan del momento.

El plan —que contempla cerca de 40 medidas en ámbitos económicos, sociales y regulatorios— busca responder a una doble urgencia: la reconstrucción tras desastres recientes y la reactivación económica en un contexto de estrechez fiscal.
Pero su tramitación no ha estado exenta de tensiones. Desde la oposición se le acusa de mezclar reformas estructurales con medidas de corto plazo, e incluso de esconder una agenda tributaria regresiva.

En ese escenario, el apoyo de sectores que históricamente han tenido roces internos adquiere otro peso.

Desde el mundo republicano, el respaldo ha sido explícito y con sentido de urgencia. Parlamentarios han insistido en la necesidad de avanzar rápido, no solo por la reconstrucción material, sino también por lo que consideran una crisis más amplia —económica e institucional— que requiere respuestas inmediatas.

En Chile Vamos, en tanto, el apoyo parece moverse en un terreno más pragmático. No necesariamente desde la adhesión total al contenido, sino desde la comprensión de que, sin acuerdos, el plan simplemente no avanza. Y en un Congreso fragmentado, eso equivale a inmovilismo.

Ahí aparece el punto clave.

Porque más que un respaldo ideológico, lo que comienza a dibujarse es una lógica de gobernabilidad. Una especie de pacto tácito donde las diferencias no desaparecen, pero se subordinan a un objetivo mayor: sacar adelante una agenda que el propio oficialismo reconoce como difícil de aprobar.

No es casual. El gobierno no cuenta con mayoría legislativa, y eso obliga a negociar, ceder y, sobre todo, ordenar a su propio sector.

La pregunta es cuánto dura ese orden.

La historia reciente muestra que la convivencia entre ambas derechas ha sido inestable. Desde pactos electorales fallidos hasta disputas programáticas, la relación ha oscilado entre la competencia y la cooperación.

Hoy, sin embargo, el escenario es distinto. Gobernar exige algo que hacer oposición no: disciplina.

Y en ese tránsito, el Plan de Reconstrucción Nacional se convierte en algo más que una iniciativa legislativa. Es una prueba política. Un test de cohesión, de liderazgo y de capacidad de construir mayoría.

Porque al final, el verdadero desafío no está en anunciar planes. Está en aprobarlos.

Y en ese terreno, la unidad —aunque sea circunstancial— puede ser más decisiva que cualquier programa.

Maratué: la ciudad que se aprueba en el papel y se discute en el territorio

El Comité de Ministros dio luz verde a uno de los mayores proyectos habitacionales del país. Pero, como suele ocurrir en Chile, la aprobación técnica no cierra el debate político, social ni ambiental.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Hay proyectos que se construyen en el tiempo. Y otros que, antes de levantar un solo muro, ya dividen a una comunidad. Maratué pertenece a esa segunda categoría.

Esta semana, el Comité de Ministros despejó el último gran obstáculo administrativo y ratificó la viabilidad ambiental del proyecto habitacional que busca levantar más de 14 mil viviendas en Puchuncaví. Una decisión que, en términos formales, pone fin a años de tramitación. Pero que, en la práctica, abre una nueva etapa: la del conflicto en terreno.

Porque si algo demuestra la historia reciente de la planificación urbana en Chile es que aprobar no es lo mismo que legitimar.

Maratué no es un proyecto menor. Se trata de una intervención a gran escala, pensada a 45 años, que proyecta la construcción de hasta 14.180 viviendas, con un desarrollo gradual de unas 300 unidades por año . En el papel, la iniciativa promete equilibrio: un 50% de áreas verdes, integración urbana y un porcentaje relevante de viviendas destinadas a primera residencia .

También promete respuesta. En una región tensionada por el déficit habitacional, la idea de sumar miles de soluciones —incluyendo al menos 2.000 viviendas subsidiadas— aparece como una oportunidad concreta .

Pero el problema nunca ha sido solo la cantidad.

En Puchuncaví, una zona históricamente marcada por conflictos ambientales, la llegada de una “ciudad nueva” no se mide únicamente en viviendas, sino en su impacto acumulado: agua, suelo, ecosistemas, identidad local.

