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El estallido energético

Por: Francisco Vergara y Leandro Cappetto, académicos de la Escuela de Arquitectura Universidad de Las Américas

Chile ha enfrentado recientemente una crisis energética severa debido a las consecuencias climáticas de las intensas lluvias y vientos. Este fenómeno dejó a numerosos hogares sin electricidad, sin calefacción y con la pérdida de productos congelados, afectando gravemente la salud de personas electrodependientes y elevando los niveles de estrés en la ciudadanía. En respuesta, varios sectores urbanos se han manifestado mediante barricadas, protestas y cacerolazos.

Este escenario, aunque caótico, había sido anticipado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Las Américas, quienes en el taller 710 de la Escuela de Arquitectura, exploraron una utopía para el año 2124. Su visión situaba en 2050 un estallido energético que marcaba el inicio de una transición drástica hacia la preferencia por la producción de energía natural, principalmente solar y mareomotriz, logrando un eventual superávit energético.

El proyecto de estos estudiantes se centraba en la incapacidad de la sociedad para organizarse eficientemente en torno a sistemas de transmisión y modelos sostenibles de generación, lo que había llevado a la humanidad al borde de la destrucción ambiental. Esta utopía no solo reaccionaba frente a una visión pesimista del futuro, sino que también proponía una reflexión profunda sobre las posibilidades y retos del presente.

El valor de las quimeras radica justamente en su capacidad para anticipar futuros posibles y, en este caso, alertar sobre los peligros de la inacción y la falta de organización, ante lo cual se habla de mejorar las regulaciones y cambiar contratos. Pero ¿y si vamos más allá? Dado que la crisis actual en Chile subraya la necesidad urgente de revisar y mejorar nuestros sistemas de distribución energética, se abre una oportunidad para acelerar la masificación de ideas relacionadas a generar energía limpia.

La reflexión sobre la propuesta realizada por los estudiantes Catalina Castillo, Abigail Ocas, Jonnathan Duque y Stevens Gafaro, revela también la importancia de avanzar hacia modelos más desafiantes de organización social, de política energética e implementación tecnológica. La innovación para una producción energética sostenible ya está disponible, pero su implementación efectiva requiere una voluntad política y una conciencia social que a menudo escasean. La crisis actual podría ser un catalizador para un cambio significativo si se toman en serio las advertencias y soluciones propuestas en visiones utópicas como las de estos estudiantes de arquitectura.

Para ello, es fundamental fomentar una cultura de colaboración y previsión, donde los avances tecnológicos se integren en un marco de justicia social y sostenibilidad ambiental. Esto implica no solo invertir en mecanismos limpios, sino también en educación, planificación y estrategias que prioricen el bienestar común por sobre los intereses individuales o corporativos.

La crisis que ha golpeado fuertemente a la ciudadanía es un llamado de atención sobre la fragilidad de nuestros actuales sistemas y la urgencia de repensar las estrategias de gestión y distribución de energía. Al igual que la utopía planteada, debemos aspirar a un futuro donde la energía limpia y la organización eficiente sean pilares fundamentales de una sociedad resiliente y sostenible. Este es el momento de transformar las advertencias en acciones concretas, aprovechando las capacidades tecnológicas y la creatividad humana para construir un mundo mejor y más equitativo.

Denuncia infundada en contra del juez Sergio Muñoz 

Por: Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad

El 09/01/2023, es decir hace 19 meses atrás, publicamos en la radio BioBío la columna Proyecto inmobiliario paralizado: ¡Muy bien alcaldesa de Ñuñoa! en donde, entre otras cosas, aludiendo al polémico proyecto inmobiliario de la empresa Fundamenta en Ñuñoa, decíamos.

«Hace algunas semanas, la empresa titular del proyecto, imprudentemente informó a la prensa que recusó al juez Sergio Muñoz, miembro de la 3a. Sala de la Corte Suprema, porque una hija abogada y jueza de éste, lo habría aludido en una conversación con una empleada de la inmobiliaria, solicitándole devolución del dinero adelantado por la compra de 2 departamentos, habida cuenta que el proyecto no se estaba ejecutando», agregando que «la mencionada y frágil recusación en contra del competente y probo juez Sergio Muñoz fue interpuesta por el abogado Marco Antonio Fuentes y los 5 magistrados de esta sala próximamente tendrán que emitir un fallo».

Ahora bien, la opinión pública tiene conocimiento que la semana pasada el mismo abogado Fuentes, interpuso una denuncia en el Comité de Ética de la Corte Suprema en contra del juez Sergio Muñoz por el mismo motivo, de tal forma se entiende que los lectores comprenderán lo que persigue ese abogado que procede por cuenta de la empresa Fundamenta. Esta inmobiliaria obtuvo el permiso de edificación N° 296 otorgado el 12/10/2018 por el director de obras municipales (DOM) subrogante de Ñuñoa a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. para construir 4 edificios de 32 pisos c/u en la esquina de las avenidas Américo Vespucio e Irarrázaval. Siempre hemos informado que ese acto administrativo municipal tiene un error de origen, pues el Estudio de los Conos de Sombra, que forma parte del permiso, está mal elaborado.

