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PRONTO

Multifamily de Renta Corta. Una tendencia emergente en el negocio inmobiliario

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios en en COHLERS+PARTNER

El concepto de «Multifamily de renta corta» está ganando terreno como una modalidad innovadora dentro del mercado inmobiliario, especialmente en zonas urbanas y turísticas.

En chileno y en “simple”, se trata de edificios multifamiliares construidos o adaptados por el inversionista dueño con el objetivo de ser arrendados en períodos breves, generalmente inferiores a 30 días, mediante plataformas como Airbnb, Booking.com u otras herramientas de gestión de arriendos temporales y transitorios.

De esta manera, se puede decir que un «Multifamily de renta corta» es un activo inmobiliario compuesto por múltiples unidades habitacionales (departamentos o estudios) dentro de un mismo edificio (edificio completo o parte del mismo), diseñadas específicamente para arriendos de corta duración. A diferencia del modelo tradicional de arriendo residencial (renta larga) o del negocio hotelero, este formato privilegia la flexibilidad, alta rotación de ocupantes y la implementación de servicios similares a los de un hotel, tales como limpieza periódica, check-in digital, mobiliario completo y atención al cliente.

Dentro de las principales características de este modelo de negocio, se incluyen, entre otras, la alta rotación de arrendatarios, con estadías que pueden ir desde una noche hasta varias semanas; la gestión centralizada profesional, muchas veces a través de operadores especializados en renta corta; la ubicación estratégica, normalmente en zonas con alto flujo turístico o ejecutivo; el diseño funcional y amoblado, enfocado en la comodidad inmediata del huésped; la tecnología aplicada con sistemas de acceso remoto, automatización de reservas y control operativo.

Así las cosas, podemos ver ciertas ventajas de este tipo de actividad para el negocio Inmobiliario. Así por ejemplo: se puede apreciar una mayor rentabilidad por unidad, pues en comparación con la renta tradicional, los arriendos cortos permiten generar mayores ingresos mensuales, especialmente en temporadas altas; una diversificación de ingresos, ya que reduce la dependencia de contratos a largo plazo y permite ajustar tarifas según la demanda del mercado; una flexibilidad de uso, en donde el propietario puede destinar algunas unidades al uso personal o adaptarlas a diferentes perfiles de huéspedes (turistas, ejecutivos, familias, etc.); y, una mayor liquidez del activo, ya que al demostrar flujos de caja estables y atractivos, se puede facilitar la venta del activo a inversionistas interesados en este tipo de rentas.

Sin embargo, no existe un negocio perfecto. Es por ello que, se estiman como eventuales desventajas y riesgos del «Multifamily de renta corta», las siguientes situaciones:

Primeramente, la regulación cambiante, pues muchas ciudades están implementando normativas que limitan o restringen los arriendos de corta duración, lo que puede afectar la viabilidad del negocio. Tener presente que esto está ocurriendo más en Europa que en Chile, pero nada hace presagiar que acá no pueda pasar lo mismo, al menos al menos mediante ordenanzas municipales. Ya algo fue dicho en la Nueva Ley de Copropiedad.

En segundo lugar, una mayor carga operativa, dado que la rotación frecuente de clientes/huéspedes o pasajeros requiere una gestión más intensa, incluyendo limpieza, mantenimiento, reposición y obsolescencia de inventarios y atención al cliente.

Luego, una mayor vacancia en temporada baja, en atención a que naturalmente, la demanda puede ser estacional, generando fluctuaciones en los ingresos.

Finalmente, y quizás lo más relevante, pasa por la percepción vecinal negativa, puesto que el constante cambio de ocupantes puede generar conflictos con residentes permanentes del edificio o del entorno.

Para terminar, cabe decir que se estima que el modelo de “Multifamily de renta corta” representa una oportunidad atractiva para desarrolladores e inversionistas inmobiliarios que buscan diversificar y maximizar el retorno sobre sus activos. Sin embargo, su éxito depende de una buena gestión operativa, un análisis riguroso del mercado local y una evaluación constante del marco regulatorio. En un contexto donde la flexibilidad, la digitalización y la movilidad son clave, este modelo podría consolidarse como una pieza estratégica del negocio inmobiliario del futuro.

