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Casa de Allende: ¿Qué dirá el Tribunal Constitucional?

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

El próximo jueves 23/01/2025 el Tribunal Constitucional (TC) analizará las solicitudes de destitución de la senadora Isabel Allende y a pesar de que ya hemos entregado nuestra opinión en este medio de prensa, ahora entregando antecedentes de fondo sobre la materia, volvemos a la carga en este confuso capítulo demostrativo de diversos errores cometidos por funcionarios del gobierno de Boric.

Pues bien, encontramos muy atingente la crónica publicada el pasado sábado 18 de enero en un medio de circulación nacional titulada «Tasador judicial, sobre compra de casa de Allende: Darle valor de mercado a un monumento no tiene sentido», en el cual entrega su convincente opinión el experto Demetrio Benito Olas, la que compartimos plenamente, pues lo lógico en este episodio era haberla declarado oportunamente Inmueble Patrimonial por el Consejo de Monumentos Nacionales o bien Inmueble de Conservación Histórica por la municipalidad de Providencia y después el Ministerio de Bienes Nacionales la pudo adquirir en el precio que tenía conforme a esa afectación. En todo caso, se debe decir que el inmueble protegido, teniendo cualesquiera de esas categorías, está exento del pago de contribuciones de bienes raíces.

En tal sentido ya se sabe que la antigua casa pareada de 2 pisos de Allende, localizada en la calle Guardia Vieja 392, comuna de Providencia, región metropolitana de Santiago, emplazada en un terreno de un poco menos de 450 m2, se rige por las normas urbanísticas contenidas en el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC), que fija para ese sector una altura máxima de 12 pisos. Es posible que el gobierno livianamente sostuvo que en el terreno de ese inmueble demolido se podía posibilitar un lucrativo proyecto inmobiliario en altura, en razón de la permisiva regulación urbana local y por ello determinó el subido precio de $ 933.000.000 a pagarle a las dueñas del mismo.

Pero debido al escaso tamaño del predio, el mercado le hubiera asignado un precio bastante menor, en razón a que allí no era posible construir en altura, lo que un tasador competente le habría informado con antelación a Bienes Nacionales, ya que el único destino comercial para esa vivienda era remodelarla, salvo que la senadora Allende y la ministra Fernández, supuestamente pensando en un buen negocio, hubieran convencido al dueño de la vivienda pareada que se fusionaran ambos pequeños terrenos y así, el resultante con una superficie mayor, previa demolición de las casas, ofrecerlo en el mercado para obtener un buen precio, lo que no sucedió.

En resumen, en nuestra opinión, ellas desconocían las normas de la Constitución y le dieron poder a un abogado inepto para que firmara la escritura de compraventa con el Fisco y por ello ahora será el adusto TC quien tiene la última palabra. Pero, tal como lo ha dicho el abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, los diputados de derecha denunciantes tendrán que explicarle a dicho tribunal en qué consiste el presunto acto de corrupción, «acreditando que el contrato era más beneficioso que vender el inmueble en el mercado».

Algunos influyentes abogados formalistas, que hacen prevalecer la literalidad del texto constitucional, desean la destitución de la senadora y otros tantos suspicaces, ya están afirmando que la próxima decisión del TC será política y que, por ello, pues la mayoría de sus integrantes serían afines al gobierno, ella será absuelta del cargo que se le imputa. Por lo tanto, esperemos hasta el próximo jueves 23 de enero, día en que dicho tribunal decidirá si admite o no a tramitación el requerimiento en comento.

Nuevos desafíos para el negocio inmobiliario a propósito de las modificaciones a la ley de datos personales.

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

La reciente publicación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile representa un cambio significativo en la regulación del manejo de datos personales, lo que plantea varios desafíos para el negocio inmobiliario.

Esta ley, inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, tiene como objetivo fortalecer la protección de la privacidad de los ciudadanos y establecer un marco claro para el tratamiento de datos personales, lo cual significará importantes desafíos para el negocio inmobiliario, tales como por ejemplo:

1. Transparencia en el manejo de datos y comunicación.

Uno de los principales retos será garantizar la transparencia en cómo se gestionan los datos personales. Las empresas deberán informar de manera clara y explícita a los usuarios sobre la recopilación, uso y transferencia de su información, especialmente en procesos críticos como la cotización de propiedades y la solicitud de créditos hipotecarios, que requieren datos sensibles como el RUT y los ingresos de los solicitantes.