En razón de aquello, conforme a la ley de transparencia, habíamos solicitado a la municipalidad de Ñuñoa dicho Estudio, la que nos lo entregó con el nombre de «Sombras Teóricas», concluyéndose que era un vulgar mamarracho y por ello se lo enviamos a la Contraloría General de la República para que ratificara que contenía errores evidentes. Pero, ¡oh sorpresa!, el ente fiscalizador, en su oficio N° E382461/2023 del 18/08/2023, nos responde que carecíamos de derechos o intereses para solicitarle un dictamen, contestación bastante curiosa que oportunamente se la representamos por escrito, informándole que tendríamos que recurrir ante la Seremi Minvu en la búsqueda de una corroboración de que tal «Estudio» era trucho.   

En pocas palabras, podemos expresar que en el «Estudio» falta el volumen teórico, pues sin éste no se puede comparar y medir las sombras ni tampoco que los volúmenes proyectados sean el 90% del volumen teórico y también está ausente el volumen proyectado, con el cual se puede verificar si los volúmenes proyectados exceden la altura del volumen teórico en todas sus partes, llamándonos la atención que en los planos incompletos se ponga una altura como si fuera única y constante de todo el volumen teórico. Debe quedar claro que los edificios proyectados no pueden superar en ninguna parte la altura del volumen teórico.

Ahora viene lo que la mayoría de la prensa omite y que se relaciona con el malestar de la inmobiliaria con el juez Muñoz, quien presidía la 3a Sala de la Suprema. 

En su sentencia del 01/03/2023, rol N° 1.085-2022, resolvió que «el fallo de casación concluye que, en consecuencia, este tribunal no tiene competencia para analizar si la autoridad consideró adecuadamente la observación ciudadana vinculada a la luminosidad y efecto sombra del proyecto en cuestión, toda vez que falta un requisito de procesabilidad imprescindible para tales efectos, esto es, la existencia de una reclamación administrativa ligada a tal materia que haya sido declarada admisible por la autoridad». Es decir, la Justicia dijo que el «Estudio» de marras tenía que ser revisado por los organismos administrativos competentes, luego, la Contraloría y/o la Seremi Minvu.  

Respecto de la reciente e iracunda denuncia del abogado Fuentes en contra del juez Muñoz, casi toda la prensa le ha dado cobertura y a modo de ejemplo, el vespertino La Segunda, en su edición del 01/08/2024, publicó el reportaje «Caso Muñoz, el que agita las aguas al interior de la Corte Suprema», en el cual se lee que el magistrado acusado entregó información privilegiada a su hija sobre una sentencia que pospuso la entrega «de dos edificios» (sic) donde ella había comprado dos departamentos.

Pero la situación es muy distinta, ya que la promitente compradora de los departamentos, Graciel Muñoz, cuando quería rescindir el contrato, solo le había dicho a la empleada de la empresa vendedora, para justificar su deseo, «te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema».

Se concluye entonces que se ha armado un escándalo de proporciones, por meras presunciones de que el juez Muñoz le dijo a su hija que no comprara, en circunstancias de que ella fue imprudente al mencionarlo en una conversación, sin afirmar que él la hubiera convencido de proceder como lo hizo, a pesar de que El Mercurio, en su edición del 24/07/2024, publica «la jueza de garantía habría expresado a la ejecutiva que su padre le había recomendado mover las platas del proyecto». Como vemos, puros vocablos potenciales.

Finalmente, por el excesivo tiempo transcurrido, el «Estudio» mal elaborado por Fundamenta no producirá consecuencias negativas en el negocio de las 4 elevadas torres y reiteramos que este mal rato ocasionado al juez Muñoz se produjo por el contenido de la mencionada sentencia.

Parques Urbanos y sus árboles. ¿Hemos aprendido algo después del temporal?

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

A propósito de los recientes accidentes ocurridos por el temporal, mucho se habla de los árboles, su rol y los parques urbanos, su importancia urbanística y necesidad social, de su impacto en el medio ambiente y aporte a la sostenibilidad de una urbe.

Los árboles cumplen un papel fundamental en el desarrollo sostenible de las ciudades, brindando múltiples beneficios, pues regulan la temperatura al proporcionar sombra y liberar vapor de agua, bajando la temperatura ambiental entre 2 y 8°C en días calurosos, absorben dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global, y liberan oxígeno, limpian el aire al absorber contaminantes como óxido de nitrógeno, amoníaco y dióxido de azufre, ayudan a conservar la biodiversidad al ofrecer alimento y refugio a animales, aumentan el valor de las propiedades en hasta un 20% más que zonas sin vegetación y proporcionan un entorno más agradable para realizar actividades al aire libre; por lo que una política clara de cuidado preventivo, reposición y reforestación urbana de los árboles es cada día más necesario.