Regulación ambiental en Chile: obstáculos y oportunidades de mejora

Por: Sandra Toro, jefa de Estudios y Permisos Ambientales de Arcadis

 No es novedad que la obtención de los permisos ambientales sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrentan los proyectos de inversión en Chile. Este marco regulatorio es fundamental para el cumplimiento de los estándares técnicos de las iniciativas, así como también para garantizar su convivencia con el entorno socioambiental. No es novedad, que este proceso se ha visto afectados por una excesiva burocracia, tiempos de espera prolongados y la falta de certeza jurídica.

 Como antecedentes, se estima que la obtención de la gama de permisos para proyectos tipo explotación minera sobre 5 mil toneladas mensuales que considere planta desaladora, puede tardar casi una década. Por su parte, la gama de permisos para un proyecto tipo línea eléctrica de alto voltaje, el plazo puede rondar los cinco años.

 De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), y levantamientos de información del el Ministerio de Economía, se han identificado en total 380 autorizaciones sectoriales, las cuales son tramitadas por 37 tipos de organismos del Estado, lo que refleja una complejidad abrumadora. Entre los servicios con mayor concentración de autorizaciones sectoriales están las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, el Servicio de Geología y Minería, la Corporación Nacional Forestal, la Dirección General de Aguas y las Direcciones de Obras Municipales.

 Es dificultoso y poco atractivo proyectar una industria que se desarrolle, en busca de consolidar operaciones más eficientes, productivas y sostenibles, en un escenario donde las empresas deben lidiar con largos plazos e incertezas de tramitación. Como respuesta a este panorama, el país avanza en dos proyectos de ley, promovidos por la actual administración, correspondientes a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuyos objetivos se enfocan optimizar la entrega de autorizaciones, dando mayores certezas a la inversión, manteniendo los estándares técnicos.

 Entre las alternativas que se evalúan, el Sistema Inteligente de Permisos –en discusión legislativa– podría reducir en un 30% el plazo de la obtención de permisos sectoriales, manteniendo las exigencias y estándares técnicos. Así mismo, el proyecto de Reforma al SEIA (que actualiza el Reglamento del SEIA y que se encuentra en fase de consulta pública) aspira a fortalecer la institucionalidad existente y hacer más eficiente el Sistema de Evaluación Ambiental para entregar mayor certeza jurídica.

 Sin contar con las mejoras y en espera de los proyectos de Ley, por ahora la principal estrategia para optimizar el proceso de obtención de permisos ambientales es la identificación de estos desde las etapas tempranas de ingeniería, lo que considera trabajo mediante equipos multidisciplinarios que permitan la identificación y programación de las actividades, definiendo rutas críticas y estudios necesarios, considerando en cada etapa las sensibilidades socioambientales presentes.  De esta manera es posible programar con antelación el proceso secuencial de las gestiones en conjunto con los costos asociados, en especial considerando los aspectos más críticos para el desarrollo, tramitación y la aprobación de las iniciativas.

Banca y propiedades: Cuando la IA ayuda a hacer un buen match

Por: Matías Echeverría, CEO y cofundador de Housepricing

En estos tiempos donde la tecnología ocupa un lugar importante en nuestro día a día sorprende que muchos bancos aún gestionen sus carteras hipotecarias con datos obsoletos. Sí, en pleno 2025, todavía hay instituciones que no saben cuánto valen realmente los activos que respaldan sus créditos. Y no estamos hablando de un pequeño error administrativo. Estamos hablando de una falla estructural que pone en riesgo la calidad de miles de decisiones estratégicas, una tan importante y decisiva en la vida de las personas como la compra de una vivienda.

La relación Loan to Value (LTV), que mide cuánto se prestó en relación al valor de la propiedad, es un indicador clave en la gestión de riesgos. Pero ¿qué pasa cuando el valor de esas propiedades cambia y el banco no lo sabe? Exacto: el LTV se convierte en una ilusión y para la banca un problema de números.

Durante mucho tiempo acercarse al valor de una cartera de propiedades era lento, caro y engorroso ya que era casi imposible pensar en tasar miles de inmuebles sin movilizar un verdadero ejército de peritos. Pero los tiempos cambiaron. Hoy existen soluciones tecnológicas que consideran incluso Inteligencia Artificial y que logran hacer ese trabajo en segundos y al decir segundos no exageramos.

HousePricing.cl, por ejemplo, logró revalorizar una cartera de 12.000 propiedades de un banco chileno -Banco Falabella- en cuestión de minutos, lo que permitió además una visibilidad completa del riesgo real, decisiones más informadas y una operación mucho más eficiente.