2. Consentimiento explícito.

La ley exige que las empresas obtengan un consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos. Esto significa que las inmobiliarias deberán revisar y posiblemente modificar sus prácticas actuales para asegurarse de que están cumpliendo con este requisito, lo que podría implicar cambios en los formularios de contacto y en los procesos de recopilación de datos.

3. Responsabilidad en la gestión de datos.

Con la creación de la Agencia de Protección de Datos, las inmobiliarias estarán bajo un mayor escrutinio respecto a cómo manejan la información personal. Esto incluye la obligación de reportar incidentes de seguridad que involucren datos personales, lo que puede generar un aumento en la carga administrativa y la necesidad de implementar medidas de seguridad más robustas.

4. Sanciones por incumplimiento.

Las multas por no cumplir con la nueva ley pueden ser significativas, alcanzando hasta el 4% de la facturación anual de la empresa. Esto representa un riesgo financiero considerable para las inmobiliarias que no se adapten a las nuevas regulaciones.

5. Adaptación tecnológica y capacitación.

Las inmobiliarias deberán invertir en tecnología y capacitación para asegurar el cumplimiento de la ley. Esto incluye la implementación de sistemas que faciliten la gestión adecuada de datos y la formación del personal en temas de protección de datos y privacidad.

La nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile plantea desafíos significativos para el sector inmobiliario, que van desde la necesidad de ser transparentes en el manejo de información hasta la implementación de medidas de seguridad adecuadas y la obtención de consentimientos claros. Las empresas del sector deben prepararse para adaptarse a estas regulaciones para evitar sanciones y mantener la confianza de sus clientes.

Si bien, y como ya se ha dicho, esta nueva ley entrará en vigor después de 24 meses de su publicación en el Diario Oficial, lo que ocurrió este viernes 13 de diciembre; ello no obsta a las empresas empiecen desde ya a revisar sus procesos, procedimientos y protocolos, así como a verificar e implementar el cumplimiento de los principios y deberes que esta nueva normativa impone, de manera preventiva y como proceso de adaptación al cambio que se viene, generando así una cultura organizacional de protección adecuada y previo a su implementación efectiva en las inmobiliarias, de corretaje de propiedades y empresas constructoras, para así evitar posteriores sanciones e incumplimientos.

Tokenización inmobiliaria: ¿Un futuro prometedor o solo un truco más?

Por: Tracy Dustan, Bheed – Commercial Manager – Real Estate Technology

Últimamente, me he topado con un término que parece sacado de Black Mirror: la tokenización en bienes raíces. ¿Qué es eso? Básicamente, dividir propiedades en pedacitos digitales (tokens) usando blockchain, para que en vez de comprar una casa completa, puedas ser dueño de una fracción. ¿Suena como la solución mágica al problema habitacional? Pues sí… y también no. Como bien me dijo mi mamá una vez: «Hija, no todo lo que brilla es oro, y menos si te lo están vendiendo con tanto entusiasmo».

La idea es tentadora. Imagínate: con unos $100.000 pesos chilenos (o $50 dólares para los más gringos), ya puedes decir que «posees una parte» de un departamento en Providencia, o en algún lugar igual de cool. Dicen que generas ingresos por arriendo, plusvalía y, de paso, ayudas a democratizar el mercado inmobiliario. Todo esto suena fantástico. ¿El problema? Que debajo de esa promesa reluciente hay bastantes dudas y dilemas que no podemos ignorar.

No voy a mentir, hay cosas buenas. La tokenización promete abrir el mercado a personas que antes no podían ni soñar con invertir en propiedades. Y eso de tener todo en blockchain, transparente y auditable, es música para nuestros oídos cansados de los trámites notariales del siglo pasado. Además, los tokens son líquidos: si necesitas el dinero, los vendes y listo. Hasta aquí, todo bien.

Pero (porque siempre hay un pero), hay un lado oscuro. Sin regulaciones claras, esto puede convertirse en un paraíso para la especulación, donde los que saben jugar el juego financiero (ya sabemos quiénes son) acaparan las ganancias, dejando migajas para el resto. ¿Y qué pasa con la gente común que pone su plata esperando una rentabilidad? Bueno, que podrían quedarse con un token que, un día, quizás no valga nada.