El catastro nacional de áreas verdes del INE vigente en Chile desde el año 2017, señala que existen 532 parques urbanos, y corresponden a 4.133 hectáreas, representando el 44% de la superficie total de áreas verdes en el país. Así, estos verdaderos “pulmones verdes” tienen muchas ventajas; pero, a pesar de existir parques urbanos en Chile desde mediados del siglo XIX, solo a contar del año 2021 se tiene una Política Nacional de Parques Urbanos.

Esta política los define como espacios libres de uso público, ubicados dentro de los límites urbanos, con una superficie mínima de 2 hectáreas y una cobertura vegetal predominante, que pueden estar eventualmente dotados de instalaciones para el desarrollo de actividades de recreación, deporte, cultura u otras, y que otorgan beneficios ambientales y sociales en el territorio donde se emplazan, generando valores paisajísticos y ambientales a una escala mayor, cuya área de influencia puede abarcar todo el territorio de la ciudad.

Esta política entrega criterios y orientaciones generales parapromover el desarrollo de parques urbanos sostenibles, que se constituyan como uno de los componentes estructurantes de la planificación de las ciudades y territorios, que promuevan la equidad territorial y la integración social, fortalezcan la pertinencia e identidad cultural y territorial, aporten al bienestar, la salud y la seguridad de las personas, contribuyan al desarrollo local y al equilibrio ambiental, a través de una gestión integrada, descentralizada y participativa.

No cabe dudas que esta Política significa un importante avance en la materia. Sin embargo, estos parques carecen de una especial consagración en nuestra legislación. Lamentablemente en nuestro país, lo que no se regula, no se fiscaliza y si no se fiscaliza, no se cumple. Prueba de ello es que los árboles se caen cada año durante el invierno sin existir un proceso de identificación preventivo de aquellos peligrosos.

Entonces, para un adecuado potenciamiento de este tipo de políticas, debiese al menos estar contenida y contemplada una definición de parques urbanos dentro de nuestra legislación de urbanismo y construcciones así como de la relevancia de las especies arbóreas, para que en forma real y eficiente sean aplicados todos los criterios y orientaciones contenidos en esta Política, en el desarrollo urbano de las ciudades de Chile para este siglo y los venideros.

Validación de datos: cómo la tecnología impulsa la sustentabilidad en el rubro minero

Por: Álvaro Oliver, Gerente de Operaciones AyT (Ambiente y Tecnología)

Como gerente de Operaciones, mi principal desafío es procurar que los distintos servicios que la empresa ofrece se ejecuten de manera expedita, coordinada y eficiente.  Cuando llegué, hace unos 9 años, el negocio de AyT se centraba en el servicio de mantenimiento de estaciones de Emisiones y de Calidad del Aire y, mi misión era apoyar en la gestión y supervisión de los proyectos de construcción y puesta en marcha de las estaciones nuevas.

Hoy en día, además de contar con técnicos de mantenimiento desplegados en el norte, centro y sur de Chile, tenemos también nuestro laboratorio de reparación y calibración acreditada de equipos, un área de monitoreo ambiental con especialistas que se dedican al análisis y validación de datos ambientales y, finalmente, la gerencia de TI, que desarrolla y da soporte a nuestras soluciones de software para adquisición y reporte de datos.

Es decir, hoy estamos involucrados en la cadena completa para la medición y reporte de datos ambientales y, a pesar de que cada una de estas áreas cuenta con un líder a cargo, que todos estos procesos ocurran de manera coordinada, eficiente y coherente ante el cliente y con la estrategia de la Empresa, involucra mucho trabajo en equipo, planificación y comunicación constante. Gran parte de mi tiempo consiste en generar y gestionar esas instancias de trabajo.

Desde el inicio, AyT ha participado en diversos proyectos con la industria minera. De hecho, uno de nuestros contratos más antiguos es el que tenemos con la mina Carmen de Andacollo, operada por la canadiense Teck, en donde hacemos mantenimiento periódico para 12 Estaciones de Calidad del Aire ubicadas al interior de la mina y a otras 4 estaciones que están distribuidas en los alrededores, todas construidas por AyT. Gracias a esta red de estaciones, los operadores de mina pueden saber cuándo realizar tronaduras en función de la dirección del viento, de manera de evitar que el polvo de estas detonaciones afecte a los más de 11000 habitantes de Andacollo, la pequeña ciudad al interior de la provincia del Elqui, que se ubica a solo 1.5 Km de la mina.

Otro proyecto a destacar en minería es la faena Nueva Victoria de SQM, en la región de Tarapacá. En este caso tenemos a cargo el mantenimiento, el monitoreo y la validación de los datos de sus estaciones de Calidad del Aire, las cuales permiten medir y controlar el impacto de sus procesos sobre las distintas comunidades, la flora y la fauna que habitan la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, aledaña a las operaciones de Nueva Victoria.