Las objeciones que acompañaron el proyecto —y que llegaron hasta el Comité de Ministros— no eran meramente formales. Hablaban de escasez hídrica, de suelos complejos y de una comunidad que ha aprendido, a la fuerza, a desconfiar de las promesas de desarrollo.

La aprobación, en ese sentido, no borra esas tensiones. Solo las reubica.

Desde el Gobierno, la señal es clara: destrabar inversiones, acelerar decisiones y entregar certezas regulatorias. Maratué, con una inversión cercana a los US$ 2.000 millones, se convierte así en una pieza clave de esa estrategia .

En tiempos donde el crecimiento económico vuelve a instalarse como urgencia, proyectos de esta magnitud son vistos como motores más que como interrogantes.

Pero toda política de aceleración tiene su costo.

El urbanismo —como la política— no ocurre en abstracto. Ocurre en territorios concretos, con memorias, conflictos y límites. Y en lugares como Puchuncaví, esos límites no son teóricos: son visibles, tangibles, acumulativos.

Quizás por eso Maratué genera incomodidad. Porque encarna una tensión más profunda: la que existe entre la necesidad urgente de vivienda y la capacidad real de los territorios para absorber ese crecimiento sin repetir errores del pasado.

Al final, la pregunta no es si Chile necesita proyectos como este. La respuesta parece evidente. La pregunta es otra: bajo qué condiciones, con qué ritmos y con qué grado de participación real.

Porque construir ciudad no es solo sumar casas. Es definir cómo —y para quién— se habita el futuro.

Y eso, ningún comité lo puede resolver por sí solo.

El Olivar: la reconstrucción que no llega y la paciencia que se agota

Entre promesas, cambios de equipos y una institucionalidad tensionada, los damnificados del megaincendio en Viña del Mar vuelven a levantar la voz. No piden explicaciones técnicas: piden certezas.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

En El Olivar el tiempo no avanza igual que en el resto de la ciudad. Allí, donde el fuego arrasó con casas, historias y rutinas, la reconstrucción no solo se mide en metros cuadrados levantados, sino en la capacidad del Estado de cumplir su palabra. Y, según denuncian los propios vecinos, esa deuda sigue abierta.

Ha pasado más de un año desde el megaincendio que marcó a Viña del Mar y Quilpué. Las imágenes de cerros ennegrecidos y familias que lo perdieron todo dieron paso a otra escena, menos visible pero igual de persistente: la espera. Una espera que hoy se transforma en molestia, frustración y desconfianza.

Los damnificados apuntan directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje. No desde la consigna fácil, sino desde la experiencia cotidiana de trámites que no avanzan, obras que no parten y decisiones que, aseguran, cambian sobre la marcha.

“Necesitamos ordenar el Serviu en Valparaíso, no tenemos cabeza en la región”, dicen desde la organización de vecinos. La frase no es solo una crítica administrativa: es el síntoma de una institucionalidad que, a ojos de quienes esperan una solución, no logra coordinarse.

En procesos de reconstrucción, la técnica es clave, pero la confianza lo es aún más. Y ahí es donde, según relatan los afectados, se ha producido una fractura. Cambios en los equipos, salida de profesionales que conocían el terreno y decisiones poco claras han ido erosionando esa relación.

“Sacaron a personas que conocían el proceso de reconstrucción”, acusan. La consecuencia —dicen— no es menor: cada ajuste implica retrocesos, nuevas curvas de aprendizaje y, sobre todo, más tiempo.

El problema no es solo la demora. Es la expectativa generada. Cuando una autoridad anuncia medidas para destrabar procesos, lo que instala no es solo un plan de acción, sino una promesa. Y cuando esa promesa no se concreta, el costo es doble: material y simbólico.

En El Olivar, ese costo se vive en lo cotidiano. En familias que aún no saben cuándo podrán reconstruir, en vecinos que ven cómo los plazos se diluyen y en una comunidad que comienza a mirar con escepticismo cada nuevo anuncio.

El escenario, además, se ha tensionado. Las discusiones entre autoridades y residentes —algunas de ellas públicas— reflejan un vínculo deteriorado. La reconstrucción, que debería ser un proceso de colaboración, se ha convertido en un espacio de fricción.