Peor aún, esta tendencia puede distraernos de los problemas reales: los precios de las propiedades siguen siendo absurdos, el acceso al crédito hipotecario es un lujo y, en general, la desconexión entre ingresos y costos de vida es gigante. Entonces, aunque los tokens suenan como algo moderno y accesible, no arreglan lo que realmente nos tiene fregados.

En nuestro país, donde el acceso a la vivienda ya es casi un chiste cruel, la tokenización parece una buena idea a primera vista. Proyectos como Reity o Asset Partner prometen rendimientos anuales del 3,5% al 11%. Y sí, suena atractivo, pero seamos realistas: esto no resuelve nada de fondo. Comprar «fracciones de propiedades» no te da una casa donde vivir. Es más como decir que tienes acciones en una empresa, pero sigues necesitando pagar arriendo.

Además, el mercado de criptomonedas es un campo minado. Su volatilidad puede ser devastadora para los pequeños inversores, y no todos están preparados para entender esos riesgos. ¿Estamos educando a las personas sobre esto? Spoiler: no mucho. Entre el optimismo del marketing y las lagunas en las leyes, hay una oportunidad gigante para que la gente termine metida en algo que no entiende del todo.

Y las inmobiliarias, ¿qué papel juegan aquí? Aunque este sistema podría ser revolucionario, también genera dudas sobre cómo afecta a los actores tradicionales. ¿Será que ahora las inmobiliarias también tienen que subirse al tren de los tokens para sobrevivir? Con los altos costos de construcción, la burocracia de los permisos y el encarecimiento de materiales, parece lógico que busquen formas creativas de financiarse. Pero si estas soluciones no se regulan, podríamos terminar con un mercado aún más desigual.

Por ejemplo, la pregunta del millón: ¿los beneficios de esta tendencia van a llegar a quienes realmente los necesitan, o solo a los inversores que pueden permitirse «jugar» con tokens? Si no lo hacemos bien, esto podría ser otra herramienta para perpetuar las desigualdades en vez de solucionarlas.

Entonces, ¿es esto bueno o malo?? La tokenización tiene potencial, pero no podemos verla como la varita mágica que solucionará todos los problemas del mercado inmobiliario. Más bien, es una herramienta interesante que podría ayudar si se implementa con cuidado. Necesitamos regulaciones claras, educación financiera y, sobre todo, un enfoque que no pierda de vista las necesidades de las personas comunes.

Porque si seguimos vendiendo humo en lugar de soluciones reales, el acceso a la vivienda seguirá siendo un privilegio para pocos, mientras el resto de nosotros seguiremos debatiendo si comprar un token de propiedad o una buena botella de vino (que, al menos, podemos disfrutar de inmediato).

La verdadera pregunta no es si la tokenización es buena o mala, sino si estamos listos para hacer que funcione en un mercado tan desigual. Y, más importante, si tenemos la voluntad de usarla para incluir, no para excluir. Porque al final del día, lo que necesitamos no son más promesas brillantes, sino soluciones que realmente construyan un futuro más accesible para todos.

Casas museos de Allende y Aylwin versus la de Frei Montalva 

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

En este deplorable episodio quedó en evidencia que todos los funcionarios públicos que tramitaron la operación mercantil por la casa de Allende actuaron como simples «estudiantes en práctica» y con ese incomprensible comportamiento le dieron herramientas a la extrema derecha para que fustigue al gobierno. Por este motivo, el Ministerio de Bienes Nacionales debería desaparecer, formando parte como una Subsecretaria del Minvu.

Pues bien, expresamos que la antigua casa pareada de 2 pisos de Allende, localizada en la calle Guardia Vieja, comuna de Providencia, emplazada en un terreno de un poco menos de 450 m2, se rige por las normas urbanísticas contenidas en el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC), que fija para ese sector una altura máxima de 12 pisos.

Si la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández, dueñas del inmueble, en el remoto evento de que ellas hubieran querido hacer un pingüe negocio inmobiliario, sin importarles mayormente la memoria histórica del presidente, lo debieron haber ofrecido en el mercado en el precio determinado por los tasadores, pero difícilmente habrían tenido interesados para proyectos de edificios en altura debido al escaso tamaño del predio. A lo más se podría vender para remodelarla.

No sabemos si ellas le ofrecieron la casa al gobierno de Boric o si éste tomó la iniciativa, dirigiéndose a ambas, para transformarla en un museo, pero queda claro que por razones puramente políticas el partido Republicano desea llegar al Tribunal Constitucional (TC) porque ellas, a través de un incompetente abogado, firmaron una escritura pública de compraventa para que el Fisco, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, dispusiera de su dominio y así transformarla en el mentado museo.