En los dos casos mencionados se trata de proyectos mineros que conviven con comunidades de pobladores, que comprenden y valoran la presencia de estas faenas como fuente de trabajo para sus habitantes pero, al mismo tiempo, demandan la protección de su entorno y la salud de las personas.

La habilitación de estas estaciones de medición permite a SQM monitorear, controlar y transparentar con las comunidades el impacto que estas faenas tienen sobre su población, pero más importante aún, el proceso continuo de monitoreo y validación de esta data por parte de un profesional permite sustentar la calidad de los datos y explicar la información que se entrega por medio de reportes diarios detallados, que incluyen un análisis de causa raíz para cada evento anómalo observado durante el día. Esto, por supuesto, añade credibilidad a la información entregada y ayuda a fomentar los lazos de confianza entre la Empresa y su entorno social.

La relevancia de la validación de datos para la minería

Las estaciones de monitoreo están compuestas por diferentes equipos que generan datos para uno o más parámetros medidos del ambiente. Estos datos provenientes directamente de la estación se conocen como datos crudos y por sí solos no tienen mayor valor a nivel normativo, ya que existen múltiples factores que pueden influir en la medición y por tanto, aún no son lo suficientemente fiables para ser usados en la toma de decisiones.

El trabajo de un profesional que valida datos consiste en analizar estas mediciones en busca de anomalías, cruzando esta información con la bitácora de operación de la estación, con registros de los procesos de operación en la mina y con los datos de otras estaciones aledañas durante el período medido. Con toda esta información como evidencia, el profesional clasifica cuales datos efectivamente corresponden a mediciones del proceso productivo y cuales corresponden a mediciones inválidas, por ejemplo, tomadas durante un mantenimiento de la estación o que provienen de un equipo en falla.

Este es el valor que aporta nuestro servicio de monitoreo y validación de datos. Permite darle contexto y sentido a la información que generan las estaciones de medición.

Desafíos y el futuro del rubro minero

Actualmente como AyT, tenemos varios desafíos en la materia. De acuerdo con la tendencia en aumento de nuevas normativas que la SMA ha venido publicando en los últimos años, se espera un aumento importante en la demanda por servicios de monitoreo y validación de datos. Hoy en día, por normativa, este proceso debe ser ejecutado de forma manual por tres personas, que validan la data medida a diferentes niveles. Esto asegura reportes con datos de muy buena calidad, no obstante, es un proceso bastante costoso y poco eficiente. Ahí tenemos un desafío importante por resolver para un futuro próximo, ¿cómo satisfacer esa demanda creciente por estos servicios de la forma más eficiente y sin afectar nuestra calidad?

En AyT estamos convencidos de que las actuales tecnologías de IA, en especial las técnicas de machine learning, son la herramienta ideal para hacer más eficientes estos procesos al mismo tiempo que pueden mejorar notablemente la calidad de los reportes, mediante el análisis profundo de la data es posible evidenciar anomalías o causas difíciles de pesquisar, incluso a ojos entrenados. Pero esto implica un doble desafío. Por un lado, en AyT queremos desarrollar esta tecnología de forma que sea compatible con la normativa vigente pero, además, la normativa de Calidad del Aire aún debe madurar lo suficiente como para permitir la plena adopción de estas tecnologías. Recién a partir de ese momento podremos explotar todo su potencial.

Respecto al futuro de la industria, en términos de uso de tecnología en sus procesos, la minería en Chile tiene realidades muy diversas dependiendo de su tamaño, pero entendiendo que estamos hablando de la gran minería de cobre en Chile, no me cabe duda de que ya están avanzando en este sentido. Las principales faenas extractivas públicas y privadas como Chuquicamata, El Teniente, Escondida o Collahuasi tienen procesos altamente automatizados, con sistemas de teleoperación e incluso sistemas autónomos como camiones de más de 100 toneladas que se conducen solos.

Fueron pioneros en comenzar a implementar soluciones de Industria 4.0 (IIoT) y, aunque no estoy en conocimiento de algún proyecto particular, pienso que lo más probable es que ya estén poniendo a prueba las ventajas de la Inteligencia Artificial a diferentes niveles, tanto dentro como fuera del proceso productivo. Como AyT, esperamos en algún momento cercano poder poner nuestro granito de arena en este sentido, dentro de nuestro ámbito de acción. 

La esperada reinvención de las oficinas

Por: Ximena Crestá, Consultora del área de Project Management de Colliers

La pandemia puso en jaque al mercado de oficinas a nivel mundial, las prolongadas cuarentenas y posterior auge del teletrabajo obligaron a muchas empresas a reducir o cerrar sus espacios. Aumentaron drásticamente los metros cuadrados disponibles y descendieron los valores de arriendo, registrándose tasas de vacancia nunca vistas.

