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Poder femenino en la inversión inmobiliaria: construyendo patrimonio con visión de futuro

Por: Priscila Salamanca, Gerente Comercial de Crece Inmobiliario

En la última década, el protagonismo de las mujeres en la inversión inmobiliaria ha emergido con fuerza, desafiando las tendencias tradicionales y demostrando que la inversión femenina en este rubro se traduce en decisiones financieras sólidas y estratégicas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es relevante comprender las razones de este fenómeno al alza.

En cifras al 2023, en Chile, existen 8,6 millones de inmuebles con 4 millones de personas naturales como propietarios; de estos, casi 3 millones (73%) tienen una única propiedad y casi 56% son mujeres; la misma tendencia se da para personas naturales con dos (14%) y tres (5.9%) propiedades. No obstante, al pasar al perfil inversionista, con seis o más propiedades (2,5% del total), el 62% son hombres, situación que también se repite para propietarios bajo la figura de personas jurídicas, las cuales son constituidas mayoritariamente por hombres.

Estas cifras representan un cambio en la dinámica del mercado y que, para el caso de las mujeres, reflejan una visión que prioriza el crecimiento patrimonial con un enfoque y planificación a largo plazo, donde cada decisión se toma con una consideración profunda de las implicaciones futuras. Este pensamiento estratégico permite que las mujeres no solo busquemos rentabilidad inmediata, sino que también evaluamos el potencial de valorización de las inversiones en el tiempo y así construir y preservar el patrimonio individual o familiar.

Una de las principales características de las inversiones femeninas es la capacidad de análisis detallado. Por nuestra naturaleza cautelosa, aversa al riesgo, tendemos a hacer una investigación exhaustiva antes de concretar una inversión. Esta perspectiva ha resultado ser una ventaja en el mundo inmobiliario. La atención al detalle nos permite identificar propiedades con un alto potencial de retorno, así como entender las dinámicas del mercado local y las necesidades de los arrendatarios. Esta visión ha favorecido de alguna forma a inversionistas en general, propiciando que las inmobiliarias incorporen, por ejemplo, detalles importantísimos como conexión para artefactos, amenidades y elementos que favorezcan la eficiencia energética, entre otros.

Además, la colaboración y el networking son elementos clave en la estrategia de inversión de muchas mujeres. Al unirse a grupos de inversión y redes profesionales, crean un espacio de apoyo mutuo donde pueden compartir conocimientos, experiencias y recursos. Esta solidaridad no solo empodera a las inversoras individuales, sino que también enriquece el mercado inmobiliario en su conjunto, fomentando un entorno más inclusivo y diverso.

Dado este enfoque más cauteloso y meticuloso de las mujeres, para las que buscan iniciarse en este mundo este 2025, la recomendación es que busquen inversiones en zonas consolidadas, residenciales y con mayor demanda por arriendos, como La Florida, Ñuñoa y Macul, que brindan oportunidades atractivas para inversión.

Aquí, los departamentos de un dormitorio son una excelente opción inicial y presentan ventajas significativas: experimentan menor deterioro, al ser habitados generalmente por personas solas o familias pequeñas. Si bien estos inmuebles pueden presentar mayor rotación de arrendatarios, con periodos de ocupación entre uno y dos años y medio, es precisamente esta dinámica lo que favorece el mantenimiento óptimo de la propiedad, compensando ampliamente la necesidad de gestionar nuevos contratos con mayor frecuencia.

Tanto por la combinación de su rigurosa planificación, la sensibilidad para identificar oportunidades y una visión estratégica, las mujeres se instalan como protagonistas en el panorama de inversión inmobiliaria, con una visión impulsada por la construcción de patrimonio, autonomía financiera y protección de sus cercanos.

Ciberseguridad y derecho de la construcción. Desafíos y soluciones innovadoras en Chile.

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

La digitalización del sector de la construcción en Chile ha transformado la manera en que se diseñan, gestionan y ejecutan proyectos.

El uso de tecnologías avanzadas como el BIM (Building Information Modeling), el Internet de las Cosas (IoT) y plataformas de gestión de proyectos ha aumentado significativamente la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, esta evolución también ha expuesto a las empresas constructoras a un nuevo conjunto de riesgos relacionados con la ciberseguridad, que van desde el robo de datos sensibles hasta ataques de ransomware que pueden paralizar operaciones completas.

En el contexto jurídico chileno, el derecho de la construcción enfrenta la necesidad de adaptarse a este nuevo panorama digital, en el cual la protección de datos y la ciberseguridad se convierten en pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad y la confianza en el sector. La nueva Ley de Protección de Datos Personales que busca alinearse con estándares internacionales como el RGPD europeo, obligan a las empresas a implementar medidas estrictas para el manejo de datos sensibles.

Como principales desafíos específicos en el sector de la construcción, podemos visualizar, en primer lugar, un ecosistema complejo y descentralizado, pues los proyectos de construcción involucran múltiples actores (proveedores, subcontratistas, clientes y reguladores) que manejan y comparten datos críticos, lo que amplifica el riesgo de ciberataques.