Después del escándalo, todos los involucrados resolvieron rescindir el contrato y como el inmueble no se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), y por lo tanto, las vendedoras no recibieron los respectivos vales vista, todo volvió a fojas cero, con lo cual se concluye que es inoficiosa la acusación en el TC.

Si ambas señoras, actuando hipotéticamente como especuladoras, tenían en mente lucrar en forma desmedida, en el entendido de que conocían las restricciones contenidas en la Constitución, apostando que el ardid «pasaría piola», ellas habrían vendido la casa a un particular amigo, para que éste, como un eficiente «palo blanco», recibiera la oferta de los $ 933.000.000 y así nadie objetaría nada. Si no actuaron de esa manera, utilizando esta habitual fórmula de negocios, fue porque primó en ellas la ética, la probidad y la transparencia, con lo cual, aunque desconocían  la Constitución, procedieron de buena fe.

Vale la pena que los lectores sepan que en el año 1971, el gobierno de Allende compró a un particular de apellido Yaconi, la casa de Tomás Moro 200 en Las Condes, la que fue transformada en una residencia presidencial. Esta casona fue bombardeada el día 11 de septiembre de 1973 y fue declarada como Monumento Nacional en el año 2006, ver link

ttps://www.defendamoslaciudad.cl/noticias/item/8935-la-otra-casa-de-allende

En resumen, lo lógico sería que el inmueble de Guardia Vieja, sin ningún atractivo inmobiliario, se donara al Estado, pero si ello no es posible, por las razones que sean, el camino está abierto para que se firme, entre las partes, un contrato de comodato con el cual, tanto la senadora como la ministra, mantendrán el dominio de la casa y Bienes Nacionales la convierta en un museo.  

Valga la ocasión para establecer que la casa habitación del presidente Eduardo Frei Montalva, localizada en calle Hindenburg 688, comuna de Providencia, nunca sus hijos se la ofrecieron en venta a Bienes Nacionales para que la administrara como museo. Este inmueble privado, que funciona como museo, tiene el rol N° 03506-00020 del SII, estando a nombre de Cecilia Frei Larraechea, nieta del fallecido presidente Frei. Asimismo se deja en claro que esta tradicional vivienda, con destino cultural, paga elevadas contribuciones de bienes raíces. 

Con esta demostración, se deberían animar las familias Allende y Aylwin para proceder con sus casas como lo hizo la familia Frei, en orden a no pedirle al Estado que se la comprara.  

Las “azoteas 2.0”. Recuperación de la quinta fachada.

Por: Eduardo Ricci Burgos, Abogado de Negocios en COHLERS+PARTNERS

Se suele encasillar a las ciudades a partir de la relación o interacción urbana que generan sus fachadas, las alturas y las densidades de sus edificaciones, en suma, las cualidades de su diseño, espacios y construcción; para otros, será en razón del entorno geográfico en que se encuentra emplazada, sus áreas verdes, vías de acceso y circulación; pero pocas veces miramos los techos y azoteas y su impacto en las ciudades como un parámetro más para calificar o medir la bondad de una ciudad.

Cuando Le Corbusier, las reconoció y bautizó como la “quinta fachada”en 1926, su visión del concepto de una terraza jardín, instaló a los techos en la mira de la discusión urbana en forma definitiva. Y este tema, en Chile no le es ajeno.

Existen en nuestro país más de 20 mil plazas y más de 450 parques, pero solo 7,6 millones de sus habitantes viven en comunas con una superficie de áreas verdes, lo que está lejos del estándar recomendado por las autoridades, donde sólo 18 de 117 comunas (11,6% de la población de ciudades de más de 50.000 habitantes) cumplen con ese estándar, por lo que no suena descabellado pensar un real uso de la quinta fachada.

Lamentablemente, en la actualidad (y desde siempre) las azoteas son y han sido las destinatarias forzadas de instalaciones técnicas, cajas de ascensores, shafts de ventilación y antenas de todo tipo, siendo verdaderos “cementerios” o depósitos de todo lo técnico, poco agradable, antiestético y práctico de la comunidad vertical, alojando la “cara fea” y escondida de cada edificio.