Hoy, a cuatro años de la pandemia, podemos afirmar que el mercado de oficinas ha salido fortalecido. Hemos entrado en una nueva era de los espacios de trabajo, donde se está dando suma importancia al bienestar de los colaboradores, con ambientes agradables y modernos, donde hasta el más mínimo detalle está pensado en lograr que los colaboradores se sientan felices e inspirados a trabajar.

Para gran parte de las empresas no fue fácil el desafío de lograr que los colaboradores regresaran a las oficinas. Debido a esto, muchas optaron por reinventarse para potenciar el trabajo presencial y aumentar la productividad, logrando espacios antes inimaginados. En esta línea, hoy observamos varias tendencias que están siendo puestas en práctica a nivel internacional y también en el mercado chileno.

Diversos estudios han demostrado que la arquitectura desempeña un papel vital en el estado anímico y en la productividad de los colaboradores. Hoy la apuesta de las oficinas es por un diseño agradable a la vista y a todos los sentidos, que no solo brinde una sensación de bienestar, sino que también inspire a lograr las metas laborales, con espacios abiertos que generen un ambiente colaborativo, que posibilite la libertad de movimiento e interacción entre los trabajadores, fortaleciendo las conexiones sociales y generando mejores resultados.

La instauración de los espacios abiertos en las oficinas trajo un nuevo desafío: la necesidad de reducir el ruido interno en el espacio de trabajo. Esto se ha logrado con sofisticados sistemas de insonorización, como nubes, islas y cielos acústicos que proporcionan hasta un 66% más de absorción del sonido en relación a los cielos continuos.

La incorporación de la biofilia -conexión con la naturaleza- dentro del diseño es otro aspecto que se está considerando en la planificación de las oficinas, mejorando los espacios mediante la incorporación de áreas verdes con la finalidad de reducir los niveles de estrés de los colaboradores, mejorar la calidad del aire y elevar la sensación de bienestar al sentirse cerca de la naturaleza. Para esto se ha incorporado a paisajistas en la elaboración del diseño de los espacios, quienes eligen el tipo de vegetación más adecuada en relación a cada espacio, considerando la luz, número de trabajadores y metros cuadrados disponibles.

La iluminación ha pasado a ser clave en el diseño de los espacios de trabajo, tras comprobarse el efecto que tiene sobre los trabajadores. Se está privilegiando que los colaboradores se ubiquen cercanos a fuentes de luz natural y se está regulando la luz artificial a lo largo de la jornada, recurriendo a modernos sistemas de iluminación.

El aspecto lúdico y la incorporación del ocio en el lugar de trabajo también ha cobrado relevancia, con salas de juego y zonas de descanso destinadas a recargar la creatividad y el ánimo de los colaboradores. Si antes era mal visto divertirse y descansar en el trabajo, hoy ha pasado a ser una verdadera necesidad.

Actualmente las empresas están dispuestas a invertir para realizar habilitaciones en sus oficinas que les permita garantizar el bienestar de sus colaboradores, principalmente porque se han dado cuenta de que el aumento en la productividad de trabajadores felices compensa favorablemente el costo. Además, un lugar agradable de trabajo sirve como un factor importante en la retención de talento, un aspecto relevante especialmente para las nuevas generaciones.

Para ponerse al día con estas tendencias es importante asesorarse con expertos especializados en la materia, que cuenten con un conocimiento acabado de diseño, arquitectura, tecnologías y materiales de última generación, para ejecutar cada aspecto del proyecto: desde el diseño, pasando por la confección de los espacios y la ejecución del plan.

Entramos en la nueva era de las oficinas donde las necesidades de los colaboradores tienen un rol protagónico.

Mujeres en el sector Asegurador: Avancemos hacia una industria más equitativa

Por: María José Ibarra, directora de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (ACOSEG)

La industria aseguradora ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, adaptándose a un mundo cada vez más inclusivo y equitativo. Sin embargo, aún existen brechas de género que deben ser abordadas para lograr más igualdad en el sector. El último Informe de Género de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revela datos que invitan a una reflexión profunda sobre el papel de las mujeres en este ámbito.

Según el estudio de la CMF -tal como lo destaca en su sitio web- “las mujeres exhiben una participación menor que la de los hombres dentro del total de asegurados, tanto en seguros de vida como en seguros generales. De esta forma, la distribución de seguros por género, considerando algún tipo de seguro, tiene una diferencia de 6 puntos porcentuales con 56% para mujeres y 62% hombres”. Esto sugiere que, a pesar de los avances en equidad de género, las mujeres aún no acceden y utilizan productos de seguros en la misma medida que los hombres.

Otro aspecto que destaca el informe es la presencia de mujeres en puestos directivos dentro de la industria aseguradora, si bien se muestra una pequeña baja de 18% en 2022 a 17,6% en 2023, los porcentajes de participación son mayores que en otras áreas evaluadas como bancos, filiales y SAG. Esto es fundamental, ya que la diversidad en los niveles de liderazgo no solo promueve la equidad de género, sino que también enriquece la toma de decisiones y la estrategia empresarial. Si bien, hay camino recorrido, todavía faltan acciones más concretas en nuestro sector para acortar la brecha en este tipo de cargos. 