A lo anterior, debe sumarse el hecho de que el negocio de la construcción maneja información estratégica altamente sensible, como planos, cronogramas y contratos diversos (financiamiento, proveedores, etc.) que contienen información que podría ser utilizada maliciosamente para extorsión o, eventualmente, sabotaje.

Además, la adopción de tecnologías emergentes, como herramientas como BIM e IoT amplían los blancos de ataque cibernéticos al requerir conexiones constantes a redes y almacenamiento de datos en la nube.

Así, y para abordar estos desafíos, el derecho de la construcción y las empresas del sector deben adoptar estrategias innovadoras que combinen aspectos legales, tecnológicos y organizativos, tales como, por ejemplo, la realización de contratos con cláusulas específicas de ciberseguridad, es decir, incorporar en los contratos de construcción cláusulas que regulen el manejo de datos sensibles, las responsabilidades en caso de ciberataques y las medidas de mitigación necesarias. Por ejemplo, exigir a subcontratistas el cumplimiento de estándares internacionales como la ISO 27001 puede reducir significativamente los riesgos.

Asimismo, implementar sistemas BIM que incluyan autenticación multifactor, encriptación de datos y monitoreo constante de accesos, resulta tan importante como la promoción del desarrollo de «gemelos digitales» que puedan operar en entornos aislados como medida de seguridad adicional.

Por otro lado, las posibles alianzas estratégicas de colaboración público-privadas, con organismos gubernamentales y empresas privadas como así también startups tecnológicas para diseñar soluciones específicas para el sector pueden ser de gran utilidad y mutuamente beneficiosas. Por ejemplo, el desarrollo de una plataforma nacional de ciberseguridad para la construcción podría centralizar la protección de datos y estandarizar los protocolos de seguridad.

El uso de inteligencia artificial y análisis predictivo, como aplicar herramientas de inteligencia artificial para identificar amenazas en tiempo real y realizar simulaciones de ciberataques, es otra idea, ya que esto permite a las empresas anticiparse a posibles vulnerabilidades antes de que sean explotadas.

Asimismo, las auditorías legales y técnicas regulares y periódicas que evalúen tanto el cumplimiento normativo como la eficacia de las medidas de ciberseguridad implementadas, asegurando que las empresas estén siempre un paso adelante en un entorno legislativo y tecnológico cambiante.

Finalmente, la capacitación especializada para actores del sector, siemrpe será necesaria en estos contextos evolutivos, promoviendo programas de formación en ciberseguridad específicos para el sector construcción, dirigidos tanto a empleados internos como a subcontratistas, con el fin de reducir errores humanos que puedan comprometer la seguridad de los datos.

El avance tecnológico en la construcción chilena no solo exige una transformación operativa, sino también un enfoque renovado desde el ámbito jurídico. Incorporar la ciberseguridad como eje central de la gestión empresarial y contractual es esencial para proteger la integridad de los datos y garantizar la continuidad operativa en un sector crítico para el desarrollo del país.

Con ello, las empresas que adopten un enfoque proactivo e integrador, combinando innovación tecnológica con cumplimiento normativo, para un desafío global, estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro y consolidar su posición en un mercado altamente competitivo.

En definitiva, la ciberseguridad no es solo una necesidad técnica, sino un imperativo estratégico y legal para el éxito sostenible en la era digital.

Ley Marco de Ciberseguridad: Una oportunidad para fortalecer la protección digital y aumentar la resiliencia de las organizaciones

Por Belén Quezada, Abogada Senior Apparcel Uriarte 

El 1 de enero de 2025 entró en vigencia la Ley 21.663 Marco de Ciberseguridad en Chile, primera norma que regula esta materia entre los países de LATAM, que tiene como objetivos principales establecer una institucionalidad y normativa general, definir requisitos mínimos de ciberseguridad, delimitar responsabilidades y obligaciones, e implementar mecanismos de control y supervisión. Estos elementos son cruciales para promover un entorno más seguro y resiliente en el ciberespacio.

Una de las novedades destacadas de esta Ley es la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (“ANCI”), la que comenzó a funcionar el 2 de enero de este año y cuyo primer director es el abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Chile, Daniel Álvarez Valenzuela, quien cuenta con una importante trayectoria en el desarrollo de políticas públicas en materia de ciberseguridad. 

¿Quienes son los sujetos obligados por la Ley Marco de Ciberseguridad? Esta Ley se aplicará a las instituciones que presten servicios calificados como esenciales, tanto a aquellos singularizados en el artículo 4to de la Ley (Organismos de la Administración del Estado, Coordinador Eléctrico Nacional, instituciones privadas que desarrollan labores bancarias, servicios financieros y medios de pago, entre otras), como a aquellos que sean calificados como tales por la ANCI; y a las instituciones calificadas como operadores de importancia vital (“OIV”), calificación que también debe realizar la ANCI en el ejercicio de sus funciones. 