¿Y cuál es el verdadero valor de esto? Ocurre que el precio de las propiedades no es estático. En comunas como Providencia o Santiago Centro, el valor por metro cuadrado puede variar entre un 8% a un 10% o incluso más cada año. Trabajar con tasaciones de hace tres años es tan poco eficiente como usar mapas del siglo XIX para navegar por la ciudad.  Demás está decir que consecuencias puede tener esto para los involucrados, tanto a quien otorga el crédito como quien lo recibe: Directo en su bolsillo.

La banca no puede darse ese lujo. Menos aun cuando hablamos de refinanciamientos, crisis económicas o clientes en situación vulnerable. No se trata solo de eficiencia operativa. Se trata de responsabilidad.

Automatizar la valorización de propiedades ya no es una ventaja competitiva. Es una necesidad básica. Y, seamos honestos, si tu banco aún no lo hace, no es por falta de tecnología. Es por falta de decisión ya que las herramientas están a la mano y no requieren una gran inversión. De hecho, es rentable incluso desde el corto plazo.

Y considerando este escenario no queda más que preguntarse: ¿Seguirán los bancos operando a ciegas o se atreverá a ver con claridad y subirse realmente al mundo de la tecnología?

Innovación y soluciones creativas para revitalizar el mercado inmobiliario chileno

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

El mercado inmobiliario chileno enfrenta un escenario desafiante debido al aumento de tasas de interés, la inflación, y la incertidumbre económica. Sin embargo, este contexto también abre una ventana para implementar soluciones innovadoras que no solo mitiguen los efectos de la crisis, sino que también aporten valor al sector a largo plazo.

Una de las principales estrategias para revitalizar el sector es la adopción de modelos de financiamiento alternativo. Por ejemplo, la promoción del leasing habitacional y el arriendo con opción de compra pueden facilitar el acceso a la vivienda para personas que enfrentan barreras tradicionales en el sistema crediticio. Estos modelos permiten a los compradores pagar arriendos que, en parte, se acumulan como un ahorro para la compra futura del inmueble, disminuyendo el riesgo tanto para el comprador como para el inversionista.

Otra propuesta es el fomento de alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos de vivienda social y vivienda intermedia. A través de incentivos fiscales, garantías estatales y la participación de capital privado, se pueden construir desarrollos que equilibren rentabilidad y acceso a vivienda digna, especialmente en sectores urbanos con alta demanda.

Además, el sector debe abrazar la transformación digital mediante tecnologías como el blockchain. Implementar plataformas basadas en blockchain puede aumentar la transparencia en la compraventa de bienes raíces, agilizar los trámites legales y reducir costos asociados a intermediarios. Esto beneficiará tanto a compradores como a desarrolladores, generando mayor confianza en el mercado.

La densificación equilibrada de las ciudades es otro aspecto clave. Es urgente fomentar la construcción de proyectos habitacionales verticales en áreas urbanas consolidadas, acompañados de infraestructura adecuada. Esto no solo responde a la necesidad de vivienda, sino que también reduce el impacto ambiental y optimiza el uso del suelo.

Finalmente, es crucial generar políticas que estimulen la inversión extranjera en el sector inmobiliario, creando incentivos tributarios y simplificando procesos regulatorios para atraer capital que reactive el mercado.

En síntesis, el futuro del mercado inmobiliario chileno requiere creatividad, colaboración y visión a largo plazo. Adoptar estas propuestas no solo mitigará los desafíos actuales, sino que también sentará las bases para un sector más inclusivo, resiliente y sostenible.

El negocio de perder juicios para que el Estado le pague a privados

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

Recientemente el diario La Tercera publicó la noticia «La incómoda herencia de Lavín: TC rechaza recurso y Las Condes deberá pagar $10 mil millones a inmobiliaria por paralizar obras en 2016» comunicando que el Tribunal Constitucional (TC), con fecha 12 de marzo del año en curso, rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Municipalidad de Las Condes para revertir un fallo judicial que la obligó a pagar una indemnización de US$ 10 millones a la inmobiliaria El Golf SpA por una falta de servicio.    

¿ De qué estamos hablando ? 