Por otra parte, una de las paradojas más destacadas en el informe es que, a pesar de que los hombres son los principales tomadores de seguros, la mayoría de las ejecutivas en la industria aseguradora son mujeres, quienes aportan perspectivas únicas y valiosas que pueden impulsar la innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes del mercado. En ACOSEG, creemos que la importancia de las mujeres en la industria aseguradora es innegable, cabe señalar que, entre nuestras empresas Corredoras asociadas, hay un 58,90% de planta que corresponde a ejecutivas.

Una acción concreta en la creación de una red de trabajo común, que impulse la igualdad de oportunidades y la reducción de la brecha de género en la industria de seguros, es RedMES. Iniciativa nacida en 2018 y con presencia en diversos países de América; de la que nuestra Asociada de ACOSEG, Patricia Rebolledo, es Directora Regional en Chile.

En RedMes se generan espacios de conversación para incorporar perspectiva de género al sector promoviendo espacios de sensibilización, conversación y debate con el objetivo de agregar valor para una industria diversa, equitativa y sostenible. Esta organización ha crecido en acciones e impacto incrementando un 50% anual el promedio de sus miembros, más de 3.000 personas han asistido a sus capacitaciones y workshops, y más de 1.500 han asistido a sus programas.

Si bien, aunque se han logrado avances significativos, la industria aseguradora debe seguir esforzándose por crear un entorno más inclusivo y equitativo para todas las personas. La presencia y el liderazgo de las mujeres son fundamentales para alcanzar este objetivo, y es imperativo que las empresas sigan promoviendo políticas que apoyen esta visión. La equidad de género no solo es una cuestión de justicia social, sino que también es un factor clave para el crecimiento sostenible y la innovación en la industria aseguradora.

Proyecto de Ley de protección del territorio y la vida rural

Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS+PARTNERS

El 30 de julio de 2024 fue ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados a su primer trámite constitucional, el mensaje presidencial que contiene el denominado “Proyecto de ley de protección del territorio y la vida rural”, en adelante, el “Proyecto”.

Como una primera aproximación, el objetivo principal del Proyecto es regular la destinación a finalidades urbanas o habitacionales de los loteos agrícolas, compatibilizándolos con los usos silvoagropecuarios del suelo rural. Así, este proyecto de ley pretende incorporar diversas modificaciones al Decreto Ley N°3.516 de 1980, al art. 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y a la Ley 18.755 que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El Proyecto pretende regular los proyectos de parcelaciones para fines preferentemente habitacionales (Conjuntos Residenciales Rurales) en el ámbito de la LGUC, estableciendo requisitos para su aprobación, tales como, (i) acceso a camino público, (ii) cumplir con la superficie predial mínima definida en el respectivo instrumento de planificación de nivel intercomunal, cuando corresponda, o en su defecto, la subdivisión predial mínima será de 5.000 metros cuadrados, (iii) contar con un reglamento interno de convivencia y un plan de monitoreo para el uso y aprovechamiento racional de los recursos de los predios que lo conforman, (iv) contar con red de agua potable y soluciones sanitarias, ya sean colectivas o individuales, aprobadas por las autoridades correspondientes, (v) factibilidad de electricidad para cada lote, (vi) contar con un acuerdo de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios con la municipalidad respectiva, entre otros.

Se establece una presunción legal en virtud de la cual todo proyecto de subdivisión que contemple 6 o más lotes colindantes cuya superficie individual por lote no supere las 3 hectáreas físicas (individualmente considerado o sumado a una subdivisión anterior adyacente) será considerado un Conjunto Residencial Rural.

Adicionalmente, en cada lote se podrá construir una vivienda unifamiliar que no ocupe más del 10% de su superficie, las construcciones complementarias no podrán superar el 20% y el 70% restante deberá ser destinado a fines silvoagropecuarios, de conservación, preservación y/o restauración ambiental, cumpliendo con las otras condiciones que se señalan en el Proyecto.

Por otro lado, se mantiene la normativa que posibilita el desarrollo de la vivienda social y las demás excepciones actualmente admitidas en el área rural, simplificando y objetivando su procedimiento.

Finalmente, se proponen normas transitorias que establecen que durante los 3 primeros años de vigencia de la ley, el propietario que hubiere adquirido el dominio de un predio resultante de una subdivisión certificada conforme al Decreto Ley N°3.516 con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, podrá solicitar la autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar que no sea necesaria para la explotación agrícola ganadera o forestal del predio cumpliendo con los requisitos contemplados para los Conjuntos Residenciales Rurales. Esto, en buen chileno, es aplicar la nueva normativa a los derechos adquiridos de los propietarios de terrenos con anteriorida a su entrada en vigencia. Es decir, no es otra cosa que aplicar la nueva ley durante 3 años con efecto retroactivo; lo que naturalmente contraria, per sé, a la propia ley y su principal efecto, esto es, su irretroactividad.