La calificación por parte de la ANCI de los Operadores de Importancia Vital, así como los deberes específicos de éstos últimos, el deber de reportar incidentes de ciberseguridad, y la aplicación de sanciones establecidas en la Ley tendrán su entrada en vigencia el 1 de marzo de 2025. 

¿Qué implican todos estos cambios? Sin lugar a dudas, es importante que exista un cambio cultural dentro de las organizaciones y las empresas en general, incluso aquellas que queden fuera del ámbito de aplicación de esta Ley, de manera que el capital humano tenga un conocimiento más avanzado en materia de ciberseguridad y protección de información digital, así como saber la forma idónea de reaccionar ante un ataque o incidente de ciberseguridad para que éste produzca el menor daño posible, reforzando así la resiliencia de las organizaciones. 

Esta Ley asegura que estas medidas sean implementadas en aquellas instituciones que prestan servicios esenciales y en los OIV, pudiendo sancionar el incumplimiento con multas de hasta 40 mil UTM. 

La Ley Marco de Ciberseguridad no es solo una cuestión técnica relegada al área de IT de una compañía; tiene un impacto en las organizaciones en su totalidad. Es por ello que una buena asesoría en la implementación de políticas adecuadas hasta la gestión de incidentes y la defensa de los derechos de las personas afectadas, es crucial para la vida y resiliencia de una organización, para garantizar que la ley no solo sea un marco normativo en papel, sino una realidad efectiva que proteja a todos los actores involucrados.

Tecnología al servicio de la gestión de incendios y emergencias químicas en Chile

Por: Carlos Saul, gerente general de AYT Grupo.

Chile, país que enfrenta cada año una temporada de incendios forestales cada vez más destructiva, necesita implementar soluciones innovadoras para mejorar la gestión y la respuesta ante estos desastres.

La temporada de incendios 2023-2024 fue particularmente devastadora, con más de 71.923 hectáreas afectadas y trágicos eventos como los ocurridos en Viña del Mar, que cobraron la vida de varias personas. Con la previsión de condiciones climáticas más extremas en la temporada venidera, es imperativo contar con herramientas tecnológicas avanzadas que permitan una respuesta más ágil, precisa y efectiva.

En este contexto, las innovaciones tecnológicas se presentan como un aliado crucial en la lucha contra los incendios forestales y la gestión de emergencias químicas. AYT Grupo, una empresa especializada en soluciones ambientales y tecnológicas, ha lanzado una serie de herramientas que optimizan la respuesta ante estas emergencias. Entre ellas, destacan su tecnología compacta para el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire y un analizador de gases, fundamentales en los incidentes relacionados con incendios y productos químicos peligrosos.

La calidad del aire es uno de los principales factores a monitorear en un incendio forestal. Durante estos eventos, contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos (HC), carbono negro y material particulado (MP) se disparan, afectando tanto el ambiente como la salud pública. AYT Grupo ha diseñado estaciones de monitoreo móviles, capaces de desplegarse rápidamente en zonas afectadas, permitiendo la obtención de datos en tiempo real sobre estos contaminantes. Esta información es clave para entender la magnitud del desastre y, más importante aún, para tomar decisiones rápidas que ayuden a mitigar sus efectos.

Esta herramienta no solo beneficia la respuesta ante incendios forestales, sino también ante emergencias químicas. Los equipos de bomberos, militares y unidades especializadas en materiales peligrosos enfrentan, con frecuencia, gases desconocidos en el lugar de los siniestros. En estos casos, contar con un analizador de gases preciso y rápido es esencial para garantizar una respuesta efectiva y minimizar los riesgos. El analizador de gases Gasmet DX4040 FTIR es capaz de detectar hasta 50 gases en solo 25 segundos, proporcionando información valiosa para evaluar y controlar la situación de manera eficiente.

La rapidez con la que se obtiene la información en estos momentos es crucial. Las emergencias químicas son impredecibles, y la tecnología de respuesta debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a diversas situaciones. AYT Grupo ha entendido esta necesidad, y su tecnología está diseñada para proveer a los equipos de emergencia con datos de alta precisión para que puedan actuar con la mayor seguridad posible.

Con la llegada de una nueva temporada de incendios y la posibilidad de emergencias químicas, no podemos subestimar la importancia de contar con herramientas tecnológicas avanzadas que nos ayuden a enfrentar estos desafíos de manera eficaz. AYT Grupo, con sus soluciones innovadoras, contribuye a que las autoridades y los equipos de emergencia tomen decisiones más informadas, minimizando los impactos tanto en la vida humana como en el medio ambiente.

Chile necesita, más que nunca, un enfoque preventivo y proactivo ante los incendios forestales y emergencias químicas, y la tecnología es una pieza clave para lograrlo.