La Inmobiliaria Nueva El Golf SpA compró a la Universidad Mayor varias antiguas casas que se emplazaban en terrenos que enfrentaban la Av. Américo Vespucio Sur por el oriente, la calle Renato Sánchez por el norte y la calle Asturias por el occidente, con el propósito de demolerlas, fusionar los predios, y construir un par de torres habitacionales, equipamientos y estacionamientos.

Tan pronto se inscribió la fusión predial en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) la inmobiliaria ingresó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes una solicitud de permiso de edificación acogido a los beneficios urbanísticos de los Conjuntos Armónicos pues, según la empresa, el terreno tenía una superficie de 7.505,21 m2, medida superior a los 7.500 m2, fijados para exceder en un 50% el coeficiente de constructibilidad y en un 25% la altura máxima de 15 pisos fijada para la zona en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes. 

La DOM de Las Condes, dando crédito a lo informado por la inmobiliaria, con fecha 21 de marzo de 2016 otorga el permiso de edificación Nº 31 para construir una torre habitacional de 18 pisos de altura y un edificio de 3 pisos de altura para oficinas. El 14 de noviembre del mismo año, DOM le dio curso a una modificación del aludido permiso de edificación, mediante la cual se aumentó la altura del edificio de oficinas de 3 pisos a 11 pisos.  

Los vecinos del sector, afectados por el impacto que iba a generar en el barrio este proyecto, objetaron al municipio que la superficie del terreno no era la indicada por la inmobiliaria y por lo tanto el proyecto no podía contener los privilegios constructivos de los Conjuntos Armónicos y la controversia se dilucidó con un levantamiento topográfico del IDIEM (Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile que, en su correspondiente informe técnico, concluye que el  terreno tiene solo 7.371,54 m2.

A la luz de la resolución del TC en contra de la municipalidad de Las Condes, en nuestra calidad de conocedor de primera fuente y denunciante, con otros, de este caso de corrupción, con el único objetivo de evitar un nuevo hecho de impunidad, expresamos públicamente nuestra desazón por el desinterés de los distintos alcaldes en proteger el interés patrimonial de dicha municipalidad, ya que ninguno de ellos recurrió ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que cautelara en la Justicia el interés fiscal comprometido, preguntándonos si el adusto TC conoció el informe del IDIEM, referido a la superficie del terreno.    

Se debe tener presente que la Seremi Minvu había ordenado a la directora de obras municipales (DOM) que procediera a dejar sin efecto el permiso de edificación mal cursado, funcionaria que desobedeció (sic) a su superiora jerárquica, motivo por el cual, el alcalde Joaquín Lavín, sin tener atribuciones para ello, procedió a firmar el acto de invalidación, dudoso e incomprensible error que significó un fallo de la 3a Sala de la Corte Suprema que favoreció a esa inmobiliaria. 

En esta antigua polémica los abogados municipales cometieron diversas y extrañas equivocaciones, propias de estudiantes, en sus presentaciones ante los tribunales de justicia, las que eran de conocimiento de los alcaldes UDI, Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza, e incluso, con posterioridad, de la actual alcaldesa independiente de derecha, Catalina San Martín, motivo por el cual, con la exconcejala del Frente Amplio, Isidora Alcalde, fuimos al CDE para que interviniera en la Justicia, servicio público descentralizado que nos respondió que lo haría, solo si se lo solicitaba formalmente el alcalde de Las Condes o la Contraloría General de la República. 

En razón a que, a esta fecha, los 2 exalcaldes y la alcaldesa en funciones, no se han dado por aludidos con esta gigantesca pérdida patrimonial, la fundación Defendamos la Ciudad, le está solicitando al ente contralor que traslade todos los antecedentes al CDE y al Ministerio Público, ello con el necesario propósito de que el fiscal asignado interrogue, no solo a los exalcaldes y actual alcaldesa de Las Condes, sino a todos los funcionarios municipales que tenían relación con el asunto. Se deduce entonces que la inmobiliaria ha tenido una doble ganancia al margen de la ley: una, por construir mayor cantidad de m2 por considerarse que el proyectoera ConjuntoArmónico y la otra, por la indemnización resuelta por la Justicia.           

Está claro que la inconducta de los 3 alcaldes, quienes no quisieron ir al CDE para que protegiera los intereses municipales, es irreconciliable con la probidad exigida a los funcionarios públicos y por ello en este vergonzoso acontecimiento, se justifica el título de esta columna.    