Para los legos en la materia, y para que se pueda dimensionar adecuadamente este punto, esta norma transitoria que se pretende acarrea dos importantes problemas a solucionar: (i) por el principio de irretroactividad, las leyes no pueden cobrar efecto respecto de hechos anteriores a su vigencia. Lo consagra el artículo 9° de nuestro Código Civil al modo de una prohibición, por la cual “La ley solo puede disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”, señala la citada norma. Completa la regulación legal de este asunto el artículo 1° de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes (LER) de 1861, que regula la forma de resolver conflictos objeto de regulación de leyes dictadas en diversas épocas; y (ii) esta norma transitoria en específico, reviste otro gran problema con ocasión del derecho privado y que dice relación con la teoría de los derechos adquiridos y la garantía constitucional de la propiedad.

Sin duda, este y otros aspectos, deberán ser aclarados, corregidos y/o complementados, especificados o derechamente desechados durante el proceso legislativo que le espera antes de su nacimiento a la vida jurídica de este Proyecto.

Desafíos y Soluciones en la Gestión de Emergencias Eléctricas en Santiago

Por: Francisca Ibáñez Recabarren, arquitecta UDD y Master en Diseño e Innovacion Sostenible.

La reciente crisis de cortes de luz en la Región Metropolitana de Santiago ha generado preocupación y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una regulación efectiva para abordar emergencias eléctricas. Como arquitecta especialista en permisología y máster en diseño e innovación sostenible, he analizado las implicancias de esta situación desde una perspectiva urbana. En este artículo, exploraremos los desafíos actuales y propondremos soluciones para mejorar la respuesta ante cortes de energía.

Respecto a los desafíos actuales, encoentramos la ineficiencia en la respuesta de Enel. Los tiempos de respuesta de Enel ante emergencias eléctricas deben evaluarse críticamente. La demora en la restauración del suministro afecta no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también la seguridad, la economía y la cohesión social.

Para mejorar la eficiencia, es fundamental optimizar la coordinación. La empresa debe trabajar en estrecha colaboración con los municipios y otras entidades para agilizar la respuesta ante cortes de luz. Asimismo, contar con una mayor inversión en infraestructura, ya que la modernización de la red eléctrica y la implementación de tecnologías avanzadas pueden reducir los tiempos de restablecimiento.

Otra opción es trabajar los soterramiento de cables eléctricos, esta implementación del soterramiento de cables eléctricos en nuevos proyectos de edificación es una solución viable. Además de mejorar la seguridad, esto contribuirá a la estética urbana.

Algunas acciones a considerar son trabajar la normativas específicas para establecer regulaciones que promuevan no solo engrandes proyectos sino en todo aquel proyecto de edificación sea el cual sea, el soterramiento en áreas rurales y  urbanas. Ofreciendo beneficios fiscales o permisos acelerados a proyectos que incorporen esta tecnología.

Respecto a la equidad en la atención, las empresas tienden a priorizar las comunas del sector oriente de Santiago. Sin embargo, es fundamental garantizar una respuesta equitativa en todas las áreas, independientemente de su ubicación geográfica.

Creo que para lograrlo estas propuestas, las empresas deben trabajar en una distribución equitativa de recursos, asignando recursos de manera proporcional a las distintas zonas de la ciudad. Asimismo, contar con una comunicación transparente para Informar a los ciudadanos sobre los planes de contingencia y los tiempos estimados de restablecimiento.

Crear y contar con un catastro de personas electrodependientes, ya que esta información permitirá una atención más rápida y personalizada. Algunas medidas a implementar son:

Un registro centralizado para mantener una base de datos actualizada con información sobre personas que dependen de equipos eléctricos para su salud y rotocolos específicos para establecer procedimientos claros para atender a estas personas durante emergencias.

En conclusión, la gestión de emergencias eléctricas en Santiago requiere una acción conjunta entre empresas eléctricas, autoridades y la comunidad. La colaboración público-privada y la implementación de soluciones innovadoras son clave para garantizar una respuesta rápida y equitativa en situaciones críticas.

El Plan Transbay: Una transformación urbana integral

Por: Alejandra Muñoz, secretaria de estudios Magíster en Vivienda y Proyectos Inmobiliarios Universidad San Sebastián

En Chile, la necesidad de generar integración social es fundamental para mejorar la calidad de vida no solo de quienes habitan las viviendas, sino también de la ciudad en su conjunto. La integración social no solo brinda un hogar digno a familias de escasos recursos, sino que también fomenta una economía local más robusta y enriquece los espacios públicos, creando entornos urbanos inclusivos y vibrantes. Un ejemplo inspirador de cómo esto puede lograrse es el Plan Transbay en San Francisco, Estados Unidos.