Las mujeres en la banca e inmobiliaria: avances, brechas y un futuro que ya llegó

Por: Tracy Dustan, Commercial Manager y Real Estate Technology Bheed

Se acerca el 8M y, como cada año, nos toca preguntarnos: ¿cómo va la película en la inclusión femenina en los sectores inmobiliario y bancario en Chile? hemos avanzado, sí, pero todavía nos encontramos con techos de cristal, brechas salariales y espacios de decisión donde las mujeres siguen siendo minoría.

En el sector inmobiliario, representamos solo el 32% de la fuerza laboral. Y aunque hemos ido ganando terreno en gerencias de primera línea (donde llegamos al 33,6%), en los directorios seguimos siendo apenas el 12,2%. ¿Y los sueldos? En promedio, ganamos un 30% menos que nuestros colegas hombres. La pregunta es obvia: si tenemos la capacidad, el talento y la experiencia, ¿por qué seguimos corriendo en pista inclinada?

En la banca, la historia no es tan distinta. Las mujeres somos mayoría en la industria, con un 52% de la fuerza laboral. Pero cuando miramos hacia arriba, el número se desploma: solo el 22% de los cargos gerenciales están ocupados por nosotras. Y sí, la brecha salarial también está presente: en promedio, ganamos un 26% menos que los hombres en el mismo sector. Lo curioso es que se ha demostrado que las empresas con mayor diversidad de género obtienen mejores resultados financieros. Entonces, ¿qué estamos esperando?

En 2024, el 52% de los nuevos créditos fueron otorgados a mujeres. Esto es un avance innegable, pero no significa que el acceso sea equitativo. Seguimos enfrentando más barreras que los hombres para acceder a financiamiento, en gran parte por la brecha salarial y la menor estabilidad laboral que muchas enfrentamos. A pesar de la mejora en los números, queda claro que aún no jugamos con las mismas reglas.

¿Y qué está pasando en el resto del mundo? Si miramos hacia afuera, el sector inmobiliario se está transformando. Según un informe de Sotheby’s International Realty, las mujeres solteras y los millennials con alto poder adquisitivo serán los grandes impulsores del mercado inmobiliario de lujo en 2025. ¿Por qué? Porque cada vez más mujeres están tomando decisiones financieras estratégicas y comprando propiedades sin depender de nadie.

Esta tendencia aún no se refleja con la misma fuerza en Chile, pero es una señal clara de que el mercado debe empezar a adaptarse. Las mujeres ya no solo compramos casas para «formar un hogar», sino como inversión, patrimonio y seguridad financiera.

Si algo está claro es que no nos vamos a quedar esperando a que la equidad caiga del cielo. Iniciativas como la Corporación Mujeres Inmobiliarias MI están creando espacios de mentoría y formación para que más mujeres lleguemos a posiciones de liderazgo en la industria. Y desde la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AAFP), se han promovido buenas prácticas para cerrar las brechas de género en el sector financiero.

Entonces, ¿dónde estamos paradas? Hemos avanzado, pero aún queda mucho camino por recorrer. El sector inmobiliario y bancario tiene todo el potencial para ser un referente en equidad de género, pero eso no va a pasar con discursos bonitos cada marzo. Es momento de tomar acción real, porque las mujeres ya demostramos que podemos llegar a donde queramos. Ahora falta que el sistema se ponga al día con nosotras.

Las cosas que suceden con el “apagón”.

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

Como ya lo dijera hace buen tiempo atrás Yuri en su famosa canción, recientemente Chile experimentó un apagón masivo que afectó a 14 de las 16 regiones del país, dejando sin suministro eléctrico a más de 19 millones de personas, representando el 98,5% de la población nacional.

Este evento, considerado uno de los más significativos en la historia energética chilena, puso en claro las vulnerabilidades tanto técnicas como regulatorias en el sistema eléctrico nacional. Y eso que debemos agradecer que no ocurrió en invierno, durante copiosas lluvias o en un fin de semana largo entre fiestas… Para que decir respecto de las claras vulnerabilidades estratégicas ante eventuales ataques violentos de cualquier naturaleza de grupos asistémicos.

En medio de las primeras horas de desconocimiento absoluto de lo ocurrido, se mencionaron varias hipótesis de lo ocurrido, pasando incluso por la idea de un ciberataque. Resulta extraño e impresentable que el gobierno, como dueño del “negocio”, haya tomado tanto tiempo en dar respuestas claras (aunque fuesen negativas) de lo ocurrido. La falta de información clara y precisa solo genera dudas, incertidumbre y desconfianza. Ni siquiera me pronunciaré respecto de lad ecisión de adoptar un toque de queda.

Finalmente, y luego de una importante espera, se esgrimió que la causa principal del apagón se identificó en la desconexión de la línea de transmisión de 500 kV «Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar», ubicada entre Vallenar y Coquimbo, la que habría sido provocada por una «operación no deseada» en los sistemas de protección y control gestionados por la empresa privada que la controla (para no mencionar nombres), culpandola de lo ocurrido e incluso amenazandola con el inicio de acciones legales correspondientes.