Sin embargo, bien usadas como un espacio de carácter paisajístico o como un área habitable, la quinta fachada presenta importantes beneficios como mecanismo eficaz para lograr mayor aislación térmica, mejora la protección contra el sol, evitando cambios abruptos de temperatura y generando economía de calefacción, absorción de CO2 y la posibilidad de retención del agua de lluvia (evitando colapsos de alcantarillados), entre otros aspectos relevantes que causan enormes perjuicios a nuestras ciudades.

Con el inicio del verano y el período estival, mejorar esto entonces, depende en gran parte, de la buena voluntad de todos, pero especialmente del marco jurídico regulatorio que las autoridades competentes sobre la materia nos den, así como de un real incentivo y apoyo de privados e inversionistas inmobiliarios, pues se necesita una modificación normativa que permita extender (ampliar) y fomentar el uso de las azoteas, para así convertirlas en un lugar de esparcimiento y revitalización urbana para provecho de la comunidad del inmueble mismo y, eventualmente, para terceros; pues es innegable el uso cultural y artístico que se le podría dar a dicho espacio.

En el mundo, existen varios ejemplos de ello y Chile no tendría por qué quedarse atrás.

Las oportunidades que abre el tratado de doble tributación entre Chile y EE.UU

Por:  Esteban Larrondo, abogado y director de Latam en USA.

En diciembre de 2024 se celebra un año desde el tan esperado Tratado para Evitar la Doble Tributación entre Chile y Estados Unidos, una meta alcanzada tras 13 años de negociaciones.

En abril de 2025, aquellos chilenos que hacen inversiones o generan ingresos en USA tendrán que entregar su declaración tributaria conforme a los términos de este acuerdo. Los compromisos logrados por ambos países fueron diseñados para eliminar la doble imposición y fomentar la transparencia fiscal, lo que creará nuevas oportunidades para inversores y aquellos que buscan ingresar al mercado de  América del Norte, además de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

Este pacto subraya la relevancia de contar con asesoramiento especializado para optimizar los beneficios. Hoy en día, los retos más significativos en las administraciones internacionales van más allá de los mercados y la competencia. En realidad, están en las complejas estructuras legales y fiscales que, a menudo, dificultan los procedimientos más de lo necesario. Por esta razón, la relevancia de este acuerdo reside no solo en su naturaleza informativa, sino en la enorme oportunidad que representa.

En cuanto a su impacto específico, el pacto establece reglas esenciales para disminuir impuestos sobre ingresos tales como dividendos, intereses y regalías. Para un inversionista chileno, por ejemplo, que desee desarrollar un proyecto de bienes raíces en Miami o establecer una franquicia en Washington, este acuerdo representa un beneficio esencial: la optimización de la carga tributaria, lo que resulta en un incremento de la rentabilidad. Desde un punto de vista práctico, estos estímulos no solo impulsan la mayor cantidad de inversiones y puestos de trabajo, sino que también promueven significativamente el  intercambio comercial y cultural entre ambos países.

Sin embargo, también surgen retos que se deben enfrentar. A pesar de que el acuerdo simplifica de manera importante el escenario fiscal, cada empresa tiene características específicas que requieren una planificación estratégica y distinta. No se puede comparar la organización de una operación orientada a la exportación de servicios con la creación de un negocio físico o la exploración de oportunidades en propiedades. En este aspecto reside la clave del éxito: disponer de la orientación exacta para aprovechar las ventajas del acuerdo y reducir sus potenciales restricciones.

Las fronteras, en lugar de ser un obstáculo, deben transformarse en un puente hacia el desarrollo. En este acuerdo, Chile y Estados Unidos tienen un recurso inestimable para establecer una relación más sólida, basada en el intercambio de talentos, capitales e ideas. Este tratado representa el vehículo para concretar esa visión en hechos concretos.

En un entorno económico mundial caracterizado por un frágil equilibrio entre recuperación e incertidumbre, las decisiones estratégicas adoptadas con conocimiento y perspectiva cobran un peso crucial.

Emplear el convenio trasciende lo meramente fiscal: es una táctica que puede determinar el futuro de muchas empresas, emprendedores e inversores. Este tratado no es simplemente un documento jurídico; sino un vínculo que une visiones, deseos y posibilidades. La eficiencia fiscal no solo simboliza una ventaja competitiva, sino que también es un estímulo a innovar y crecer en un mercado global cada vez más interrelacionado.