Impuesto al mayor valor obtenido en la enajenación de inmuebles ubicados en zonas de ampliación del límite urbano

Por: Boris Ureta, Abogado Jefe de Tributario & Corporativo de Araya & Cía. Abogados.

La Ley N°21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano, publicada el 15 de febrero de 2018, aprobó en su artículo cuarto la Ley sobre Incrementos de Valor por Ampliaciones de los Límites Urbanos.

Esta última estableció en su artículo 1 un nuevo impuesto a la renta de una tasa del 10%, aplicable al mayor valor obtenido en la enajenación de predios, derechos reales constituidos en ellos, o de cuotas poseídas en comunidad respecto de dichos inmuebles, que se encuentren en comunas y sectores con un desarrollo de ampliaciones de sus límites urbanos. Aunque la ley entró en vigencia el año 2018, la aplicación del impuesto no se ha concretado a la fecha, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos pretende revertir pronto esta situación.

Se encuentran afectos a este impuesto aquellos contribuyentes que realicen enajenaciones por valores superiores a 5.000 UF, a contar de la fecha de acuerdos de Concejo Municipal o Consejo Regional, según corresponda, de diseñar un anteproyecto que incluya la ampliación de los límites urbanos, o de la elaboración del proyecto de Plan Regulador por el SEREMI competente o la aprobación por el Concejo Municipal a que se refieren el inciso final del artículo 36 y el inciso sexto del artículo 43, ambos de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Sólo se grava la primera enajenación realizada después de la publicación del plan regulador que amplíe el límite urbano, sin perjuicio de contemplarse una serie de excepciones en que no se gravará con el impuesto.

Se puede vincular la aplicación del impuesto en comento a las operaciones de leaseback financiero inmobiliario, en especial respecto de predios agrícolas. Para el agricultor resulta una forma conveniente de obtener liquidez, a través de la venta de uno o más de sus activos fijos, en este caso, un predio agrícola, a una empresa de leasing, celebrando simultáneamente un contrato de arrendamiento de dicho predio con la compradora, por un plazo determinado, al término del cual, la empresa vende de vuelta el predio al agricultor, por un valor referencial en el último canon de arrendamiento.

Ahora bien, si dentro del plazo de duración del contrato de arrendamiento, el suelo cambia de uso, y consecuencialmente, aumenta su valor, podría verificarse el hecho gravado al momento de vender el predio al agricultor al término del contrato de arrendamiento, y el costo del impuesto no será asumido por la empresa, sino que será traspasado al agricultor, resultando perjudicial. Además, cabe destacar que las excepciones que contempla la ley a la aplicación del impuesto, respecto de enajenaciones que cumplan con ciertos requisitos, no rigen cuando los bienes se enajenen en el marco de operaciones de leasing.

Dentro de los objetivos señalados en el mensaje del Ejecutivo del proyecto de la Ley N°21.078, impulsado por el mediático ‘’caso Caval’’, se incluye generar transparencia en el mercado del suelo, mejorar la eficiencia, oportunidad y justicia con que se captura el incremento de valor asociado al cambio en el uso de suelos por la vía del impuesto territorial, y establecer un impuesto que permita capturar una mayor parte del incremento de valor asociado a las modificaciones de los Planes Reguladores que incluyan una ampliación en el límite urbano.

Trump, la casa de Allende y la institucionalidad ambiental  

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

El dinero per se no es malo, pero en este mundo mercantilista en donde hay todo tipo de excesos, no nos sorprende que Donald Trump, como buen oportunista hombre de negocios, creó la tarjeta «Golden Visa» dirigida a todos aquellos extranjeros millonarios que, pagando 5 millones de dólares por ella, podrán tener una residencia permanente y trabajar en EEUU, siendo hasta gracioso que esa refinada cartulina tendrá la imagen de él mismo.     

Lo anterior porque Trump desea potenciar la producción en su país, que tiene una abultada deuda pública que sobrepasa el 100% del producto, lo que motivó la creación de aranceles mínimos del 10% y máximos del 34% para todos los países que exportan bienes a EEUU, medida muy criticada por muchos, pues colisiona con el discurso del libre comercio en todos los mercados. Los aranceles para Chile son los más bajos, quedando excluidos el cobre y, según dicen, también la madera. Con estos radicales cambios en las reglas del juego, en teoría, se permitirá obtener mayores impuestos para equilibrar las cuentas fiscales.   