Los sistemas electrónicos no habrían funcionado según lo previsto, lo que llevó a una desconexión automática de la línea, produciéndose una reacción en cadena que afectó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), resultando así en un corte masivo de energía. Aunque la empresa informó haber solucionado la falla inicial en 44 minutos, la restauración completa del servicio se prolongó durante aproximadamente siete horas debido a dificultades en la coordinación y comunicación entre las distintas empresas generadoras y transmisoras… ¿error del sistema, de la empresa, o del coordinador del sistema?

Desde una perspectiva legal, la responsabilidad de garantizar un suministro eléctrico continuo y seguro recae tanto en las empresas operadoras como en las entidades reguladoras del Estado. El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) tiene la función de supervisar y coordinar la operación del sistema eléctrico, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normativas vigentes. En este caso, se identificaron deficiencias en la supervisión y en la implementación de recomendaciones técnicas previas. Un informe de auditoría de 2020 ya había señalado anomalías en los sistemas de protección y control de la subestación Nueva Pan de Azúcar, operada por ISA Interchile. Aunque la empresa afirmó haber subsanado dichas observaciones, la falta de una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes pudo haber contribuido a la ocurrencia del apagón.

Además, la reacción del gobierno durante la crisis fue objeto de críticas. La información proporcionada a la ciudadanía fue considerada insuficiente y poco oportuna, lo que generó confusión y desconfianza. La falta de una comunicación clara y coordinada entre las autoridades y las empresas involucradas evidenció la necesidad de establecer protocolos más efectivos para la gestión de crisis en el sector energético.

Lo cierto es que este evento evidenció la clara fragilidad de un sistema interconectado que, si bien en términos generales ofrece ventajas en eficiencia y cobertura, es también susceptible (evidentemente) a fallas sistémicas cuando se produce una interrupción en una de sus líneas troncales. Expertos señalaron que la inversión en infraestructura de transmisión y en la resiliencia del sistema no ha avanzado al ritmo de las necesidades del país, lo que ha dejado al sistema vulnerable ante contingencias. Lo que resulta claro con lo ocurrido.

Así, y con un afán colaborativo, aunque no pretendo descubrir la pólvora con esto, para abordar las vulnerabilidades detectadas y fortalecer el sistema eléctrico chileno, he pensado en que se deberían desarrollar las siguientes acciones:

1.- Acelerar y ampliar las inversiones en líneas de transmisión y subestaciones, asegurando que la infraestructura esté acorde con la demanda energética actual y futura. Esto incluye la implementación de sistemas de respaldo y redundancia que minimicen el impacto de posibles fallas, así como la injección al sistema de energías renovables como alternativa.

2.- Fomentar la inversión en fuentes de energía renovable y descentralizada, como la solar y eólica, para reducir la dependencia de grandes líneas de transmisión y minimizar el impacto de posibles fallas en puntos específicos del sistema.

3.- Además de una red interconectada fuerte y robusta, es esencial desarrollar capacidades locales de generación y almacenamiento de energía. Esto permitiría a regiones específicas mantener el suministro eléctrico en caso de desconexiones en la red principal, mediante fuentes propias basadas, ojalá en energías renovables.

4.- Actualizar y mantener regularmente los sistemas de protección y control es crucial para prevenir operaciones no deseadas. La implementación de tecnologías avanzadas y la realización de auditorías periódicas pueden ayudar a identificar, mitigar y corregir posibles vulnerabilidades.

5.- Las entidades reguladoras en la materia, como la SEC y el CEN, cuenten con facultades claras y recursos suficientes para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las normativas. Esto incluye la capacidad de imponer sanciones efectivas y de asegurar que las recomendaciones técnicas sean implementadas pronta y adecuadamente.

6.- Establecer procedimientos y protocolos claros y coordinados entre el gobierno, las empresas eléctricas y los medios de comunicación, como condición fundamental para manejar adecuadamente situaciones de emergencia. Es más, una comunicación transparente y oportuna puede reducir la incertidumbre y mantener la confianza pública durante eventos adversos.

Creo que al menos Implementar estas medidas y ojalá muchas más, contribuirán a fortalecer la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico chileno, reduciendo la probabilidad de futuros apagones de gran magnitud y asegurando un suministro energético estable para toda la población.

Somos una larga franja de tierra y nuestro sistema interconectado central de energía la recorre de norte a sur como la Panamericana. Tratemos de encontrar soluciones inteligentes a eventuales cortes y reparaciones en la ruta que no signifiquen aislar el país energéticamente y volver a la Edad de Piedra, pues al menos en este país, sin electricidad, no somos nada.

El cambio climático y el hogar chileno: la nueva búsqueda de confort y bienestar 

Por:  Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp

En los últimos años, el cambio climático se ha vuelto una realidad ineludible en Chile. Lo vemos y lo sentimos: un aumento sostenido en las temperaturas promedio, olas de calor que rompen récords, lluvias torrenciales cada vez más intensas. Este fenómeno ha transformado nuestra manera de vivir y nos obliga a replantear cómo enfrentamos algo tan esencial como el confort en nuestros hogares.