Desaceleración de venta de parcelas: momento para la inversión inteligente

Por: Gerardo Larraín, Gerente General de Vientos de Chiloé

Mucho se habla de la desaceleración en las ventas de parcelas durante 2024, ante las cifras de SAG que indican que, durante el primer semestre del 2024, registraron una caída de un 30%, acercándose a los niveles prepandemia.

No obstante, este panorama ha abierto una ventana de oportunidades únicas para inversionistas que buscan capitalizar el potencial del sur de Chile. Este fenómeno, lejos de reflejar un desinterés, representa un momento estratégico para quienes buscan invertir este 2025.

Como país, hemos sufrido una combinación de factores que han ralentizado las decisiones de compra, desembocando principalmente en la falta de liquidez que experimenta actualmente el mercado. Este contexto, que contrasta notablemente con el período de pandemia caracterizado por los retiros de AFP, ha creado una ventana de oportunidades para los inversionistas que estén dispuestos a tomarla.

En este panorama, emergen propuestas innovadoras como las que hemos generado desde Vientos de Chiloé, adaptándonos al mercado implementando soluciones financieras creativas, por ejemplo, con un modelo de crédito directo que permite acceder a los interesados con un pie inicial accesible y cuotas fijas en pesos por hasta 24 meses, democratizando así el acceso a inversiones en uno de los territorios más prometedores del sur de Chile.

Chiloé es una zona en alza, ante la inminente inauguración del puente de Chacao, una obra de infraestructura que promete transformar la conectividad de la isla y, consecuentemente, impulsar la valorización de los activos inmobiliarios en la zona. Este factor representa un elemento significativo para el retorno sobre la inversión en el mediano y largo plazo.

De todas formas, hay que ser cautos. Durante la pandemia, se dio un contexto donde, lamentablemente, proliferaron casos de tratos con disconformidades con inmobiliarias, por lo que hoy, es igual de importante observar a aquellas empresas y asegurarse de que cuenten con seguridad jurídica y que brinden transparencia.

Desde Vientos de Chiloé, brindamos esa certeza jurídica, combinándola con una política de precios convenientes dentro del mercado, lo que sumado a un servicio integral que incluye acompañamiento personalizado y gestión de trámites notariales, nos sitúan como una propuesta de valor única para los inversionistas.

Para inversionistas con visión de largo plazo, la actual desaceleración en las ventas no debe interpretarse como una señal de alarma, sino como una ventana de oportunidad para ingresar al mercado en una posición cómoda y con ventaja.

Los ciclos de desaceleración suelen preceder a períodos de recuperación y crecimiento. En este contexto, la inversión en parcelas en Chiloé, especialmente a través de operadores que priorizan la transparencia y el servicio al cliente, se presenta como una alternativa atractiva para capitalizar el potencial de desarrollo del sur de Chile.

Futuro del Trabajo: ¿Hacia la consolidación de un modelo híbrido?

Por: Jorge Araos, Director de Oficinas JLL Chile

El futuro del trabajo está en constante transformación. En los últimos años, hemos sido testigos de un cambio drástico en las modalidades laborales, impulsado por la pandemia y las nuevas demandas de un mundo cada vez más digital. Hoy, un tema central en la agenda corporativa es el dilema entre el trabajo presencial y el trabajo híbrido, un asunto que afecta tanto a empleados como a empresas de diferentes sectores, pero especialmente en el ámbito de los bienes raíces corporativos.

Según el informe «Future of Work 2024» de JLL, las empresas están experimentando un panorama en constante cambio, con patrones de trabajo híbrido que coexisten con la tradicional presencialidad. Aunque en 2022, el 77% de los responsables de la toma de decisiones consideraban que el trabajo híbrido era esencial para atraer talento, para 2024, la balanza ha comenzado a inclinarse hacia la presencialidad.

De acuerdo con el estudio, el 44% de las organizaciones ahora se identifican como «defensores de la oficina», un cambio notorio respecto al 34% de empleados que optaban por trabajar a tiempo completo en la oficina en 2021. Estos números nos indican que el modelo híbrido, lejos de ser una moda pasajera, está evolucionando hacia un enfoque más equilibrado entre la flexibilidad y la necesidad de interacción cara a cara.

La flexibilidad se ha consolidado como una de las claves del éxito en el futuro del trabajo. Sin embargo, esta flexibilidad no solo se refiere a la posibilidad de elegir entre el trabajo remoto y el presencial, sino también a la capacidad de las empresas para adaptarse a las necesidades de cada equipo y a las demandas particulares de su cultura organizacional.