Este proyecto es una ambiciosa iniciativa de reurbanización, rehabilitación y revitalización que abarca 16 hectáreas céntricas de la ciudad californiana. Esta área, antiguamente ocupada por una autopista y la antigua Terminal Transbay, sufrió daños significativos debido al terremoto de 1989. El proyecto se divide en dos sectores principales, siendo la zona sur la destinada al desarrollo de nuevas comunidades residenciales de uso mixto y alta densidad en terrenos públicos.

Una vez completado, el Plan Transbay proporcionará 3.800 viviendas, de las cuales el 36% (1.400) serán viviendas de bajo costo. Además, incluirá 1,4 hectáreas de parques y espacios abiertos, y 74.000 metros cuadrados para oficinas y comercios. Estas viviendas asequibles se destinarán al arriendo de familias de escasos recursos y a la compra de primera vivienda para familias de ingresos bajos y medios, integrando social y económicamente a diversos grupos poblacionales.

Esta iniciativa es un ejemplo inspirador de cómo recuperar suelos urbanos degradados para reactivar la ciudad y promover la integración social y sustentable de familias de escasos recursos. El proyecto no solo mejora la calidad de vida de los residentes, sino que también estimula la economía local, incrementa los servicios disponibles y enriquece los espacios públicos. Así, este modelo asoma como una referencia para proyectos de reurbanización y revitalización urbana en Chile y América Latina, un plan que puede inspirar a nuestras ciudades a implementar soluciones similares para abordar los desafíos de vivienda, inclusión social y desarrollo económico sostenible.

En Santiago, por ejemplo, existen áreas como el sector de Estación Central y sus alrededores, donde la aplicación de principios similares podría transformar espacios degradados en comunidades vibrantes y multifuncionales, beneficiando tanto a los residentes como a la ciudad en su conjunto. La experiencia de San Francisco demuestra que es posible transformar áreas deterioradas en comunidades prósperas y sostenibles, y en Chile, estamos en una posición ideal para aprender de estos ejemplos y adaptar estas prácticas a nuestras propias necesidades y contextos urbanos.

Nuevos modelos de negocio en el rubro inmobiliario

Por: Macarena Díaz de Valdés, abogada especialista en Derecho Inmobiliario y académica Facultad de Derecho UNAB

El mercado inmobiliario se ha tornado cada vez más complejo en virtud de nuevos modelos de negocios como los multifamily y el ingreso de nuevos actores como fondos de pensiones y compañías de seguro, junto con agentes intermediadores. Hasta hace poco relacionábamos el concepto “intermediación” con el corretaje de propiedades. Sin embargo, hoy también se observa la participación de “empresas de gestión inmobiliaria”.

El Sernac inició investigaciones contra dos de ellas tras múltiples reclamos por parte de clientes que, pese a no haber obtenido financiamiento, no se les restituyeron los montos pagados por concepto de pie y otros gastos.

La información de sus páginas web no es clara. Utilizan expresiones como: “coordinamos y solucionamos, de manera eficiente y eficaz, los procesos de escritura y de obtención de créditos hipotecarios”. Sin embargo, su obtención no depende exclusivamente de la empresa de gestión, por lo que malamente podría asegurar el financiamiento. Así, cabe preguntarse si, a través de su publicidad, estas generan expectativas razonables en un consumidor medio.

Por otra parte, son actividades que no están reguladas en la ley. Podría ser que, tal como ocurre con el corretaje de propiedades, la vaguedad de la figura impida a los tribunales esclarecer las obligaciones que recaen en estas empresas. Se requiere, entonces, una regulación que defina claramente sus funciones con el objeto de evitar prácticas abusivas como las descritas.

Asumiendo, como lo hace el Sernac, que se trata de actividades que están dentro del ámbito de aplicación de la ley de consumo, estas empresas deben considerar lo dispuesto en su artículo 43: el proveedor que actúe como intermediario en la prestación de un servicio responde directamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales; responsabilidad que, además, es objetiva.

El concepto “intermediario” no está definido en la ley y si bien algo se ha discutido sobre el alcance de la responsabilidad de las ticketeras, nada se ha dicho respecto del corretaje, ni menos de la gestión hipotecaria. Cabe preguntarse si estas empresas deben responder, por ejemplo, frente a un cambio unilateral de las condiciones del mutuo hipotecario o por su rechazo, pese a haberse otorgado anteriormente.

La intervención de nuevos actores en el mercado inmobiliario y el surgimiento de inéditos modelos de negocios plantean desafíos importantes dada la falta de regulación, los que no solo se refieren a la debida protección de los consumidores, sino también al alcance de la responsabilidad de la empresa frente al incumplimiento del servicio subyacente y, en consecuencia, a la posibilidad de manejar los riesgos del negocio.

01/05/2026 03:20