En el ámbito nacional, apenas se supo que el actual gobierno había decidido comprar la casa del presidente Salvador Allende, en el precio de $ 933.000.000, donde vive su hija, senadora Isabel Allende, inmueble que tenía un avalúo fiscal de $ 512.832.711, a partir de enero pasado, decíamos públicamente que lo prudente y obligatorio, para no cometer errores, era que la anterior, con la ministra de Defensa, Maya Fernández, dueñas del inmueble, se lo entregaran en comodato al Estado, representado por el ministerio de Bienes Nacionales, pues así el Estado se evitaría pagar y ambas conservarían el dominio de esa casa-habitación, transformada en museo en honor del presidente mártir. 

Se debe recordar que el precio inicial de mercado de la casa, decidido por el gobierno, era del orden de los $ 800.000.000, suma objetada por el abogado y pariente de las vendedoras, Felipe Vio, razón más que suficiente para poner en una razonable duda si ellas no buscaban ganar dinero con esa transacción. Dicho abogado y la infinidad de otros funcionarios públicos que visaron este negocio inmobiliario cometieron un garrafal error al intentar la operación comercial, pues lo impedía la Constitución, lo que significó que la senadora ya no lo será, por sentencia del Tribunal Constitucional (TC), cuyo texto a esta fecha se desconoce, y la ministra fue removida de su cargo por decisión del propio presidente Boric. 

Sobre este engorroso asunto no puede admitirse que el Partido Socialista fustigue al Frente Amplio por la resolución, 8 contra 2, del TC, pues esta máxima instancia jurisdiccional colegiada y además autónoma, cumplió con su deber y por lo tanto Isabel Allende continuará residiendo en la vivienda de su papá, pero sin protección patrimonial, localizada en la calle Guardia Vieja de la comuna de Providencia.       

En otro orden de materias, desde hace tiempo estamos denunciando que el proyecto inmobiliario de 4 torres habitaciones de 32 pisos c/u, llamado engañosa y pomposamente «Egaña-Comunidad Sustentable», ejecutándose en la comuna de Ñuñoa, con una inversión de US$ 300 millones, tiene una ilegalidad de origen, pues su permiso de edificación fue otorgado por un director de obras municipales (DOM) interino, sin que la empresa haya elaborado correctamente el respectivo Estudio de los Conos de Sombra, asunto que, en su oportunidad, le representamos en una reunión a 2 funcionarios de confianza de la ex alcaldesa Emilia Ríos. Lo mismo le expresamos telefónicamente a Frontal Trust, inversionista del megaproyecto. 

Cabe recordar que, por este invasivo proyecto, hubo una contundente reclamación interpuesta por organizaciones ciudadanas de Ñuñoa, en contra de la «favorable» (sic) Resolución de Calificación Ambiental (RCA), dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debido a que en esa instancia no se consideraron debidamente sus serias observaciones planteadas durante la evaluación del proyecto. Pero, haciendo valer la ley, con fecha 26 de noviembre de 2021, el 2° Tribunal Ambiental, por unanimidad de sus ministros, acogió parcialmente la reclamación presentada posteriormente por la comunidad afectada. 

¿Qué dijo esa superior instancia ambiental en su sentencia? : “Se resuelve anular parcialmente, en consecuencia, la RCA N° 222/2019, solo en lo referido a la evaluación de la luminosidad (efecto sombra) y refractación, debiendo el SEA completar la evaluación en este aspecto, disponiendo la realización de los estudios -en particular de aquel referido a las sombras- a fin de recabar los antecedentes necesarios para hacerse cargo debidamente de la observación referida a los efectos que la luminosidad (sombra) y refractación pueden generar en la calidad de vida de las personas”, ordenando esa máxima autoridad ambiental que se debe retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental y reclamación, para luego dictar los actos administrativos complementarios que aborden adecuadamente los aspectos reprochados. Es decir, dicho tribunal puso en su lugar al díscolo Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).   