En este sentido, el diseño de los espacios de trabajo juega un papel fundamental. El informe resalta cómo la gestión de los bienes raíces corporativos se ha convertido en un factor crucial para maximizar la productividad y mejorar la experiencia de los empleados.

Es por esto que el cambio hacia un modelo de trabajo más flexible también está impulsando la transformación de los espacios laborales. Las empresas no solo están reconsiderando la cantidad de metros cuadrados que necesitan, sino también la forma en que esos espacios están diseñados. Los entornos de trabajo deben adaptarse a las nuevas necesidades de los empleados, creando zonas que fomenten tanto el trabajo individual como la colaboración grupal.

La «oficina» no es un concepto estático; es un lugar en el que se busca la experiencia más que la simple funcionalidad.

En América Latina, por ejemplo, la inclusión de la región en los estudios globales de «Future of Work» ha revelado que las empresas están cada vez más conscientes de la importancia de transformar sus espacios para mantenerse competitivas. Aquellas que sepan adaptarse a estas nuevas dinámicas no solo podrán mejorar su ambiente laboral, sino también posicionarse como líderes en la gestión del talento y la sostenibilidad operativa. En este sentido, el mercado inmobiliario corporativo tiene una gran oportunidad para reinventarse, ofreciendo soluciones innovadoras y adaptativas que respondan a las exigencias de un mundo laboral que cada vez es más flexible y digital.

En conclusión, el futuro del trabajo no se trata de elegir entre uno u otro modelo, sino de construir un entorno laboral que ofrezca lo mejor de ambos mundos: la interacción presencial cuando es necesaria y la flexibilidad híbrida cuando es posible. Y en este proceso, los bienes raíces corporativos jugarán un papel clave en la creación de espacios que faciliten este equilibrio y ayuden a las organizaciones a mantenerse competitivas en un entorno laboral cada vez más complejo y diverso.

¿La generación que no compra o el mercado que no sabe vender?

Por: Tracy Dustan, Bheed – Commercial Manager – Real Estate Technology

Hace poco leí un artículo sobre obesidad que me dejó pensando. Decía que solemos culpar a las personas por su sobrepeso, pero no ponemos suficiente presión en la industria de alimentos que llena todo de aditivos diseñados para hacernos adictos. El 40% de la humanidad tiene sobrepeso u obesidad, y mientras peleamos con nuestra culpa por comer papas fritas, las grandes empresas siguen felices vendiendo procesados que parecen diseñados en un laboratorio para mantenernos enganchados.

Y claro, mi mente saltó a otra cosa (como siempre). ¿No pasa algo similar con el mercado inmobiliario? Nos dicen que los millennials y la generación Z no compramos casas porque preferimos gastarnos el sueldo en brunch y viajes, pero ¿y si el problema no somos nosotros? ¿Y si el sistema financiero y las inmobiliarias no han evolucionado para seducirnos? Es como si estuvieran vendiendo VHS en la era del streaming: no importa cuánto griten que es un buen producto, simplemente ya no encaja con nuestra realidad.

Hablemos de eso. Los millennials no somos flojos ni estamos en crisis existencial (¡aunque de vez en cuando nos pongamos intensos con nuestras decisiones de vida, gracias terapia!). Es cierto que tenemos otras prioridades, pero eso no significa que no queramos un lugar propio. Lo que pasa es que el mercado nos lo pone imposible. ¿Reunir el 20% de pie inicial? ¿En serio? Eso es como intentar llenar una piscina con un gotero, y todo mientras los precios de las propiedades suben más rápido que nuestro sueldo. Ni hablar de las tasas de interés, que hacen que un crédito a 40 años termine costándote tres casas por el precio de una.

Pero tampoco es justo culpar solo a los consumidores. Las inmobiliarias no la tienen fácil. Me contaron de proyectos que pasan años estancados porque los permisos no avanzan, mientras los costos de construcción suben y las regulaciones cambian a mitad de camino. Es como intentar cocinar un plato gourmet con ingredientes que te entregan a cuentagotas y, cuando terminas, nadie puede pagar lo que cuesta. Al final, los números no cierran y las inmobiliarias también pierden. No es raro que tantas terminen en quiebra.