En el norte, las altas temperaturas han disparado la necesidad de sistemas de enfriamiento más efectivos, mientras que en el sur, los inviernos, menos rigurosos que antaño, han reducido la dependencia de la calefacción tradicional. Todo esto ha generado un cambio estacional que está redefiniendo las estrategias de las familias para mantener sus casas cómodas y preparadas frente a condiciones extremas.

Personalmente, creo que el desafío más grande que enfrentamos es adaptar nuestras viviendas a este nuevo panorama climático, pero no se trata sólo de sobrevivir; se trata de hacerlo de manera sostenible y eficiente. La buena noticia es que hoy existen soluciones accesibles y cada vez más verdes que nos permiten responder a estas nuevas necesidades.

En mi experiencia trabajando en Kaltemp, una empresa que tradicionalmente se enfocaba en la calefacción, hemos vivido este cambio de primera mano. Tuvimos que ampliar nuestra oferta y redirigir nuestro enfoque para incluir soluciones que combinen aire acondicionado, bombas de calor y pérgolas bioclimáticas, entre otras tecnologías. Escuchar al usuario ha sido clave. La sostenibilidad y la eficiencia energética no son sólo aspiraciones, sino exigencias concretas de las familias chilenas.

Sin embargo, adaptar nuestros hogares al cambio climático no es tarea exclusiva de las empresas. Las familias pueden tomar medidas concretas para ser parte de la solución:

Adoptar tecnologías eficientes: Sistemas como bombas de calor y aire acondicionado inverter son ideales para alcanzar temperaturas confortables tanto en invierno como en verano, reduciendo el consumo energético.

Mejorar el aislamiento térmico: Invertir en ventanas con termopanel, aislación en muros y techos puede marcar una gran diferencia, no solo en el confort, sino también en la cuenta de energía.

Incorporar energías renovables: Los paneles solares y sistemas híbridos son opciones reales y viables para generar energía limpia en casa, reduciendo nuestra huella de carbono y los costos de luz.

Otro punto que no podemos ignorar es el papel de los materiales de construcción en esta adaptación. Tecnologías como aislantes térmicos avanzados, pinturas reflectantes y estructuras bioclimáticas permiten crear hogares que consumen menos energía para mantener temperaturas confortables. Incluso los edificios inteligentes, que integran sistemas de monitoreo energético, son una tendencia que espero ver crecer en Chile.

El cambio climático nos obliga a repensar cómo vivimos y cómo acondicionamos nuestros espacios. En Kaltemp, hemos asumido el compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que equilibran confort, sostenibilidad y eficiencia. No se trata solo de adaptarnos al presente, sino de prepararnos para un futuro más verde y habitable para todos.

Subsidio al dividendo: Valorable pero insuficiente

Por: Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario

El proyecto que crea el subsidio al dividendo por parte del Gobierno, refleja una intención valorable, pero insuficiente si pensamos en abordar la verdadera raíz de la crisis inmobiliaria que enfrentamos en Chile. Si bien, toda medida que contribuya a liquidar el importante sobre stock de más de 100 mil unidades es bienvenida, también es importante analizar la efectividad real de estas iniciativas.

Partamos por el principio: la propuesta gubernamental de otorgar un subsidio directo a las tasas de interés para créditos hipotecarios destinados a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF parece, a primera vista, atractiva. Sin embargo, la experiencia reciente con el Fondo de Garantía Estatal (FOGAES) nos ha enseñado una lección: no basta con facilitar condiciones posteriores si no se abordan los obstáculos primarios que enfrentan los potenciales compradores.

La principal problemática del mercado inmobiliario está en la poca capacidad de calificación de los aspirantes a créditos hipotecarios. Entonces ¿De qué sirve subsidiar una tasa de interés si el potencial comprador ni siquiera logra acceder al crédito hipotecario base?

Las razones de esto son multifactoriales. Los ingresos familiares no están acompañando el incremento en los precios de las propiedades, las políticas crediticias bancarias se han vuelto más restrictivas, y el aumento del empleo informal ha dejado a un importante segmento de la población fuera del sistema tradicional de financiamiento. Además, la inflación ha terminado con la capacidad de ahorro, haciendo difícil poder acumular el pie necesario para la compra de una vivienda.

En este contexto, lo que el mercado necesita son medidas que ataquen el problema desde su raíz. Por ejemplo, un programa de apoyo directo para el pie inicial podría ser mucho más efectivo. Por ejemplo, si una familia logra juntar 100 UF, que sea el Estado quien entregue un aporte de otras 100 UF. Esto no solo haría más alcanzable la entrada inicial, sino que, al reducir el monto total del crédito necesario, también disminuiría los requisitos de ingresos para calificar.