Debido a que después de la contundente sentencia del 2° tribunal ambiental, la municipalidad de Ñuñoa no exigió lo resuelto por este tribunal, la fundación Defendamos la Ciudad, con el ingeniero Rodolfo Acha, vecino de esa comuna y ex funcionario de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, con el apoyo del arquitecto Víctor Manuel González, ex Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Minvu, entregaron los antecedentes de rigor a la arquitecta y abogada, Carolina Casanova, actual Seremi del Minvu, para que su función pública corrobore que el Estudio de los Conos de Sombra de este proyecto inmobiliario vulnera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

Este asunto está administrativamente prescripto, pero se demostrará que el negocio se ejecuta perjudicando a los vecinos colindantes del mismo, práctica habitual en nuestro querido país que tiene negligentes autoridades, dejándose en evidencia que los dueños de este proyecto fueron los que activaron, con sibilinas mentiras, la remoción del juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema.  

Crisis en las ventas de Viviendas en Chile. Breve análisis y propuesta de soluciones creativas

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

Según el reportaje del diario El Mercurio del día viernes recién pasado, el mercado inmobiliario en la Región Metropolitana de Chile ha registrado una caída del 18% en la venta de viviendas nuevas durante el primer trimestre de 2025.

Este descenso se suma a un preocupante aumento en los desistimientos, especialmente en propiedades sobre las 9.000 UF, lo que refleja un contexto de incertidumbre y dificultades económicas para compradores y desarrolladores.

Asimismo, se señala una importante tasa global de desistimientos de promesas de compraventa de viviendas nuevas, llegando a ser casi el doble que previo al estallido social y a  la pandemia.

Esto no es nuevo. Somos varios quienes lo venimos diciendo desde hace ya un buen tiempo, pero todavía no se aprecian esfuerzos reales por revertirlos.

Los factores clave de esta crisis anunciada son básicamente tres. Primeramente, las condiciones crediticias más estrictas, pues las tasas de interés elevadas y las restricciones bancarias dificultan la obtención de financiamiento hipotecario; en segundo lugar, el impacto de la inflación y el estancamiento económico, ya que los ingresos de las familias no han crecido al mismo ritmo que los costos de la vivienda, reduciendo la capacidad de compra; y, por último, los altos niveles de desistimientos, dado que las promesas de compraventa firmadas en años anteriores ahora enfrentan condiciones de crédito más restrictivas, lo que provoca que muchos compradores renuncien a sus adquisiciones por serles más caras de afrontar con este nuevo escenario económico.

De esta forma, y con un interés de proponer soluciones creativas para lograr la reactivación del mercado y del negocio inmobiliario, se sugieren las siguientes:

1. Flexibilización financiera con modelos alternativos, tales como por ejemplo, hipotecas escalonadas en la que los bancos y desarrolladores pueden ofrecer pagos iniciales reducidos con tasas progresivas en los primeros años, permitiendo a los compradores adaptarse mejor; y arriendos con opción de compra, permitiendo este modelo a los interesados vivir en la propiedad mientras acumulan parte del arriendo como abono a la futura compra.

2. Incentivos para la compra, como por ejemplo, la creación de subsidios compartidos a través de la generación de alianzas entre el Estado y las inmobiliarias para ofrecer beneficios a quienes accedan a viviendas bajo cierto umbral de precio; y ofrecer descuentos por pago anticipado, es decir, ofrecer rebajas a quienes puedan adelantar parte del pago, incentivando con esto la liquidez en el mercado.

3. Uso de tecnología y Big Data para personalizar ofertas, mediante la aplicación de inteligencia artificial para perfilar compradores potenciales y ofrecer productos adecuados a sus capacidades económicas; e implementar recorridos virtuales y realidad aumentada para captar compradores internacionales o de otras regiones.

4. Revisión regulatoria para facilitar el acceso de posibles compradores, mediante la evaluación real y efectiva de la posibiloidad de flexibilización de restricciones hipotecarias sin comprometer la estabilidad financiera y el fomento de la densificación equilibrada en comunas con buena conectividad para reducir costos de construcción.

Así las cosas, el mercado inmobiliario chileno y en especial en la Región Metropolitana enfrenta un escenario desafiante debido a las acuales tasas de interés, la inflación, y la incertidumbre económica. Sin embargo, este contexto también abre una ventana para implementar soluciones innovadoras que no solo mitiguen los efectos de la crisis, sino que también aporten valor al sector a largo plazo; por lo que las soluciones que se propongan requieren creatividad, colaboración y visión a largo plazo.

Si bien el panorama actual presenta desafíos, la combinación de estrategias financieras innovadoras, incentivos de compra y herramientas tecnológicas puede ayudar a recuperar la confianza del mercado. La clave estará en la adaptación y colaboración entre el sector público y privado para generar soluciones efectivas y sostenibles.