Entonces, ¿quién tiene la culpa de esta crisis? Podríamos culpar a todos, pero quizá la respuesta está en otra parte. Tal vez el problema no es que los millennials no quieren comprar, ni que las inmobiliarias no quieren adaptarse. Quizá el problema es que no estamos entendiendo las necesidades reales de los compradores. Porque, seamos sinceros, un millennial no está buscando una casa de cinco dormitorios con piscina en las afueras. Busca algo funcional, accesible y, sobre todo, que no lo deje endeudado hasta la jubilación. Quiere sentir que lo que compra tiene sentido, que está diseñado para su vida y no para cumplir con estándares pasados.

Y ahí está la gran pregunta: ¿es el consumidor el que no está comprando o es el mercado el que no sabe cómo enamorar al nuevo comprador? Porque, al final del día, de eso se trata todo: de encontrar ese punto medio donde ambas partes se sientan escuchadas y, sobre todo, valoradas.

Pero, seamos realistas, tampoco podemos dejar fuera de la ecuación al gobierno. Las políticas públicas tienen un papel clave, y no basta con seguir parchando el problema con subsidios que no alcanzan ni ilusionarse. Es hora de que se pongan los pantalones y diseñen políticas robustas que entiendan y respondan a las necesidades del mercado. Si no, estamos condenados a ser un país donde nadie puede comprar y todos terminamos arrendando de por vida. Una crónica de una muerte anunciada.

Las casas de Allende y Aylwin pueden tener la categoría de museos

Por: Patricio Herman Pacheco, Fundación Defendamos la Ciudad

En el transcurso de la semana pasada la prensa se deleitó informando, con distintos énfasis, que la decisión del gobierno en orden a comprar, a través del ministerio de Bienes Nacionales, en $ 933.000.000 la casa habitación en la calle Guardia Vieja 392, comuna de Providencia, en donde vivía el presidente Salvador Allende, no se podía realizar porque el precio de mercado asignado por los tasadores era sumamente alto. Los más intransigentes en esta operación mercantil eran los dirigentes de la UDI, entendiéndose que su oposición se debía a razones puramente políticas. 

El propósito de La Moneda era transformarla en un museo patrimonial y si el inconveniente era el subido precio, este columnista expresó en su Twitter y a una periodista de la radio Bio Bío, que lo entrevistó por un conflicto entre el CDE y Copec, que lo más sano y prudente era que la transferencia se hiciera por el avalúo fiscal de $ 512.832.711 determinado por el SII. 

Después se supo que el inmueble, por pertenecerle a Maya Fernández, nieta de Allende, siendo ella ministra de Defensa, por imperio de la Constitución de la República, la operación comercial era impropia debido al cargo público que la propietaria desempeñaba. El gobierno, con justa razón, también había decidido comprar la casa, en rigor son 2, donde vivía el presidente Patricio Aylwin en una suma aproximada de $ 1.300.000.000, operación que no mereció críticas de nadie. 

Debido a que los hijos y nietos de ambos mandatarios tienen muy buenas situaciones económicas, se hubiera esperado que las dos familias voluntariamente les hayan expresado a Boric que los inmuebles se entregaban en calidad de donación al Estado para así preservar la memoria histórica de sus ascendientes. Pero ese admirable comportamiento democrático, hasta el momento, no ha sucedido. 

Pues bien, el presidente Boric, ante la imposibilidad de que se realice la adquisición, con fondos públicos, de la casa de Allende, ha expresado por la prensa que “nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado” agregando que «en Chile las instituciones funcionan»

El artículo 37 bis de la Constitución dice que «durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades»

Lo anterior es de toda lógica pues sería de pésimo gusto que estas altas autoridades del país, de confianza absoluta del presidente, obtengan beneficios económicos, mientras ejercen sus cargos, con la caja fiscal administrada por el gobierno.

Entonces, como la ministra de Defensa, por obvias razones, no renunciará a su cargo para posibilitar la compra de la casa de su abuelo, La Moneda, con la anuencia de ambas familias, debe apelar al artículo 2174 del Código Civil, que se refiere a la figura del comodato, para que así los actuales dueños de las casas de Allende y Aylwin se las cedan gratuitamente a Bienes Nacionales, conservando dichas familias el dominio de las mismas, con lo cual las casas podrán funcionar como museos y el Estado se ahorrará la no despreciable suma de $ 2.233.000.000

12/03/2026 06:42
Jueves 12 de Marzo de 2026
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