Otra alternativa, sería explorar mecanismos que incentiven a los bancos a flexibilizar sus criterios de evaluación crediticia, quizás a través de garantías estatales enfocadas no en el porcentaje de financiamiento, sino en el aseguramiento del pago del crédito. El objetivo debe ser facilitar el acceso al crédito mismo, no solo mejorar sus condiciones posteriores.

La demanda potencial existe: se estima que hay un millón de personas que aspiran a la vivienda propia. El desafío real es convertir esta demanda potencial en demanda efectiva, y para ello necesitamos medidas que aborden las barreras de entrada fundamentales: la capacidad de ahorro, la calificación crediticia y el acceso al financiamiento.

Prevenir es mejor que curar

Por: Marianne Küpfer Cauty, vicepresidenta de AICE, Ingeniera civil estructural de la Universidad de Chile, ssocia directora de proyectos en Rene Lagos Engineer.

Los 15 años transcurridos desde el acontecimiento del terremoto del 27F nos invitan a recordar que nuestro país no está exento de volver a vivir un fenómeno como aquel, o de enfrentar eventos de similar impacto, que ponen a prueba la capacidad de prevenir, actuar y reparar. 

Así como en el área de la salud la prevención ha pasado de ser un abordaje específico para una cierta enfermedad a ser un foco central en la organización de los sistemas de salud, con una visión más amplia, es importante observar los posibles eventos críticos para la ingeniería estructural desde todas sus dimensiones. Si bien se ha avanzado mucho en esta dirección en los últimos años, como Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, resulta interesante reflexionar acerca de dos aspectos que hemos estado observando con cierta preocupación.

Por una parte, los ingenieros estructurales tenemos la voluntad de poner todo nuestro conocimiento al servicio de la sociedad, buscando edificaciones, infraestructura e instalaciones más seguras y con un desempeño cada vez mejor, que nos permitan mantener el reconocimiento del resto del mundo hacia nuestra labor, tal como ocurrió para el 27F. 

Pero vemos con pesar cómo el aumento de viviendas irregulares, sobre todo en campamentos, genera una exposición permanente a la amenaza de fenómenos naturales como inundaciones, derrumbes e incendios. Nada podremos hacer para evitar el impacto que pueda generar sobre sus ocupantes el deterioro, colapso o inhabitabilidad de sus hogares cuando ocurra un nuevo gran terremoto, lo que se vuelve más notorio con lo recientemente mencionado por el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, en relación con las más de “65% de probabilidades de que ocurra un sismo (de magnitud) 8 o superior en el año que viene”. 

Por otra parte, el decaimiento sostenido de nuestra actividad en los últimos años ha implicado, entre otras cosas, un desincentivo para las nuevas generaciones de profesionales en especializarse en ingeniería estructural, afectando el natural recambio y el traspaso de conocimiento. Es ese traspaso, que se da únicamente en la práctica diaria de la profesión, el que nos ha permitido transferir la experiencia de nuestros grandes próceres de la ingeniería hasta hoy. Esa capacidad de tomar decisiones acertadas y muchas veces difíciles, de asumir responsabilidades significativas y muchas veces sin la justa retribución, sólo se forja a través de la motivación personal, del vibrar interior que se transmite de maestro a aprendiz, y que solo puede vivirse desde la propia patria.

Pero como en todo ámbito de la vida, siempre en la adversidad es posible encontrar una oportunidad. Por ello debemos permanecer atentos y con nuestro corazón abierto para percibir aquellos instantes en que a través de una conversación fraterna, de una acción oportuna o de la observación de nuestro entorno, podemos sutilmente entregar nuestro conocimiento y compartir nuestra experiencia profesional, enriqueciendo nuestra herencia de cultura sísmica, la que nos enorgullece como país y que hoy celebramos en esta nueva conmemoración del 27F.

Ordenamiento territorial en la Región Metropolitana de Santiago 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

En el año 1948, a través de la ley Pereira N° 9.135, se originaron este tipo de casas de buena construcción dirigidas a la clase media, en el año 1953 se creó la Corporación de la Vivienda (Corvi), en el año 1959 se originaron las «viviendas económicas» DFL2, con innumerables privilegios tributarios, que vinieron a reemplazar a las viviendas Pereira, en el año 1960 se aprobó el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS), en el año 1965 se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el año 1973, bajo la dictadura cívico-militar, se reorganizó completamente este ministerio, eliminándose, entre otras corporaciones, la Corvi, la Corhabit y la Cormu, las que fusionadas con otros servicios, dieron origen al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y en el año 1976 se crearon las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (Seremi). 

El conocido Decreto Ley N° 3516 de 1980 tenía como único  propósito permitir las subdivisiones prediales de 0,5 hectáreas de terrenos rurales, para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, pero desde hace unos cuantos años unos ingeniosos inversionistas detectaron que, con esta figura, podían hacer pingües negocios comercializando en el mercado estas subdivisiones para propósitos inmobiliarios, luego vulnerando abiertamente ese cuerpo legal. En la actualidad todo el territorio nacional, excluido al desarrollo urbano en los instrumentos llamados planes reguladores intercomunales y comunales, está lleno de condominios habitacionales y viviendas aisladas en las denominadas «parcelas de agrado», a pesar de que el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) no las admiten. Ante estos hechos ilegales consumados, el gobierno está tramitando una ley que regularizará la construcción de viviendas en los sectores rurales.  