Pero quizás lo más complejo es que el tiempo, en estos casos, no es neutro. Cada día que pasa sin soluciones concretas no solo retrasa obras: profundiza la sensación de abandono.

Porque reconstruir no es solo levantar viviendas. Es reconstruir confianzas, certezas y vínculos. Y en El Olivar, hoy, eso parece ser lo más difícil de recuperar.

Ampliar el DFL2: el incentivo que busca reactivar la inversión y aliviar el mercado de arriendos

Según Colliers, extender los beneficios tributarios a más de dos viviendas podría dinamizar la inversión privada, aumentar la oferta de arriendo y responder a un cambio estructural en la forma de habitar en Chile.

Por: Equipo Mercados Inmobiliarios

Chile enfrenta un escenario habitacional complejo, marcado por un déficit creciente, condiciones de financiamiento más restrictivas y una transformación profunda en la composición de los hogares. En ese contexto, la propuesta de ampliar los beneficios del DFL2 —permitiendo su aplicación a más de dos propiedades por persona— aparece como una medida con efectos potencialmente estructurales en el mercado inmobiliario.

De acuerdo con el análisis de Colliers, uno de los principales impactos sería la reactivación de la inversión privada en vivienda. Al ampliar los incentivos tributarios —como la exención de impuestos sobre ingresos por arriendo y beneficios en herencias—, la propiedad inmobiliaria se vuelve más competitiva frente a otros instrumentos financieros, especialmente en un escenario de menor liquidez y mayores restricciones crediticias.

En esa línea, Reinaldo Gleisner, vicepresidente de la consultora, advierte que el mercado necesita nuevas fuentes de financiamiento. La salida de capitales, sumada al impacto de los retiros previsionales, ha reducido significativamente la disponibilidad de recursos para créditos hipotecarios de largo plazo. “Incentivar la inversión individual en vivienda es clave para sostener el dinamismo del sector”, sostiene.

Más oferta y presión a la baja en arriendos

Uno de los efectos más inmediatos de la medida sería el aumento en la oferta de viviendas destinadas al arriendo. Esto, según el informe, podría generar un efecto estabilizador —e incluso de contención— en los precios, en un contexto donde cada vez más personas optan por arrendar en lugar de comprar.

Este cambio no es menor. Entre 2002 y 2024, el tamaño promedio de los hogares en Chile disminuyó de 4,0 a 2,8 personas, llegando incluso a promedios cercanos a 2 en comunas densamente urbanas como Santiago. Como resultado, el número de hogares creció un 59%, muy por encima del aumento poblacional (22,2%), lo que ha intensificado la demanda por viviendas más pequeñas, bien ubicadas y con buena conectividad.

En ese escenario, la promoción de unidades de hasta 90 m² —típicamente de 1 o 2 dormitorios— se alinea con una demanda real, donde los hogares destinan en promedio un 25% de sus ingresos al arriendo.

Un nuevo rol para el inversionista minorista

La ampliación del DFL2 también redefine el rol del pequeño inversionista. En un mercado donde la rentabilidad anual por arriendo se sitúa entre 4% y 4,5%, sumada a la plusvalía de largo plazo, la vivienda se consolida como una reserva de valor atractiva.

Este escenario abre la puerta a que más personas —especialmente jóvenes profesionales— ingresen tempranamente al mercado inmobiliario, no necesariamente como propietarios de su vivienda principal, sino como inversionistas. Según Colliers, esto puede transformarse en un “puente financiero” hacia la adquisición futura de una vivienda propia. En síntesis, la ampliación del DFL2 podría tener múltiples efectos:

  • Reactivar la inversión privada en vivienda
  • Compensar la menor participación del financiamiento institucional
  • Aumentar la oferta de arriendos
  • Contribuir a estabilizar precios
  • Facilitar el acceso temprano al mercado inmobiliario

Más allá del incentivo tributario, la medida se perfila como una herramienta de política pública orientada a enfrentar un problema estructural: cómo financiar, construir y distribuir vivienda en un país donde la demanda crece más rápido que la oferta.

Como concluye el informe, no se trata solo de un beneficio, sino de una estrategia para movilizar capital hacia un sector clave para el desarrollo social y urbano del país.

03/05/2026 04:46