La UF y el mercado inmobiliario en 2025: oportunidades para inversionistas y compradores

Po: Jacqueline Oportu, Gerente de Bancos de Activo Más Inversiones.

El reciente incremento del IPC en enero, con una variación mensual de 1,1%, ha impulsado un alza en la UF, que aumentó más de $421 entre el 9 de febrero y el 9 de marzo, alcanzando un valor de $38.784.

Este ajuste, reflejo de la inflación, impacta directamente en el mercado inmobiliario, ya que muchos contratos de arriendo y créditos hipotecarios están indexados a la Unidad de Fomento.

Sin embargo, este escenario no solo representa desafíos, sino también oportunidades para inversionistas y compradores. La UF históricamente ha protegido el valor real de los activos, consolidando la inversión inmobiliaria como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre.

Además, en períodos inflacionarios, la demanda por arriendos tiende a aumentar, lo que genera una mayor rentabilidad para quienes poseen inmuebles destinados al alquiler. Actualmente, el mercado inmobiliario presenta una ecuación atractiva: una alta oferta de propiedades, un crecimiento sostenido en la demanda de arriendos y condiciones crediticias que comienzan a flexibilizarse.

A pesar de que el acceso al financiamiento sigue siendo un reto debido a los criterios bancarios, estas entidades han reducido las tasas de interés en los últimos seis meses en una tendencia que podría mantenerse. Para quienes logren estructurar una estrategia financiera adecuada, este es un momento clave para obtener un crédito hipotecario en condiciones favorables antes de que el mercado se endurezca nuevamente.

Para quienes buscan una vivienda propia, en cambio, esta es una instancia ideal para evaluar opciones. La moderación en los precios de las propiedades, la amplia variedad de oferta y las promociones vigentes crean un escenario propicio para adquirir bienes raíces a precios competitivos.

Además, las proyecciones para 2025 son positivas: el mercado ha mostrado signos de recuperación con un aumento en la venta de viviendas al cierre de 2024 y una tendencia hacia hogares más eficientes y sostenibles.

En un mercado donde la UF sigue consolidando su valor, es fundamental actuar con visión y estrategia. Cotizar, comparar opciones y mantener un perfil financiero saludable, permitirá aprovechar las condiciones actuales y capitalizar las oportunidades en el sector inmobiliario.

2025, el año de la tokenización inmobiliaria

Por: Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital

La tokenización inmobiliaria surge como una solución innovadora ante los desafíos del mercado, impulsada por la baja sostenida en la venta de viviendas y la necesidad de atraer nuevos inversionistas.

Esta tendencia utiliza la tecnología blockchain para dividir propiedades en “tokens” digitales, que representan las fracciones que componen a la propiedad. Así, los inversionistas pueden adquirir pequeñas participaciones de propiedades sin necesidad de un gran capital inicial, permitiendo el acceso al mercado inmobiliario.

Para la industria inmobiliaria en 2025, los cambios podrían ser significativos. La tokenización promete agilizar los procesos de compraventa, eliminando intermediarios y reduciendo costos.

Además, brinda transparencia, ya que los registros en la blockchain son inmutables y accesibles. Esto resulta especialmente atractivo para los inversionistas jóvenes y tecnológicos, quienes buscan flexibilidad y seguridad en sus operaciones.

En Chile, la regulación será clave para el desarrollo de esta tecnología. Aunque el marco normativo actual es incipiente, se espera que las autoridades avancen en adaptar leyes para garantizar la seguridad de las transacciones digitales. Iniciativas como la discusión de regulaciones específicas para activos digitales reflejan el interés por fomentar este tipo de innovaciones, manteniendo la protección del inversionista.

La tokenización abre una serie de oportunidades. Permite a pequeños ahorradores invertir en propiedades con montos reducidos, diversificando riesgos. También facilita la internacionalización del mercado inmobiliario, atrayendo capital extranjero al simplificar la adquisición de propiedades en distintos países.

Además, los desarrolladores pueden financiar proyectos más rápidamente mediante la preventa de tokens, sin recurrir a complejos mecanismos de crédito.

En resumen, 2025 será un punto de inflexión para la tokenización inmobiliaria, marcando el inicio de una nueva era en la inversión inmobiliaria, más inclusiva, ágil y global.

14/03/2026 15:31
Sábado 14 de Marzo de 2026
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