Ya en democracia, en el año 1994, se publicó en el Diario Oficial el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que abarcaba 37 comunas, instrumento que ha tenido innumerables modificaciones, como la creación de las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (Zoduc), los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) y las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC), todas localizadas en terrenos rurales, pero hoy transformados en plenamente urbanos. A esta fecha el único PDUC que se está tramitando en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es el de Urbanya en la comuna de Pudahuel, recordando que el grupo Patio de los hermanos Jalaff se desistió del PDUC que tenía previsto en la comuna de Lampa. 

Las normas del PRMS prevalecen, a todo evento, sobre las contenidas en los Planes Reguladores Comunales (PRC) de las 52 comunas que conforman actualmente esta región, lo que sucede con todos los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), conforme al mandato del artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y esta macro región hoy en día está compuesta por las provincias de Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, las que están divididas en 52 comunas. Dicho sea de paso, esta región es la que tiene menor extensión, 15.403 km2, equivalente al 2% de la superficie del país, luego es la más pequeña entre las 16 regiones que existen en Chile y por lo tanto es la que tiene la mayor densidad habitacional, alcanzando a esta fecha aproximadamente los 8.700.000 de habitantes.  

Este PRMS es muy completo y en el caso de las áreas rurales, definidas como «áreas de interés silvoagropecuario» se permite una subdivisión predial mínima de 4 hectáreas, con una vivienda para el dueño y otra para el cuidador y en las denominadas «de interés silvoagropecuario mixto» que presenten suelos clase IV o de inferior calidad agrícola, ciertos municipios pueden aprobar parcelas agroresidenciales con superficies mínimas de media hectárea, en las cuales a su propietario se le permite construir su vivienda y también la de su cuidador. Lo anterior, conforme al artículo 55° de la LGUC, que permite estas viviendas para los propietarios de una actividad agrícola. Asimismo, en este instrumento normativo regional se constituyeron las «Áreas de Preservación Ecológica», APE, extenso territorio de valor natural que, como su nombre lo indica, se debe preservar, dejándose en claro que abarca el 50% de la superficie de la región. 

En estas APE se restringe el uso a fines científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, señalando este columnista, que no siempre se respeta esta disposición, pues a veces, con autorizaciones (sic) municipales o sin ellas, en todas las comunas periféricas, algunos particulares edifican en estos terrenos sus casas-habitaciones, motivo por el cual la Contraloría General de la República, en distintas oportunidades se ha referido a estos casos, lo mismo que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado, objetándose tales actividades mercantiles por estar prohibidas en nuestra regulación territorial.

Sobre esta materia la ex ministra, política concertacionista, Vivianne Blanlot, entregó su opinión en columna «I(racionalidad) y caos en uso del territorio», publicada en el diario El Mercurio, ver link 

https://www.elmercurio.com/blogs/2023/05/16/107451/iracionalidad-y-caos.aspx

Texto que contiene algunos errores, como, por ejemplo, refiriéndose a la comuna de Colina, ella decía que «en 1997 el plano regulador comunal declaró como Área dePreservación Ecológica (APE) a vastas zonas incluyendo aquellas ya aprobadas y construidas o en construcción. La municipalidad continuó otorgando permisos de construcción sobre la base de que contaban con aprobación antes del plano regulador»

Pues bien, las APE establecidas en el PRMS, se incorporaron automáticamente, luego con efecto inmediato, en todas las comunas de la región, y desconocemos si la motivación de doña Vivianne Blanlot para publicar dicha columna fue porque ella dispone de una vivienda emplazada en esa zona protegida por el Estado o bien su casa-habitación existe en una parcela de agrado del DL 3516. Además, el vocablo no es «plano», para referirse al instrumento como dice ella, sino «plan». 

En resumen, todas las subdivisiones prediales de media hectárea o más, parcelas de agrado, acogidas al DL 3516 del año 1980, en donde se construyen viviendas son abiertamente ilegales y todas las viviendas construidas en terrenos singularizados como APE en el PRMS del año 1994, con irreflexivos y, por ende ilícitos, actos administrativos municipales o bien sin permisos, también son ilegales.

En nuestra opinión, en los predios descritos como APE solamente serían legales la vivienda de su dueño y la del cuidador, en la medida de que esos predios contengan actos administrativos de otros organismos del Estado, como por ejemplo del Seremi Minvu o del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), anteriores al año 1994, ello conforme al principio jurídico de la protección de la confianza legítima de los derechos adquiridos.  

14/03/2026 07:29
Sábado 14 de Marzo de 2026
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